Tras la polémica bandera en el Mundial 2026, el columnista inglés Simon Jenkins desafió la postura británica instando a retomar el diálogo. Downing Street ratificó la soberanía sobre las islas y elevó un pedido de investigación ante la FIFA, mientras la ONU reitera su llamado a negociaciones bilaterales a lo que Inglaterra se niega. Lea el artículo completo traducido.
Mientras que el artículo inglés generó fuerte repercusión por varios puntos centrales del análisis de Jenkins:
- Sentido común geográfico: Jenkins argumentó que tarde o temprano estas colonias se integrarán a sus continentes geográficos.
- Costos de defensa: Criticó el gasto de más de £60 millones al año que los contribuyentes británicos destinan a mantener la presencia militar en el archipiélago.
- Reapertura de negociaciones: Cuestionó la decisión del Reino Unido de congelar el diálogo durante más de 40 años e instó a que se retomen las negociaciones diplomáticas, citando como antecedente el acuerdo histórico sobre Gibraltar.
- El referéndum de 2013: Relativizó el plebiscito de los isleños «kelpers» al entender que no justifica frenar indefinidamente el debate de soberanía.
El Gobierno británico, a través de una portavoz oficial de Downing Street, ignoró deliberadamente el debate interno propuesto por la columna de opinión de Simon Jenkins en The Guardian.
- Ratificación del statu quo: La portavoz del primer ministro enfatizó que la posición del Reino Unido sobre el archipiélago «no ha cambiado» y que el reclamo territorial argentino carece de validez ante sus ojos.
- Uso de la ironía deportiva: En respuesta directa a la vinculación que el editorial hizo con los festejos del partido, la vocería oficial lanzó una frase de alto impacto técnico y político replicada por el medio británico Sky News: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”.
- Defensa de la autodeterminación: El Gobierno británico desestimó la sugerencia de Jenkins de que las islas inevitablemente se integrarán al continente. Subrayaron que el compromiso de Londres para con los habitantes del archipiélago es «inquebrantable» y que la autodeterminación corresponde exclusivamente a los isleños, validando el referéndum de 2013 que el editorialista había relativizado.
- Acción institucional frente a la bandera: En lugar de abrir una mesa de diálogo diplomático como sugería The Guardian, el Gobierno del Reino Unido —con el respaldo del secretario de Comercio, Peter Kyle— prefirió elevar un pedido formal de investigación de oficio ante la FIFA. Esto se fundamentó en que la exhibición de la bandera infringió las normas globales que prohíben estrictamente el uso de consignas políticas dentro del campo de juego
La vía del diálogo
La postura oficial del Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) dictamina de manera unánime que la única vía para resolver el conflicto de las Islas Malvinas es la reanudación de las negociaciones bilaterales entre la República Argentina y el Reino Unido.
- Estatus de soberanía en disputa: El Comité encuadra el archipiélago bajo la categoría colonial especial de «Territorio No Autónomo». Ratifica que existe una disputa territorial abierta que no puede ser cancelada unilateralmente por el Reino Unido.
- Llamado al diálogo pacífico: Exige formalmente a ambos países retomar las conversaciones diplomáticas para alcanzar una solución pacífica y definitiva. Dicha postura sostiene el mandato histórico planteado originalmente en la Resolución 2065 de la Asamblea General.
- Preocupación en el Atlántico Sur: El Comité manifestó su inquietud ante los reclamos expuestos por la delegación argentina, liderada por el canciller Pablo Quirno, respecto a la «militarización» de la zona y la explotación unilateral de recursos naturales (hidrocarburos y pesca) en aguas en litigio.
- Mediación internacional: Solicitó explícitamente al Secretario General de las Naciones Unidas ejercer su misión de buenos oficios para interceder y lograr que Londres acepte sentarse a la mesa de diálogo.
- Falta de poder coercitivo: Aunque la resolución cuenta con el copatrocinio y firme respaldo de toda Latinoamérica, analistas y medios especializados aclaran que el pronunciamiento de la ONU no obliga jurídicamente al Gobierno británico a negociar, sirviendo principalmente como una contundente herramienta de presión diplomática internacional.
El artículo completo:
¿«Las Malvinas son argentinas»? No exactamente, pero las Falklands no pueden seguir siendo británicas para siempre
Simon Jenkins
La enemistad entre Londres y Buenos Aires se ha prolongado demasiado; tarde o temprano, prevalecerán las mentes sensatas.
Esta semana, Gran Bretaña y España acordaron demoler la frontera que divide Gibraltar de la península ibérica. Fue una buena noticia. Décadas de negociación llegaron a un feliz compromiso. Lamentablemente, el acuerdo no se celebrará este domingo en la final de la Copa del Mundo entre España e Inglaterra. Pero, ¿es demasiado esperar que una negociación similar pueda surgir de la semifinal de anoche, una derrota aplastante de Inglaterra a manos de Argentina, tras la cual el asunto Malvinas-Falklands levantó su cansada cabeza en forma de una pancarta en el campo? ¿Acaso no puede resultar nada bueno del generoso abrazo entre Lionel Messi y Harry Kane?
Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene un derecho eterno a permanecer como está, y mucho menos uno que cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras al año en gastos de defensa.
En el caso de las Falklands, su estatus como territorio de ultramar ha sido defendido ferozmente por sucesivos gobiernos, en gran medida como el precio de la victoria en la guerra de las Malvinas de 1982. En verdad, sospecho que esto tiene mucho que ver con el hecho de que los isleños, a diferencia de los habitantes abandonados de Hong Kong o Diego García, eran británicos blancos. La guerra también rescató al gobierno de Margaret Thatcher de la impopularidad y cubrió de gloria a la entonces primera ministra, a diferencia de posteriores aventuras militares.
Lo que se olvida es que, antes de la guerra, los gobiernos británicos estaban negociando realmente una transferencia de la soberanía de las islas con los argentinos. Esto siguió a un acuerdo de comunicaciones de 1971 alcanzado con Buenos Aires por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Permitió a los isleños comerciar y viajar con el territorio continental adyacente, utilizando sus hospitales, tiendas y otras instalaciones. Incluso tenían becas en escuelas locales. Cientos de argentinos solían visitar la capital de las Falklands, Puerto Stanley, como turistas. Los isleños estaban ganando gradualmente relaciones sensatas con sus vecinos costeros, de las cuales se esperaba que surgiera un acuerdo futuro.
En aquella época, las Naciones Unidas alentaban a las antiguas potencias coloniales de Europa a deshacerse de los restos del imperio, incluidos los franceses, portugueses y españoles. En el caso de Gran Bretaña, estos incluían Hong Kong, Diego García, las Falklands y, se esperaba, Gibraltar. El problema no era el derecho histórico —un argumento eterno— sino el sentido común geográfico.
Para Gran Bretaña, era ridículo que un Estado europeo financiara una gran armada para defender tierras distantes y en disputa. Desesperado por ahorrar dinero, el gobierno ya se estaba retirando del Atlántico Sur. Las Falklands estaban expuestas y sin defensa.
Un ministro laborista del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ted Rowlands, visitó debidamente las islas a finales de la década de 1970 y discutió la ampliación del acuerdo de comunicaciones a un acuerdo de arrendamiento posterior (leaseback), en el que Argentina tendría la soberanía, mientras que el control gubernamental permanecería en manos británicas.
En 1977, una opinión era que él los había convencido con garantías de autonomía continua y una garantía de seguridad bajo los auspicios de la ONU. El gobierno de Thatcher de 1979 heredó la propuesta de Rowlands. Aunque el nuevo ministro, Nicholas Ridley, carecía del poder de persuasión de Rowlands, fue autorizado por Thatcher para seguir adelante con ella.
Fue flagrantemente indignante que el ejército argentino invadiera las Falklands en 1982, cuando sus ministros estaban negociando con los británicos en Nueva York. El resultado inevitablemente hizo colapsar las conversaciones. Pero tal fue su plausibilidad que los esfuerzos tanto de Estados Unidos como de Perú continuaron buscando un acuerdo antes de que la fuerza de tarea británica en el Atlántico Sur realmente desembarcara. Aunque Argentina podría haber aceptado entonces, Gran Bretaña ya no estaba interesada. Tal era la lógica de la guerra, que una vez iniciada requería una «victoria». Un acuerdo podría haber salvado cientos de vidas y miles de millones de libras.
Lo que la guerra de 1982 no requirió fue la congelación total por parte de Gran Bretaña de cualquier discusión futura sobre la soberanía de las islas durante más de 40 años. El referéndum de las Falklands de 2013, en el que el 99,8% de los 1.517 votantes eligió respaldar el statu quo, se cita como el fin de la discusión.
La realidad es que estas colonias tarde o temprano se convertirán inevitablemente en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo, y los reclamos de Argentina no van a desaparecer. Sin la guerra de 1982, las Falklands podrían haber hecho las paces con su vecino, Argentina, con suerte bajo algún tipo de autonomía mandatada por la ONU.
Tal como están las cosas, las Falklands deben continuar su existencia congeladas como una fortaleza militar aislada en el otro extremo del mundo respecto a su generoso protector, Gran Bretaña. Pero tarde o temprano, un gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de comenzar las negociaciones nuevamente.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa simplemente patean la lata por el camino. Sería gratificante si la pancarta de Malvinas-Falklands ondeada en un partido de fútbol en Estados Unidos pudiera sacudir a alguien para que actúe. De alguna manera, lo dudo.
Primicias Rurales/IA/The Guardian
