A días del Día Mundial del Agua Subterránea, especialistas advierten que los acuíferos del NEA sostienen el consumo, la ganadería y la agricultura, pero su protección sigue fragmentada, con monitoreo insuficiente y controles desiguales.
Buenos Aires sábado 10 octubre (PR/26)– Debajo del suelo del Nordeste argentino corre una riqueza que rara vez se ve, pero de la que depende buena parte de la vida cotidiana: el agua subterránea. En parajes rurales, escuelas, puestos sanitarios y viviendas aisladas de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, no es un recurso más: muchas veces es la única fuente disponible.
Por eso, a pocos días de una nueva fecha dedicada al cuidado del agua, especialistas y organismos del sector insisten en un mensaje que combina urgencia y esperanza: los acuíferos son estratégicos para la región, pero su futuro depende de decisiones que todavía están pendientes.
El agua que no se ve, pero sostiene todo
A diferencia de un río o una laguna, un acuífero no se percibe a simple vista, y esa invisibilidad muchas veces juega en contra de su cuidado. Sin embargo, su rol es decisivo: funciona como una reserva estable frente a sequías, bajantes y fallas en las redes de distribución.
Eso resulta especialmente valioso en el oeste chaqueño y formoseño, donde la disponibilidad de agua superficial suele ser irregular. Incluso en Corrientes y Misiones, con lluvias más abundantes, el agua subterránea cumple un papel clave cuando una fuente superficial se contamina o se seca de manera localizada.
La calidad, sin embargo, no puede darse por sentada. Los nitratos, que provienen de pozos ciegos, corrales, feedlots o fertilización intensiva, representan un riesgo particular para la salud infantil. El arsénico, de origen natural en ciertos acuíferos, está asociado a enfermedades crónicas cuando la exposición es prolongada.
Que el agua provenga del subsuelo no significa, entonces, que sea automáticamente potable: requiere análisis periódicos. De acuerdo con el Sistema de Información de Aguas Subterráneas, hay registrados 452 pozos en Misiones, 1171 en Chaco, 184 en Corrientes y 44 en Formosa.
Una economía que depende del subsuelo
Más allá del consumo humano, la producción rural del NEA está atada, en gran medida, a la disponibilidad de agua subterránea. Una perforación puede marcar la diferencia entre sostener o perder una huerta familiar, un rodeo, un vivero o el abastecimiento de una comunidad entera.
En Formosa, por ejemplo, la calidad del agua destinada al ganado varía según la profundidad, los sedimentos y la cercanía de ríos y riachos, y la salinidad puede afectar directamente la productividad de los establecimientos ganaderos.
Cuando un acuífero se contamina, el impacto no se limita al ambiente: golpea al mismo tiempo el consumo familiar, la ganadería y la agricultura, con consecuencias económicas que pueden ser difíciles de revertir. A diferencia del agua superficial, que puede aislarse o reemplazarse con relativa rapidez, un contaminante que llega al subsuelo se desplaza lentamente y puede afectar numerosos pozos durante años.
Remediar un acuífero puede implicar clausurar perforaciones, trasladar agua en camiones, instalar plantas de tratamiento o monitorear una zona durante décadas. Son costos que, para una familia rural o un municipio pequeño, suelen resultar inalcanzables.
Normas que existen, pero no alcanzan
Argentina no carece de marco legal. La Ley 25.688 incorpora a los acuíferos dentro de la gestión ambiental del agua y exige permisos para extraer el recurso o introducir sustancias en el subsuelo. A nivel regional, el Consejo Hídrico Federal impulsa un Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas, y provincias como Misiones cuentan con registros de perforaciones y facultades de fiscalización.
El problema no es tanto la ausencia de leyes, sino su aplicación desigual. Todavía no existe un inventario regional completo que permita saber con precisión dónde se recargan los acuíferos, cuánta agua se extrae o hacia dónde podría desplazarse una contaminación.
El monitoreo suele limitarse a proyectos puntuales o a zonas ya problemáticas, en lugar de constituir una red pública y permanente. A esto se suma una fiscalización despareja entre provincias, que se vuelve más difícil en establecimientos rurales dispersos, perforaciones no registradas o municipios con menos recursos técnicos.
Lo que falta para proteger el recurso
Los especialistas coinciden en que el NEA necesita pasar de una gestión reactiva, que interviene cuando el problema ya apareció, a una política preventiva e integral. Entre las medidas más urgentes figuran la creación de una red regional de monitoreo con información pública, la actualización del registro de pozos y acuíferos, la identificación de zonas de recarga y alta vulnerabilidad, y controles más estrictos sobre basurales, pozos ciegos, efluentes y agroquímicos.
También se destaca la necesidad de garantizar agua alternativa y análisis periódicos para las comunidades rurales, que muchas veces no cuentan con los medios técnicos ni económicos para resolver por sí solas un problema de contaminación.
Existe además un proyecto de ley en el Congreso que propone crear un inventario nacional de acuíferos, de actualización periódica y acceso público. La iniciativa evidencia que todavía hay distancia entre lo que la región necesita y las herramientas institucionales disponibles.
En vísperas de una nueva conmemoración del Día del Agua, el mensaje desde el NEA es claro: el agua subterránea no es un recurso secundario ni una reserva infinita. Es, para buena parte de la región, la diferencia entre tener agua segura o no tenerla, entre sostener una producción o perderla. Cuidarla hoy, insisten los especialistas, es mucho más simple y económico que intentar recuperarla después de contaminada.
