El Gobierno celebra variables. La sociedad administra angustias. Y eso, en política, nunca termina bien.
Por Sergio Marcelo Mammarelli.
Buenos Aires, martes 21 junio (PR/26) — Cada cuatro años, millones de argentinos que no distinguen un lateral de un líbero amanecen convertidos en directores técnicos.
No es ignorancia ni delirio: es que en el Mundial no juegan equipos, juegan países, y eso lo explica casi todo.
Voy a confesar algo que a cualquier futbolero le sonará a herejía. No soy de fútbol. Sé poco y nada: me pierdo en las formaciones, no tengo equipo que me desvele los domingos, y podría vivir un año entero sin enterarme de quién salió campeón del torneo local.
Y sin embargo, cada cuatro años, con la puntualidad de una estación, me despierto transformado en el mejor técnico del mundo. Sé exactamente a quién había que poner de titular, en qué minuto había que hacer el cambio, qué le faltó al mediocampo y qué le sobró al rival. No soy el único. Somos millones los que ese mes hablamos con una autoridad táctica que no tenemos las otras cuarenta y siete semanas del año.
La pregunta no es por qué sabemos tan poco. La pregunta es por qué, de golpe, nos importa tanto.
Hay algo casi cómico en el fenómeno si uno lo mira desde afuera. Un país entero que el resto del tiempo desconfía de todo —de los dirigentes, de los pronósticos, de las promesas— entrega de pronto su humor colectivo a once tipos que la mayoría no sabría reconocer por la calle.
Un tipo que jamás pisó una cancha discute la línea de tres con la vehemencia de un cirujano defendiendo una técnica. Una señora que nunca en su vida vio un partido completo llora con un himno. Y todos, absolutamente todos, tienen razón, porque en ese mes la razón futbolística es lo de menos.
Lo que se activa no es el conocimiento del deporte. Es otra cosa, más vieja y honda, que el deporte apenas viene a poner en escena.

Para entender nuestras reacciones —las mías incluidas, que no tienen ninguna base técnica— tal vez convenga aceptar una idea incómoda: en el Mundial no se enfrentan equipos de fútbol. Se enfrentan países. Y una vez que uno asume eso, casi todo lo demás se ordena solo.
No es Argentina contra Inglaterra: es un siglo y medio de historia entrando a la cancha disfrazado de partido. No es una camiseta contra otra: es lo que cada país cree ser midiéndose contra lo que el otro país cree ser.
Por eso el resultado duele o alegra en una escala que ningún partido de club alcanza jamás. Nadie llora ochenta minutos por un descenso ajeno. Se llora por lo otro, por lo que la pelota apenas representa y nunca termina de decir del todo: quiénes somos, de dónde venimos, a quién no le perdonamos nada.
Y acá conviene ser honestos, porque el fenómeno no es una rareza nuestra. Del otro lado piensan igual, aunque no lo digan con nuestras palabras. Al inglés le resulta sencillamente inadmisible que la Argentina le gane: no por soberbia deportiva, sino porque entre esos dos países hay demasiada historia como para que un resultado quede en resultado.
Para él, perder con nosotros no es perder un partido. Es algo que no debería poder pasar, y que sin embargo pasa, y que por eso escuece de un modo que ningún manual táctico explica.
Lo justo es admitir que el espejo también nos devuelve nuestra imagen.
Del mismo modo que el inglés no concibe caer ante Argentina, a nosotros nos cuesta entender cómo una selección africana, a la que miramos por arriba del hombro sin decirlo, puede hacernos semejante fuerza y a veces ganarnos.
Ahí está la trampa: creemos que el asombro es por el fútbol, cuando en realidad es por el mapa.
Nos sorprende que nos compliquen los que, en nuestra cabeza, «no deberían».
Esa frase —«no deberían»— no la dicta la táctica. La dicta una jerarquía de países que llevamos adentro sin habérnosla enseñado nadie.

Por eso me parece un error, y hasta una pequeña falta de respeto, interpretar todo esto como que «es solo fútbol». La frase la dice siempre el mismo tipo de persona: el que confunde el desapego con la inteligencia, el que necesita que la alegría ajena pida permiso antes de ocupar espacio. Y es, además, falsa.
No es sólo fútbol.
Es pasión, y la pasión no se disculpa.
Es lo que representa un país entero puesto a prueba en noventa minutos: sus conflictos geopolíticos, étnicos, religiosos, raciales, sus deudas viejas, sus revanchas nunca cobradas. Es todo eso encontrando, por una vez, un lugar donde manifestarse sin pedir perdón.
Reducir eso a «sólo fútbol» no es sobriedad ni madurez.
Es la vieja técnica argentina de declarar menor lo que no sabemos administrar: si no lo puedo controlar, lo llamo vulgar; si no lo puedo explicar, lo llamo exceso.
Pero lo que se juega ahí no es un torneo. Es la única versión de nosotros mismos en la que, por un rato, creemos sin condiciones.
No me pidan objetividad. No la tengo. Que España tenga el mejor equipo del mundo, si quiere. Yo, que no sé nada de fútbol, sé una sola cosa con una certeza que no admite discusión: a los gallegos, esta vez, no les perdono que nos ganen.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Una marcha, un veto incumplido, un caso, una recesión y un decreto que recorta 2,4 billones: el momento en que las cinco grietas se vuelven la misma.

Buenos Aires, martes 19 mayo (PR/26) — Soy orgullosamente egresado de la Universidad de Buenos Aires. Fui orgullosamente docente universitario por más de 30 años en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
Para el Gobierno, lo que sucedió fue una “marcha política más” la universitaria. En mi caso, creo que no fue así. Fue mucho más que eso y el Gobierno no se da cuenta.
Hay imágenes que no pertenecen al gobierno que las padece, sino al país que las produce. La marcha universitaria de esta semana fue una de esas. No fue una manifestación: fue una asamblea ambulante de la Argentina que todavía cree en algo. Madres con guardapolvos heredados, jubilados que se recibieron en los sesenta, ingenieros que volvieron a la facultad con sus hijos, becarios del CONICET con la mochila llena de papers y vacía de respuestas. La pregunta que esa multitud le hizo al poder no es presupuestaria. Es ontológica: ¿qué clase de país queremos ser cuando esto, lo que sea esto, termine?
Y ahí está el problema del gobierno de Javier Milei. No tiene respuesta porque, en rigor, nunca le interesó formulársela. El proyecto fue siempre aritmético, jamás civilizatorio. Pero la Argentina sigue siendo, para bien y para mal, un país de preguntas civilizatorias. Allí se produce el choque. No es un choque entre modelos económicos. Es un choque entre dos lenguajes que ya no se entienden.
EL VETO INVISIBLE
El primero de esos lenguajes es el republicano. La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada, vetada e insistida por el Congreso con las mayorías agravadas que la Constitución exige. Es decir: el sistema institucional argentino, ese al que el oficialismo despreció en campaña como “la casta”, produjo un consenso parlamentario que ningún veto puede borrar. Y, sin embargo, la ley no se cumple. No por una nueva norma que la derogue, sino por la sencilla técnica administrativa de no ejecutarla.
Eso, en términos jurídicos, se llama desobediencia. En términos políticos, se llama otra cosa: se llama haber decidido que la legitimidad de origen alcanza para todo, incluso para reescribir el contrato republicano por la vía de los hechos. Es el precedente más peligroso que este Gobierno ha introducido en el sistema político argentino, y el menos discutido. El veto invisible entendido como la decisión administrativa de no cumplir lo que el Congreso ratifica.
LA ÉPICA RESFRIADA
El segundo lenguaje es el moral. El mileísmo se construyó, antes que sobre una ortodoxia económica, sobre una promesa de excepcionalidad ética: nosotros no somos como ellos. Sin embargo, el caso Adorni —cualquiera sea su resolución judicial— erosiona esa promesa con una eficacia que ninguna oposición pudo lograr. No importa tanto si hubo delito; importa que ya no se puede sostener, con la cara seria, que se trata de gente distinta.
Son gente igual. Y un gobierno que pidió sacrificios en nombre de su diferencia moral pierde, cuando esa diferencia se diluye, su principal capital político.
Pero ojo, la oposición tampoco puede capitalizar esto. Su propio historial de zonas grises la inhabilita para el sermón. Lo que se erosiona, entonces, es una promesa sin alternativa. Y la pérdida de promesa, sin alternativa, produce desafección, no recambio. Por eso las marchas son grandes pero el Congreso es chico. Por eso la sociedad se mueve, pero la política no. Estamos en el momento exacto en que el malestar es masivo y la representación, ínfima.
LA ARITMÉTICA QUE NO CIERRA
El tercer lenguaje es el económico, y aquí el oficialismo todavía cree tener ventaja. Los números macro mejoran: bajó la inflación, el riesgo país se ordenó, las reservas se acomodaron. Pero la microeconomía —salarios reales, consumo, producción industrial, según los últimos informes del INDEC y los relevamientos privados de FIEL y FIDE— sigue sin recuperar lo perdido.
La promesa fue que el dolor era de tránsito. Veintiocho meses después, una proporción creciente del electorado empieza a sospechar que el dolor es estructural, no transicional.
Las encuestas de Atlas Intel y Zuban-Córdoba muestran lo mismo desde hace seis meses: la imagen del Gobierno se sostiene en una base dura, cada vez más concentrada y pierde, mes a mes, el segmento que lo votó por expectativa, no por convicción.
Ese segmento —que es el votante que decide las segundas vueltas argentinas— es el que hoy marcha por la universidad, aunque no haya pisado un aula en décadas. Porque lo que defiende no es la institución: es la promesa que la institución encarna. Que el esfuerzo individual todavía tiene un piso colectivo donde apoyarse. Que el país, alguna vez, fue una escalera.
DESDE EL INTERIOR.
Desde el interior se ve algo que en Buenos Aires cuesta percibir: la indiferencia federal del proyecto. Las provincias patagónicas o las de cuyo o el norte, producen las divisas que sostienen el experimento —petróleo, gas, pesca, minería— y reciben, a cambio, una desinversión metódica en universidades, hospitales, rutas y conectividad.
La Universidad Nacional de esas provincias, donde se forman los ingenieros que mañana operarán Vaca Muerta, y los geólogos que prospectan el cobre cordillerano, sobrevive con presupuestos que ya no alcanzan ni para pagar la luz.
Es una contradicción operativa, no ideológica: el Gobierno desfinancia, en el sur, en el norte o en la cordillera, exactamente la base productiva de mano de obra calificada que su modelo económico necesita para funcionar. No la resuelve ningún veto. La resuelve, eventualmente, el cierre de carreras, la emigración de talento y un déficit cognitivo que se manifestará no en 2027 sino en 2032 o 2035, cuando esta gestión sea ya un capítulo de manual.
Lo dijo bien Bloomberg en su informe regional de marzo: la Argentina está consumiendo, otra vez, el stock de capital humano que tardó cincuenta años en construir.
Dónde encajan los recortes de la D.A. 20/2026
En “el veto invisible” del que venimos hablando, se agrega otro decreto que entra como prueba escrita de la tesis que proponemos.
El gobierno de Javier Milei, a través de una Decisión administrativa (D.A. 20/2026) oficializada el 11 de mayo de 2026, profundizó el ajuste fiscal con un nuevo recorte neto de 2,4 billones de pesos ($2.439.416 millones) en el presupuesto nacional de 2026.
Este ajuste se suma a la orden dada a mediados de abril a todos los ministerios para reducir un 2% sus gastos corrientes y un 20% sus gastos de capital.
La medida representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública Nacional, según un informa de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto).
De este modo, se oficializó la reestructuración o eliminación de 211 programas gubernamentales, incluyendo áreas de salud, educación y asistencia social. Se recortaron más de $970.000 millones en transferencias a provincias y municipios, afectando obras de infraestructura y saneamiento.
La única preocupación es clara: mantener el equilibrio fiscal tras nueve meses consecutivos de caída en la recaudación real.
Lo expuesto implica, en la práctica, que «lo que el Congreso vota en sesión, el Boletín Oficial lo desarma en un párrafo.» En la aritmética que no cierra, provocada por los nueve meses consecutivos de caída real de la recaudación, el Gobierno ahora nos vuelve a ajustar con un 1,6% de contracción sobre el crédito vigente, con recortes específicos —Instituto Malbrán, programas oncológicos y de medicamentos (Perfil, Infobae), Fondo de Compensación Salarial Docente y Plan Nacional de Alfabetización—. Dicho de otro modo, el mismo discurso oficial que postula una Argentina educada y sana, recorta, por decreto, los instrumentos concretos para educarla y sanarla.
LA PREGUNTA QUE QUEDA
Hay un dato que ningún encuestador captura. Cuando un gobierno deja de poder explicar por qué pide lo que pide, ya no gobierna. Administra. El mileísmo todavía gobierna, pero la distancia entre las dos categorías se acorta cada semana. La marcha universitaria, el veto incumplido, el caso Adorni, la recesión y el nuevo ajuste que se eterniza, no son cinco hechos separados: son cinco grietas de un mismo edificio.
La pregunta no es si el edificio se cae. Los edificios políticos argentinos rara vez se caen. Se vuelven inhabitables.
La pregunta verdadera —la que tendría que estar haciéndose la dirigencia entera, oficialismo, oposición, sindicatos, empresariado, gobernadores— es otra. Si la Argentina demuestra, una vez más, que es capaz de movilizar consenso social y parlamentario para defender una institución, y aun así el sistema no logra traducir ese consenso en política pública sostenida: ¿qué clase de democracia estamos teniendo? ¿Una donde el voto decide el rumbo, o una donde el rumbo decide el voto y después lo ignora?
Ese, y no otro, es el verdadero veto invisible. No el de Milei sobre la ley universitaria. El que las clases dirigentes argentinas, sucesivas, le vienen imponiendo desde 1983 al mandato democrático: respetamos las urnas, no respetamos lo que las urnas dicen. Cambia el firmante. No cambia la firma.
El profesor de la Casa Rosada, ahora presidente, se quedó, de a poco, sin alumnos. Pero el aula sigue ahí. Llena. Esperando. La pregunta —la única que importa de acá a 2027— ya no es si Milei termina su mandato, ni siquiera si lo termina bien.
Es más cruel y es más vieja: cuando este experimento concluya, gane o pierda, ¿con qué Argentina nos vamos a encontrar? ¿Una que aprendió, por fin, que el problema no era el firmante sino la lapicera? ¿O una que volverá a creer, fiel a su costumbre, que basta con cambiar al profesor para que cambie la clase?
Porque si es lo segundo —y la historia argentina, escrita con esa misma lapicera, sugiere que va a ser lo segundo—, entonces el aula puede seguir esperando todo lo que quiera. No habrá clase. Habrá, otra vez, recreo. Y un país que confunde recreo con futuro es un país que ya no está educando a nadie. Ni siquiera a sí mismo.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Primicias Rurales
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut.
Buenos Aires, lunes 27 abril (PR/26) — Hay una frase que atravesó la política moderna como hace un tiempo atrás: “It’s the economy, stupid”. Fue brutal, simple y eficaz.
Le ganó una elección a un presidente en ejercicio y ordenó décadas de pensamiento político. Pero como toda verdad contundente, también envejece. Hoy intentaremos trasladarla al gobierno de Milei y ver cuánto puede mantener su vigencia puesto que en la Argentina de hoy pareciera que nos obliga a reescribirla en estos términos: Ya no alcanza con decir “es la economía”.
Si uno escucha al Gobierno, la respuesta parece ser a favor de la frase. Se bajó la inflación. Se ordenaron las cuentas. Se eliminó el déficit. Se terminó con la mentira estructural del gasto financiado con emisión. Por fin, tenemos un programa que es coherente. Incluso, para muchos economistas, necesario.
Sin embargo, si uno baja a la calle y habla con una empleada, un jardinero, un comerciante, un pequeño productor o cualquier profesional independiente aparece otra economía. Una economía que no se mide en puntos de inflación sino en angustia. Una economía donde el salario alcanza menos, el trabajo escasea más y el futuro se volvió un terreno incierto.
Es allí donde apareció la grieta real. No la ideológica. No la partidaria. La grieta verdadera es entre la macro que cierra y la vida que no cierra.
El reciente análisis aparecido en “The Wall Street Journal” sobre el gobierno de Javier Milei es interesante precisamente por eso. No es una crítica militante ni una defensa cerrada. Es algo más incómodo: una advertencia. El artículo reconoce los logros, pero señala el problema. Las reformas avanzan, pero chocan con la realidad social. El orden fiscal aparece, pero el bienestar no. La estabilidad macro se insinúa, pero el malestar cotidiano crece.
Y de esta forma deja de ser un detalle técnico para transformarse en un problema político de fondo porque la economía, en democracia, no se valida en dogmas o discursos, sino que se valida en la percepción de la sociedad.
Lo expuesto quiere decir que un gobierno puede tener razón en términos económicos y aun así perder legitimidad. A esto apunta este editorial.
Ese es el riesgo que empieza a asomar en el tercer año de mandato de Milei. Aun cuando durante décadas, la Argentina vivió del otro lado del espejo, donde se expandía el gasto, se sostenía el consumo artificialmente, se escondía el déficit y se compraba tiempo con inflación lo cierto es que era una ficción, pero era una ficción que la gente sentía como realidad.
Hoy ocurre precisamente lo inverso. Se corrige la ficción, pero la realidad se vuelve más dura que nunca. Y aparece la pregunta inevitable que se hacen todos los analistas políticos e incluso económicos en la actualidad: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un programa económico que no mejora la vida de la mayoría?
Un sector importante de la sociedad votó este cambio no por convicción absoluta, sino por hartazgo. No eligió tanto un modelo como rechazó el anterior. Fue un voto prestado. Y los votos prestados tienen una característica peligrosa: no se renuevan automáticamente. Si la mejora no llega, el crédito se agota.
Es precisamente ahí donde la frase de los noventa queda vieja. No alcanza con decir “es la economía”. Hay que explicar qué economía. Porque una inflación más baja es una condición necesaria, pero no suficiente. El equilibrio fiscal es una herramienta, no un resultado en sí mismo. Y un país no es exitoso porque cierre sus cuentas, sino porque abre oportunidades.
La historia argentina —y no sólo la argentina— está llena de programas económicamente correctos que fracasaron políticamente. No porque estuvieran mal diseñados, sino porque no lograron construir una transición soportable.
Ese es el desafío central, y no se trata de volver atrás. No se trata de reivindicar el desorden. No se trata de negar que había un problema estructural gravísimo. Se trata de algo más complejo: ordenar sin destruir, ajustar sin expulsar, estabilizar sin asfixiar. Y es lógico, porque si el costo del orden es una sociedad exhausta, el orden mismo se vuelve inestable.
Y lo peor, en este escenario, es el riesgo más grande de todos: que el péndulo vuelva a moverse. La Argentina tiene una larga tradición de errores pendulares. Varias veces ha pasado del descontrol al ajuste brutal, del populismo al shock, de la expansión irresponsable al recorte indiscriminado. Y en ese movimiento, nunca construye un camino sostenido.
Hoy estamos otra vez en ese punto de inflexión. La diferencia es que esta vez el diagnóstico es más claro que nunca. Sabemos lo que no funciona y además sabemos lo que no debe volver. Sin embargo, todavía no sabemos —o no vemos— lo que sí puede funcionar para la mayoría.
Milei debe entender de una vez por todas que su éxito no es bajar la inflación, no es alcanzar el déficit cero, no es ordenar la macro. Es convertir ese orden en bienestar. Si no lo logra, todo el esfuerzo será percibido como un sacrificio sin sentido. Por eso, la frase debería reescribirse para esta Argentina: No es la economía, estúpido. Es la vida.
Ningún argentino vota teorías. Vota lo que siente cuando llega a fin de mes. Y si ese sentimiento no cambia, no hay programa económico que sobreviva.
Veamos la siguiente cronología:
Diciembre 2023 – Asunción: Arranque del experimento. Diagnóstico catastrófico, herencia devastada, y la promesa implícita: el dolor es transitorio, el rebote será histórico.
12 de junio de 2024 – ExpoEFI – Javier Milei: “Lo peor ya pasó. La economía tocó un piso”.
14 de agosto de 2024 – Council of the Americas – Javier Milei: insiste en que “lo peor ya pasó”. Ya cuando una frase necesita repetirse tanto, deja de ser diagnóstico y empieza a ser mantra.
Septiembre 2024 – TV (Susana Giménez), Javier Milei: “De acá para adelante solo quedan buenas noticias”.
9 de octubre de 2024 – Entrevista LN+, Luis Caputo: “Lo peor ya pasó y hoy ya podemos empezar a mostrar resultados”. Ahora se agregó el Ministro validando el relato.
7 de noviembre de 2024 – Declaración oficial, Javier Milei: “La recesión terminó”. Casi un acta de defunción de la recesión, pero sin velorio estadístico.
11 de noviembre de 2024 – Evento Ualá, Javier Milei: “El país entra en su mejor momento de los últimos 100 años”. Aquí frente el presente duro, se lo reemplaza por un futuro épico.
10 de diciembre de 2024 – Cadena nacional (1 año), Javier Milei: “Hemos dejado atrás lo peor”. El problema es que nada cambia.
20 de diciembre de 2024 – Bolsa de Córdoba, Javier Milei: “Proceso vertical de recuperación” y economía que “despega”.
30 de abril de 2025 – EFI 2025, Javier Milei: “Ahora es el momento de crecer”.
20 de mayo de 2025 – AmCham, Luis Caputo: crecimiento “por arriba del 6%” y Argentina como “ejemplo en 20 años”.
15 de septiembre de 2025 – Cadena nacional, Javier Milei: otra vez “lo peor ya pasó”.
13 de noviembre de 2025 – UIA, Luis Caputo: Argentina será el país que más crezca en los próximos 30 años.
3 de marzo de 2026 – Córdoba, Luis Caputo: “Futuro spectacular” y liderazgo global en crecimiento.
5 de marzo de 2026 – Mendoza, Luis Caputo: nivel de inversión “nunca visto” en 4 años.
14 de abril de 2026 – AmCham, Luis Caputo: los próximos 18 meses serán los mejores en décadas.
Según el oficialismo, la economía vive en un eterno amanecer: el sol está por salir, siempre. Sin embargo, es reiteración sin anclaje verificable. Cuando “lo peor ya pasó” se repite tres, cuatro, cinco veces, deja de ser un dato y pasa a ser un recurso narrativo.

Toda esta narrativa encierra una hipótesis mucho más incómoda que la de un gobierno exagerando logros: y es que efectivamente crea que ya cumplió. Que el “milagro económico” no sea una promesa incumplida, sino una realidad consumada.
Si fuera así, Javier Milei no estaría anunciando el futuro: estaría describiendo el presente. Y si insiste en que “lo peor ya pasó” no es porque se equivoca en el timing, sino porque, desde su marco conceptual, el problema ya fue resuelto. En este caso estamos en el verdadero riesgo. No el error, sino el dogma.
Al igual que le ocurrió al Kirchnerismo, cuando una política se vuelve dogmática, deja de necesitar validación empírica. Funciona al revés: si los datos o la percepción social no acompañan, entonces lo que falla no es la política sino la sociedad. No es que el salario no alcanza: es que la gente “no entiende”. No es que la recuperación no se siente: es que “todavía no la ven”.
Si uno escucha atentamente al Presidente, el Gobierno ya ganó. La Argentina ya es —en su propia narrativa— el mejor país de su historia reciente. Y si los argentinos no lo perciben, el problema pasa a ser casi moral: no lo ven, no lo valoran, no lo agradecen. El desplazamiento es sutil pero profundo. La economía deja de ser un campo de resultados para convertirse en un campo de fe. Dicho de otro modo, no es solo optimismo reiterado. Es algo más sofisticado: un modelo donde el éxito no se mide por sus efectos, sino por su coherencia ideológica.
Milei viene proclamando el “inicio del mayor crecimiento de la historia argentina” desde antes de asumir. No es casualidad ni descuido retórico: es un recurso deliberado. La fórmula funciona como profecía autocumplida discursiva, una manera de fijar expectativas y, sobre todo, de desplazar el eje del debate desde el presente (recesión, caída del consumo, destrucción de empleo formal, pérdida del poder adquisitivo de jubilados) hacia un futuro siempre inminente pero nunca auditable.
Es el mismo mecanismo de “el año que viene crecemos” que usaron Menem en el 95, Macri con el “segundo semestre” y, en otra escala, cualquier gobierno que necesita comprar tiempo político. La diferencia es que Milei lo eleva a liturgia.
El programa libertario muestra resultados mixtos —baja de la inflación mensual, superávit fiscal, cierto reordenamiento cambiario— y costos muy visibles —caída del salario real, aumento de la pobreza en 2024, retracción industrial, conflicto con universidades, jubilados, ciencia—. Lo que está fracasando no es necesariamente el diagnóstico (el desequilibrio fiscal y monetario era real), sino la pretensión dogmática de que el mercado por sí solo, sin Estado articulador, va a generar una recuperación con derrame.
La evidencia empírica argentina y comparada (Chile post-1982, el propio Menemismo, incluso la experiencia de ajustes europeos post-2010) muestra que sin política productiva, sin inversión pública estratégica y sin mecanismos de redistribución, el crecimiento —cuando llega— es concentrado y excluyente.
Mientras Milei mantenga el monopolio del relato anti-casta y la oposición no construya una alternativa creíble, la disonancia entre discurso y realidad material se procesa como “costo necesario” o “culpa de la herencia”. El punto de quiebre suele llegar cuando tres cosas coinciden: el deterioro material toca a las clases medias que lo votaron, aparece un liderazgo opositor con densidad, y algún hecho simbólico rompe el encanto. Ninguna de las tres está madura todavía, pero la primera empieza a asomar fuertemente.
Si el milagro ya ocurrió, pero nadie lo nota, el problema deja de ser económico. Pasa a ser perceptivo. Y gobernar, entonces, ya no es mejorar la realidad sino corregir a quienes no la ven: una Argentina que se está transformando en Kuka.
Primicias Rurales
Buenos Aires, lunes 13 abril (PR/26) — Hace unas semanas decidí hacer algo que ninguna consultora de moda, ningún índice del INDEC y ningún spin gubernamental puede reemplazar: preguntarle a la gente cómo está. No a «la gente» en abstracto. A la gente concreta. A la que tiene nombre, delantal y mirada cansada.
Empecé por las personas que trabajan en casa. La que poda el jardín. La que arregla lo que se rompe. Seguí por los comercios de Carpintería, en San Luis. Luego aproveché mi viaje rutinario a la Patagonia —más de tres mil kilómetros de ida— para seguir preguntando. La Pampa. Río Negro. Neuquén. El Hoyo, Chubut. Gobernador Gregores. Puerto Deseado. Rada Tilly. Comodoro Rivadavia. Sin querer, había recorrido más de la mitad del país. Más de ocho mil kilómetros de rutas deterioradas, de asfalto roto, de paisajes que cambian y respuestas que no.
Cambiaban los acentos. Cambiaban los paisajes. La angustia era siempre la misma.

El comerciante vende menos. El empleado recorta hasta el límite de la dignidad. El jubilado no compra remedios. El emprendedor resiste, sin saber muy bien por qué ni hasta cuándo. Amigos que ya no pueden pagar el alquiler de sus hijos estudiando en Buenos Aires. Comerciantes que se están fundiendo en silencio, sin que nadie los cuente en ninguna estadística. Absolutamente nadie —ni uno solo en ocho mil kilómetros— me dijo que le estaba yendo mejor.
Y mientras tanto, desde el poder, el relato es otro. Se nos dice que la inflación está bajo control. Que lo peor ya pasó. Que estamos en la antesala de un despegue histórico. Que esta vez sí. Que ahora sí. Que sí. El Presidente celebra en cadena nacional. Los funcionarios exhiben gráficos en redes sociales. Los voceros del modelo hablan de «paciencia» y de «procesos que llevan tiempo». Y tienen razón en una cosa: los procesos llevan tiempo. Lo que no dicen es quién paga ese tiempo. Y en qué moneda.
Hay algo profundamente inquietante en esa disociación. No es una diferencia de enfoque ni un sesgo subjetivo. Es una fractura. De un lado, los indicadores. Del otro, las personas. De un lado, la macroeconomía que se «ordena». Del otro, la microeconomía que se desangra. El Gobierno puede tener razón en los números. Y estar completamente equivocado en la realidad. Ambas cosas son posibles al mismo tiempo. Y esa simultaneidad es exactamente el corazón del problema.
Aun cuando la inflación baje, el problema no se resuelve si los ingresos llegan tarde, si el consumo se desploma y si la economía cotidiana se convierte en una carrera de supervivencia.
Porque hay algo que los modelos macroeconómicos no capturan y que cualquier almacenero de Gobernador Gregores entiende mejor que un economista de Palermo: la confianza no se recupera con un índice. Se recupera con la experiencia cotidiana de que las cosas mejoran. Y esa experiencia, hoy, simplemente no existe. El salario real sigue por debajo de donde estaba. El consumo masivo no repunta. La destrucción de empleo privado en los sectores más sensibles no se detiene. Los datos del INDEC sobre canasta básica y los del BCRA sobre depósitos en pesos cuentan historias que no cierran con el relato oficial. Pero esos datos no salen en los actos de gobierno.
Y aquí aparece el verdadero riesgo. No es solo económico. Es político. Es social. Es cultural. Cuando una sociedad deja de sentir mejora en su vida concreta, deja de creer. Y cuando deja de creer, no hay relato que alcance, no hay narrativa que sostenga, no hay épica que resista. Ni la del cambio ni la de la resistencia. Ninguna. El escepticismo no elige banderas: las corroe a todas por igual.
La oposición, por su parte, no está en condiciones de celebrar nada. Porque esta crisis no empezó en diciembre de 2023. Viene de antes. Viene de mucho antes. De gobiernos que gastaron lo que no tenían, de acuerdos que no se cumplieron, de promesas que se repitieron hasta vaciarse de sentido. El drama argentino no tiene un solo culpable. Tiene una larga lista de cómplices. Y muchos de ellos hoy posan de víctimas.
La Argentina ha entrado demasiadas veces en este juego perverso: números que mejoran en los papeles mientras la vida empeora en la calle. El desenlace, siempre, es el mismo.

Ruta Nacional 3
Recorrí esas rutas rotas —literalmente rotas, con tramos donde uno no pierde la vida casi por milagro— y pensé que eran una metáfora perfecta del país. Infraestructura abandonada. Parches sobre parches. La apariencia de una ruta donde ya no hay ruta. Avanzás igual porque no hay otra opción. Pero sabés que en cualquier momento el asfalto se acaba.
Dirán los fanáticos que mi experimento carece de rigor. Que no elegí bien la muestra. Que el universo es insuficiente. Puede ser. Pero lo curioso es que hasta los fanáticos sienten lo mismo. Solo que su fanatismo les impide la espontaneidad. El problema no se mide. Se vive. Y lo que vive la Argentina hoy no coincide con ningún PowerPoint presentado en ningún foro internacional.
Un país no mejora cuando sus ciudadanos no llegan a fin de mes. Punto. Sin asteriscos, sin aclaraciones técnicas, sin el auxilio de ningún índice que explique por qué lo que uno siente no es lo que debería sentir. Y cuando la distancia entre lo que celebra el poder y lo que padece la sociedad se vuelve tan obscena como la que recorrí en esos ocho mil kilómetros, la pregunta ya no es si el modelo funciona. La pregunta es cuánto tiempo más puede el país aguantar creyendo que la culpa de no llegar a fin de mes es propia.
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, martes 24 marzo (PR/26) — De la esclavitud al empleo no hay una ruptura tan total como le gusta contar a la modernidad.
Hay, sí, un cambio decisivo: el esclavo era una cosa y el trabajador es una persona libre. Ya no puede comprárselo, venderlo, marcarlo ni matarlo.
Pero en el corazón de la relación productiva subsiste una continuidad inquietante: uno manda y el otro obedece. Uno organiza, dispone, controla y sanciona; el otro compromete su tiempo, su cuerpo, su saber y, muchas veces, su supervivencia.
Con esto solo quiero hacer notar algo más que importante: En toda relación laboral hay una desigualdad originaria. Ese poder de dictar órdenes, fijar reglas, organizar el trabajo y juzgar el cumplimiento, los laboralistas lo denominamos subordinación técnica, jurídica y económica. Es la razón por la que concluimos que no se trata de un vínculo entre iguales, ni de un simple contrato civil entre partes autónomas. Se trata de una relación atravesada por el poder.
La diferencia con la esclavitud, por supuesto, es moral y jurídicamente importante. El trabajador no ha dejado de ser persona, no pertenece a nadie, conserva derechos fundamentales y puede, al menos en teoría, romper el vínculo. Pero esa libertad formal convive con una dependencia material muchas veces brutal. El viejo amo debía alimentar, vestir y alojar a su esclavo porque era su propiedad.
El empleador moderno ya no tiene esa carga: paga un salario y traslada al trabajador todo el riesgo de su existencia. Le paga y se desentiende. Si no le alcanza para comer, vivir, curarse o criar a sus hijos, el problema deja de ser del empleador y pasa a ser del propio trabajador. Allí aparece una de las paradojas más crueles de la modernidad: el hombre fue declarado libre en el mismo momento en que quedó librado a su suerte.
Por eso nació el derecho del trabajo. No para embellecer un contrato entre iguales que ya estaba suficientemente contemplado por el derecho civil. En otras palabras: el derecho del trabajo no nació para consagrar la igualdad, sino para proteger al débil frente al abuso del fuerte. Derribarla no significa liberar al trabajador. Significa, simplemente, dejarlo otra vez solo frente al poder.
Está claro que en el mundo del trabajo esa igualdad es una ficción. Porque en la práctica solo uno contrata realmente: el empleador. El trabajador, en cambio, rara vez contrata algo. Lo que hace es aceptar o rechazar una oferta. Y muchas veces ni siquiera tiene verdaderamente esa opción.
No conozco a ningún trabajador que haya salido al mercado a contratar un empleador. Los trabajadores no contratan empresas; buscan trabajo para subsistir. La diferencia es decisiva .
Tampoco conozco ningún contrato donde uno puede modificarlo a su antojo y el otro no. Y casi sin consecuencias. El denominado ius variandi solo existe en el contrato de trabajo, sólo que ahora, el trabajador no puede resistirlo. Solo le queda irse.
En definitiva, no existe ninguna relación jurídica, salvo en la vieja esclavitud, donde uno tiene todo el poder y el otro solo puede obedecer. Quien quiera ver ahí una relación entre iguales debería analizar seriamente sus convicciones ya no jurídicas sino morales.
Por eso el derecho del trabajo nunca tuvo como objetivo celebrar la libertad contractual. No se creó para garantizar contratos. Se creó para limitar el poder. Tampoco se creó para dar empleo o solucionar una crisis económica o devolverle al trabajador una libertad perdida.
La pregunta entonces, si miramos la nueva ley de modernización laboral, es ¿hasta dónde puede llegar el legislador al redefinir quién queda dentro o fuera del derecho del trabajo? Acaso es suficiente el voluntarismo dellegislador para modificar la realidad?
El trámite legislativo, la sanción y promulgación de la ley, fue, por así decirlo, un partido que se jugó de local, con hinchada propia y árbitro elegido a dedo árbitro neutral. Ignoro el resultado, pero seguro no será igual.
Está claro que el Congreso puede legislar, pero no puede desnaturalizar la Constitución. Ese poder no es absoluto.
Por eso nuestros Tribunales han dicho que el legislador puede regular el trabajo, pero no puede vaciar de contenido la protección laboral. No se trata deninguna “casta Judicial”, sino de lo que se trata es de la primacía de la realidad frente a la ficción.
Cada vez que el legislador utiliza como técnica cambiar el nombre jurídico para evitar la protección jurídica, los Tribunales aplican la primacía de la realidad.
Es decir, si hay subordinación, hay relación laboral, aunque la ley o el contrato intenten llamarla de otra forma.
El legislador puede crear regímenes especiales, puede modificar reglas, puede incluso reducir protecciones. Sin embargo, los jueces —y eventualmente la Corte— deben decidir si esa redefinición legislativa es una regulación legítima o una forma de eludir la protección constitucional del trabajo. Y qué posibilita ello. Nada más y nada menos que la “industria del juicio” que también se pensó en evitar.
La gran estrategia histórica para eludir el derecho del trabajo: cambiar el nombre del trabajador.
Cuando pedís un viaje en Uber, no estás contratando con el conductor. Vos abrís la aplicación, pedís el viaje, aceptas el precio, pagas a la plataforma. Ella fija las
condiciones del servicio, determina el precio o su algoritmo, selecciona al conductor, procesa el pago, administra la reputación y puede desactivar al conductor. Dicho de otro modo, desde el punto de vista económico y funcional, la plataforma organiza el servicio de transporte. El conductor aparece como la persona que ejecuta materialmente la prestación.
Ese conductor presta un servicio personal con todos los rasgos muy característicos del trabajo dependiente: es personal, es insustituible (no puede mandar a otro conductor en su lugar), está organizada por un tercero (la plataforma) y está sujeta a reglas de funcionamiento. Incluso existe un mecanismo disciplinario indirecto de calificaciones, algoritmos y posibilidad de desconexión o bloqueo.
Sin embargo, la ley o las plataformas lo llaman “independiente”. Aquí aparece la ficción jurídica. Las plataformas sostienen que no son empresas de transporte y solo intermedian. Los conductores son “socios independientes” o “prestadores autónomos”. Ellos carecen de salarios mínimos, aportes sociales, vacaciones, indemnización por despido, responsabilidad laboral, etc.
Lo mismo ha ocurrido con falsos autónomos, monotributistas dependientes, contratistas independientes, cooperativas ficticias, etc. Todos esos casos responden a la misma lógica jurídica: cambiar la forma para evitar la protección. Es una estrategia histórica del sistema productivo frente al derecho del trabajo.
El mecanismo es siempre el mismo: no se discute la protección laboral; se redefine al trabajador. Y en todos estos casos ocurre lo mismo: la relación económica es laboral, pero el ropaje jurídico intenta ocultarlo.
Por eso el derecho del trabajo desarrolló uno de sus principios más importantes: la primacía de la realidad. No importa cómo se llame el contrato, ni qué forma jurídica se utilice. Si en los hechos existe subordinación, integración a la organización productiva y dependencia económica, entonces estamos frente a trabajo.
Nuestra sociedad siempre extrañó la esclavitud. De hecho, fue una de las instituciones que se mantuvo desde que el hombre vive en sociedad -más de 30 siglos-. Su decadencia no se debió a su “inutilidad” sino a nuestra vergüenza. La de esclavizar a otro ser humano. Precisamente por eso, creamos la ficción del contrato de trabajo.
Sin embargo, la modernidad y la revolución tecnológica nos da revancha. En efecto, la robótica y la I.A. nos brinda la posibilidad de recrear el sueño perdido: un nuevo esclavo sin culpa moral: el robot dotado de inteligencia artificial.
Hace lo mismo que los viejos esclavos, pero mejor. Sus movimientos se perfeccionan día a día, pero su inteligencia es exponencialmente más poderosa. Ahora pueden ser médicos, ingenieros, abogados, poetas, maestros y además pueden trabajar en una fábrica o en nuestros hogares o incluso hacer las compras, cuidar a nuestros hijos o a nuestros adultos mayores. Incluso algunos hasta exploran nuestra satisfacción sexual.
La pregunta que flota, todos la imaginarán. Qué haremos con la ficción de la relación laboral, frente a una esclavitud tan perfecta, que solo consume energía eléctrica?
La humanidad tardó más de tres mil años en admitir que la esclavitud era una vergüenza. Cuando finalmente la abolimos, no eliminamos la subordinación.
Simplemente la disfrazamos de contrato. Así nació el trabajador.
El derecho del trabajo fue el intento de civilizar esa ficción. Pero hoy el proceso parece invertirse en contra de nosotros mismos.
Primero expulsamos trabajadores del derecho laboral cambiándoles el nombre. Después descubrimos que ni siquiera necesitamos trabajadores. La robótica y la inteligencia artificial nos devuelven el sueño más antiguo del poder: un esclavo que no sea humano. Uno que trabaje sin descanso. Sin salario. Sin derechos. Sin conflictos. Un esclavo perfecto.
Tal vez por eso el verdadero título de esta historia no sea “modernización laboral”. Tal vez sea algo mucho más simple y honesto: el largo camino de la humanidad para volver, finalmente, a la esclavitud… pero esta vez sin esclavos humanos.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
(Autor del libro La Reforma laboral que no fue, que se puede descargar en este portal)