PISA 2025 dejó a la Argentina en su peor marca en dos décadas y una dirigencia que, antes de que nadie terminara de leer el informe, ya sabía a quién echarle la culpa. Nadie preguntó, en cambio, si seguimos tomando el examen correcto.
“Las ideas no se degüellan.” — Domingo Faustino Sarmiento
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, miércoles 16 septiembre (PR/26) — Esta semana, mientras un funcionario explicaba por radio que la responsabilidad de doce años de aprendizajes perdidos correspondía a gestiones que ya no gobiernan, en algún dormitorio del conurbano o de esta Patagonia un chico de trece años le pedía a una aplicación gratuita que le resolviera exactamente el tipo de ecuación que ese funcionario acababa de citar como prueba del desastre nacional. La aplicación tardó cuatro segundos.
El funcionario, cuatro párrafos, para decir lo mismo que dice cualquier funcionario desde hace veinte años: yo no fui. Esa simultaneidad es la fotografía exacta de la Argentina que hoy discute su fracaso educativo, y también, aunque todavía no lo sepa, de la Argentina que viene.
Conviene mirar la cifra desnuda antes de que la política la vista con su relato preferido. La Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 puntos en Lectura y 393 puntos en Ciencias, reflejando el peor resultado desde que el país participa de la evaluación internacional. La caída representa un desplome de entre once y trece puntos respecto de 2022, configurando la baja más pronunciada en veinte años de mediciones continuas.
El 76% de los adolescentes de quince años no logra resolver un problema matemático elemental, mientras que apenas el 7,8% alcanza el piso mínimo de competencia en las tres áreas evaluadas de forma simultánea. En el plano regional, el país quedó ubicado en el puesto octavo entre trece países latinoamericanos, quedando por detrás de naciones como Uruguay, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Brasil y Perú.
Espejos internacionales: Lo que otros países sí resolvieron
Vale la pena resistir la tentación de la fatalidad, porque no estamos ante un problema irresoluble ni de carácter exclusivamente argentino. Estonia, con un gasto por alumno bastante inferior al de buena parte de Europa occidental, se consolidó en la década pasada como el sistema educativo mejor evaluado del continente.
Portugal, que a comienzos de siglo compartía con nosotros un diagnóstico de estancamiento y desigualdad territorial, revirtió la tendencia en poco más de diez años con alfabetización temprana, evaluación docente sostenida y, sobre todo, con la voluntad de no reinventar la política educativa cada vez que cambiaba el color del gobierno.
Ninguno de los dos países hizo un milagro. Hicieron, con disciplina aburrida, lo que la Argentina lleva veinte años prometiendo en cada campaña y abandonando apenas asume el que prometió lo contrario. El modelo estonio combina una alta exigencia curricular con una autonomía de aula que en la Argentina sonaría completamente revolucionaria.
Por su parte, Portugal logró revertir un diagnóstico idéntico de estancamiento y desigualdad territorial mediante alfabetización temprana y evaluación docente sostenida.
Mucho más que la pandemia: Un cuarto de siglo de estancamiento
El reflejo más cómodo de la política consiste en fechar absolutamente todos los males en el año 2020 y las restricciones sanitarias. Si bien la pandemia agravó los daños al erosionar la presencialidad, los hábitos de estudio y el vínculo escolar, la crisis responde a una tendencia estructural previa.
La serie histórica oficial resulta implacable y muestra 388 puntos en Matemática en el año 2000, 388 en 2012, 378 en 2022 y los actuales 367 puntos. Se trata de un cuarto de siglo de parálisis coronado por un final previsible donde, históricamente, se cuestiona la medición antes que la propia realidad.
La velocidad de la culpa y la trampa del relato oficial
Lo verdaderamente notable no es que el Gobierno nacional haya respondido con rapidez, sino que lo hizo antes de que nadie terminara de leer el informe. La Secretaría de Educación atribuyó el colapso a una cultura instaurada por los gobiernos kirchneristas, apuntando contra dos décadas de distribucionismo.
Aritméticamente los funcionarios tienen razón, ya que la trayectoria escolar evaluada en 2025 atravesó distintas administraciones nacionales. Sin embargo, el discurso oficial evita cuidadosamente asumir el tramo temporal propio, el recorte al financiamiento universitario y los persistentes conflictos presupuestarios.
La descentralización de las excusas y la responsabilidad gremial
Limitar la responsabilidad a quien ocupa circunstancialmente un despacho nacional es exactamente la trampa que debemos evitar. Los distintos espacios políticos comparten el defecto de no haber construido jamás un acuerdo educativo capaz de sobrevivirle a los cambios de gobierno.
Además, la educación obligatoria es estrictamente provincial, por lo que los gobernadores administran los colegios, pagan sueldos y toleran el ausentismo sin consecuencias. Por su parte, una parte de la dirigencia sindical redujo el debate al plano salarial, resistiendo los mecanismos de evaluación y protegiendo un estatuto que iguala al docente sacrificado con el ausente.
Inclusión ficticia y la estafa de certificar lo que no existe
El dato más incómodo de todos no es la caída en los puntajes, sino la alarmante convivencia con una matrícula que se mantiene alta. La Argentina contemporánea ya no expulsa masivamente a los chicos de las escuelas, sino que los retiene, los promociona de año y les entrega un título formal.
El verdadero problema radica en que una porción creciente de esos títulos certifica saberes que no existen, configurando una inclusión ficticia. Cuando la institución escolar certifica aprendizajes vacíos, no está solucionando nada, sino administrando la desigualdad social con los papeles formalmente en regla.
Autor: Sergio Mammarelli
La velocidad de la culpa
Lo notable no es que el Gobierno haya respondido rápido. Es que respondió antes de que nadie terminara de leer el informe. La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, salió el mismo mediodía a sostener que “el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”, y el secretario Carlos Torrendell habló de dos décadas de “distribucionismo” antepuesto al aprendizaje. Aritméticamente tienen razón: la trayectoria escolar de un chico evaluado en 2025 empezó en 2013 y atravesó a Cristina Fernández de Kirchner, a Mauricio Macri, a Alberto Fernández y, en su tramo final, a Javier Milei.
Lo curioso es que la explicación oficial se detiene exactamente dónde empieza a incomodar: el propio Torrendell aclaró que la prueba se tomó “un año y medio” atrás, es decir, ya bajo esta gestión, y ni el comunicado ni el discurso mencionaron el recorte al financiamiento universitario ni el conflicto con las universidades públicas que este mismo Gobierno protagonizó en el tramo que sí le pertenece. Hasta un aliado mediático de la Casa Rosada, Eduardo Feinmann, se salió del libreto para calificar el resultado de “una tragedia” y advertir, con una frase que vale más que diez discursos ministeriales, que “Sarmiento se vuelve a morir”. Cuando la propia tribuna abandona el operativo clamor, es porque el operativo clamor ya no alcanza.
Veinte años sin firma
Pero limitar la responsabilidad a quien ocupa hoy un despacho es exactamente la trampa que este editorial se niega a pisar. Kirchnerismo, Macrismo, el breve interregno de Alberto Fernández y ahora el Mileísmo comparten algo más profundo que la alternancia: los cuatro gobernaron conociendo los números y ninguno construyó lo único que un problema de veinte años necesita, que es un acuerdo capaz de sobrevivirlos. Y hay un tercer actor que nunca figura en la conferencia de prensa: los gobernadores.
La educación obligatoria es provincial. Cada mala PISA genera una declaración presidencial y ninguna pregunta a los ministros de Educación de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz o San Luis, que administran las escuelas, pagan los sueldos y deciden cuántos días de clase se dictan de verdad, cuánto ausentismo docente se tolera y qué establecimientos llevan una década fracasando sin consecuencia alguna.
La descentralización educativa argentina terminó siendo, en la práctica, una descentralización de las excusas: la Nación culpa a las provincias, las provincias a la Nación, los sindicatos al presupuesto y el presupuesto a los sindicatos. Mientras el círculo gira, nadie adentro de ese círculo aprende nada, salvo a girar mejor.
La responsabilidad que nadie factura
Hay una cuota de responsabilidad más, incómoda por motivos distintos, que rara vez entra en el editorial de nadie. Una parte de la dirigencia sindical docente redujo durante años la discusión educativa casi exclusivamente al salario y al conflicto laboral, resistiendo cualquier mecanismo de evaluación como si medir fuera, en sí mismo, un acto de hostilidad hacia el gremio.
La distinción hay que hacerla con cuidado, porque simplificarla sería injusto: la inmensa mayoría de los docentes argentinos sostiene, en condiciones muchas veces heroicas, escuelas que el Estado abandonó, contiene emergencias sociales y familiares que exceden largamente su función, y no tiene responsabilidad alguna en el diagnóstico de hoy. Pero un sistema que iguala en el mismo estatuto al maestro que se desvive y al que falta sistemáticamente termina castigando al primero y protegiendo al segundo, y eso también es una forma de fracaso.
Detrás de ambos hay, además, un eslabón que nadie audita: los institutos de formación docente, miles en todo el país, con niveles dispares y escaso control de resultados, que forman a los maestros de mañana con las mismas carencias en comprensión lectora y matemática que esos maestros terminarán heredándoles, sin saberlo, a sus propios alumnos.
No se puede enseñar con solvencia lo que uno mismo nunca terminó de aprender. Ese eslabón no genera un titular, pero es el que explica por qué los diagnósticos bien escritos de cada gestión rara vez sobreviven al primer año de aula.
Incluidos, no educados
El dato más incómodo de todos no es la caída: es con qué convive la caída. Una matrícula que sigue siendo alta. La Argentina no expulsa chicos del sistema con la brutalidad de otras épocas; los retiene, los pasa de año, les entrega un título. El problema es que una porción creciente de esos títulos certifica algo que no existe.
Bajar la exigencia, multiplicar las instancias de recuperación y flexibilizar la evaluación puede evitar la deserción, pero sin tutorías reales, produce lo que hay que llamar por su nombre: una inclusión ficticia. Eso no es una estafa contra las familias que pueden pagar una escuela privada de calidad o una maestra particular cuando el boletín falla.
Es una estafa específicamente contra las que no pueden, porque la escuela pública era, por diseño, la única institución encargada de compensar lo que esos hogares no podían ofrecer. Cuando esa institución certifica sin enseñar, no está fallando: está administrando la desigualdad con los papeles en regla.
El gimnasio que nadie pidió
Y acá aparece el giro que ningún comunicado de ayer se animó a nombrar. La palabra escuela viene del griego skholé, que no significa instrucción: significa tiempo libre, el rato que una sociedad decidía sustraer a la urgencia de producir y regalarle, por igual, a cada chico —un teorema, un poema, una célula—, para que el mundo se volviera, por un momento, interesante.
Ese fue siempre el contrato original, mucho antes de que la escuela se convirtiera en la cañería por la que baja información escasa y el docente en el único grifo del saber.
La inteligencia artificial no rompió ese contrato: rompió la cañería, que ya estaba vieja y oxidada. Una IA puede responder cualquier pregunta, pero no puede lograr que a un chico le importe la pregunta; satisface el interés que ya existe, jamás lo enciende. Confundir las dos cosas —creer que alcanza con administrar mejor el flujo de respuestas correctas— es la trampa en la que puede caer hasta la reforma mejor intencionada.
Supongamos, por un segundo, el milagro: que gobernadores, gremios, institutos de formación y los cuatro últimos presidentes firman mañana el acuerdo educativo que se deben desde hace veinte años. Estarían arreglando, con dos décadas de atraso, una máquina que sus propios usuarios ya empezaron a jubilar. Según la encuesta Kids Online de UNICEF, dos de cada tres estudiantes argentinos ya usan inteligencia artificial para resolver sus tareas: no están esperando ninguna reforma, la hicieron solos, en sus teléfonos, sin pedirle autorización a ningún ministerio.
Un estudio del MIT Media Lab sobre escritura asistida encontró que el 83% de quienes redactan un texto con ayuda de una IA no puede, minutos después, recordar una sola frase de lo que “escribió”: le llamaron deuda cognitiva, la versión mental de comer sin masticar.
Nadie va al gimnasio porque falten máquinas capaces de levantar el peso por uno; va precisamente porque delegar ese esfuerzo lo dejaría débil. La escuela argentina, mientras discute cómo mejorar la puntería en un examen de 2025, ni siquiera empezó a preguntarse cómo se construye el criterio de un adolescente que ya tiene, en el bolsillo, una respuesta correcta para cada pregunta y ninguna razón propia para desconfiar de ella.
PISA mide si un chico puede resolver un problema sin ayuda. Todavía nadie mide si puede querer resolverlo. Y ahí está el verdadero peligro, que no es de ciencia ficción ni tiene fecha de estreno: no que la máquina reemplace a la escuela, sino que una sociedad hipnotizada por la eficiencia termine decidiendo que la parte más cara de educar —la humana, la que forma criterio, la que tarda años y no acepta atajos— es prescindible, y quede reservada a quien pueda pagarla, mientras el resto recibe una sucesión infinita de respuestas correctas y ningún adulto que le enseñe a desconfiar de ellas.
La desigualdad que la vieja escuela pública nació para corregir podría volver, siglo y medio después, disfrazada de innovación y actualización tecnológica, entrando por la puerta discreta del algoritmo.
Sarmiento no prometió más escuelas coloniales: miró el sistema de su tiempo, lo declaró insuficiente en voz alta y construyó otro. Ciento cuarenta y dos años después de la Ley 1420, la dirigencia argentina volvió a hacer ayer lo único que domina con destreza olímpica frente a una mala noticia educativa: repartir el pasado entre los presentes y declararse, una vez más, inocente por comparación.
Nadie preguntó qué examen deberíamos estar tomando en 2026. Esa pregunta, la única que importaba, quedó afuera del comunicado, afuera de la radio, afuera de la nota. Esta misma noche, en algún dormitorio, un chico de trece años va a volver a preguntarle a una máquina lo que hace rato dejó de preguntarse.
