Tras la denuncia por 1.800 hectáreas arrasadas junto a un área protegida, la jueza federal Zunilda Niremperger dispuso un órgano interinstitucional que monitoreará el territorio y buscará respuestas inmediatas ante cada nuevo desmonte.
Buenos Aires, miércoles 18 noviembre (PR/26)– Desde 2024 rige en Chaco una medida cautelar de la Justicia Federal que prohíbe desmontar en todo el territorio provincial. Aun así, las talas ilegales siguen apareciendo. Esa reiteración llevó al Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia a disponer la conformación de un órgano interinstitucional, que ejercerá un monitoreo constante para lograr que la prohibición de deforestar finalmente se cumpla.
1.800 hectáreas menos a las puertas de un parque protegido
Las noticias sobre desmontes en Chaco son recurrentes, pero una de las últimas revistió especial gravedad. En octubre se supo que los bosques nativos de la provincia perdieron alrededor de 1.800 hectáreas en una zona lindera al Parque Provincial Loro Hablador, en el departamento Almirante Brown.
Ese sector se conoce como zona de amortiguamiento. Las áreas protegidas la necesitan porque funciona como un tramo de transición entre lugares sin protección y espacios de alto grado de conservación. Por eso, alterarla es casi lo mismo que hacerlo dentro de un área protegida.

Además, este espacio tiene una particularidad: amortigua a dos áreas protegidas, el parque provincial mencionado y el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero. También integra el corredor biológico del Chaco Seco, que se extiende hasta otras zonas de alto grado de conservación, como el Parque Provincial Fuerte Esperanza.
El semáforo que debería proteger los bosques
Para determinar la importancia de los bosques y definir qué acciones pueden realizarse sobre ellos, cada provincia debe contar con un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTB). Es una herramienta regulada por la ley nacional Nº 26.331 y se organiza en tres categorías que emulan a un semáforo.
Según la ley, la categoría I, o roja, reúne sectores de muy alto valor de conservación que no pueden desmontarse ni manejarse con fines productivos.

La categoría II, o amarilla, abarca porciones de mediano valor de conservación, que pueden destinarse a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. Por último, la categoría III, o verde, incluye bosques de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque siempre con una evaluación de impacto ambiental obligatoria.
El área en cuestión está catalogada en la categoría II del OTB chaqueño, lo que impide cualquier cambio de uso de suelo. Por eso, las violaciones a las normativas y disposiciones se acumulan.
A esto se suma que, desde 2024, la Justicia Federal prohibió el desmonte en áreas de cualquiera de los tres niveles, de modo que no se puede avanzar sobre el bosque bajo ningún tipo de argumento.
Esa resolución fue dejada sin efecto de manera parcial en diciembre de 2025. Pero en mayo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese levantamiento a partir de una apelación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (Aadeaa).
Un equipo para actuar sin demoras
La Aadeaa formalizó una denuncia en septiembre pasado por un nuevo episodio de desmonte, esta vez en la zona lindera al parque provincial Loro Hablador. Fue la gota que colmó el vaso: dos meses después, la jueza Zunilda Niremperger resolvió crear el equipo interinstitucional.
Lo integran representantes de la Aadeaa (como parte querellante), del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, de la Administración de Parques Nacionales y de Gendarmería.
El abogado Fabián Maggi, miembro de Aadeaa, fue designado en representación de la asociación. En diálogo con TN, afirmó que el equipo genera expectativa porque rompe los mecanismos burocráticos con los que lidiaron hasta ahora cuando reportaron nuevos desmontes.

Según explicó, la clave es la respuesta inmediata: al poner a la querella en igualdad con el resto de los funcionarios, se generan líneas de comunicación directas.
Así, cuando la asociación tome conocimiento de un desmonte, podrá pedir directamente a Gendarmería, a la Dirección de Bosques de Chaco o a la policía local que vayan a la zona a verificar si hay desmontes o si pueden identificar a los responsables.
Además, podrán seguir de cerca la situación en el territorio a través de imágenes satelitales y de teledetección, para controlar cómo está la cobertura boscosa en las potenciales zonas de conflicto.
De bosque a desierto
La pérdida de estos bosques es casi irreparable. Los ejemplares que hoy son adultos, de especies como el quebracho, el palo santo o el itín, van desapareciendo y no es sencillo reemplazarlos. Según explicó a TN Tomás Camarasa, coordinador para Gran Chaco de Aves Argentinas, si llegan a surgir nuevos árboles pueden tardar hasta 70 años en alcanzar el estadio adulto.

“La pérdida de cobertura boscosa se acelera, en un contexto en el que Chaco tiene una de las tasas de deforestación más altas del planeta”, señaló. En particular, indicó que los departamentos Almirante Brown y General Güemes, en el noroeste provincial, son los “puntos calientes en donde más se ve el avance del desmonte ilegal”.
Los números de una deuda pendiente
Los últimos datos del Monitoreo de Bosques Nativos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, correspondientes a 2024, indican que ese año Chaco lideró, junto a Santiago del Estero, el listado de provincias con mayor deforestación de ejemplares autóctonos, con casi 40 mil hectáreas menos.
Datos de organizaciones como Greenpeace marcan que en 2025 se deforestaron en la provincia unas 16.872 hectáreas de especies nativas. Entre enero y septiembre de este año, la misma organización relevó una pérdida de 9.339 hectáreas de bosques nativos.
Un suelo que se vuelve costra
La regeneración es compleja no solo por el tiempo que demanda el crecimiento de los ejemplares. Camarasa explicó que los bosques necesitan una determinada estructura que dé espacio a que las semillas de potenciales nuevos árboles se desarrollen. En territorios desmontados, el suelo tiende a la desertificación y se agotan las condiciones propicias para que prosperen nuevos árboles.

“Todo queda expuesto al calor y al viento. En el lugar se genera una costra, en donde no crece nada y se dificulta que nuevos ejemplares se establezcan. Y si se establecen, crecen muy lento”, describió.
Informes cada 15 días y un balance trimestral
Entre las obligaciones del equipo interinstitucional está presentar distintos reportes sobre la situación. La Dirección Nacional de Bosques debe enviar información cada 15 días desde su sistema de alertas, para indicar si hay alguna modificación en la cobertura boscosa de la región.
Por su parte, la Dirección de Bosques del Chaco, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, debe elaborar un informe detallado cada tres meses sobre lo que se va constatando. Las próximas semanas serán claves para determinar el daño en el noroeste chaqueño.






















