¿La obligación de un dirigente de responder ante la Justicia depende de los amigos que cada líder tiene en el exterior y de las relaciones internacionales?
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, lunes 2 noviembre (PR/26) — En América Latina, algunos dirigentes pierden una elección y reorganizan su partido, mientras que otros reorganizan su itinerario. La diferencia parece anecdótica, hasta que aparecen una prohibición judicial de salir del país, un avión privado, una frontera argentina y un gobierno estadounidense dispuesto a recibir al viajero. Entonces, el asunto deja de pertenecer a las páginas de turismo y empieza a ocupar un lugar bastante más grave en la discusión sobre la democracia y las salidas de emergencia institucionales.
La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, su paso por la Argentina y su llegada a Miami obligan a actualizar una pregunta que apenas unas horas antes parecía principalmente teórica: ¿qué sucede cuando perder el poder empieza a significar arriesgar la libertad, y las relaciones internacionales ofrecen una vía de escape política?
Ahora hay un recorrido confirmado por los hechos y los registros oficiales correspondientes. Migraciones informó que Bolsonaro y su familia ingresaron a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, por el puente Tancredo Neves. Luego abordaron en Puerto Iguazú un vuelo privado con destino declarado a Guayaquil, continuando el viaje hacia Miami, donde llegaron el miércoles, con una confirmación oficial que se conoció recién después de que el avión hubiera despegado.
El traslado se produjo pese a una orden de la Justicia brasileña que le impedía abandonar su país y le exigía entregar sus pasaportes. Bolsonaro había anunciado que se defendería y que no pensaba irse, pero finalmente eligió defenderse a una distancia considerable de los tribunales que lo investigan.
La Argentina, territorio de paso y de preguntas
La explicación oficial de Migraciones sostuvo que Bolsonaro y su familia presentaron documentación habilitada y no tenían impedimentos legales para ingresar al país en ese momento. Por otra parte, el documento del vuelo publicado por el diario La Nación identifica al senador con nacionalidad y pasaporte italianos, lo que añade matices técnicos al tránsito fronterizo.
Los datos disponibles impiden afirmar, sin más, que cualquier agente fronterizo argentino tenía necesariamente la obligación legal de detenerlo por cuenta propia. Para establecer una responsabilidad concreta hay que conocer las alertas vigentes, las comunicaciones recibidas y las facultades específicas de cada organismo del Estado. La existencia y el alcance de una eventual alerta de Interpol seguían sin estar esclarecidos en la información consultada inicialmente.
Sin embargo, la responsabilidad política de un gobierno democrático no se agota en mostrar un simple sello de ingreso en la frontera. Corresponde preguntar: ¿Quién organizó el traslado? ¿Quién lo financió? ¿Qué sabían las autoridades argentinas? ¿Hubo comunicaciones con funcionarios brasileños o estadounidenses? ¿Existió alguna intervención política para facilitar el recorrido?
Frente a esto, la oposición política reclamó explicaciones detalladas e impulsó pedidos de interpelación parlamentaria. También formuló graves acusaciones sobre una posible asistencia estatal que deben probarse debidamente, del mismo modo que los pedidos de información oficial deben ser respondidos sin evasivas. El Gobierno nacional no puede confundir ambas cuestiones para eludir las preguntas de la ciudadanía.
Lo que sí exige una explicación profunda es el conjunto de la situación: un dirigente de enorme relevancia política, una restricción judicial públicamente conocida, un avión privado y una confirmación oficial difundida únicamente cuando el protagonista ya había partido del territorio.
Brasil merece una relación de Estado. Los argentinos también.
Las simpatías ideológicas de Javier Milei pueden orientar legítimamente sus amistades personales en el plano internacional. Sin embargo, lo que no pueden hacer bajo ningún concepto es reemplazar la política exterior de la República ni comprometer los intereses de la nación entera.
La intervención estadounidense en este conflicto tiene un componente público mucho más claro y directo. Donald Trump expresó públicamente que aprobaría la llegada de Bolsonaro y cuestionó abiertamente el desarrollo y la legitimidad de la elección brasileña. Un alto funcionario del Departamento de Estado informó formalmente que el senador y su familia recibirían los visados de ingreso correspondientes.
Conviene detenerse estrictamente en las palabras utilizadas: visados de ingreso. Las versiones periodísticas sobre un posible asilo político no autorizan a presentar como consumada una concesión formal que la información disponible en ese momento no acreditaba legalmente.
La distinción jurídica importa de manera decisiva para el derecho internacional. La señal política enviada a la región también es inocultable. Washington manifestó explícitamente su disposición a recibir a un aliado político extranjero que había incumplido deliberadamente una orden de la Justicia de su propio país. Eso no demuestra automáticamente una operación ilegal estadounidense, pero permite cuestionar qué criterio está aplicando la potencia que permanentemente se presenta a sí misma como la gran defensora de la democracia regional.
Resulta indispensable formular interrogantes fundamentales: ¿Examinó las razones de una posible persecución? ¿Evaluó las garantías del procedimiento brasileño? ¿O consideró suficiente que el viajero perteneciera al espacio político correcto?
Todavía no existen respuestas definitivas, pero en el ambiente flota una sensación inquietante: la defensa de la democracia empieza a parecer peligrosamente un servicio exclusivo con condiciones de afiliación partidaria o ideológica.
La ley según la conveniencia
Flávio Bolsonaro tiene absoluto derecho constitucional a defenderse de las acusaciones en su contra. Tiene derecho a cuestionar a un juez, impugnar una medida cautelar y denunciar abusos procesales si los hubiera. Su condición de investigado judicialmente no permite tratarlo mediáticamente como si ya estuviera condenado. Pero esos mismos derechos tampoco convierten cada decisión judicial adversa en una persecución política sistemática.
Si su defensa sostiene que los tribunales brasileños actúan de manera arbitraria, corresponde examinar rigurosamente sus argumentos jurídicos, las pruebas presentadas y las garantías procesales disponibles. Su apellido familiar no demuestra culpabilidad de antemano, pero su evidente afinidad política con Trump tampoco demuestra por sí misma su inocencia.
Ese mismo criterio de evaluación institucional debe aplicarse sin excepciones a Lula da Silva. Haber ganado una elección democrática no le entrega un certificado de infalibilidad sobre la corrección de todas las actuaciones judiciales de Brasil. Una victoria electoral no vuelve independientes ni confiables a los jueces por generación espontánea.
Lo único cierto es que una democracia republicana necesita poder condenar a un dirigente culpable cuando corresponda y al mismo tiempo proteger a un opositor inocente frente a los abusos del poder de turno. Necesita hacer ambas cosas de manera equilibrada. Cuando un sistema solo protege a los poderosos, produce impunidad generalizada. Cuando solo castiga a los adversarios, corre el riesgo de producir persecución política. Y cuando decide la aplicación de la ley según el apellido o la conveniencia, deja de ofrecer una justicia confiable para la sociedad.
Cristina, Maduro y los amigos en el exterior
La inevitable comparación de lo sucedido con figuras locales o regionales como Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Maduro debe conservar rigurosamente diferencias esenciales entre sus casos.
Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente una condena firme dictada por la Justicia argentina bajo el régimen legal de prisión domiciliaria.
Por su parte, Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas militares estadounidenses y trasladado compulsivamente a Estados Unidos para enfrentar graves acusaciones penales, mediante una operación militar y policial cuya legalidad provocó una intensa controversia internacional. Son, sin lugar a dudas, situaciones jurídicas y procedimientos completamente distintos que no deben homologarse a la ligera.
Hoy en día no tenemos elementos fácticos para afirmar que ambos dirigentes tuvieron en su momento una alternativa concreta y garantizada de asilo que simplemente decidieron desaprovechar por voluntad propia.
Sin embargo, la pregunta verdaderamente útil está situada en otra parte: ¿cuánto puede modificar el destino judicial de un dirigente político la existencia de un gobierno extranjero dispuesto a ofrecerle protección incondicional?
Un país extranjero puede brindar una protección humanitaria indispensable frente a una persecución política real y documentada. Pero también puede ofrecer una comodidad extraordinaria e ilegítima frente a una investigación judicial totalmente legítima. Distinguir con precisión ambas situaciones exige de los Estados algo mucho más profundo que simplemente compartir una ideología o simpatía partidaria.
La gran lección institucional es otra muy diferente para el ciudadano de a pie. El ciudadano común debe enfrentar su expediente judicial solitario con un abogado particular y los escasos recursos económicos que consigue reunir con esfuerzo. En cambio, el dirigente político poderoso puede agregar una variable de privilegio absoluto: la disponibilidad inmediata de un presidente amigo en el plano internacional. De este modo, el principio fundamental de la igualdad ante la ley corre el gravísimo riesgo de terminar rebajado y expuesto en el mostrador de una agencia de viajes con contactos diplomáticos.
El peligro de no poder perder
Si un gobernante de turno llega a creer firmemente que entregar el poder político significa quedar automáticamente a merced de las venganzas de sus enemigos, comenzará inevitablemente a justificar cualquier recurso extralegal para conservarlo a toda costa. Empezará a condicionar tribunales, presionar organismos estatales de control, debilitar autoridades electorales independientes y a presentar su continuidad en el cargo como una supuesta necesidad patriótica ineludible.
Si, del lado opuesto, la oposición política anuncia públicamente que llegará al gobierno exclusivamente para encarcelar de manera arbitraria a sus antecesores, ayuda de forma directa a construir exactamente la misma trampa institucional. Cada amenaza de retaliación confirma y alimenta el miedo profundo del oficialismo gobernante. Cada abuso de poder alimenta a su vez la promesa de una futura represalia en cadena.
Lo verdaderamente grave de esta dinámica es que la alternancia democrática en el poder se transforma subrepticiamente en una rendición incondicional. Y una democracia moderna difícilmente pueda funcionar de manera saludable si entregar el gobierno exige a los mandatarios un acto de heroísmo personal o una reserva anticipada de pasajes al exterior.
La respuesta institucional correcta jamás puede consistir en garantizar impunidad absoluta a quienes ya gobernaron y abandonan el poder. La única salida viable debe ser garantizar procedimientos judiciales totalmente confiables, que sean perfectamente capaces de investigar con rigor mientras los funcionarios están en el ejercicio del poder y de respetar estrictamente sus derechos fundamentales cuando lo abandonan al término de sus mandatos.
La responsabilidad ante la ley no debería depender en absoluto de perder una elección democrática. De la misma manera, la protección de los derechos tampoco debería depender jamás de ganarla.
Para la Argentina, este episodio internacional agrega un problema propio y complejo que no se puede soslayar. Una política exterior organizada caprichosamente alrededor de afinidades personales y ideológicas de los gobernantes de turno puede comprometer gravemente relaciones diplomáticas estratégicas que pertenecen y benefician al país entero y a su desarrollo a largo plazo.
Nuestro país sigue necesitando imperiosamente inversión extranjera, infraestructura, mercados externos y creación de trabajo genuino, por lo que cuesta enormemente encontrar algún beneficio real en convertir al Estado argentino en protagonista subordinado de las urgencias personales y judiciales de un dirigente político extranjero.
Los vínculos internacionales de una nación seria deben servir estrictamente para mejorar las oportunidades y el bienestar de los ciudadanos argentinos. Por esa razón fundamental, el Gobierno nacional tiene la obligación ineludible de explicar detalladamente de qué manera su actuación concreta en este episodio respondió a ese interés superior de la patria. Y Estados Unidos también debe explicar con claridad qué valor institucional concede a las instituciones democráticas de los demás países de la región cuando una decisión judicial soberana afecta directamente a sus aliados políticos preferidos.
Precisamente por todo lo expuesto, el episodio político deja una imagen visual y ética difícil de disimular: un candidato político pierde las elecciones, incumple deliberadamente una restricción judicial dictada por su país, atraviesa raudamente el territorio de la Argentina y encuentra de inmediato las puertas abiertas en los Estados Unidos. La coordinación política oculta o explícita de ese recorrido fronterizo debe ser totalmente esclarecida ante la opinión pública. Su significado político profundo ya merece una discusión nacional urgente.
Una democracia adulta y consolidada debe asegurar firmemente que cualquier persona que comete un delito pueda ser debidamente condenada por la justicia, aunque haya ocupado la presidencia de la nación, y al mismo tiempo garantizar que quien pierde una elección legítima conserve íntegros todos sus derechos civiles y constitucionales, aunque el vencedor circunstancial lo deteste profundamente.
Pero si la libertad personal de los dirigentes termina dependiente exclusivamente de sus contactos e influencias internacionales, entonces la solemne promesa constitucional de igualdad ante la ley se vuelve una burla inadmisible para la ciudadanía.
Entonces, la pregunta política fundamental deja de ser quién ganó las elecciones en las urnas. La verdadera pregunta pasa a ser quién tiene un avión privado disponible, quién le habilita sigilosamente el paso por las fronteras y qué presidente extranjero lo está esperando del otro lado para garantizarle refugio.
