Jul 19, 2026 | Actualidad, Columnas
El Mundial se apagó, pero la crisis nunca se había ido: crónica del domingo en que la ilusión y el país real volvieron a jugar la misma final.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, jueves 30 julio (PR/26) — El silencio después de la final. Hay un silencio que aparece después de una derrota importante y que no se parece a la tristeza. Es más ancho, más frío: es vacío.
Es la sensación física de haber estado a un paso de tocar algo enorme y de volver, de golpe, a la intemperie de siempre. El domingo 19 de julio, España le ganó a Argentina uno a cero en el alargue y se coronó campeona del mundo por segunda vez en dieciséis años.
El dato es seco y verificable, y debería agotar la crónica en una línea. Pero no la agota. Porque una final no se juega para que después alguien nos explique, con estadísticas, por qué perder era razonable.
Argentina llegó a esa final y no era poco.
Llegó con un equipo que sostuvo la ilusión durante cinco semanas, con un Messi de treinta y nueve años jugando quizá su última gran batalla mundialista, y con un país entero que —aun sospechando que el partido podía salir mal— se permitió creer.

España fue superior; eso también hay que decirlo, y lo diremos más de una vez en estas líneas, porque es la parte incómoda de la historia.
Fue fiel a una idea de juego que no traicionó ni siquiera en el mal trago inicial ante Cabo Verde. La derrota duele porque el fútbol argentino no se conforma con participar, y esa exigencia, lejos de ser una enfermedad, ha sido durante décadas una de las pocas formas de ambición colectiva que todavía nos quedan.
El catálogo del reproche
Pero esta vez hubo algo más. La prensa internacional aprovechó la caída para desplegar su catálogo habitual: argentinos soberbios, maleducados, incapaces de perder.
Como si una disputa al borde del campo, un gesto de bronca o una mala reacción al final habilitaran a convertir a un país entero en caricatura moral. Es curioso, a las potencias se les perdona la arrogancia como si fuera carácter; a los argentinos se nos reprocha hasta el orgullo de haber llegado.
No se trata de justificar lo injustificable.
Si hubo jugadores que se excedieron, corresponde decirlo, porque la derrota también mide el carácter.
Pero una cosa es pedir autocrítica y otra muy distinta es disfrutar del castigo.
Hubo, en buena parte de la cobertura mundial, una satisfacción apenas disimulada por ver caer al campeón de 2022, al equipo de Messi, a ese país incómodo que, aun con todas sus crisis, conserva la insolencia de creer que puede competir con cualquiera. Y esa insolencia es lo último que deberíamos entregar.
Nadie pierde solo
Ahora bien, casi antes de que el árbitro esloveno Slavko Vinčić terminara de pitar el final, empezó a jugarse el segundo partido: el que no se disputa en el césped sino en los teléfonos.
Circuló en las redes la certeza de que algo distinto había ocurrido bajo la superficie del resultado. Una orden, un apriete, una pelota con chip, un árbitro amenazado, un acuerdo firmado en algún despacho de Zúrich para que la Argentina no repitiera título.
La final futbolística duró noventa y tantos minutos. La final imaginaria, la que se juega en el terreno de la sospecha, todavía no terminó.
Los hechos, desarmados con paciencia y no con el machete de la indignación, son estos. En la semifinal ante Inglaterra, un grupo de jugadores desplegó sobre el césped una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas».
La FIFA, que había prohibido ese tipo de consignas, abrió una investigación disciplinaria; el Reino Unido reclamó una pesquisa exhaustiva. Los especialistas en derecho deportivo coincidieron en que cualquier sanción, de producirse, sería económica o administrativa y en ningún caso podía derivar en pérdida de puntos ni descalificación. El reglamento no contempla ese mecanismo.
Eso no impidió que, apenas caído el resultado, un audio atribuido a Claudio Tapia mencionando una sanción de diez años circulara como si fuera evidencia forense.
El relato conspirativo tiene una arquitectura casi elegante. Primero se instala la amenaza, después, el castigo posible y finalmente, cuando el resultado no coincide con el deseo, esos dos elementos verdaderos en su origen se sueldan para explicar lo inexplicable: que el vigente campeón perdiera una final jugando mal. Hay algo cierto y es irrefutable.
Argentina jugó mal. Ese es, probablemente, el dato que menos circula, porque no tiene la textura narrativa de la conspiración. Un equipo que erra pases es una anécdota deportiva. Un equipo al que «le robaron» el título es una épica.
Con esto, nadie piense que estoy realizando una defensa acrítica de la FIFA.
Que no haya evidencia de un arreglo no vuelve inmaculado al fútbol de elite. El punto no es negar la posibilidad en abstracto, sino que afirmarla en este caso concreto exige algo más que un audio sin origen, un video descontextualizado y la necesidad emocional de que la Selección no haya, simplemente, jugado mal.
La misma gramática
En realidad, la pregunta que importa no es si la FIFA arregló la final, sino por qué una sociedad entera prefiere en 2026 la hipótesis del complot a la hipótesis de la derrota simple.
El complot es, paradójicamente, reconfortante: convierte a la víctima en protagonista de una trama mayor, la saca del llano de lo contingente y la instala en el escenario de lo histórico.
No perdimos: nos quitaron. La derrota humilla; el complot dignifica.
Se suponía que un mes de fútbol funcionaría como anestesia colectiva, y en cambio la lógica del pensamiento conspirativo que domina nuestra conversación pública migró sin fricción del tablero de la política al campo de juego. No hubo tregua: hubo continuidad. El mismo reflejo que explica una derrota electoral por fraude, o una crisis económica por sabotaje externo, explicó ahora una final perdida por conspiración. No es que el fútbol se haya contaminado de política. Es que ambos comparten hoy la misma gramática: si algo malo ocurre, alguien poderoso lo decidió así.
Volvimos al país real
Hoy, ya se acabaron los partidos, las cábalas, las noches pendientes de una pantalla. Se apagó esa pausa colectiva que nos permitió, durante cinco semanas, poner la atención en algo que no fueran las cuentas, el trabajo que falta, los precios que suben, los jubilados que no llegan, las rutas rotas, las economías regionales asfixiadas.
El Mundial fue, también, un ilusionismo: hermoso, necesario, profundamente humano. Durante un mes y medio sentimos que había una causa común, una camiseta que nos ponía del mismo lado y un destino que se podía disputar hasta el último minuto. No es poca cosa en un país partido en mil fragmentos, donde cada argentino parece obligado a salvarse solo.
Pero sería fácil, y falso, caer en el lugar común del «se terminó la fiesta, volvemos a la crisis». Lo cierto es que la fiesta nunca suspendió la crisis. No fue una tregua: fue una superposición. Dos películas proyectándose al mismo tiempo sobre la misma pared, y la otra nunca dejó de correr.
Volvió el país real. El del comerciante que no sabe si podrá reponer mercadería. El del trabajador que hace cuentas antes de cargar nafta. El del productor que mira el clima, los costos y los impuestos antes que la tabla de posiciones.
El de los jóvenes que ya no discuten cómo transformar la Argentina, sino cómo irse de ella. El de las provincias que miran desde lejos cómo las decisiones se toman en Buenos Aires y las consecuencias se pagan en cada pueblo del interior.
Mientras todavía dura el duelo futbolero, la Argentina ya reactivó el ajedrez electoral: no va a tardar cinco semanas en volver a discutir 2027; va a tardar, como mucho, cinco días.
A un córner de la gloria
Hay un detalle que se parece demasiado a un símbolo. Esta es la tercera vez en la historia que Argentina pierde una final del mundo por el mismo marcador exacto: uno a cero.
Tres derrotas mínimas, tres finales decididas por un solo gol, tres veces a un córner de distancia de la gloria. Casi una lectura mística de lo que le sucede a este país frente a sus propios objetivos colectivos: siempre cerca, siempre compitiendo de igual a igual hasta el final y, sin embargo, sin la solidez adicional que hace falta en el último tramo.
Podría decirse lo mismo de nuestra historia económica de las últimas cinco décadas: siempre a un ajuste de distancia de la estabilidad, siempre a una reforma de distancia del desarrollo sostenido, siempre jugando el partido entero para perderlo por el margen más estrecho en el momento menos perdonable. La final se pierde en el detalle, no en el planteo general.
Quizá el sentimiento que nos deja este Mundial sea precisamente ése: no fracasamos por perder una final. Fracasamos cuando somos capaces de reunirnos, emocionarnos, sacrificarnos y creer durante cuarenta días por una pelota, pero no logramos exigir con la misma pasión un país que funcione para sus hijos.
La selección nos recordó que se puede competir, resistir y llegar lejos incluso cuando las condiciones no son perfectas. Falta lo más difícil: trasladar esa convicción a la vida de todos los días, donde no hay árbitro esloveno al que culpar ni pelota con chip que explique el resultado.
El Mundial terminó. Y la Argentina, esa final interminable que jugamos todos los días, recién vuelve a empezar. La pregunta es si esta vez, cuando se disipe el humo, vamos a animarnos a mirar la otra película o si preferiremos, una vez más, seguir sin saber: porque la incertidumbre, bien administrada, resulta más habitable que la certeza de haber jugado mal nuestra propia final.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Primicias Rurales
Mar 13, 2026 | Actualidad, Opiniones
La nueva Ley de Modernización Laboral redefine la responsabilidad en la subcontratación, el cálculo indemnizatorio y la gestión del riesgo laboral, con mayor peso en la documentación y los controles empresariales.
Buenos Aires, viernes 13 marzo (PR/26) — Francisco Costa -abogado y fundador de Laborem- considera en su análisis que nueva Ley de Modernización Laboral aprobada por el Senado introduce una reforma profunda a la Ley de Contrato de Trabajo y que el control de contratistas se vuelve más determinante que nunca
Lo que sigue es un resumen del pensamiento del titular de Laborem.
No se trata de una actualización puntual, sino de un rediseño del sistema laboral en aspectos centrales: responsabilidad en la subcontratación, cálculo indemnizatorio, previsión financiera, digitalización documental y límites a la litigiosidad.
Desde la mirada empresarial, el impacto es concreto. La reforma no sólo modifica reglas, sino que cambia la lógica de gestión del riesgo laboral.
Uno de los primeros movimientos del proyecto es delimitar con mayor claridad qué relaciones quedan dentro y fuera del régimen laboral. Se excluyen expresamente ciertos vínculos —como los prestadores de plataformas y determinados trabajadores independientes— y se ajusta la presunción de relación laboral cuando existe facturación formal y pagos bancarizados. La formalidad y la documentación adquieren un peso central en la defensa jurídica.

Francisco Costa. Laborem
En materia indemnizatoria, se mantiene el esquema de un mes por año de servicio, pero se redefine con mayor precisión qué conceptos integran la “mejor remuneración mensual, normal y habitual”.
Se excluyen pagos no mensuales como SAC y vacaciones, se establece un tope vinculado al promedio salarial del convenio y se fija un piso mínimo del 67%. La indemnización se declara como reparación única y excluyente. El objetivo evidente es dotar al sistema de mayor previsibilidad y limitar interpretaciones expansivas.
La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incorpora una lógica de previsión estructurada. Los empleadores deberán aportar un porcentaje mensual de su masa salarial destinado a cubrir indemnizaciones futuras. Parte del costo contingente pasa a convertirse en un componente fijo y planificado dentro de la estructura financiera.
La reforma también avanza en flexibilidad organizativa mediante la incorporación del banco de horas y la jornada por promedio, y modifica el régimen de enfermedades inculpables, reduciendo el porcentaje de salario a abonar en determinados supuestos.
Al mismo tiempo, consolida la digitalización de la documentación laboral, habilitando expresamente recibos digitales con firma electrónica o digital y conservación digital con plena validez legal.
Sin embargo, el cambio que puede tener mayor impacto práctico para empresas con contratistas es la modificación del artículo 30.
Históricamente, la subcontratación implicó un alto nivel de contingencia debido a la responsabilidad solidaria casi automática del empresario principal frente a incumplimientos laborales del contratista.
La reforma modifica ese esquema: el principal podrá quedar eximido si acredita haber ejercido controles específicos, como la verificación del CUIL de los trabajadores afectados, la constatación de pagos de aportes y contribuciones, el pago de salarios, la vigencia de ART y la acreditación bancaria de la remuneración.
La clave está en poder demostrar esos controles.
La responsabilidad deja de ser estructural para pasar a depender del sistema de gestión y documentación que la empresa implemente. El riesgo ya no está en la tercerización en sí misma, sino en la falta de trazabilidad.
En sectores con múltiples contratistas —energía, industria, logística, infraestructura— el volumen documental es elevado y el control manual resulta insuficiente. En este contexto, la reforma convierte al control de contratistas en una herramienta estratégica de gestión de riesgo.
Es precisamente en este punto donde la experiencia y especialización resultan determinantes. Laborem Certificación Laboral S.A., propietario de Certronic, viene trabajando desde hace años en la gestión y control integral de empresas contratistas, desarrollando metodologías y sistemas que permiten centralizar documentación, validar cumplimiento laboral y generar trazabilidad auditada.
En el nuevo escenario normativo, ese enfoque cobra aún mayor relevancia. No se trata simplemente de recibir documentación, sino de contar con un sistema estructurado que permita verificar vigencias, registrar controles periódicos, generar alertas de incumplimiento y conservar evidencia histórica que pueda ser presentada ante una eventual inspección o proceso judicial.
La reforma no elimina la responsabilidad. La condiciona al nivel de control.
Por eso, el control documental deja de ser una tarea administrativa secundaria y pasa a ser una decisión estratégica. Las compañías que implementen sistemas formales de gestión y trazabilidad estarán mejor posicionadas para acreditar cumplimiento y reducir contingencias. Las que mantengan esquemas informales o fragmentados seguirán expuestas.
La Ley de Modernización Laboral marca una nueva etapa: menos foco en la presunción automática y más en la capacidad de demostrar cumplimiento efectivo. En ese contexto, la gestión profesional del control de contratistas no es solo una buena práctica operativa. Es, cada vez más, un componente esencial de la protección jurídica empresarial.
La nueva Ley de Modernización Laboral redefine la responsabilidad en la subcontratación, el cálculo indemnizatorio y la gestión del riesgo laboral, con mayor peso en la documentación y los controles empresariales.
Primicias Rurales
Mar 1, 2026 | Actualidad, Columnas
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
El abogado laboralista Sergio Marcelo Mammarelli analiza la nueva reforma laboral en Argentina y advierte que su impacto real no se definirá en el Congreso sino en los tribunales, donde jueces y sindicatos podrían judicializar la norma y condicionar su aplicación.
Buenos Aires, domingo 15 marzo (PR/26) — Hay un error habitual en la política argentina: creer que la sanción de una ley equivale a la transformación de la realidad. Y lamentablemente, ello no es así.
La reforma laboral recientemente aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo la semana pasada, constituye, sin dudas, la mayor reconfiguración estructural del modelo laboral argentino de los últimos cincuenta años. No por su épica parlamentaria —que fue escasa— sino por la profundidad de su desplazamiento conceptual: del modelo protector-sancionatorio hacia un esquema de mayor flexibilidad empresarial y reducción de la litigiosidad punitiva.
La ley no elimina la indemnización. No suprime el principio protectorio. No deroga el artículo 14 bis. Pero sí reduce cuantías, debilita mecanismos disuasorios, amplía márgenes de autonomía contractual y limita solidaridades estructurales.
En síntesis, baja el costo del despido, atenúa sanciones por empleo no registrado, restringe el derecho de huelga al ampliar las actividades esenciales y las de “importancia trascendental”, reduce honorarios profesionales y crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que reconfigura el esquema indemnizatorio.
El núcleo duro favorece predominantemente al empleador. Introduce algunos elementos de modernización. Reduce poder sindical estructural. Y desplaza el eje del conflicto. Hasta aquí, el diseño teórico. Ahora empieza la verdadera etapa.
La ilusión del trámite parlamentario
El tránsito por el Congreso fue, en términos reales, un trámite expedito. Dictamen veloz. Debate pobre. Discursos ideológicos. Poca técnica legislativa visible. Mucha negociación invisible. Pero el Parlamento no es el final del camino. Es apenas la primera estación. La ley ahora debe atravesar el verdadero sistema argentino de control: el judicial. Y allí las cosas cambian radicalmente.
En efecto, la Argentina tiene control difuso de constitucionalidad. En criollo: cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma.
¿Cuántos jueces laborales hay en el país?
¿Cuántos abogados laboralistas con capacidad técnica para plantear regresividad constitucional?¿Cuántos sindicatos con legitimación activa para promover acciones colectivas y cautelares?
No lo sé con precisión estadística. Pero son muchos. Muchísimos. Y cada uno de ellos puede convertirse en una trinchera.
El antecedente que nadie debería olvidar: el DNU 70/2023
El mejor ensayo práctico ya lo vivimos. El famoso DNU 70/2023 fue presentado como una reconfiguración estructural inmediata. Formalmente sigue vigente. Nunca fue rechazado por ambas cámaras. Sin embargo, su capítulo laboral fue suspendido judicialmente. Es decir, nunca se aplicó.
A partir de cautelares colectivas. Suspensiones de aplicación. Acciones sindicales. Planteos de inconstitucionalidad, en la práctica, el decreto existía en el Boletín Oficial, pero no operaba en la vida cotidiana de los tribunales laborales.
Ese antecedente debería servir como advertencia, porque la nueva ley puede sufrir el mismo destino: vigencia formal, aplicación fragmentada, operatividad condicionada.
En Argentina la ley escrita no garantiza el derecho efectivo.
Los frentes de conflicto que vienen pareciera que son múltiples.
La reforma abre múltiples frentes jurídicos desde el debate sobre regresividad y progresividad normativa, cuestionamientos al nuevo cálculo indemnizatorio, restricciones al derecho de huelga, creación del FAL y su impacto previsional, límites a honorarios profesionales, redefinición de solidaridades empresarias, etc. Cada uno de estos puntos es susceptible de control constitucional y convencional.
No estamos ante una simple ley laboral. Estamos ante una reconfiguración de equilibrio de poder. Y eso siempre genera resistencia. Y es lógico y sano que ello ocurra. En definitiva, es la expresión práctica de la “batalla cultural” que nos habla el Presidente. Solo que esa batalla cambió de lugar. La política se dio victoriosamente en el Congreso, pero la guerra aún no se ganó.
La verdadera batalla: interpretación
Existe una máxima que el realismo jurídico norteamericano formuló hace décadas y que nuestra doctrina constitucional recogió con inteligencia:
La ley no es lo que dice el texto. Es lo que los jueces dicen que dice.
No significa que el juez sustituya al legislador. Significa algo más profundo:
el texto legal es abstracto. La interpretación es inevitable. La aplicación concreta define su contenido real y el precedente judicial otorga estabilidad operativa.
En materia laboral esto es decisivo. El principio protectorio depende de interpretación. La presunción de laboralidad depende de prueba. La razonabilidad indemnizatoria depende del control constitucional.
La proporcionalidad de las restricciones al derecho de huelga depende del estándar judicial.
La ley sancionada es derecho potencial. La sentencia es derecho efectivo. Y en Argentina, las Cámaras del Trabajo y la Corte Suprema no son espectadores pasivos. Son protagonistas.
El verdadero interrogante
La discusión pública se agotó en el Parlamento. La discusión real recién comienza en los tribunales. La pregunta decisiva ya no es: ¿Es buena o mala la reforma? La pregunta es: ¿Cómo la interpretarán los jueces?, ¿Aplicarán el test de regresividad con severidad?, ¿Validarán la razonabilidad del nuevo esquema indemnizatorio?, ¿Considerarán proporcionadas las restricciones al derecho de huelga?, ¿Declararán inconstitucional el FAL por su impacto previsional?
De esas respuestas dependerá todo.
El problema estructural
Existe un riesgo político que pocos advierten. Si la reforma es judicializada masivamente, el Gobierno podrá sostener que “la corporación judicial bloquea el cambio”. Si la reforma es validada con ajustes interpretativos, el texto original quedará profundamente modificado por la jurisprudencia. Si es parcialmente declarada inconstitucional, el sistema ingresará en un estado de inestabilidad normativa.
En cualquiera de los tres escenarios, la promesa de “certeza jurídica” se diluye. Y la seguridad jurídica —que era uno de los argumentos centrales para impulsar la reforma— podría convertirse en su principal víctima.
La ley pretendía reducir litigiosidad y puede terminar incrementándola. La litigiosidad que baja en indemnizaciones puede subir en acciones de inconstitucionalidad. Dicho de otro modo, la industria del juicio puede transformarse, pero no necesariamente desaparecer.
Porque cuando se modifica el equilibrio de poder, el conflicto no desaparece: cambia de escenario.
La ley ya salió, ahora empieza la realidad
Argentina tiene una tradición peculiar: las leyes nacen con épica y envejecen en cautelares.
La reforma laboral ya está sancionada. Tiene texto. Tiene número. Tiene promulgación. Pero todavía no tiene destino.
Su verdadera suerte no se definirá en el Congreso ni en conferencias de prensa. Se definirá en expedientes judiciales, en fallos de Cámara y en sentencias de la Corte.
La ley escrita es apenas el primer borrador. La jurisprudencia será la versión definitiva. Y aquí reside la paradoja más incómoda:
Quizá dentro de algunos años descubramos que la reforma que hoy divide al país no fue la que decía el Boletín Oficial, sino la que terminó construyendo la interpretación judicial.
En Argentina, la política sanciona. La Justicia decide. Y la economía espera.
La ley ya salió y ahora empieza el problema.
Primicias Rurales
Dic 12, 2025 | Actualidad
El Gobierno nacional incluyó en el proyecto oficial de reforma laboral e impositiva varias de las propuestas presentadas por la Sociedad Rural Argentina (SRA), lo que fue destacado por la entidad agropecuaria a pocos días de que el Congreso comience el debate legislativo.
Buenos Aires,viernes 12 de diciembre (PR/25) .- Desde la SRA señalaron que las modificaciones sugeridas buscan reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos laborales. Para el sector agropecuario —descripto como motor del empleo regional, las exportaciones y la innovación tecnológica— resulta clave que la modernización del marco laboral contemple las particularidades de la Ley de Contrato de Trabajo Agrario. “Ignorarla conduciría a una reforma incompleta y a una oportunidad perdida para alinear la economía laboral con una visión de futuro”, advirtieron.
La entidad remarcó que sus aportes apuntan a generar mayor previsibilidad y a establecer reglas claras que fomenten inversiones y empleo estacional, un componente central en la actividad rural.
Entre los puntos que el Gobierno incorporó en el texto final del proyecto se encuentran:
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Eliminación de la responsabilidad solidaria indiscriminada entre propietarios de tierras y arrendatarios.
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Supresión de la figura del trabajador permanente discontinuo.
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Establecimiento de un período de prueba de ocho meses.
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Habilitación de la negociación salarial entre el Sindicato y la Mesa de Enlace.
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Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo del empleador.
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Actualización “razonable” de créditos laborales.
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Inclusión de personas humanas en el Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI).
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Eliminación del cupo anual fijado por el Congreso para la devolución del IVA.
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Determinación de una nueva fecha a partir de la cual los productores podrán computar la devolución del beneficio del IVA.
La SRA reafirmó que continuará trabajando en el ámbito legislativo para que el sector agropecuario tenga plena participación en el proceso de reforma y para que el proyecto final contribuya a dinamizar el empleo y la inversión en todo el país.
Primicias Rurales
Fuente: SRA