Buenos Aires, miércoles 8 julio (PR/26) —  El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (SENASA) continúa actualizando su normativa en busca de modernizar los procesos de fiscalización implementados, a través de la Resolución 592/2026, que entrará en vigencia el día posterior a su publicación en el boletín oficial.

La normativa elimina del Reglamento las disposiciones vinculadas con la obligatoriedad de los establecimientos habilitados de contar con un Director Técnico, en virtud de que se considera que la evolución del sistema oficial de control higiénico-sanitario y la consolidación de las responsabilidades previstas en la normativa vigente tornan innecesaria la permanencia de ese requisito.

De está manera, se actualiza el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto 4238/68 y sus modificatorias, adecuando el marco normativo a la evolución del sistema oficial de control higiénico-sanitario, fortaleciendo un modelo basado en la responsabilidad de los operadores de la cadena agroalimentaria y adecuándose a los avances tecnológicos registrados en la producción de alimentos.

En la actualidad, las garantías de inocuidad de los productos de origen animal  se sustentan en un sistema integrado que comprende la habilitación de establecimientos, la fiscalización oficial permanente, la implementación de procedimientos documentados, los sistemas de autocontrol y la responsabilidad de los operadores.

Cabe destacar que la actualización normativa se enmarca en lo establecido por la Ley N.° 27.233, que declara de interés nacional la sanidad y la calidad agroalimentaria y asigna a los actores de la cadena agroalimentaria la responsabilidad primaria e ineludible de garantizar la sanidad, la inocuidad, la higiene y la calidad de su producción.

«Con esta decisión el SENASA acompaña la modernización de los procesos de fiscalización implementados, contribuye a la simplificación del marco regulatorio, evita superposiciones normativas, armoniza el Reglamento con el marco jurídico vigente, mantiene las garantías de control e inocuidad que resguardan la salud pública y favorece el desarrollo de la producción y el comercio de productos de origen animal», dijo el organismo.