Escalada geopolítica por Malvinas: Milei anuncia base naval en Tierra del Fuego, sanciones a petroleras y se suman tensiones con el Reino Unido

Escalada geopolítica por Malvinas: Milei anuncia base naval en Tierra del Fuego, sanciones a petroleras y se suman tensiones con el Reino Unido

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional anoche la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el endurecimiento de sanciones a petroleras que operen en Malvinas. La medida desató una fuerte escalada diplomática y advertencias bélicas desde el Parlamento británico.

 

 

 

Buenos Aires, viernes 4 septiembre (PR/26) — En una fuerte cadena nacional, el presidente Javier Milei ratificó ayer jueves de manera categórica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y lanzó severas advertencias al Reino Unido por la explotación unilateral de recursos naturales en el archipiélago austral, marcando un punto de inflexión en la política exterior de la gestión actual.

El mandatario firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el fin primordial de ampliar los presupuestos y recursos del Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presto, para acelerar la construcción de una base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego y potenciar las capacidades de telecomunicaciones en la zona.

Esta infraestructura estratégica se sustenta sobre la histórica Base Naval Ushuaia (BNUS), fundada en 1950 a orillas del canal Beagle, la cual se consolidará como el puerto y centro logístico más austral del país y la puerta de entrada principal para el apoyo operativo hacia el continente blanco y la Antártida.

El proyecto rememora los cimientos geopolíticos impulsados en 2024, cuando el propio Milei recibió en Ushuaia a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, para delinear este polo multipropósito destinado a dar soporte a buques comerciales, cruceros y tareas logísticas en el Atlántico Sur.

Acciones concretas y  la posición oficial de la Cancillería

 

 

El canciller Pablo Quirno respaldó enérgicamente los anuncios presidenciales al señalar que la instalación de este enclave militar y logístico es una necesidad histórica largamente postergada que permitirá fortalecer la presencia soberana de la Argentina frente al peligro del avance británico.

Desde el Palacio San Martin detallaron que la decisión responde a más de medio año de negociaciones y busca frenar de raíz el desarrollo inconsulto de proyectos hidrocarburíferos como el denominado Sea Lion, operado por firmas como Navitas Petroleum, que amenazan con apropiarse de reservas no renovables en el mar argentino.

En esa misma línea, el Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer drásticamente el marco punitivo contemplado en la Ley 26.659, afectando de manera directa a cualquier compañía que participe en actividades extractivas ilegales en el área disputada.

La normativa propuesta estipula la prohibición absoluta de contratar con el Estado o con el sector privado argentino tanto para los infractores directos como para todos sus proveedores, además de introducir la figura jurídica del juicio en ausencia para condenar a las empresas y actores que presten asistencia logística.

Creación del Consejo de Seguridad Nacional

 

Ex combatiente argentino Eduardo Canitrot haciendo flamear la bandera argentina en Malvinas a mediados de agosto

Como parte de la arquitectura institucional del paquete de medidas, el proyecto enviado al Parlamento contempla la creación formal del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo transversal diseñado para articular de forma coordinada las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Este nuevo ente estratégico tendrá la responsabilidad de fijar directrices obligatorias para la protección aeroespacial, marítima y de infraestructura crítica, dotando al Estado de herramientas económicas y diplomáticas precisas frente a cualquier amenaza a los intereses vitales de la Nación.

Las repercusiones del mensaje presidencial no tardaron en sacudir el escenario internacional, especialmente tras las recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump diciendo que si Reino Unido no aumenta su potencial militar en la OTAN, respaldará los reclamos de Argentina sobre Malvina, y los contundentes cruces registrados en el parlamento británico ante la presión de la agenda soberana.

Repercusiones y escalada bélica verbal en Londres

 

 

En el plano político del Reino Unido, las reacciones de la dirigencia conservadora reflejaron un profundo malestar y escalada retórica frente a las determinaciones adoptadas por la administración libertaria en Buenos Aires en materia de defensa de los archipiélagos australes.

El parlamentario británico y fundador de la organización Restore Britain, Rupert Lowe, encendió la polémica al manifestar públicamente que un eventual gobierno de su espacio político estaría dispuesto a ir a la guerra para defender las Islas Falkland, evidenciando el nerviosismo británico.

En sintonía con dicha postura belicista, el diputado conservador y referente en materia de defensa James Cartlidge reafirmó que las islas bajo administración de Londres continuarán bajo su órbita, reivindicando el despliegue militar ejecutado durante el conflicto bélico de 1982.

Mientras tanto, el gobierno argentino redobla su apuesta diplomática y jurídica buscando sumar adhesiones internacionales de peso, incluidos contactos con administraciones extranjeras cuyos capitales participan indirectamente en las cuestionadas concesiones petroleras en disputa.

Primicias Rurales

 

El discurso completo de Javier Milei sobre Malvinas en cadena nacional

 

Soberanía en juego: el peligro oculto de ceder el territorio a capitales extranjeros

Soberanía en juego: el peligro oculto de ceder el territorio a capitales extranjeros

La entrega masiva de superficies rurales amenaza la seguridad nacional y la integridad territorial, transformando zonas de frontera en áreas vulnerables al tráfico ilícito de personas, armas y drogas, bajo la sombra de la vulneración constitucional.

 

 

Por el Ing. Agr. Pedro A. Lobos, director de Primicias Rurales

 

 

 

 

Buenos Aires, miércoles 5 de agosto (PR/26) — El debate en el Senado sobre la modificación de la Ley de Tierras ha vuelto a poner en el centro de la escena política y social el destino del suelo argentino.

Mientras los defensores de la flexibilización argumentan la necesidad de atraer inversiones en minería, energía, agroindustria y forestación, el trasfondo de esta medida abre interrogantes profundos sobre la integridad del territorio nacional, la custodia de los recursos naturales estratégicos y, de manera crítica, la seguridad en las zonas limítrofes.

La paradoja del Artículo 29 y la suma del poder público

 

La cesión indiscriminada de vastas extensiones de territorio a fondos de inversión y corporaciones trasnacionales plantea una grave tensión con los principios republicanos de la Nación.

El Artículo 29 de la Constitución Nacional establece con claridad que el Congreso no puede otorgar al Ejecutivo —ni este arrogarse— facultades extraordinarias o la suma del poder público, ni concesiones por las cuales la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o personas algunas.

«Infracciones de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que las formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.» — Art. 29, Constitución Nacional

 

Especialistas en derecho constitucional advierten que abdicar la soberanía territorial en áreas clave mediante la eliminación o la elevación de los topes a la extranjerización (pasando del 15% al 25% o desregulando áreas de seguridad) equivale, en la práctica, a privar al Estado de su capacidad efectiva de control sobre el suelo.

Al renunciar a la tutela del territorio nacional, las autoridades otorgan de forma indirecta un poder de veto y dominio a entes privados extranjeros sobre la riqueza estratégica del país, vulnerando el espíritu de protección patrimonial y comunitaria contemplado por los constituyentes. Así opinan.

Zonas vulnerables: el riesgo de las fronteras desprotegidas

 

El peligro primordial de desregular la propiedad de la tierra no radica únicamente en la concentración económica, sino en el vacío de control estatal que suele consolidarse en las zonas de frontera. Regiones de alta sensibilidad geopolítica —como la cordillera andina en la Patagonia, la selva misionera o las áreas limítrofes del Noroeste Argentino— albergan nacientes de agua dulce, reservas minerales y pasos internacionales naturales.

Cuando grandes extensiones de estas áreas quedan bajo el dominio exclusivo de actores privados trasnacionales, el ejercicio de la jurisdicción nacional se debilita. La proliferación de accesos privados restringidos, la falta de presencia de las fuerzas de seguridad estatales y la creación de verdaderos «enclaves exentos» facilitan la consolidación de corredores ciegos.

Esta falta de fiscalización directa genera las condiciones para el despliegue de actividades de crimen organizado transnacional:

  • Tráfico ilícito de estupefacientes: Habilitación de pistas de aterrizaje clandestinas y rutas terrestres no controladas para el acopio y traslado de drogas.

  • Contrabando de armas y suministros: Creación de pasos no habilitados que vulneran los controles aduaneros e intermitencias de patrullaje militar.

  • Trata de personas: Explotación de la porosidad fronteriza para el traslado ilegal de migrantes y la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual.

  • Pérdida de soberanía hídrica y ambiental: Cercamiento de cuencas de agua dulce y acuíferos clave, impidiendo el libre acceso público y subordinando el recurso biológico a fines comerciales privados.

 

El negocio detrás de la ley vs. el impacto en las comunidades

 

El impulso por modificar los límites a la compra de campos responde a un modelo económico de valorización inmobiliaria financiera. Los defensores de la medida sostienen que la apertura permite dotar de liquidez a tierras que hoy registran menor demanda, incrementando el valor del suelo y fomentando proyectos productivos de escala.

Sin embargo, para los sectores opositores y las comunidades rurales e indígenas, el «negocio» entraña costos irreparables:

  • Encarecimiento del acceso a la tierra: La entrada de capitales internacionales imposibilita que los pequeños y medianos productores locales compitan en la adquisición de superficies.

  • Desplazamiento y conflictividad social: La alteración de los mecanismos de defensa judicial y las modificaciones en los procedimientos de desalojo reducen la protección de familias campesinas y pueblos originarios asentados ancestralmente en esos territorios.

  • Concentración de recursos estratégicos: La entrega de zonas mineras, acuíferos y bosques nativos resta capacidad de decisión al país sobre la gestión de sus propios bienes comunes.

 

Grandes propietarios y presencia en áreas de frontera

 

En la actualidad, la mayor concentración de tierras rurales en manos de personas o corporaciones extranjeras se registra en la cordillera patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz), Misiones, Salta, Jujuy y sectores cordilleranos de Mendoza.

Propietario / Grupo Origen Principales zonas de presencia
Joe Lewis Británico Río Negro (área de Lago Escondido, próxima a la cordillera con Chile)
Compañía de Tierras del Sud Argentino (Grupo Benetton) Italiano Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén (extensas estancias en franja fronteriza)
Arauco Chileno Misiones (amplias extensiones forestales cercanas a Brasil y Paraguay)
Ex-tierras Tompkins(parte donada a Parques Nacionales) Estadounidense Corrientes e importantes áreas del sector patagónico

En contraste, los grandes propietarios de origen nacional —entre los que suelen mencionarse figuras del ámbito empresarial, deportivo o de los medios— concentran explotaciones en la región pampeana y áreas agropecuarias tradicionales, donde la sensibilidad sobre los límites de seguridad fronteriza difiere de los sectores limítrofes internacionales.

La radiografía del latifundio: la brecha entre el capital nacional y extranjero

 

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), aproximadamente 62 millones de hectáreas en la Argentina (el 35% del territorio nacional) figuran como propiedad de tan sólo 1.250 terratenientes, lo que representa apenas el 0,1% de los propietarios privados.

Esta desproporción es aún más pronunciada en la Patagonia. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, existen 501 establecimientos agropecuarios que superan las 20.000 hectáreas (latifundios), distribuidos de la siguiente manera:

  • Santa Cruz: 200

  • Chubut: 181

  • Río Negro: 74

  • Neuquén: 29

  • Tierra del Fuego: 17

 

A pesar del impacto mediático que rodea a los inversores internacionales, el RNTR indica que el 6,2% de los latifundistas son extranjeros, mientras que el 93,8% corresponde a titulares argentinos. Aunque los nombres nacionales predominan en el listado total, los terratenientes extranjeros y figuras internacionales cuestionadas concentran extensiones estratégicas en zonas clave de frontera y recursos hídricos.

Extranjeros cuestionados y grandes tenedores en la lupa

 

En el debate sobre la extranjerización, diversos magnates y corporaciones globales han quedado bajo la mirada crítica de la opinión pública debido al control ejercido sobre pasos fronterizos, reservas naturales o controversias judiciales:

  • Rabino Elimeir Libersohn (EE. UU.): Posee 140.000 hectáreas distribuidas en San Antonio Oeste y 25 de Mayo (Río Negro), Puelén (La Pampa) y Gobernador Gregores (Santa Cruz), además de unas 200.000 hectáreas en La Rioja y campos en Buenos Aires. Las operaciones en La Rioja se encuentran bajo investigación judicial tanto por las condiciones del acto de compra como por el origen de los fondos.

  • Marcelo Mindlin y su vinculación con George Soros: Marcelo Mindlin administra 42.000 hectáreas en el Alto Río Chubut y el valle del Río Foyel (Río Negro) a través de estructuras corporativas en paraísos fiscales. Mindlin ha actuado como socio comercial de actores financieros globales como George Soros, Joseph Lewis y el Grupo Bemberg en desarrollos energéticos e inmobiliarios (como el Grupo IRSA).

  • Grupo Benetton (Italia): Registra 900.000 hectáreas administradas por la Compañía de Tierras del Sud Argentino. Posee estancias clave como Caleufu (Neuquén), Pilcaniyeu, San Pedro, Cañadón Blanco, El Maitén, Leleque, Esquel (Chubut), Coronel y El Cóndor (Santa Cruz), abarcando negocios ganaderos, forestales y mineros.

  • Grupo Walbrook (Gran Bretaña): Controla 600.000 hectáreas a través de la firma Nieves de Mendoza, concentrando los principales atractivos turísticos y espejos de agua de Malargüe (Valle Hermoso, Las Leñas, Pozo de las Ánimas, Laguna Niña Encantada).

  • Grupo Heilongjiang Beidahuang (China): Maneja 330.000 hectáreas en arrendamiento con opción a compra en el Valle Medio de Río Negro (Guardia Mitre, Colonia Josefa, Margen Norte) y zonas de la provincia de Buenos Aires para la producción intensiva de soja, un megaproyecto frenado judicialmente por amparos ambientales.

  • Minera Vale (Brasil): Adquirió 160.000 hectáreas en el sur de Mendoza y norte de Neuquén para el proyecto Potasio Río Colorado, paralizado tras su construcción.

  • Somuncura Patagonia S.A. (Francia): 155.000 hectáreas en la Meseta de Somuncura (Río Negro), cuyos titulares son Patrick Jean Marie Rey y Hubert Esteban Rey, vinculados comercialmente a los gestores inmobiliarios de Joseph Lewis.

  • Trillium Corporation (EE. UU.): Controla 125.000 hectáreas en Tierra del Fuego (70.000 propias y 55.000 arrendadas al Estado) destinadas al sector forestal, con diversos sectores bajo disputa posesoria.

  • Ted Turner (EE. UU.): Posee 56.000 hectáreas en las estancias La Primavera y Collón Curá (Neuquén) y predios en Tierra del Fuego.

  • Joseph Lewis (Gran Bretaña): Suma 38.000 hectáreas en Río Negro (Lago Escondido, Bahía Dorada y la concesión en el Cerro Perito Moreno), centro de disputas por el libre acceso a las costas de aguas públicas.

 

Los grandes latifundistas nacionales

 

Dentro del 93,8% de la tierra administrada por titulares argentinos, destacan grupos económicos históricos y familias tradicionales con fuerte injerencia en la economía regional y nacional:

  • Familia Menéndez / Braun-Menéndez: Controlan unas 750.000 hectáreas distribuidas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Descendientes directos de los pioneros de la acumulación ganadera austral y vinculados históricamente al grupo La Anónima S.A. Entre sus estancias figuran María Behety (62.000 ha), Sara Braun (64.000 ha), Estancia Anita (66.000 ha, escenario de las huelgas de la Patagonia Rebelde en 1921), Alta Vista (75.000 ha), Quichaura (117.000 ha) y Rospentek (90.000 ha).

  • Lázaro Báez: Acumuló 470.000 hectáreas a través de 25 estancias en Santa Cruz (como Cruz Aike, Alquinta, Los Baguales, La Julia), actualmente intervenidas por la justicia.

  • Familia Sapag: Concentra 420.000 hectáreas en Neuquén (zonas de Zapala, Cutral-Có, Chos Malal, San Martín de los Andes y áreas adyacentes a Vaca Muerta), vinculada a la gestión pública y la obra privada provincial.

  • Familia Pérez Companc: Administra 290.000 hectáreas (a través de la firma Goyaique SACIF) con estancias en Santa Cruz y Chubut, sumadas a explotaciones en la pampa húmeda.

  • Familia Zingoni-Arze: Posee 250.000 hectáreas en Neuquén (Catan Lil, Collón Curá, Piedra del Águila), divididas en 9 sociedades anónimas familiares.

  • Familia Ochoa-Paz: Conserva 180.000 hectáreas en Chubut (Estancias Tecka, Caridad y El Corcovado).

  • Familia Larminat-Montalembert: Maneja 170.000 hectáreas entre Neuquén y Tierra del Fuego.

  • El Palauco S.A.: Controla 150.000 hectáreas en Mendoza (Bardas Blancas, Laguna Llancanelo), dedicadas al negocio del talaje y con reservas provinciales dentro de su perímetro.

(Los datos pueden estar sujetos a actualización por ventas o compras)

 

El negocio detrás de la ley vs. el impacto en las comunidades

El impulso por modificar los límites a la compra de campos responde a un modelo económico de valorización inmobiliaria financiera. Los defensores de la medida sostienen que la apertura permite dotar de liquidez a tierras que hoy registran menor demanda, incrementando el valor del suelo y fomentando proyectos productivos de escala.

Sin embargo, para los sectores opositores y las comunidades rurales e indígenas, el «negocio» entraña costos irreparables:

  • Encarecimiento del acceso a la tierra: La entrada de capitales internacionales imposibilita que los pequeños y medianos productores locales compitan en la adquisición de superficies.

  • Desplazamiento y conflictividad social: La alteración de los mecanismos de defensa judicial y las modificaciones en los procedimientos de desalojo reducen la protección de familias campesinas y pueblos originarios asentados ancestralmente en esos territorios.

  • Concentración de recursos estratégicos: La entrega de zonas mineras, acuíferos y bosques nativos resta capacidad de decisión al país sobre la gestión de sus propios bienes comunes.

 

Resumen de la distribución de la tierra en Argentina

Criterio / Actor Datos y Escala Áreas de concentración / Observaciones
Concentración Total 62 millones de ha (35% del país en 1.250 dueños) 0,1% de los propietarios privados posee un tercio del país
Origen del Capital 93,8% Argentinos / 6,2% Extranjeros El capital extranjero se concentra en zonas críticas y de frontera
Grupo Benetton (Italia) 900.000 ha Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
Familia Menéndez / Braun 750.000 ha Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut (La Anónima)
Grupo Walbrook (Gran Bretaña) 600.000 ha Sur de Mendoza (Valle Hermoso, Las Leñas)
Lázaro Báez (Argentina) 470.000 ha Santa Cruz (25 estancias intervenidas)
Familia Sapag (Argentina) 420.000 ha Neuquén (Zapala, Cutral-Có, Vaca Muerta)
Beidahuang (China) 330.000 ha Valle Medio de Río Negro y Buenos Aires
Pérez Companc (Argentina) 290.000 ha Santa Cruz, Chubut y Pampa Húmeda
Rabino E. Libersohn (EE. UU.) 140.000 ha (Patagonia) + 200.000 ha (La Rioja) Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, La Rioja (bajo investigación)
Joseph Lewis (Gran Bretaña) 38.000 ha Río Negro (Lago Escondido, Cerro Perito Moreno)

¿Qué es el Grupo Angelini y quiénes lo integran?

El Grupo Angelini es uno de los conglomerados empresariales y financieros más poderosos e influyentes de Chile, con un fuerte despliegue internacional en América Latina dentro de los sectores forestal, energético, pesquero y minero.

Estructura y participaciones clave

 

  • Holding principal (AntarChile S.A.): Es la matriz financiera a través de la cual la familia Angelini controla sus inversiones.

  • Celulosa Arauco y Constitución (Arauco): Es el brazo forestal e industrial del grupo. Posee cientos de miles de hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto, además de plantas productoras de celulosa en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En la Argentina, opera a través de Alto Paraná / Arauco Argentina, siendo uno de los mayores tenedores de tierras en la provincia de Misiones.

  • Empresas Copec: Compañía líder en la distribución de combustibles y energía en la región.

  • Corpesca y Orizon: Empresas dominantes en el sector pesquero e industrial marítimo.

 

¿Quiénes lo integran y dirigen?

El grupo fue fundado por el empresario italiano Anacleto Angelini, quien emigró a Chile a mediados del siglo XX y consolidó el imperio industrial. Tras su fallecimiento en 2007, la conducción del holding familiar quedó en manos de sus herederos y ejecutivos de confianza:

  1. Roberto Angelini Rossi: Sobrino del fundador Anacleto Angelini. Ocupa la presidencia de los directorios de AntarChile y Empresas Copec, encabezando las decisiones estratégicas del grupo.

  2. Patricia Angelini Rossi: Hermana de Roberto, integra el grupo controlador y es una de las principales accionistas del conglomerado a través de las sociedades patrimoniales de la familia.

  3. Familia Angelini (segunda y tercera generación): Mantienen el control accionario mayoritario a través de sociedades privadas de inversión (como Grupo Inversiones Angelini).

 

La presencia de holdings internacionales de esta escala en las provincias fronterizas ilustra la magnitud de los actores corporativos involucrados en el debate de la Ley de Tierras: corporaciones capaces de adquirir franjas continuas de territorio donde la línea entre el desarrollo privado y la seguridad nacional resulta sumamente delgada.

Primicias Rurales
Fuentes varias
El Gobierno Nacional endurece controles contra la pesca ilegal y sanciona buque extranjero

El Gobierno Nacional endurece controles contra la pesca ilegal y sanciona buque extranjero

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, sancionó al buque portugués Coimbra tras detectarlo pescando ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva. El procedimiento, basado en nuevas normativas de monitoreo electrónico, marca un endurecimiento en las penas y la fiscalización del Mar Argentino.

 

 

Buenos Aires, miércoles 22 abril (PR/26) — El Gobierno Nacional endurece controles contra la pesca ilegal y sanciona buque extranjero Se trató de un buque de arrastre Coimbra detectado en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) sobre el que se labró un expediente con peso sancionatorio bajo el nuevo paradigma nacional de control pesquero.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que, en cumpliendo con la reciente Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, se logró la detección temprana y las sanciones correspondientes de un buque rastrero de bandera extranjera pescando dentro de la ZEE.

«La solidez del monitoreo de Prefectura Naval Argentina permitió que esta incursión no autorizada en nuestra plataforma continental quede registrada de modo preciso».

En este sentido, fue clave la mencionada Disposición, a partir de la cual una infracción detectada por medios electrónicos constituye una fuerza probatoria mucho más sólida y suficiente para sostener sanciones con la mayor precisión punitiva.

Vale resaltar el valor estratégico de esta nueva herramienta legal dispuesta por el Estado Nacional, que ya no se basa exclusivamente en la presencia física in situ, sino en una tecnología eficiente capaz de identificar maniobras ilegales, producir evidencia, sostener un expediente con fuerza sancionatoria para defender los recursos del Mar Argentino sobre la milla 200.

El procedimiento se originó el pasado 17 de abril, cuando personal de la Autoridad Marítima Nacional, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, detectó mediante el Sistema Guardacostas al buque pesquero Coimbra, de bandera de la República de Portugal.

«Más allá de este caso puntual de pesca ilegal, sienta un nuevo precedente aleccionador dejando en claro una nueva lógica estatal, con un efecto inmediato frente a la identificación de maniobras que atentan contra nuestra soberanía, fiscalización inteligente y endurecimiento de penas», dijo el Gobierno Nacional en un comunicado este martes.

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación 

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