La nueva regulación europea contra la deforestación abre un debate que va mucho más allá del cuidado ambiental: ¿debe el productor argentino pagar el costo de cumplir una exigencia europea y, además, quedar obligado a contratar una plataforma privada para poder vender? CRA cuestiona que algunos frigoríficos utilicen su poder de compra para imponer VISEC y reclama que el Estado no delegue sus facultades de control.
Por el Ing. Agr. Pedro A Lobos. Director de Primicias Rurales y productor
¿De qué estamos hablando? Explicado para cualquiera que no viva en el campo
Buenos Aires, 14 de noviembre (PR/26) .- Imaginemos que tenés una fábrica de zapatos y querés venderlos en Europa. El comprador europeo te dice: «Antes de comprarte, necesito que me demuestres de dónde viene el cuero, cómo se produjo y que no está vinculado con la deforestación».
Hasta ahí, es una condición comercial. Europa pone sus reglas para comprar productos dentro de su mercado. Te pueden gustar o no, pero si querés venderles, tenés que cumplirlas.
Ahora imaginemos algo más: para demostrar que cumplís, un grupo de empresas te dice que tenés que anotarte sí o sí en una plataforma privada, pagar o asumir sus condiciones y aceptar que esa plataforma determine si estás en condiciones de vender.
Ahí aparece el problema.
Porque una cosa es cumplir lo que exige Europa y otra muy distinta es que alguien aproveche esa exigencia para hacer su propio negocio.
Y eso es, precisamente, lo que plantea CRA.
- Europa pone las reglas, pero no exige VISEC
El Reglamento europeo 2023/1115 busca impedir que ingresen al mercado de la Unión Europea determinados productos vinculados con la deforestación.
En el caso argentino, afecta actividades como la producción de carne y soja.
La norma exige demostrar, entre otras cosas, que los productos no provienen de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y que su producción cumple con la legislación del país de origen.
Pero hay un detalle fundamental: Europa no dice que haya que utilizar VISEC.
¿Qué es VISEC? Es una plataforma privada que ofrece herramientas para acreditar la trazabilidad y determinados requisitos de sostenibilidad de las cadenas agropecuarias.
Dicho en criollo: sirve para reunir información y demostrar de dónde viene un producto y bajo qué condiciones se produjo.
Puede ser una herramienta útil. El problema aparece cuando deja de ser una opción y empieza a funcionar como si fuera obligatoria.
Es como si la Municipalidad te exigiera tener habilitado tu comercio, pero una empresa privada decidiera que solamente acepta los certificados emitidos por su propio sistema. La habilitación oficial pasa a segundo plano y el negocio privado termina funcionando como una autoridad de hecho.
- El productor puede terminar pagando por una obligación que no es suya
La regulación europea coloca la obligación de diligencia debida principalmente sobre los operadores que introducen los productos en el mercado europeo.
Esto significa que quienes importan o comercializan esos productos en Europa deben cumplir determinadas obligaciones de información y control.
No significa que cada productor argentino esté obligado por la norma a inscribirse en VISEC.
Entonces, ¿por qué tendría que hacerlo?
CRA denuncia que algunos frigoríficos exportadores estarían condicionando la compra de hacienda o el precio que pagan a que el productor esté inscripto en VISEC Carne.
Y acá aparece un ejemplo muy concreto.
Supongamos que un productor lleva 100 novillos a un frigorífico. Los animales cumplen con la legislación argentina, tienen sus registros sanitarios y cuentan con la documentación correspondiente.
Pero el frigorífico le dice:
«Si querés venderme, tenés que estar en VISEC. Si no estás, te descuento dinero».
El productor tiene dos opciones: aceptar o buscar otro comprador.
Pero si los frigoríficos que concentran buena parte de las exportaciones aplican la misma condición, la libertad de elegir empieza a parecerse bastante a la libertad de elegir entre pagar o no vender.
Muy libre todo.
- ¿Por qué descontar sobre toda la vaca si Europa compra solamente algunos cortes?
Este es uno de los cuestionamientos económicos más interesantes de CRA.
Cuando se exporta carne, no necesariamente toda la res tiene como destino Europa. Se venden distintos cortes en distintos mercados.
Por eso, la entidad cuestiona que algunos frigoríficos apliquen descuentos sobre el valor de toda la hacienda cuando la exigencia europea afecta solamente determinados productos destinados a ese mercado.
Pongamos números sencillos.
Un productor vende un animal cuyo valor total es de 1.000.000 de pesos. El frigorífico exporta a Europa algunos cortes, mientras que el resto se comercializa en otros destinos.
Si por no estar adherido a VISEC le descuentan un porcentaje sobre el valor de toda la res, el productor termina pagando por una exigencia que no necesariamente alcanza a toda su producción.
Es como tener un hotel con cien habitaciones, recibir una exigencia especial para las diez que utilizan turistas europeos y que te cobren el costo de adaptación sobre las cien.
CRA también marca una diferencia con lo ocurrido en la soja: allí, algunos esquemas diferenciados permitieron obtener premios por producir bajo determinadas condiciones. En la carne, según sus denuncias, el productor puede encontrarse con descuentos en lugar de incentivos.
La discusión no es si un producto diferenciado puede valer más. La discusión es por qué el productor debería recibir menos dinero por no contratar un servicio privado determinado.
- ¿Quién decide si un campo es legal: una plataforma o el Estado?
Acá entramos en un tema institucional importante.
En Argentina, las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales. Así lo establece el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Además, la Ley 26.331 establece el régimen de protección de los bosques nativos y asigna a las provincias un papel central en su ordenamiento territorial y en las autorizaciones correspondientes.
Traducido: cada provincia tiene competencias para determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en su territorio.
Por ejemplo:
- Una provincia autoriza legalmente un determinado uso productivo de un campo.
- El productor cumple con los permisos y las condiciones establecidas.
- Años después, una plataforma privada aplica sus propios criterios y no reconoce esa situación.
Entonces aparece una pregunta: ¿quién tiene la última palabra?
¿La autoridad provincial que tiene facultades legales para autorizar y controlar el uso del suelo o una asociación privada que administra una plataforma?
CRA sostiene que una herramienta privada no puede reemplazar las decisiones de las autoridades públicas.
Y el planteo tiene una dimensión federal: si las provincias tienen competencias constitucionales y legales, no deberían quedar subordinadas a los criterios de una organización privada.
- ¿Y qué tiene que ver el sindicato UATRE?
Otro punto cuestionado es el acuerdo entre VISEC y UATRE para implementar una constancia vinculada con la legalidad laboral.
UATRE es el sindicato que representa a los trabajadores rurales.
El problema que plantea CRA es dónde termina la función sindical y dónde comienza la función del Estado.
Una cosa es que un sindicato represente a los trabajadores, denuncie irregularidades y acompañe inspecciones.
Otra muy distinta es que una organización privada o gremial termine funcionando como autoridad para certificar el cumplimiento de la legislación laboral.
La Ley 25.877 regula el sistema de inspección del trabajo y la Ley 23.551 contempla la participación de representantes sindicales en determinadas condiciones.
Pero la facultad de inspeccionar y ejercer el poder de policía laboral corresponde a las autoridades públicas competentes.
Dicho de otra manera: el sindicato puede controlar, reclamar y defender derechos. Pero no se convierte automáticamente en el Ministerio de Trabajo por firmar un convenio con una plataforma.
- ¿Dónde está el Estado argentino en todo esto?
Esta es otra de las preguntas centrales.
Históricamente, cuando Argentina necesitó demostrar que cumplía determinadas condiciones para exportar, el Estado tuvo un papel importante.
Ocurrió con los protocolos sanitarios, las cuotas de exportación de carne y la habilitación de establecimientos.
¿Por qué ahora debería correrse a un costado?
CRA sostiene que el Estado nacional y las provincias deberían desarrollar herramientas propias para validar la información, reconocer los registros oficiales y permitir que distintas plataformas puedan operar.
Porque si el Estado deja de validar y esa tarea queda concentrada en empresas privadas, quien controla la herramienta puede terminar teniendo un poder enorme sobre el productor.
Y hay una contradicción que la entidad destaca: el sector agropecuario es una fuente fundamental de exportaciones y divisas para Argentina, pero al mismo tiempo se corre el riesgo de que las condiciones para acceder a esos mercados queden administradas por actores privados.
- ¿Qué propone CRA?
La entidad no plantea que haya que ignorar las exigencias europeas. Lo que cuestiona es cómo se implementan y quién termina beneficiándose.
Sus propuestas son:
- Que Nación y provincias desarrollen sistemas públicos de validación.
- Que se reconozcan los registros y las autorizaciones oficiales.
- Que puedan convivir distintas plataformas, sin imponer una sola.
- Que el productor conserve el control de sus datos.
- Que los costos de cumplir con las exigencias se distribuyan de manera equitativa.
- Que los frigoríficos no puedan utilizar su poder de compra para obligar a los productores a contratar una plataforma privada.
También advierte que las condiciones comerciales denunciadas podrían merecer un análisis desde la legislación de defensa de la competencia.
En definitiva: ¿cuál es la discusión de fondo?
La discusión no es si hay que cuidar los bosques, respetar las leyes o cumplir los requisitos de los mercados internacionales. Eso no está en discusión.
El problema es quién establece las condiciones, quién controla su cumplimiento y quién paga la cuenta.
Europa exige trazabilidad para comprar determinados productos. Hasta ahí, una exigencia de su mercado.
Pero CRA advierte que esa exigencia podría estar siendo utilizada por algunos actores de la cadena comercial para imponer una plataforma privada, condicionar los precios y trasladar costos al productor.
Y hay una ironía bastante evidente: un productor argentino puede tener un campo habilitado por su provincia, cumplir con las leyes nacionales, producir legalmente y, sin embargo, encontrarse con que para vender necesita la aprobación de una plataforma privada.
Es decir, puede tener la ley de su lado, pero no necesariamente el comprador.
Porque, al final, el planteo de CRA es bastante sencillo: una cosa es que Europa decida qué quiere comprar y otra es que, aprovechando esa decisión, algunos privados decidan quién puede producir, cuánto puede cobrar y a qué sistema tiene que adherir.
La trazabilidad debería servir para demostrar cómo se produce. No para crear un nuevo peaje privado en el camino entre el campo y el mercado.
Y si el productor tiene que cumplir con Europa, con la Argentina, con su provincia y, además, con cada plataforma que aparezca, quizás el próximo requisito sea contratar un escribano para demostrar que efectivamente tiene un campo.
Una aclaración importante: el texto explica y desarrolla la posición de CRA; las denuncias sobre descuentos, condicionamientos comerciales y posibles restricciones a la competencia están presentadas como planteos de la entidad, no como hechos judicialmente comprobados. Además, conviene distinguir entre las obligaciones legales de los operadores europeos y las exigencias comerciales que eventualmente establezcan los frigoríficos.
Por el Ing. Agr. Pedro A Lobos. Director de Primicias Rurales y productor
Fuentes: Varias






















