El Proyecto de Presupuesto 2027 prioriza la meta innegociable del superávit financiero, apostando por una desaceleración inflacionaria y un fuerte repunte del PIB, aunque enfrenta severas alertas por la fragilidad de los ingresos y la falta de reformas estructurales.
Buenos Aires, Jueves 5 noviembre (PR/26)– La definición más importante que contiene el Proyecto es la preservación del equilibrio fiscal que se viene logrando desde el año 2024, mediante un aumento moderado de los gastos y supuestos muy optimistas para los recursos tributarios.
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Supuestos macroeconómicos y proyecciones de actividad
El punto de partida para la elaboración del Presupuesto es la proyección de un conjunto de variables macroeconómicas que cubren los meses que restan del presente año y todo el año próximo. Las más importantes se refieren a la evolución de los precios y la actividad económica global.
A diferencia del ejercicio previo, luce razonable la proyección de inflación fijada en el 18 por ciento anual, pero resulta relativamente optimista el crecimiento esperado del PIB del 4 por ciento. Esta definición agrega incertidumbre respecto a que efectivamente se concreten los niveles esperados de recaudación.
Comparando diciembre de cada año, se espera una inflación del 29 por ciento para 2026 y del 18 por ciento para 2027. Para cumplir con esta meta, la inflación mensual debería bajar en los próximos meses a menos del 1,5 por ciento mensual de manera sostenida.
Se trata de un objetivo ambicioso pero plausible en el marco del ordenamiento fiscal prevaleciente. Prueba de ello es que tanto el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central como el FMI hacen proyecciones similares a las que adopta el proyecto oficial.
Con relación a la producción, el Proyecto contempla incrementos en el PIB del 3 por ciento en 2026 y del 4 por ciento en 2027 en valores constantes. Considerando que el INDEC muestra una tendencia al estancamiento, la meta oficial resulta exageradamente optimista frente a las expectativas privadas.
Recaudación tributaria y desempeño de los principales tributos
El Proyecto asume comportamientos muy optimistas en los próximos meses para la recaudación tributaria. Por un lado, los ingresos deberían aumentar un 6 por ciento por encima de la inflación en el último bimestre para compensar la caída acumulada hasta el mes de octubre.
Bajo ese supuesto favorable, se proyecta que el año 2026 terminará con una leve contracción real del 1 por ciento anual. En tanto, para 2027 se espera una suba del 5,5 por ciento anual por encima de la inflación, desafiando la reducción de alícuotas en Bienes Personales y Derechos de Exportación.
Para hacer posible este desempeño, el Gobierno confía en una significativa mejora en la administración tributaria y en la baja de la evasión. Entre los tributos clave, se destacan aumentos superiores al PIB proyectado en IVA y Ganancias, junto con fuertes saltos en Combustibles y comercio exterior.
Evaluado en perspectiva histórica, en 2027 se estaría estabilizando la presión tributaria nacional en torno al 21 por ciento del PIB. Esto representa unos 5 puntos menos que el récord de 2015, pero mantiene una brecha de 6 puntos por encima de los niveles registrados a comienzos de siglo.
Evolución del gasto público y principales partidas de ajuste
El Proyecto prevé un aumento anual del 4 por ciento en el gasto primario en términos reales para 2027, tras la contracción del 2,4 por ciento prevista para 2026. Al comparar el gasto de 2023 con el monto proyectado para 2027, la reducción acumulada llega al 26,4 por ciento.
Los mayores ajustes estructurales recaen sobre las transferencias a provincias, la inversión real directa y los subsidios a la energía. En sentido contrario, se registran variaciones positivas en jubilaciones, pensiones y especialmente en la Asignación Universal por Hijo.
El principal componente del gasto son las prestaciones previsionales, presupuestadas en el 7,1 por ciento del PIB para 2027. La no renovación de las moratorias modera las altas y reduce erogaciones, conteniendo la dinámica demográfica en un marco de actualización por inflación.
En cuanto al gasto en personal, la combinación de licuación salarial y racionalización de la planta estatal llevaría las erogaciones al 1,9 por ciento del PIB. Por su parte, las transferencias a universidades se ubicarían en el 0,5 por ciento del PIB, evidenciando un persistente incumplimiento de la ley de financiamiento.
Resultado fiscal y escenarios bajo supuestos alternativos
Según el Proyecto, las cuentas públicas registrarán en 2027 un resultado primario y financiero idéntico al del ejercicio actual, con un superávit financiero del 0,2 por ciento del PIB. Esta estabilidad se logra mediante pequeñas reducciones de ingresos y gastos medidas en términos del producto.
Sin embargo, el contraste frente al déficit de 2023 es profundo, fruto de un fuerte ajuste de 5,9 puntos del PIB en las erogaciones totales durante cuatro años. No obstante, dado el optimismo de los ingresos, un menor crecimiento económico obligaría a realizar recortes adicionales.
Si el PIB creciera al 2,5 por ciento en lugar del 4 por ciento proyectado, los ingresos subirían un 2,1 por ciento. Para preservar el superávit, el Gobierno debería aplicar un severo ajuste de 1,3 por ciento en el gasto no automático, profundizando el rigor fiscal.
La situación se tornaría aún más compleja si se incorporara el financiamiento universitario como gasto automático, exigiendo un recorte del 3,5 por ciento en las partidas discrecionales para evitar la reaparición del déficit fiscal.
Reflexiones finales y asignaturas estructurales pendientes
El Proyecto confirma la firme voluntad oficial de sostener el equilibrio fiscal, consolidando un sendero virtuoso iniciado en 2024. No obstante, la dependencia de supuestos muy optimistas sobre la recaudación y el producto plantea riesgos latentes para su cumplimiento efectivo.
Si los ingresos fluyen por debajo de lo previsto, los margenes para nuevos recortes en el gasto no automático son extremadamente acotados. La mayoría de estas partidas ya operan en niveles mínimos históricos, similares o inferiores a los vigentes a comienzos de siglo.
El diseño presupuestario evidencia que la postergación de reformas estructurales —en particular la previsional y tributaria— condiciona severamente las finanzas públicas. La rigidez de los gastos obliga a sacrificar inversión y limita drásticamente cualquier alivio impositivo adicional.
Erradicar los impuestos más distorsivos no puede quedar supeditado exclusivamente a la contracción del gasto. Es imperativo consolidar un esquema integral que fortalezca la recaudación eficiente y asegure la sostenibilidad macroeconómica a largo plazo.
