Tras un tenso plenario de comisiones donde expertos alertaron sobre el devastador consumo de agua y energía, el oficialismo busca dictaminar la próxima semana el megaproyecto de inversiones de frontera tecnológica.
Por Sebastián Hadida
Buenos Aires, viernes 21 agosto (PR/26)– Luego del intenso plenario de comisiones desarrollado este miércoles en el Senado, la bancada del oficialismo tomó la decisión de acelerar los plazos y buscará firmar el dictamen de mayoría la próxima semana, a pesar de las severas advertencias emitidas por los especialistas.
Fuentes directas de la Cámara alta confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que los sectores dialoguistas han solicitado retoques puntuales al proyecto durante el debate conjunto entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión, y Legislación General.
El cronograma previsto contempla escuchar una última ronda de expositores en los próximos días y, de manera inmediata al término de las presentaciones, pasar a la firma del despacho en el Salón Azul para dejarlo listo para el recinto.
Una ley pensada para megainversiones de frontera tecnológica
Esta ambiciosa iniciativa impulsada directamente por el Ministerio de Economía ya cuenta con la aprobación previa y la media sanción emitida por la Cámara de Diputados desde el pasado 24 de junio.
El régimen del Súper RIGI fue especialmente estructurado con la clara intención de atraer megainversiones destinadas a sectores no tradicionales como la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables.
Para acceder a esta batería de beneficios se requiere un piso indispensable de 1.000 millones de dólares, una cifra substancialmente mayor en comparación con los 200 millones contemplados en el marco del RIGI original.
Las empresas elegibles recibirán un horizonte inédito de estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera fijado en 30 años, protegiendo los desembolsos de eventuales modificaciones normativas durante ese extenso ciclo.
A diferencia del esquema normativo previo, este programa concede una ventana temporal de inscripción de 5 años más un año extra prorrogable, dejando fuera a recursos naturales e infraestructura.
Fuerte controversia por el impacto hídrico y Ambiental
Durante las audiencias, el referente económico de la Fundación Fundar, Guido Gak, alertó fehacientemente sobre la eventual dilapidación de recursos esenciales a largo plazo, recordando que el consumo de agua de un centro de datos se extiende más allá de tres décadas.
Por su parte, la ex funcionaria nacional y titular de la ONG Géneras, Micaela Sánchez Malcolm, hizo hincapié en las marcadas indefiniciones del marco regulatorio, remarcando la enorme demanda de tierra, electricidad y agua que exigen estos centros.
La especialista argumentó además que la capacidad de creación de empleo permanente resulta extremadamente reducida, ya que una vez concluida la fase inicial de construcción, estas instalaciones operan con plantillas de escasos trabajadores.
El reclamo de las provincias y el riesgo de cesión de soberanía
Desde una perspectiva federal, la vocera de CEPPAS, Florencia Gómez, cuestionó duramente la falta de previsión respecto a los estragos acumulativos en provincias del Interior como Catamarca y La Rioja que hoy ya sufren escasez hídrica.
En esa misma dirección, el representante de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, Enrique Viale, advirtió enfáticamente sobre una inminente crisis hídrica, energética y territorial gatillada por esta legislación.
Viale fustigó duramente el peligro de otorgar prioridades absolutas sobre los recursos naturales frente a futuras necesidades locales, señalando que la norma genera un marco blindado de cláusula pétrea que terminará dirimiéndose en tribunales de Washington.
El jurista graficó que un data center genera un empleo similar al de un supermercado medio, entregando en la práctica zonas de sacrificio a favor de magnates globales como Peter Thiel sin lograr encadenamiento productivo real.
Finalmente, la investigadora del Conicet, Luciana Ghiotto, criticó enérgicamente la ausencia total de una política industrial estratégica y catalogó la iniciativa como la entrega de un gravísimo cheque en blanco a sectores no definidos.
