Con la pobreza en el 32,3% durante el primer semestre, supermercados y autoservicios descartan cada año toneladas de lácteos, fiambres y productos refrigerados por un valor que supera los 370 mil millones de pesos. La paradoja es tan dura como real: hoy, en la Argentina, donar alimentos sigue saliendo más caro que tirarlos a la basura.
por María Ayuso-
Buenos Aires sábado 26 septiembre (PR/26)– La Argentina atraviesa un momento durísimo. La pobreza no deja de avanzar y, según los últimos datos oficiales del Indec, ya alcanza al 32,3% de la población durante el primer semestre del año. Son miles de familias que, todos los días, hacen lo imposible para poner un plato de comida sobre la mesa.
Y sin embargo, en medio de ese escenario, aparece una paradoja tan insólita como dolorosa. Durante el último año se desecharon nada menos que 73 millones de kilos de alimentos que estaban en perfectas condiciones para ser consumidos.
A la cabeza de ese descarte aparecen los lácteos, los fiambres y los productos refrigerados, los grandes protagonistas de lo que se tira todos los días en los supermercados y autoservicios de todo el país.
El impacto económico de este derroche es igual de impactante que el humano: se estima que las pérdidas llegan a los 370.520 millones de pesos, una cifra que golpea fuerte cuando se la piensa al lado de la crisis alimentaria que atraviesa el país.
Toda esta información surge de un relevamiento conjunto que llevaron adelante la Secretaría de Agricultura junto a distintas organizaciones especializadas y empresas del sector, que pusieron sobre la mesa un diagnóstico que hasta ahora era difícil de cuantificar.
Según explicó Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos de Buenos Aires, este enorme volumen de descarte se mantuvo bastante estable en los últimos años, sin grandes variaciones para arriba ni para abajo.
Para las entidades solidarias que trabajan todos los días contra el hambre, esos 73 millones de kilos representan una oportunidad única para combatir la inseguridad alimentaria que atraviesa a buena parte de la sociedad.
No es un dato menor: se trata de mercadería que ya forma parte del circuito minorista, lista para consumirse y ubicada, además, cerca de los grandes centros urbanos donde más se la necesita.
Menos del 5% se rescata: la gran deuda argentina
A pesar de esa ventaja logística, Uranga advierte sobre un dato alarmante: menos del 5% de los alimentos descartados por los comercios minoristas logra ser rescatado y reutilizado.
Esa marca deja a la Argentina muy por detrás de otros países de la región, donde los índices de recuperación superan sin mayores dificultades el 25% o el 30%.
Y hay que tener algo muy en cuenta: los 73 millones de kilos corresponden exclusivamente al desperdicio que se registra dentro de las grandes cadenas de supermercados y autoservicios.
Si se mira toda la cadena productiva, desde el campo hasta la góndola, la escala del problema se vuelve todavía más gigantesca y abarca todos los niveles de la economía nacional.
La Red de Bancos de Alimentos calcula que en el país se desperdicia, en total, aproximadamente el 12,5% de todos los alimentos que se producen cada año.
Desde estas instituciones sostienen con firmeza que gran parte de esa comida podría llegar a quienes más lo necesitan si existieran incentivos reales para que las empresas donen en lugar de tirar.
Donar sale más caro que tirar: la paradoja que nadie quiere
Ahí aparece la contradicción más difícil de digerir: hoy, en la Argentina, donar alimentos resulta más caro que tirarlos a la basura. Así de simple, y así de grave.
Esto significa que, en la práctica, colaborar depende hoy de la responsabilidad social empresaria de cada compañía, y no de una conveniencia económica real que empuje a donar de forma masiva.
Las normativas vigentes generan trabas innecesarias que terminan desincentivando la donación y frenan el flujo solidario hacia los sectores más vulnerables.
Con simples cambios regulatorios impulsados desde el Poder Ejecutivo, el país podría contar con una enorme cantidad de alimentos disponibles para la asistencia directa.
Los especialistas proponen modificar con urgencia el tratamiento del IVA para que las empresas no sufran penalizaciones fiscales justamente por decidir ser solidarias.
Los bancos de alimentos: la red que rescata lo que se puede
Los bancos de alimentos son estructuras fundamentales que recuperan productos con pequeños defectos estéticos para entregarlos a comedores y merenderos.
La red agrupa a 20 organizaciones distribuidas de manera federal por todo el país, que asisten directamente a iglesias, centros comunitarios y jardines infantiles.
Con la comida que hoy se pierde, las estimaciones indican que se podría alimentar dos veces a toda la población que hoy requiere asistencia alimentaria en la Argentina.
Durante el último año, los bancos que integran la red lograron rescatar más de 21 millones de kilos, que se transformaron en 63 millones de platos de comida nutritiva.
Esa ayuda tan necesaria llegó, a través de distintas agrupaciones sociales, a más de un millón de personas en situación de calle o de pobreza en todo el territorio nacional.
El Banco de Alimentos de Buenos Aires logró recuperar unas 7.400 toneladas, trabajando codo a codo con más de 1.300 organizaciones del conurbano bonaerense.
El director ejecutivo, Pablo Algraín, destaca que esos 21 millones representan apenas el 1% del total nacional que se desperdicia cada año.
Un verdadero cambio legislativo en materia fiscal permitiría, según los especialistas, duplicar el volumen rescatado en apenas un período anual de trabajo conjunto.
El nudo no está en la ley, sino en el bolsillo
La legislación actual ya cuenta con la llamada Ley Donal, que otorga protección jurídica y limita la responsabilidad civil y penal de quienes donan.
Sin embargo, el freno principal ya no está en el plano legal, sino en la pesada carga económica e impositiva que recae sobre la empresa que decide donar.
Al donar, las compañías pierden la posibilidad de computar el crédito fiscal del IVA, un beneficio que sí conservan si en cambio deciden desechar la mercadería.
A eso se suman los elevados costos operativos de transporte, almacenamiento, logística y clasificación que se exigen para garantizar la trazabilidad de lo donado.
Modificar el régimen fiscal del IVA eliminaría esa insólita desventaja económica frente al simple descarte de mercadería que sigue siendo perfectamente comestible.
Aunque el Estado resigne algo de recaudación fiscal, terminaría ahorrando recursos millonarios que hoy destina a programas directos de asistencia alimentaria.
Lo que ya funciona en otros países de la región
Mirar los ejemplos exitosos de otros países resulta clave para diseñar políticas públicas eficaces y sostenibles en el tiempo.
En Colombia, tras implementar modificaciones legales específicas sobre donaciones, el volumen recibido por los bancos de alimentos creció en 13.000 toneladas adicionales.
Países vecinos como Uruguay permiten computar el IVA de los productos donados, mientras que Brasil ofrece incentivos fiscales dentro de sus políticas ambientales.
Otra alternativa muy efectiva que se aplica en el mundo es el consumo preferente, que extiende legalmente la posibilidad de entregar productos más allá de la fecha impresa en el envase.
El impacto positivo de recuperar más alimentos trasciende lo social: también ayuda a frenar el uso desmedido de recursos naturales y a reducir emisiones contaminantes.
Cambiar esta ecuación básica permitiría que ayudar a quienes sufren hambre sea, al mismo tiempo, un acto económicamente viable y socialmente reconocido.
Las vías para colaborar con el Banco de Alimentos son múltiples: van desde el voluntariado activo hasta los aportes monetarios y logísticos.
Involucrarse en esta causa a través de alianzas corporativas o de la simple difusión fortalece una red solidaria que hoy resulta vital para el futuro de la Argentina.
Primicias Rurales
Fuente: La Nación
