El oficialismo tiene los votos necesarios. La oposición no pudo imponer distintas mociones de apartamiento de reglamento.
Diputados. Foto: NA/Damián Dopacio
Buenos Aires, miércoles 8 abril (PR/26) — En medio de una sesión tensa en la Cámara de Diputados y protestas en las adyacencias del Congreso, La Libertad Avanza y sus bloques aliados se encaminan a convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.
Propios y ajenos estiman que los mismos diputados que dieron quórum al inicio de la sesión levantarán la mano para aprobar la iniciativa con media sanción del Senado, que flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en zonas periglaciares.
Quienes habilitaron la sesión fueron los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), algunos monobloques e incluso varios diputados de Provincias Unidas (Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio Garcia Aresca, Gabriela Scaglia, José Nuñez, y Sergio Cappozzi).
En el inicio de la sesión, la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá y su par de Unión por la Patria, Lorena Pokoik, fracasaron en su intento por incorporar al temario sendos proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.
Posteriormente, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdes planteó otra moción de apartamiento de reglamento para que se trataran los proyectos de resolución que apuntan a que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente en términos de votos.
Seguidamente, a través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos requerida.
Entre los votos negativos que salieron al rescate del jefe de Gabinete se anotaron los del PRO y la UCR.
Además, la oposición -a través de una moción presentada por Maximiliano Ferraro- sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento del orden del día los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.
Debate por la Ley de Glaciares
Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (La Libertad Avanza) destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.
El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma a la Ley de Glaciares.
Por su parte, el otro miembro informante, Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia.
“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.
El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”.
“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.
“Con la modificación a la Ley de Glaciares estamos logrando la armonización porque el IANIGLA no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan salvo prueba en contrario”, explicó.
El bloque libertario, junto a sus aliados en Diputados, impulsarán la aprobación de la reforma y así convertirla en ley antes del viernes.
Buenos Aires, lunes 6 abril (PR/26) – El Gobierno Nacional tiene como objetivo, este martes, aprobar la reforma sobre la Ley de Glaciares y que, desde el bloque libertario en Diputados junto con las fuerzas dialoguistas, lograr sancionarla antes del viernes10.
De acuerdo a la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza (LLA) considera contar con los votos necesarios para aprobar dicha modificación e impulsar inversiones mineras, sobre todo en lo que respecta a las zonas de cobre y litio.
Este martes a las 14hs. en la Cámara baja, se convocó a una reunión de comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, encabezada por José Peluc, y de Asuntos Constitucionales comandada por Nicolás Mayoraz, para dictaminar el proyecto de la reforma y preparar el escenario para la sanción de la sesión programada para el miércoles 8.
También habrá una reunión informativa con exposición de invitados, entre los que se encuentran gobernadores de varias provincias interesadas en el tema, y luego se pasar a la firma de los dictámenes.
Esta reunión de comisión se hará luego de haber realizado, durante el mes pasado, las Audiencias Públicas donde expusieron alrededor de 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100.000 inscriptos, situación que fue repudiada por organizaciones ambientalistas y bloques opositores.
Están en peligro las reservas de agua del país, es el principal argumento de los opositores.
La Libertad Avanza mantuvo que se realizarán solo dos jornadas y limitó la exposición presencial y virtual a los primeros de la lista de cada provincia.
Buenos Aires, domingo 22 marzo (NA) — La Cámara de Diputados realizará el miércoles y jueves dos Audiencias Publicas sobre la reforma de la ley de Glaciares, en un trámite que La Libertad Avanza (LLA) limitó a 400 de los 100 mil expositores anotados en medio de los reclamos de la oposición para ampliar la cantidad de participantes y de las organizaciones ambientalistas.
La audiencias se efectuarán en dos jornadas: una presencial el miércoles 25 y otra virtual el 26, que no estarán exentas de conflictos ya que, además de restringir la cantidad de oradores, se estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.
También está pendiente lo que sucederá con la medida cautelar presentada ante la Justicia por la organización ambientalista Greenpeace para que el Congreso garantice la participación “oral”, puede ser presencial o virtual, de los 100 mil inscriptos, y que recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico.
La Organización ambientalista Greenpeace pidió a la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos. Solicita que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.
“A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, planteó la organización.
También pide que “se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral –– como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube –– por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”.
Los puntos clave
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas.
Participación
Si el juez ordena garantizar la participación de los 100 mil inscriptos, las audiencias tendrían que extenderse por 500 días aproximadamente si exponen 200 en cada jornada.
El proyecto genera rechazo en un sector de la oposición y su sanción es reclamada por un grupo de gobernadores aliados para flexibilizar las restricciones vigentes para captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas.
Audiencias
– El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 400 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.
Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.
De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi dos centenares mientras que otros 200 lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos.
Glaciares: Greenpeace pidió una medida cautelar para garantizar la participación oral de 100 mil inscriptos
Esta restricción es rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.
En una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolas Mayoraz, se estableció que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.
“Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”, se señala en la resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados,.
Y se aclara que “se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal. Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto”.
Especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas manifestaron un contundente rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), al considerar que implica un retroceso en la protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país.
Buenos Aires, 21 de diciembre (PR/25) .- Las críticas se expresaron durante una reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, realizada el miércoles en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
En un trámite calificado como “exprés”, el oficialismo logró dictamen favorable en apenas dos días, pese a la oposición mayoritaria de especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Aunque inicialmente se había anunciado su tratamiento en el recinto para el 26 de diciembre, la discusión parlamentaria se retomaría recién a comienzos de febrero.
Un cambio estructural en la protección ambiental
Durante el encuentro, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial introduce un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente. En particular, señalaron que debilita el carácter nacional de los presupuestos mínimos ambientales y transfiere a las provincias la facultad de decidir qué glaciares y ambientes peri-glaciares deben ser protegidos, fragmentando criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua.
“La Ley de Glaciares es una ley de presupuestos mínimos, una herramienta constitucional que garantiza un piso uniforme de protección ambiental en todo el país. Este proyecto la desmantela”, advirtió Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Según explicó, la reforma propone reducir el área protegida —que actualmente representa apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar proyectos de megaminería de alta montaña hoy expresamente prohibidos.
“No se trata de una mejora técnica, sino de una adecuación de la ley a proyectos que no podrían avanzar bajo el régimen vigente”, sostuvo.
Crisis climática y advertencias científicas
Desde Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra remarcó que el proyecto contradice principios básicos de la gestión ambiental en un contexto de crisis climática e hídrica.
“Cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan. Plantear que hay glaciares que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”, afirmó. Además, subrayó que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua dulce y reguladores del clima.
Las organizaciones también cuestionaron que el proyecto no haya sido elaborado con consulta previa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo científico responsable del Inventario Nacional de Glaciares, creado por la ley vigente y finalizado en 2018, que identificó más de 16.000 cuerpos de hielo en el país.
“El desconocimiento del IANIGLA es inadmisible”, sostuvo Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina. “La minería responsable es posible, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial”, enfatizó.
Un precedente regresivo en derecho ambiental
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale alertó sobre el impacto institucional de la reforma.
“Este proyecto destruye la arquitectura constitucional de las leyes de presupuestos mínimos. Hoy son los glaciares, mañana pueden ser los bosques, los ríos o la Ley General del Ambiente”, señaló ante los senadores.
En la misma línea, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA), denunció una fuerte injerencia del sector minero en la elaboración del proyecto. “Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por un interés económico particular, con participación directa o indirecta de un grupo de gobernadores”, afirmó.
Seguridad jurídica y licencia social
Otro de los ejes del debate fue el argumento económico utilizado por el oficialismo para justificar la reforma.
Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas, sostuvo que “los flujos de inversión más importantes se dirigen a países con los estándares ambientales más altos” y que “las empresas que apuestan al largo plazo buscan certidumbres, no libertad absoluta”.
Según las organizaciones, lejos de generar seguridad jurídica, la modificación de la Ley de Glaciares profundizaría la incertidumbre normativa y agravaría la ya frágil licencia social para operar en territorios donde la megaminería enfrenta un fuerte rechazo ciudadano.
Una ley vigente y constitucional
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras años de debate y cuenta con avales judiciales que ratificaron su constitucionalidad, incluso frente a demandas de grandes empresas mineras. Establece la prohibición de actividades que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciares, por su función esencial en la provisión de agua para consumo humano, agricultura y ecosistemas.
Al cierre de la reunión, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, concluyeron.
