¿Se puede justificar una guerra? El Papa responde en la encíclica «Magnifica humanitas»

“Asistimos a un verdadero cambio de paradigma en el discurso público y en las decisiones de rearme, con una preocupante rehabilitación de la guerra como instrumento de política internacional, mientras se erosionan precisamente aquellos criterios éticos que habían limitado su uso”, escribe el Papa.

“Hoy más que nunca es importante reiterar la superación de la teoría de la ‘guerra justa’, invocada con demasiada frecuencia para justificar cualquier guerra, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa, entendida en el sentido más estricto”, añade en la encíclica.

El Santo Padre no hace referencia a ningún conflicto concreto, sino que ofrece una lectura global de un mundo sacudido por la violencia. En la versión en inglés, el Pontífice utiliza incluso un término más contundente al calificar el concepto de guerra justa como “outdated”, es decir, “obsoleto”.

No es la primera vez que la Iglesia católica expresa su preocupación por los llamados robots asesinos, cuyo grado de sofisticación tecnológica ha aumentado notablemente en los últimos años. El Papa Francisco ya pidió a los líderes del G7, reunidos en Italia en 2024, que prohibieran el uso de armas autónomas capaces de operar sin mediación humana en conflictos bélicos. Sin embargo, es la primera vez que este llamamiento se incorpora a una encíclica.

La principal novedad radica en que León XIV considera que la posibilidad de emplear armas letales mediante inteligencia artificial hace su uso aún más injusto, si cabe. “Toda tecnología que facilite atacar sin ver el rostro del otro baja el umbral moral del conflicto. La selección de objetivos y el uso de la fuerza no pueden confundir a combatientes y no combatientes, ni ignorar el impacto sobre las poblaciones indefensas”, escribe el Papa.

Una paz desarmada y desarmante

No se trata de un giro radical, sino de la consecuencia lógica de una línea de pontificado que el propio León XIV esbozó desde el primer día, cuando, tras su elección el pasado 8 de mayo de 2025, habló desde el balcón del Palacio Apostólico de una paz “desarmada y desarmante”. 

En uno de sus habituales encuentros con la prensa a la salida de Castel Gandolfo, respondió a una pregunta del periodista de EWTN Javier Romero sobre esta cuestión.

La legítima defensa, recordó entonces, ha sido siempre admitida por la Iglesia. Sin embargo, matizó la aplicación del concepto de guerra justa en el contexto actual: “Hablar de guerra justa hoy es un problema muy complejo. Hay que analizarlo en muchos niveles, pero desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de la guerra tiene que ser reevaluado en términos actuales”, afirmó León XIV.

“Siempre creo que es mucho mejor entrar en diálogo que buscar armas y apoyar la industria armamentista, que gana miles y miles de millones de dólares cada año, en lugar de sentarse a la mesa a resolver nuestros problemas y usar el dinero para abordar cuestiones humanitarias, el hambre en el mundo, etcétera”, añadió.

En una entrevista posterior con EWTN, el cardenal Michael Czerny reflexionó sobre el alcance de la encíclica. Es, dijo, “una llamada muy, muy fuerte. Y tiene que ver con el uso responsable. Y el Santo Padre da el ejemplo del poder militar. Hemos logrado un cierto control. Y debemos hacer lo mismo con la inteligencia artificial en el uso bélico lo más pronto posible”.

Derecho de autodefensa

El purpurado —prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral— subrayó, además, que, aunque el Papa reafirma “el derecho de autodefensa”, resulta “imposible justificar una guerra”.

La enseñanza de la Iglesia sobre la “guerra justa” es, por definición —como señaló el Concilio Vaticano II—, dinámica y sujeta a las circunstancias históricas. Los Papas han ido elevando progresivamente el listón para aceptar la legitimidad de un conflicto armado. Así, en 2003, la guerra de Irak suscitó una condena frontal por parte de Juan Pablo II frente a los planes ofensivos de Estados Unidos: “¡No a la guerra! La guerra no es siempre inevitable. Es siempre una derrota para la humanidad”, afirmó el Pontífice polaco el 13 de enero de ese año ante más de 170 embajadores acreditados en el Vaticano.

El primer gran punto de referencia de la doctrina contemporánea es el propio Concilio Vaticano II. Su constitución pastoral Gaudium et spes estableció en 1965 un criterio provisional: “Mientras exista el riesgo de guerra y no haya una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa.

Pero una cosa es utilizar la fuerza militar para defenderse justamente, y otra querer someter a otras naciones. El poder bélico no legitima todo uso militar o político de él. Ni, una vez estallada la guerra, es todo lícito entre los contendientes”, se lee en el número 79 de este documento.

Un cuarto de siglo más tarde, el Catecismo de la Iglesia católica abordó extensamente en 1992 las nociones de “legítima defensa” y “defensa de la paz”, en un contexto internacional más complejo. Tras reconocer en el punto 2298 silencio de algunos líderes de la Iglesia ante prácticas crueles como la tortura, el texto afirma en el 2307 que “a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la Bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra”.

Según el punto 2309, “se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar”. Estas incluyen de forma simultánea haber sufrido un daño “duradero, grave y cierto”; haber agotado “todos los demás medios para poner fin a la agresión”; contar con condiciones “serias de éxito” y que “el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar”.

En todo caso, también subraya el Catecismo que el “poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición”.

En última instancia, concluye, “la apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común”.

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Fuente: ACI Prensa