La comunidad diaguita de Peñas Negras denunció el ingreso de empresas como Elevado Gold S.A. y Amalaya S.A. para realizar tareas de exploración de oro y cobre, y sostuvo que el ingreso se produjo sin autorización ni una consulta previa, libre e informada.
En ese contexto, los comuneros denunciaron operativos de seguridad, represión y personas heridas con balas de goma, además de advertir que se encuentran en estado de alerta máxima en defensa del agua y la tierra.
“Nos dispararon a bala”, afirmó una de las comuneras al describir la situación registrada en el territorio.
La Policía niega que haya existido represión
Frente a estas denuncias, el jefe de Policía de Catamarca, comisario general Manuel Herrera, negó que los efectivos hayan ejercido represión contra los manifestantes y calificó como “erróneas y falsas” las versiones que hablaban de violencia policial.
En declaraciones a Radio Valle Viejo, Herrera explicó que su intervención se produjo luego de un encuentro entre comunidades que mantenían posiciones diferentes respecto de la actividad minera.
Según el jefe policial, la presencia de los efectivos tuvo como objetivo “resguardar y restablecer el orden y que no pase a mayores”, además de garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar.
Dos posiciones enfrentadas
Herrera aseguró que, durante el desarrollo de los acontecimientos, algunas comunidades manifestaron su intención de acompañar a la empresa minera en sus actividades.
“Fui testigo de que querían avanzar, acompañar a la empresa minera”, sostuvo el jefe policial, quien explicó que a partir de esa situación se decidió reforzar la seguridad en la zona.
De acuerdo con su relato, el personal policial buscó garantizar la protección de quienes se trasladaban hacia el área donde se desarrollaban las actividades mineras, ante la presencia de grupos que se oponían al proyecto.
Un disparo al aire, según la versión policial
Uno de los puntos centrales del descargo oficial fue el uso de un arma durante el operativo.
Herrera reconoció que se efectuó un disparo disuasivo al aire, aunque aseguró que tuvo como finalidad restablecer el orden ante la situación de tensión.
“Eso fue todo”, afirmó el jefe policial, al explicar que posteriormente los efectivos se concentraron en contener la situación y proteger a las comunidades presentes.
La versión oficial contradice así las denuncias realizadas por integrantes de la comunidad, quienes aseguran haber sufrido represión y disparos durante el operativo.
El reclamo por la consulta previa
Más allá del episodio puntual, uno de los principales reclamos de la comunidad diaguita está relacionado con el derecho a participar en las decisiones que puedan afectar su territorio.
Los integrantes de Peñas Negras sostienen que cualquier proyecto que pueda impactar sobre sus tierras y recursos naturales debe contemplar una consulta previa, libre e informada, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporado al ordenamiento jurídico argentino.
La comunidad también advierte sobre la importancia de preservar el agua y el ambiente en una zona de alta montaña ubicada alrededor de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
La tensión continúa
Mientras las comunidades mantienen posiciones enfrentadas respecto de la actividad minera, la Policía informó que continuará monitoreando la situación para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
El conflicto de Peñas Negras vuelve a poner en escena una discusión que atraviesa distintos sectores de Catamarca: el desarrollo de proyectos mineros frente a los reclamos de comunidades originarias por la defensa del territorio, el agua y el derecho a ser consultadas.
Por el momento, las versiones sobre lo ocurrido durante el operativo son contrapuestas: la comunidad denuncia represión y disparos, mientras que la Policía niega haber reprimido y sostiene que actuó para evitar que el conflicto pasara a mayores.
Movilizaciones en la capital: Hoy, viernes 11 de septiembre +, grupos de autoconvocados y organizaciones socioambientales realizaron un «cartelazo» frente al Ministerio de Minería en San Fernando del Valle de Catamarca, exigiendo el cese inmediato del hostigamiento policial y el retiro de las multinacionales.
El trasfondo del conflicto: Pueblos Originarios vs. Megaminería
La disputa gira en torno a los proyectos de exploración de oro y cobre denominados Aguas Calientes I, II y III, cuyos permisos fueron renovados por el Ministerio de Minería provincial a pesar del rechazo de los habitantes ancestrales.
| Factor en Disputa |
Postura de la Comunidad Diaguita |
Postura de las Empresas y Gobierno Provincial |
| Derechos Territoriales |
Exigen el cumplimiento del Art. 75 inc. 17 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT (Consulta Previa). |
Sostienen que cuentan con las autorizaciones gubernamentales para la prospección mineral. |
| Recursos Hídricos |
Denuncian que la megaminería destruirá las vegas y aguadas, generando una crisis hídrica irreversible en la Puna. |
Promueven la actividad extractiva como un eje clave para el desarrollo económico y el empleo provincial. |
| Estrategia Política |
Buscan la articulación regional con comunidades vecinas (como Laguna Blanca y Jasimaná) para bloquear los avances en bloque. |
El gobernador Raúl Jalil apela al «diálogo» argumentando que varios caciques de la zona sí avalan los proyectos. |
En el ámbito legislativo, la oposición provincial ha solicitado formalmente la interpelación de la Ministra de Seguridad de Catamarca para que rinda cuentas por el violento accionar de las fuerzas policiales, el cual fue catalogado por diputados opositores como una «violación a los derechos humanos».
