Dos organizaciones ambientalistas lanzaron una plataforma que identifica 520 buques con permiso para pescar hasta las 200 millas de la costa continental.
Buenos Aires, lunes 9 noviembre (PR/26)– El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, dos organizaciones ambientalistas que siguen de cerca lo que ocurre en el Mar Argentino, lanzaron una plataforma de información sobre las embarcaciones pesqueras del país. Su objetivo es visibilizar la necesidad de contar con un registro nacional oficial, completo y actualizado.
La información puede consultarse en https://registroflotapesquera.org e incluye datos sobre embarcaciones, propietarios o armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas e historial de sanciones, cuando las hay.
Según ambas organizaciones, el sitio permite acceder a información “que el Estado se niega a publicar” y busca contribuir a la transparencia de una actividad estratégica para el país. También deja en evidencia una deuda pendiente.
La deuda es esta: aunque la Subsecretaría de Pesca recopila y administra estos datos, Argentina todavía no cuenta con un registro nacional oficial, integral y actualizado de consulta pública en línea.
Calamar, langostino y merluza: las tres especies que mandan
Con la información a la que pudieron acceder, las ONGs contabilizaron 520 buques registrados que operan actualmente en el Mar Argentino. De ellos, 80 (15,4%) son “poteros”, autorizados exclusivamente para pescar calamar.
Otros 86 son “tangoneros”, con autorización exclusiva para capturar langostino, y 162 (32% del total) cuentan con cuota individual y transferible de captura (CITC) de merluza común.
Esas tres especies pesan mucho en la economía: en 2025 explicaron más del 85% de los poco más de USD 2.000 millones de exportaciones pesqueras de la Argentina.
Fresqueros, congeladores y buques factoría
Otra manera de mirar la flota es por tipo de embarcación. 270 (52% del total) son buques “fresqueros”, aquellos cuya captura se procesa después en plantas terrestres.
Otros 204 (39%) son “congeladores”, con planta de congelamiento y, a menudo, de procesamiento a bordo, por ejemplo el fileteado. Eso les permite hacer “mareas” (salidas de pesca) más largas y más alejadas de la costa.
Hay además unos 7 buques de tipo “mixto”, y sobre otros 39 (8% del total) las organizaciones no pudieron acceder a información por parte del Estado argentino.
Los congeladores, con más de 100 metros de eslora, son los más grandes de la flota. En promedio, la flota autorizada a pescar en la Zona Económica Exclusiva conocida como Mar Argentino mide 36,5 metros de eslora.
El rango es enorme: va desde pequeñas embarcaciones de pesca casi artesanal, de 9,6 metros, hasta los “buques factoría” o congeladores de casi 113 metros.
Una excepción en la región
Para el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV), esta información es necesaria e importante. Y afirman que la Argentina “es hoy una excepción en la región”.
Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y otros países latinoamericanos cuentan con registros públicos en línea sobre sus flotas pesqueras. En nuestro país, acceder a esa información requiere presentar pedidos formales de acceso a la información pública que no siempre son respondidos en tiempo y forma.
La falta de transparencia, subrayan, tiene consecuencias concretas. Por un lado, dificulta detectar vínculos entre operadores y actividades de pesca ilegal.
Por otro, impide que la ciudadanía, la prensa y la academia puedan hacer un seguimiento independiente de un sector que exporta el 97% de su producción.
Un registro hecho con paciencia y pedidos de información
La plataforma se construyó a partir de sucesivos pedidos de acceso a la información, un mecanismo con límites: respuestas parciales, demoras y datos que se desactualizan.
Para las organizaciones, es una demostración. “Si la sociedad civil, con recursos limitados, pudo construir este registro, no hay razón para que el Estado —quien produce y administra estos datos— no pueda hacerlo mejor, de forma oficial, completa y actualizada”, señalaron.
Publicar los datos es repartir el control
Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, lo planteó así: “Hacer pública esta información no es solo poner datos a disposición de la ciudadanía: es distribuir la capacidad de control”.
Y siguió: “Hoy el Estado administra el recurso, asigna los derechos de pesca y concentra toda la información para verificar esas decisiones. Nadie más puede controlar”.
Juan Coustet, de Sin Azul No Hay Verde, fue igual de directo: “Exportamos más de 2.000 millones de dólares por año a partir de un recurso que es de todos los argentinos, y sin embargo nadie puede saber con facilidad quién lo explota, con qué derechos y bajo qué condiciones, lo cual hace imposible no preguntarse: ¿Quiénes se benefician con esta opacidad?”.
La decisión, ahora, está en el Congreso
Las organizaciones recordaron que en la Cámara de Diputados se encuentra en tratamiento el proyecto de ley Expediente 2585-D-2026. Propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca para que los datos del Registro de la Pesca sean de acceso público, en formatos abiertos y con actualización periódica.
“El Registro de la Pesca ya existe. No le estamos pidiendo al Estado que produzca información nueva, sino que publique la que ya tiene. El proyecto está en el Congreso: falta la decisión política”, afirmó Bilbao.
Ambas organizaciones remarcaron que la plataforma no pretende reemplazar las funciones del Estado, sino demostrar que es posible reunir y publicar información relevante sobre la flota pesquera. Buscan que las autoridades nacionales asuman esa responsabilidad, creando y manteniendo un registro oficial, público, completo, actualizado y de acceso permanente.
