Buenos Aires, 9 de setiembre (PR/21) .– El gobierno argentino no tiene hipótesis de conflicto. ¿Qué organismo estratégico argentino debe establecerlo y cuáles son los parámetros? ¿Quién aconseja al Poder Ejecutivo Nacional respecto a su determinación y acciones pertinentes?
¿No sabe la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur que en el Atlántico Sur y, su relación con el océano Indico, Pacífico y la Antártida, hay una extensa zona en conflicto con motivo de la militarización del Reino Unido en Malvinas, en una “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que acordaron todos los países de África occidental y América oriental? (Res. ONU 41/11 el 27/10/1986).
¿No se enteró esta misma Secretaría de Estado que el gobierno de Chile planeaba reclamarle a la Argentina espacios marítimos y del suelo y subsuelo de la plataforma continental argentina?
Esta Secretaría tiene como función, según la Cancillería (1/9/2021) «todos los temas vinculados a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur. Diseña estrategias y coordina acciones en el ámbito bilateral y multilateral para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos…Entiende además en las políticas y acciones que realiza el Consejo Consultor sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Además, tiene a cargo, la planificación y dirección de la política antártica…».
Entonces, antes de opinar sobre las funciones incumplidas de la Secretaría después de casi dos años de la designación de Daniel Filmus y, en medio de la situación de indefensión que vive la Argentina, sería bueno que la Cancillería corrija la misión de esa Secretaría: no son los espacios marítimos “circundantes” como dice, sino los espacios marítimos “correspondientes”. En primer lugar, porque así lo precisa la Constitución Nacional y, después, porque si la referida Secretaría no reconoce la diferencia entre espacios circundantes y correspondientes, mal puede establecer una política o, tal vez, los funcionarios desconozcan que el Reino Unido de Gran Bretaña no solo ocupa Malvinas y tres o doce millas circundantes, sino que ocupa y explota 1.639.900 km2 de espacios marítimos e insulares (52% de nuestro mar); además, de disputarnos 1.410.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 Km2 de la Antártida Argentina. Es decir, el equivalente a tener en disputa u ocupados, espacios que superan al territorio continental argentino desde La Quiaca a Ushuaia. Al respecto, un médico clínico diría: sin un buen estudio semiológico y un diagnóstico etiológico, es imposible instaurar un buen tratamiento y, mucho menos, establecer un pronóstico. Y ello seguramente, lleva a que el secretario de Malvinas no tenga un plan y no pueda cumplir con otra de sus funciones “Entender en las políticas y acciones que debe realizar el Consejo Nacional de Malvinas”
No es de esperar ningún avance argentino sin diagnóstico certero y sin plan y, es posible que, frente a ello, no haya acción alguna, como ha ocurrido hasta hoy. El secretario, ha promovido tres leyes sin debate alguno, en la búsqueda de su posicionamiento político interno y con ningún efecto internacional. La primera, una ley de incrementos de multas a la pesca ilegal que no sancionó ni un solo buque fuera o dentro del área de Malvinas, donde las empresas de España -cuyo país reconoció la soberanía argentina en Malvinas- son las principales socias para la consolidación de la ocupación en las Islas. La segunda, una ley sobre la plataforma continental que ni siquiera sirve para profundizar una cultura marítima entre los argentinos, que no describe los reales alcances de la recomendación de la Comisión de Límites y que no se acompaña de un fortalecimiento económico, físico, militar y de integración de Tierra del Fuego con el continente. Finalmente, una ley para crear un Consejo Nacional de Malvinas, a cuyos miembros -después de un año- ni siquiera se los convoca presencialmente a discutir una idea. ¿Se puede -en serio- un tema estratégico y de carácter secreto tratarlo en forma virtual, al acceso de todos los servicios de información del mundo? y ¿pueden semejantes asuntos de Estado, cuyos resultados podrían influir negativamente en los espacios en disputa y en toda la Argentina, inclusive la Antártida, tratarse con asesores ad-honoren, con dedicación parcial, muchos de los cuales no tienen ningún conocimiento en la materia e inclusive están en la antípodas de lo que prescribe la Constitución Nacional? ¿Puede integrar ese cuerpo el abogado Marcelo Kohen, quien en 2018 promovió un plan para dar a los isleños la posibilidad que se autofinancien con recursos argentinos, que, su gobierno ilegal determine quién puede o no radicarse en Malvinas y, que, a los treinta años tengan un referéndum sobre si quieren vivir bajo soberanía británica o argentina? Por citar solo un caso.
¿Se sorprende la Cancillería que el gobierno chileno tenga la pretensión de reivindicar 5 mil km2 de plataforma argentina, contrario a lo acordado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984? El P.E.N. a través de la Secretaría de Malvinas no tiene un análisis geopolítico. Miremos nuestras fuerzas armadas y las de Chile; luego, veamos la desatención argentina en cuestiones marítimas y la desocupación de la Patagonia; la adjudicación argentina hidrocarburífica offshore en manos británicas en el área en conflicto; nuestra tensa relación con los socios del MERCOSUR; la falta credibilidad en el mundo y, agreguemos, en este escenario, la pasividad (¿?) de la Secretaria de Malvinas que -según las propias manifestaciones de su secretario- tiene como eje de su acción política, la búsqueda del diálogo con el Reino Unido y la cooperación (unilateral), cuyos resultados en estos últimos 60 años han sido absolutamente inconducentes.
No nos podemos asombrarnos de las acciones británicas, pero tampoco de las de Chile, funcional a los mismos intereses, como lo fue durante la guerra de Malvinas. La Argentina presentó todos los documentos sobre sus derechos relativos a la plataforma continental ante la Comisión de Límites y firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile en 1984 que, delimitó en su artículo 7º, mediante una línea divisoria, los espacios argentinos al este y los de Chile al oeste, según las coordenadas 67º 16’.
Y asombra al secretario de Malvinas porque no tiene plan, contrario a los 3.200 isleños en Malvinas que avanzan día a día. Hacen lobby en Europa, en el Reino Unido y conversan con uruguayos, brasileños y chilenos. Construyeron un puerto en Georgias del Sur e invierten 85 millones de libras para construir un puerto en Malvinas que desplazará a Ushuaia como acceso principal a la Antártida. Por su parte los uruguayos atienden en sus puertos el aprovisionamiento, cambio de tripulación, trasbordos, etc. de todos los buques que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas y proyectan para el 2022 tener un nuevo puerto a esos efectos. Entre otras cosas.
Nos asisten los derechos por el cumplimiento de las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar y por el Tratado de Paz y amistad con Chile de 1984. Los chilenos tensionan la región y la Argentina no tiene hipótesis de conflicto. De lo que estoy seguro es que la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur no tiene plan alguno.
Buenos Aires, 26 agosto (PR/21) – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recibió de su par de Costa Rica el listado de establecimientos pesqueros habilitados para exportarle su producción.
La habilitación del Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica, que tiene vigencia por tres años a partir del 20 de agosto, alcanza a 15 establecimientos pesqueros e incluye el envío de langostinos, merluza, calamar, filet de pescado y pescado entero.
“Todos los establecimientos cumplieron de forma satisfactoria el proceso de evaluación documental a través de cuestionarios, como parte del proceso de habilitación de los establecimientos de productos de origen animal interesados en exportar a Costa Rica, establecido por Senasa”, indica la nota del servicio sanitario costarricense con la firma de su director general, Germán Rojas Hidalgo, enviada al Senasa de Argentina.
La medida adoptada por Costa Rica es el resultado del trabajo conjunto del Senasa, y los Ministerios nacionales de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Relaciones Exteriores para fortalecer y aumentar la exportaciones de productos agroalimentarios desde nuestro país.
Buenos Aires, 10 agosto (PR/21) — Cooperativas dedicadas a la pesca artesanal fluvial realizarán este miércoles un «pescadazo» frente al Congreso de la Nación, para reclamar ayuda ante la bajante histórica del río Paraná.
Participarán pescadores provenientes de San Pedro, Baradero, Villa Constitución y Villa Gobernador Gálvez, de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Ofrecerán sus productos a precios populares para visibilizar la grave situación que sufren ante la histórica bajante del Río Paraná.
Así se podrán comprar pescados de río como sábalo, bagre y dorado a 150 pesos el kilo; boga a 180; y pati a 240; con el fin de dar a conocer la capacidad productiva que tienen los pescadores artesanales.
«Buscamos que se conozca la grave problemática que sufre la pesca artesanal fluvial de la zona del Delta Medio», explicó José Ramírez, integrante de una de las cooperativas de pescadores de Santa Fe.
Agregó que «la histórica falta de legislación, agravada por los cuatro años de gobierno entre 2015 y 2019 en los que fueron abandonados los pequeños productores, más la aparición posterior de la pandemia de Covid-19, los continuos incendios que se registran en la zona y la histórica bajante del Río Paraná, han generado una de las crisis más grandes que se recuerden en la pesca artesanal de la región».
Ramírez consideró necesario que «se instrumenten de inmediato políticas públicas que contemplen las necesidades de los pescadores artesanales, ya que esta situación no sólo afecta al presente, sino que tendrá graves consecuencias por lo menos en los próximos dos años».
A inicios de este año, reportes oficiales señalaron la presencia de 105 buques en la milla 201 | CEDOC
Buenos Aires, 16 de julio (PR/21) .– ¿Cuántos miles de dólares dedican la Prefectura Naval y la Armada argentinas para monitorear y patrullar la Zona Económica Exclusiva y perseguir a los pesqueros ilegales? Si las flotas no estuvieran allí, no habría necesidad de tanto despliegue.
¿Cuántos empleos pierde la industria pesquera nacional por no poder competir con barcos que capturan las mismas poblaciones de peces, pero que no cumplen con ninguna regulación ambiental, sanitaria, laboral, impositiva ni de seguridad de la navegación? La pesca regulada debe cumplir con infinidad de normas y regulaciones, para que al mismo pez se lo lleven pesqueros que no cuentan siquiera con chalecos salvavidas.
¿Cuántos millones de dólares de ingresos pierde la Argentina por tener que vender en los mercados internacionales a los precios artificialmente bajos a los que venden las flotas no reguladas y de pesca ilegal? La Unión Europea, por ejemplo, no distingue entre pesca regulada y pesca a bordo de un pesquero taiwanés denunciado por esclavitud y muerte a bordo.
¿Cuántas capturas se pierde la industria argentina porque la misma se va en un pesquero español a Vigo a través de Montevideo? Aún cuando se pesca ilegalmente y en puerto se detecta la falsificación de las declaraciones de captura en un barco como el español Playa Pesmar Uno por ejemplo, la UE, sigue subsidiando a esas flotas y Uruguay sirviendo de base de apoyo.
¿Cuántas vidas de argentinos se arriesgan al proteger nuestro mar y a la soberanía? Recordemos que parte de la misión del ARA San Juan era vigilar a los pesqueros piratas y que semanas previo al hundimiento fue atacado por el pesquero chino Lu Rong Yuan Yu 883.
Si hacemos la cuenta, el precio que Argentina paga debido a la depredación que realizan las embarcaciones de China, España, Corea del Sur y Taiwán es muy alto. Es un costo inaceptable para una economía tan frágil, con alta pobreza y desempleo. Pero no es solo Argentina quien paga la destrucción de los mares, los mismos problemas afectan a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros.
No existe una única medida para afrontar este problema, sino un abanico de iniciativas que, articuladas, pueden frenar la sobreexplotación de los recursos pesqueros y los problemas asociados que conllevan. Una de ellas es poner fin a los subsidios estatales.
Estas flotas pesqueras, llamadas ‘de aguas distantes’, son enviadas por sus Estados de bandera a otras regiones del mundo debido a que sus caladeros ya fueron agotados o están al límite de explotación, tienen exceso de capacidad pesquera y necesidad de alimentos de calidad y baratos; en sentido estricto, lo de ‘barato’ es para ellos, no para los países costeros en desarrollo costeros y el ecosistema marino.
Pero ¿cómo es posible que sea rentable enviar sus barcos desde miles de kilómetros de distancia, en el Hemisferio Norte, hacia Latinoamérica? La respuesta es que no es rentable, solo que sus Estados de bandera gastan entre 23 y 30 mil millones de dólares al año en subsidios a la pesca destructiva e ilegal.
Esta semana se reunirá la Organización Mundial del Comercio –OMC- para ir cerrando una negociación que ya lleva más de veinte años y que tiene como objetivo poner fin a estos subsidios dañinos del ambiente marino y la economía de los países en desarrollo. Hace más de una década que las negociaciones alrededor de los subsidios a la pesca vienen fracasando. Debido a ello, la Organización de las Naciones Unidas -ONU- incluyó alcanzar esa meta entre sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2020.
El plazo ya venció, pero las chances de que este año se definan los lineamientos de la prohibición son altas. El próximo 15 de julio, cuando se celebre el encuentro de la OMC será necesario que Argentina y Latinoamérica se mantengan fuertes en la defensa de nuestros recursos y economías.
*Milko Schvartzman. Especialista en Conservación Marina. Círculo de Políticas Ambientales
Buenos Aires, 15 de junio (PR/21) .– El segmento lideró los sectores económicos que mostraron una recuperación entre marzo de 2020 y marzo de 2021. En agricultura y agroindustria, también tuvieron variaciones positivas la industria manufacturera, que creció 28,9%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un aumento del 3,9%.
El Subsecretario de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Liberman destacó el crecimiento sostenido de la actividad del sector pesquero que trepó a 59,2% en marzo de este año, respecto a igual mes del 2020, consolidándose así como el segmento económico de mayor recuperación interanual, según las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Las mediciones de enero a enero también habían mostrado una variación positiva que alcanzaba el 12,3%.
«El esfuerzo de cada uno de los actores de la industria para superar las dificultades que genera la pandemia, principalmente mitigar los riesgos sanitarios, sostener la capacidad productiva y aprovechar las nuevas oportunidades generadas gracias a la apertura de mercados se ve reflejado en estos números, y desde el Gobierno Nacional estamos trabajando para que sigan sosteniéndose en el tiempo», expresó Liberman sobre los números de la actividad pesquera reflejados por el INDEC.
«Desde las políticas que impulsamos a través del Ministerio, propiciando un mayor procesamiento en tierra de nuestras especies, defendiendo la soberanía de nuestros recursos y promoviendo el desarrollo acuícola en todo el país, entre otras acciones, apuntamos a seguir fortaleciendo un sector que es estratégico para la Argentina, con impacto positivo para el desarrollo productivo local y regional, la producción sustentable de alimentos, la generación de empleo y de ingreso de divisas», concluyó.
De acuerdo con los datos relevados y publicados recientemente en el Estimador Mensual de la Actividad Económica que elabora el INDEC también la industria manufacturera, que tuvo un incremento del 28,9%, y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una suba del 3,9%, fueron tres de los ocho sectores que registraron aumentos en sus actividades de manera interanual.
Los números muestran la relevancia que tiene la producción pesquera, y la agropecuaria y agroindustrial en general, dentro de las variaciones registradas por la actividad económica durante el año pasado.
Los restantes sectores que marcaron alzas fueron la Construcción (44,1%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (23,3%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (7,8%), Intermediación financiera (4%), y Servicios sociales y de salud (1%).
Buenos Aires, 9 junio (PR/21) — Pequeños productores vendieron hoy pescado a $100 el kilo en la plaza frente al Congreso de la Nación, para reclamar políticas de apoyo al sector.
Fue en el marco de una protesta de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que llamaron «pescadazo».
La entidad reclama «políticas que apoyen a las cooperativas de pesca» y, con ese fin, anticipó que ofrecían 12 toneladas de productos frescos para «demostrar que nuestros alimentos se pueden vender a precios justos».
En sus redes sociales, la UTEP destacó: «Tenemos volumen de producción y con políticas de apoyo al sector podemos abastecer la mesa de los y las argentinas».
«Actualmente la altísima inflación en alimentos golpea principalmente a los sectores populares y es fruto de la especulación de los sectores de la economía concentrada, donde imponen precios de miseria a nuestras producciones y después comercializan a precios internacionales en el mercado interno», indicó la entidad.
Y añadió que con el «pescadazo» se buscó «avanzar en la primera gran apuesta gremial de la pesca artesanal a nivel nacional».
«La pesca artesanal es la pesca del pueblo, respetuosa del medioambiente y de nuestros bienes comunes. Somos miles y queremos poder vivir dignamente de nuestro trabajo y ser parte de la solución a los problemas alimentarios de nuestro país», resaltó.
Numerosas personas se acercaron este miércoles a los alrededores del Congreso Nacional para adquirir las especies que ofrecían pescadores artesanales que llegaron en camiones frigoríficos de Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Helvecia, Concordia, Ensenada y Punta Indio.
Allí podían adquirirse, a $100 el kilo, corvina, besugo, pescadilla, sábalo, patí, dorado y boga, entre otras especies.
«Estamos en un momento crítico con las ventas. Queremos mostrarle a la gente que tenemos buena mercadería», dijo José Ramírez, uno de los voceros de la entidad.
Como ejemplo, puso el caso del sábalo: contó que los frigoríficos están pagándoles «20 pesos por cada kilo» de ese pescado, que luego «exportan a Brasil y Bolivia a 600 pesos».
David Uriburi, de los pescadores artesanales de Santa Fe, señaló que en su provincia «hay cinco o seis frigoríficos» que concentran exportaciones «por 18 mil toneladas anuales». «Es un enorme volumen de alimentos que no se consume dentro del país», afirmó.
«Al mismo tiempo, a nosotros, como pescadores artesanales, nos han dejado sin derechos. El pescador artesanal no existe para ninguna empresa, para ningún acopiador. Es tratado como una persona que anda por ahí juntando pescados y los entrega, es algo muy perverso», lamentó.
Otras voces de la UTEP explicaron que el 30% del precio de venta del «pescadazo» permitirá cubrir los gastos de transporte y el resto brindará un ingreso muy superior al habitual para los trabajadores de la pesca artesanal, con un valor muy económico para los consumidores.
Asimismo, indicaron que, según la especie y la zona del país, los frigoríficos pagan sólo entre $20 y $50 el kilo a quienes «arriesgan sus vidas para buscar alimentos de forma sustentable».
«Luego, esas empresas lo exportan a más de US$ 1,20 el kilo o lo comercializan en las pescaderías a precios varias veces superiores», se quejaron.
