La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas alerta que la ambigüedad en el proyecto de Ecocidio puede generar inseguridad jurídica y castigar penalmente a quienes producen cumpliendo todas las normativas ambientales vigentes.
Buenos Aires jueves 3 septiembre (PR/26)– La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) expresó su profunda preocupación ante el eventual tratamiento en el Senado del proyecto de ley que busca incorporar el delito de “ecocidio” al Código Penal.
Aunque el sector agropecuario respalda firmemente la protección del ambiente, advierte que cualquier iniciativa legislativa debe contemplar la realidad productiva e incorporar reglas claras, precisas y técnicamente verificables.
La principal inquietud de la entidad radica en el alcance de una figura penal construida sobre conceptos demasiado amplios, cuya interpretación libre podría quedar al arbitrio de heterogéneos criterios judiciales.
El riesgo latente de criminalizar el trabajo productivo
Para la Federación, el verdadero peligro surge cuando una actividad plenamente autorizada y regulada queda expuesta a una imputación penal posterior basada en reinterpretaciones sobre su impacto ambiental.
“Producir dentro de la ley no puede convertirse en un delito. Cuidamos el ambiente y mejoramos permanentemente nuestras prácticas, pero necesitamos normas que establezcan con precisión qué conducta constituye un delito”, enfatizó Diego Martínez, presidente de FeArCA.
Desde la institución remarcan que resulta indispensable diferenciar entre una conducta deliberadamente dañina y el desarrollo de una actividad productiva que opera bajo estrictas normas vigentes.
Un sector que opera bajo rigurosos controles específicos
FeArCA resalta que la actividad agroaérea se despliega bajo un exhaustivo marco de fiscalización donde las empresas deben cumplir con exigentes requisitos técnicos, operativos y de seguridad.
Estas regulaciones nacionales, provinciales y municipales no son meras intenciones declarativas, sino que imponen obligaciones directas y cuentan con sus propios mecanismos de sanción administrativa.
Por ello, la entidad advierte que la nueva norma penal debe articularse cuidadosamente con este entramado para evitar una gravosa superposición sancionatoria sobre una misma conducta legalmente habilitada.
“No podemos tener un sistema donde una actividad autorizada por el propio Estado y que cumple con la ley quede expuesta a una nueva sanción penal. Eso genera una enorme incertidumbre jurídica”, sostuvo Martínez.
Una amenaza que se extiende a toda la cadena agroindustrial
El alcance de esta discusión excede ampliamente a las empresas agroaéreas y amenaza con impactar de lleno en todos los eslabones del entramado productivo.
Una interpretación penal difusa podría terminar alcanzando a productores, contratistas, ingenieros agrónomos y establecimientos agropecuarios que intervienen a diario en el campo.
Resulta imprescindible fijar criterios objetivos para determinar cuándo se configura un delito, evitando que la definición quede librada a subjetividades o interpretaciones retrospectivas.
Sustentabilidad y tecnología: la producción no se opone al ambiente
Proteger los ecosistemas y producir alimentos de calidad no son caminos contrapuestos. El campo moderno incorpora de manera constante innovaciones para minimizar su huella ambiental.
En la aviación agrícola, el uso de herramientas de precisión y sistemas de monitoreo continuo permite realizar aplicaciones cada vez más eficientes y circunscritas al área necesaria.
“El desafío es generar mejores prácticas, más tecnología y controles eficientes, pero dentro de un marco jurídico previsible que incentive el desarrollo”, remarcó el presidente de la entidad.
La previsibilidad jurídica como pilar para la inversión
La falta de certeza en las normas amenaza directamente las decisiones de inversión y el crecimiento sustentable de las distintas economías regionales del país.
El desarrollo agropecuario exige inversiones continuas en maquinaria, tecnología e infraestructura, las cuales solo son viables si existen reglas del juego claras y estables.
Una legislación moderna debe castigar con severidad los daños ambientales graves y deliberados, sin colocar bajo sospecha penal las actividades productivas lícitas.
Un llamado al debate técnico e inclusivo
Ante el inminente tratamiento parlamentario, FeArCA solicitó formalmente abrir el diálogo e integrar a las entidades productivas, científicas y técnicas en el análisis de la norma.
El sector no rechaza el debate sobre la protección ambiental, sino que pide una ley seria y técnicamente fundada que respete los principios jurídicos fundamentales.
“Somos los primeros interesados en cuidar el suelo y el agua. Pedimos que no se transforme en delito aquello que el propio Estado autoriza y promueve”, concluyó Martínez.
El compromiso de FeArCA con el desarrollo sustentable
La Federación reafirma su compromiso con una producción agropecuaria sustentable y responsable, impulsando políticas públicas que incentiven el uso de las mejores prácticas.
El cuidado del medio ambiente debe armonizarse con la generación de empleo, inversiones y divisas fundamentales para la economía nacional.
Es indispensable construir un equilibrio normativo que garantice el progreso de la agricultura sin vulnerar los derechos de quienes trabajan respetando la ley.
Acerca de la institución
La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas representa a la aviación agrícola del país, fomentando el desarrollo responsable de la actividad en Argentina y el MERCOSUR.
FeArCA trabaja en alianza con organismos oficiales para promover el progreso del sector, integrando la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) y el Comité del Mercosur.
