La derogación de la prohibición en Misiones reavivó el debate sobre los agroquímicos en la yerba mate. El biólogo Julián Baigorria cuestiona las ventajas económicas del modelo convencional y advierte sobre la falta de controles, incentivos y planificación.
Buenos Aires miércoles 14 octubre (PR/26)– La derogación de la prohibición del glifosato en Misiones reabrió una discusión que va mucho más allá de un herbicida: qué controles existen sobre el uso de agroquímicos, qué riesgos pueden representar para la salud y el ambiente y por qué cuesta tanto avanzar hacia otras formas de producir.
El 3 de septiembre, la Legislatura provincial sancionó la Ley VIII N.º 124, que modificó la normativa aprobada en 2023. La nueva norma eliminó la prohibición específica del glifosato y mantuvo la promoción de bioinsumos.
Como resultado, su uso volvió a quedar comprendido en el régimen general de productos fitosanitarios autorizados a nivel nacional.
Una prohibición que nunca se aplicó del todo
«Hoy por hoy se sigue aplicando glifosato», explicó a NEA HOY el biólogo Julián Baigorria, que trabaja con parcelas agroecológicas de yerba mate en Misiones. Según contó, en algún momento se aprobó una ley para prohibirlo.
Supuestamente, para 2024 ya no se podía usar. Sin embargo, se fueron generando prórrogas para que el colono tuviera la posibilidad de adaptarse y dejar de utilizar herbicidas químicos.
La resistencia de una gran parte de los productores era previsible: se trata de una práctica muy habitual en la provincia y exige que quien está acostumbrado a trabajar de una manera tenga que reconvertirse.
Más rápido, más barato y sin consecuencias en el precio
«No muchos quieren hacerlo, porque es mucho más rápido tirar glifosato. También es más barato», agregó Baigorria. Para el biólogo, el nudo está en que la producción convencional sigue ofreciendo ventajas económicas inmediatas.
Quienes buscan reducir el uso de químicos, en cambio, deben afrontar costos adicionales sin ninguna garantía de conseguir un mejor precio por su cosecha. Todo ocurre, además, en un sector yerbatero atravesado por una profunda crisis económica.
«El mercado no penaliza al que usa glifosato, pero tampoco premia al que no lo usa», sostuvo. Y completó con una cuenta simple: para el productor común es más fácil aplicarlo, nadie le dice nada, vende al mismo precio y hace la mitad del trabajo.
Qué dice la OMS y por qué importan los controles
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como «probablemente carcinógeno para los seres humanos», dentro del Grupo 2A.
En ese marco, la regulación y el monitoreo resultan centrales. La preocupación no se limita a decidir si se permite o se prohíbe una sustancia: también implica la capacidad del Estado para fiscalizar su uso y prevenir exposiciones evitables.
A eso se suma la necesidad de generar información pública sobre los residuos que pueden llegar a los alimentos, un dato clave para saber qué se está consumiendo realmente.
Baigorria remarcó que el herbicida está instalado en la vida cotidiana de Misiones y que su uso excede por completo a la yerba mate. «Acá se tira glifosato hasta para limpiar alrededor de las casas en las colonias», ejemplificó.
«Es algo hiperutilizado, con todos los problemas que genera», afirmó.
Lo que se hace bien termina siendo un producto prémium
El biólogo cuestionó que los sistemas agroecológicos no cuenten con suficientes ventajas económicas y que sus productos terminen posicionados como bienes prémium, accesibles sobre todo para consumidores con mayor poder adquisitivo.
«Hoy, lamentablemente, lo que está mal es que lo que se hace bien termina siendo un producto prémium, mientras que lo que se hace mal es el producto de todos los días«, señaló.
Desde su mirada, producir sin agroquímicos debería tener un reconocimiento concreto, porque implica cuidar recursos ambientales y asumir costos que la producción convencional no siempre incorpora en su precio final.
«Para fumigar con un avión y tirar toneladas de veneno no tenés que pagar nada extra por el hecho de contaminar. No hay un costo que refleje ese impacto. Las hojas se venden al mismo precio», sostuvo.
En cambio, explicó que quienes producen de manera orgánica deben afrontar gastos adicionales y, en muchos casos, no encuentran compradores dispuestos a pagar más por las características ambientales de sus productos.
Leyes con metas lejanas y sin condiciones para cumplirlas
Baigorria apuntó a que la falta de planificación y de coordinación entre las instituciones dificulta la construcción de una política productiva consistente. Advirtió, además, que las necesidades de los pequeños productores no pueden quedar afuera de las políticas ambientales.
«Al final, este tipo de leyes no termina funcionando porque se plantean objetivos que están cinco, diez o veinte años en el futuro, sin preparar antes las condiciones necesarias para que puedan aplicarse», finalizó.
