Las cooperativas de trabajo anunciaron el nuevo costo a través de un documento y fue justificado al afirmar que «…a pesar del complejo contexto económico general y del que atraviesa particularmente nuestra industria, esta decisión se tomó para corregir el cuadro tarifario». Según se explicó, el desfasaje surge del aumento del costo de vida registrado entre noviembre de 2024 a junio de 2025, período en el que la inflación del INDEC registró un aumento del 20,2%, y de los costos operativos de las empresas prestadoras del servicio que fueron al alza.

En principio, la medida no fue consensuada con las cámaras empresarias, sino que fue comunicada directamente a las cooperativas de trabajo a través de la firma de Carlos Nacer de Fecooaport Ltda., Santiago Pratto de la CESAP y Alberto Ovejero de la cámara de servicios portuarios.

Precisamente, Alberto Ovejero también fue noticia por las recientes declaraciones a NA de su socio, el empresario Emilio Bustamante, director de la Terminal de Contenedores 2 del puerto de Mar del Plata. Según difundió el equipo de TC 2, el primer semestre del año arrojó un balance positivo con un incremento del 41% en el volumen de operaciones del comercio exterior si se lo compara con el mismo período del año anterior.

Los documentos precisan que se alcanzó un total de 5.492 TEUs movilizados. El TEU (twenty-foot equivalent unit) es una unidad de medida utilizada en el comercio exterior y en los envíos internacionales que expresa la capacidad de carga de los contenedores estándar de 20 pies o 6,096 metros. Con esa capacidad se registró un incremento de las exportaciones y de la carga por la que se tomaron nota de una mayor cantidad de viajes así como de movimientos por vía terrestre.

Bustamante explicó: «Durante los seis primeros meses del año, TC2 avanzó en múltiples direcciones: fortaleció su conectividad comercial y diversificó su matriz exportadora y, además, la naviera CMA CGM anunció que, como parte del servicio Atlas, que conecta Mar del Plata con el puerto de Santos en Brasil, pasará a operar semanalmente en lugar de hacerlo de forma quincenal».

Con respecto a la carga a granel, o el transporte de mercancías en grandes cantidades sin embalaje o empaquetado individual, donde el propio medio de transporte actúa como recipiente, ampliaron la diversidad de servicios logísticos desde la TC 2. «Los trabajadores de la terminal se sienten orgullosos de haber operado en simultáneo con dos buques de comercio exterior, algo que no ocurría desde hace más de 15 años, el Artemis de CMA CGM en el muelle 2 y MV Prince of the Seas en el muelle 3″, ejemplificó Bustamante.

Claroscuros en el Puerto de Mar del Plata que aún vive momentos de tensiones dentro del sector pesquero, con empresas procesadoras en riesgo de continuidad de sus operaciones, conflictos laborales y costos operativos crecientes. La estiba tuvo su ajuste mientras aguarda que el resto de la cadena de valor se adapte a las condiciones actuales de la economía de la era Milei para superar los conflictos propios de la actividad pesquera.

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Fuente NA

Buenos Aires, domingo 20 julio (PR/25) — El conflicto por la zafra del langostino sumó en las últimas horas nuevos episodios de alta tensión que agudizan una crisis que ya paraliza la actividad hace meses. Manifestaciones cruzadas entre sindicatos, amenazas de muerte a trabajadores, y allanamientos judiciales en Chubut marcaron una semana crítica para la industria, que ya acumula pérdidas millonarias y afecta a miles de familias en todo el país.

Afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) realizaron este viernes una protesta frente a la sede del Sindicato de Capitanes de Pesca en Mar del Plata, en un gesto que expone las profundas divisiones dentro del sector gremial.

Al mismo tiempo, en Puerto Madryn, al menos cuatro marineros denunciaron haber recibido amenazas de muerte por haber aceptado firmar contratos con la empresa Conarpesa. Uno de los mensajes enviados por WhatsApp advertía crudamente: “Más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn. Acordate, te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”.

La amenaza fue difundida públicamente por el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, quien expresó en redes sociales: “Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite”, y confirmó que se iniciaron acciones penales. Poco después, la policía local realizó dos allanamientos, incautando teléfonos que podrían aportar pruebas sobre el origen de los mensajes intimidatorios.

En respuesta, la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina expresó un firme rechazo a los hechos de violencia. En un comunicado, las entidades firmantes declararon: “Repudiamos la violencia y extorsión contra trabajadores que quieren ejercer su derecho a trabajar. No es el camino para construir paz social ni fomentar el empleo argentino”.

El conflicto gremial se centra en la negativa del SOMU y del Simape a renegociar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), principalmente en lo referido a los pagos por producción, el componente central del salario de los tripulantes. Ambos sindicatos aseguran que ya firmaron un acuerdo salarial con aumentos sobre los básicos, mientras que las empresas denuncian que los valores actuales son insostenibles.

Oscar Bravo (SOMU) y Pablo Trueba (Simape) se mantuvieron firmes en sus posturas. Bravo insistió en que “no hay nada legal que firmar fuera del convenio ya vigente”, y Trueba acusó a las cámaras empresarias de intentar “romper la paz social”.

Pese a la tensión, se logró una excepción: la empresa Buenos Aires Pesca SA alcanzó un acuerdo con ambos gremios para que dos buques tangoneros zarparan bajo un esquema de pago transitorio, respetando el CCT.

El conflicto, que ya lleva cuatro meses de parálisis formal y mantiene amarrados a más de 100 buques desde hace casi un año, tiene consecuencias dramáticas: exportaciones frenadas por más de 200 millones de dólares y un fuerte impacto económico en alrededor de 5.000 familias que viven de la actividad.

Desde una de las cámaras empresarias señalaron que “no hay condiciones de seguridad para salir a pescar con acuerdos individuales, los trabajadores están amenazados”. Además, advirtieron que el costo laboral representa actualmente el 60% de la operación y que seguir sin actualizar el convenio vigente implicaría trabajar a pérdida.

A diferencia de SOMU y Simape, los sindicatos de Capitanes y Maquinistas sí acordaron revisar los ítems de producción, que siguen calculados según un precio por kilo de langostino fijado en 2005 (USD 12), mientras que hoy el valor ronda los USD 6 por kilo.

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Fuente: Noticias Argentinas