El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se reúne el miércoles a las 12. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, sostiene que el proyecto esconde la subordinación de la seguridad nacional a un plan continental impulsado desde Estados Unidos.
Buenos Aires, lunes 28 de septiembre (PR/26)– El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno presentó con gran despliegue el pasado 17 de septiembre, entra esta semana en su etapa decisiva. Se trata de un nuevo capítulo en la escalada de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas.
El plenario de comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá este miércoles 30 de septiembre a las 12. El cronograma prevé cerrar el trabajo el martes 6 de octubre, con la firma de los dictámenes correspondientes. El oficialismo marcará el ritmo de la discusión, ya que conduce las tres comisiones a través de Carlos Zapata en Defensa, Laura Rodríguez Machado en Legislación Penal y Juliana Santillán en Relaciones Exteriores.
Qué propone exactamente el proyecto oficial
La iniciativa endurece las penas hasta los 20 años de prisión para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos, además de inhabilitarlos para operar en el país.
Se deja atrás la actual Ley 26.659 y se amplía el universo de prohibiciones: ya no se limitan a los hidrocarburos, sino a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables.
También se crea un registro público de infractores, con el que el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar. Se suma, además, la figura del juicio en ausencia para estos delitos.
Otro punto central es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Ese Consejo coordinará las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y podrá intervenir en la protección de infraestructuras críticas del país.
Ante una amenaza grave e inminente, el organismo podría restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos, suspender contrataciones, limitar importaciones y exportaciones o elevar aranceles de manera transitoria.
Entre las herramientas más resonantes figura la posibilidad de autorizar, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, luego de agotar otras instancias del protocolo previsto.
Prohibición de aportes económicos extranjeros}
El proyecto prohíbe además los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
Se incorporan nuevos delitos: revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas, y desarrollar, con financiamiento extranjero, campañas de desinformación o maniobras para alterar procesos electorales.
También redefine las funciones de la Defensa Nacional, habilitando su intervención en seguridad interna frente a amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
Por último, se crea por ley el RePET, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo y su Financiamiento, que permite inmovilizar bienes y prohibir operaciones económicas con quienes figuren inscriptos.
La oposición se atrinchera y habla de extorsión política
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, encabeza la resistencia. El viernes anterior había organizado en la Cámara baja una audiencia informativa bajo el título «¿Soberanía o patio trasero?».
Para el legislador, se trata de una extorsión política en torno a Malvinas, orquestada según él por Santiago Caputo, que mezclaría las sanciones por las islas con la creación del Consejo de Seguridad Nacional para que rechazar el proyecto se lea como votar contra la soberanía argentina.
Marino describe la iniciativa como un «caballo de Troya», y sostiene que su verdadero objetivo sería alinear al país con el gobierno de Estados Unidos.
Según su lectura, el proyecto traduce en derecho interno una serie de iniciativas de la administración de Donald Trump y Marco Rubio: desde el Escudo de las Américas y el Memorándum de Seguridad Nacional N.º 7, hasta la cumbre ministerial contra el llamado «terrorismo político», la Conferencia Anticárteles y la fuerza de tarea conjunta impulsada por el secretario de Defensa estadounidense.
Sobre el RePET, advierte que permitiría inscribir a organizaciones o personas como «terroristas» con solo «motivos razonables para sospechar», sin necesidad de una causa penal abierta.
El diputado remarca que la sola inscripción bastaría para congelar bienes sin orden judicial previa, y que un artículo del proyecto blindaría de responsabilidad a quien aplique ese congelamiento, aun si después se comprueba que no correspondía.
A eso se suma, según explica, un nuevo delito de «manipular la opinión pública» con financiamiento extranjero, castigado con penas de entre 5 y 12 años de prisión.
Marino también cuestiona que el proyecto permitiría integrar radares de otros países al sistema nacional, instalar radares militares en cualquier provincia sin el aval de esa jurisdicción, y habilitar la coordinación de Estados extranjeros sobre territorio argentino.
Para el diputado opositor, la conclusión es contundente: el texto no defendería la soberanía nacional, sino que convertiría en legislación interna un plan continental diseñado desde Washington.
