Carsfe pidió a las rurales que también integran el Consejo Federal de la SRA que fijen posición sobre la plataforma de certificación, en medio del cruce con CRA y de los descuentos que ya sufren los productores.

 

 

Buenos Aires, sábado 14 noviembre (PR/26)– La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) pidió a sus entidades miembro que participan del Consejo Federal de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que expresen formalmente su posición, sobre todo si no coinciden con la postura favorable que esa organización mantiene respecto de Visec.

La decisión se tomó en la última reunión de su Consejo Directivo y se da en un clima de tensión institucional creciente entre la SRA y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). El motivo de fondo es la obligatoriedad de la plataforma de certificación que se exige para exportar carne a la Unión Europea.

 

 

El secretario de Carsfe, Diego Alonso, explicó a AIRE Agro que la entidad santafesina comparte el cuestionamiento de CRA. Además, advirtió sobre las dificultades operativas y económicas que la implementación del sistema ya genera en la cadena ganadera.

 

Una nota para que cada rural diga lo que piensa

 

En la nota fechada el 6 de noviembre, Carsfe contó que durante su reunión de Consejo se analizaron las posturas de las dos entidades nacionales. «Se advirtieron diferencias entre las posiciones institucionales de ambas entidades: mientras CRA manifestó su oposición, la SRA expresó una postura favorable», precisó.

La confederación observó, además, que hasta el momento no se habían hecho públicas muestras de disconformidad de las entidades rurales que integran el Consejo Federal de la SRA. Tampoco tenía conocimiento de que hubieran planteado formalmente sus diferencias en ese ámbito.

Por eso les pidió a las sociedades rurales que, además de participar en los espacios de representación de CRA, forman parte del Consejo Federal de la SRA, que «consideren expresar formalmente ante esta última su posición y, en caso de corresponder, su disconformidad con la postura adoptada respecto de VISEC».

Para Carsfe, llevar la inquietud al ámbito institucional correspondiente ayudará a ordenar el debate. «Entendemos que canalizar esta inquietud en el ámbito institucional correspondiente contribuirá a que la posición de cada Sociedad Rural tenga una expresión clara y coherente en los distintos espacios de representación en los que participa», agregó.

 

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Alonso recordó que tanto Carsfe como CRA se habían retirado de Visec en 2024, después de plantear sus objeciones en una reunión de consejo. La plataforma había sido impulsada en sus comienzos por integrantes de las cadenas de la soja y de la carne. CRA cuestionó su funcionamiento y decidió abandonar ese espacio, igual que otras organizaciones de la Mesa de Enlace.

 

Un cruce que subió de tono entre CRA y SRA

 

La movida de Carsfe se enmarca en una disputa que escaló después de las declaraciones de Andrés Costamagna, director general de la SRA y referente de su Comisión de Sostenibilidad.

En una entrevista con Canal Rural, el dirigente acusó a CRA de «desinformar» y «comunicar erróneamente» sobre las exigencias europeas y los requisitos de Visec. Fue más lejos y relacionó la postura de la confederación con la oposición a las retenciones durante el conflicto de 2008.

 

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«Confederaciones Rurales Argentinas tiende a desinformar, a comunicar erróneamente y a poner a los productores con énfasis en estar enojados, lo cual es entendible, pero generar empatía a partir de un tema que es una imposición, es la añoranza de la 125», sostuvo.

CRA consideró agraviantes esas expresiones y reclamó una rectificación mediante una nota dirigida al presidente de la SRA, Nicolás Pino. En ese documento planteó: «Creemos que las diferencias de enfoque y de estrategias gremiales deben dirimirse con argumentos y dentro de un marco de respeto institucional».

La entidad también advirtió que evalúa recurrir a la Justicia para cuestionar el funcionamiento de Visec, al que considera un posible esquema de concentración de mercado.

Su secretario, Adrián Luna Vázquez, afirmó que la plataforma pasó a ser «árbitro de quién puede vender y en qué condiciones» al mercado europeo.

 

Conseguir hacienda certificada, el gran dolor de cabeza

 

Según Alonso, una de las principales objeciones tiene que ver con la trazabilidad que el sistema exige para exportar carne. No alcanza con que el establecimiento donde se termina el animal esté habilitado: también hay que poder acreditar el origen de los animales que ingresan al circuito.

«La cuestión es tremendamente complicada», advirtió. La trazabilidad del novillo destinado a exportación requiere datos de los establecimientos de origen, que pueden estar en otras provincias y que también deben contar con su certificación.

 

 

El seguimiento de la caravana exige que los campos estén habilitados en Visec. Eso complica a quienes recrían o engordan animales comprados a pequeños productores de distintas zonas.

Alonso describió casos en los que se juntan terneros de varios establecimientos, cuyos dueños son monotributistas o incluso pobladores que no facturan sus operaciones. «Por ese lado viene muy complicado conseguir novillos libre de deforestación», señaló.

El dirigente también cuestionó que una plataforma privada concentre la información de los productores y advirtió sobre el poder que ganó en la comercialización. «Lo que Visec está generando es que sea casi obligatorio, porque los frigoríficos son los dueños», afirmó.

Se refería al financiamiento de su desarrollo por parte de integrantes de la cadena, entre ellos el Consorcio ABC y el IPCVA.

 

Descuentos en la hacienda y pérdidas que ya se sienten

 

Alonso contó que en los últimos 15 días se complicó el mercado de hacienda por las exigencias de los frigoríficos. Las plantas empezaron a pedir la documentación y a aplicar descuentos a quienes no la tienen.

 

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El perjuicio económico, estimó, puede llegar a entre 8 y 10 millones de pesos por jaula de animales. «Está en juego la rentabilidad», afirmó.

 

Pueblos originarios y humedales también cuentan

 

Por último, advirtió que los requisitos europeos no se limitan a demostrar que no hubo deforestación. También contemplan aspectos vinculados con pueblos originarios y humedales.

«Según esto quienes producen en Jaaukanigás o los Esteros del Iberá no calificarían», planteó, y señaló las dificultades que pueden enfrentar los establecimientos ubicados en esas regiones.

 

 

 

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Fuente: AIRE Agro