Sep 20, 2026 | Actualidad, Columnas, Política
Un análisis profundo sobre el modelo económico del Gobierno, que contrasta el orden fiscal con el deterioro del empleo, la informalidad y la vida cotidiana de los argentinos.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, domingo 27 septiembre (PR/26) — El equilibrio fiscal puede ordenar las cuentas públicas. Lo que no puede hacer, por sí solo, es crear trabajo, formalizar a quienes están afuera ni reconstruir una sociedad que empieza a vivir peor.
Hay una pregunta que el Gobierno evita porque no cabe en una planilla de Excel: ¿de qué sirve ordenar las cuentas del Estado si, al mismo tiempo, se desordena la vida de millones de argentinos?
La respuesta oficial es conocida. Primero el equilibrio fiscal. Después la estabilidad. Luego la inversión. Finalmente, algún día, el trabajo. Es una especie de vía crucis económico en el que siempre se le pide sacrificio al mismo creyente y la resurrección queda para el próximo trimestre.
Pero los últimos datos ya no permiten describir lo que sucede como una transición incómoda hacia un futuro luminoso. La economía puede mostrar variables financieras más ordenadas y, al mismo tiempo, ofrecer menos trabajo protegido, más informalidad y una red social cada vez más discrecional. Ésa es la verdad del modelo: el Excel mejora mientras la vida se precariza.
1. El empleo que crece hacia abajo
En el segundo trimestre de 2026, la desocupación llegó al 7,9%, el registro más alto de la gestión de Javier Milei. En el Gran Rosario alcanzó el 11,5%; en el Gran Córdoba, el 10,5%; Mar del Plata llegó al 9,9%; Bahía Blanca al 9,7%, y Comodoro Rivadavia al 9,2%.
No es toda la Argentina la que tiene desempleo de dos dígitos. Conviene decirlo con precisión. El promedio nacional todavía está lejos del 18,4% que el Menemismo alcanzó en mayo de 1995. Pero cuando Rosario y Córdoba dejan de ser motores de empleo para transformarse en los principales centros de desocupación, no estamos frente a una curiosidad estadística. Estamos frente a una advertencia nacional.
El deterioro se explica, en parte, porque cada vez más personas necesitan trabajar y salen a buscar una ocupación que la economía no genera en la misma proporción. La actividad aumentó más que el empleo. Detrás de esa diferencia hay escenas familiares concretas: una esposa que empieza a buscar trabajo porque el sueldo del marido ya no alcanza; un jubilado que vuelve a hacer changas; un joven que acepta repartir durante doce horas; un trabajador que busca una segunda ocupación para pagar la tarjeta.
Por eso pueden crecer al mismo tiempo la cantidad de ocupados y la cantidad de desocupados. No es el milagro del mercado. Es la desesperación de los hogares.
El dato más grave, sin embargo, no es solamente cuántas personas no encuentran empleo. Es qué clase de empleo consiguen quienes todavía logran trabajar. La informalidad alcanzó al 45% de los ocupados: alrededor de 6,1 millones de personas solamente en los 31 aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. La formalidad quedó en el 54,9%.
Dicho de otra manera: por cada cien trabajadores formales ya existen aproximadamente ochenta y dos informales. No porque la periferia laboral se haya incorporado al sistema, sino porque el sistema formal retrocede hacia la periferia.
Además, la informalidad ya no puede presentarse como una suma de actividades independientes o pequeños emprendimientos. Casi seis de cada diez informales son asalariados que trabajan para un empleador, pero lo hacen sin registración. El resto incluye una proporción creciente de cuentapropistas, muchas veces de baja calificación, escasa productividad y peores ingresos.
Casi el 17% de quienes tienen una ocupación busca otra. La subocupación ronda el 11,5%. Tener trabajo dejó de ser la frontera entre la integración y la pobreza. Ahora también hay que preguntar cuántas horas se trabajan, cuánto se cobra y qué derecho acompaña ese ingreso.
2. La quimera de la reforma laboral
Frente a este cuadro, el Gobierno ofreció una respuesta casi exclusivamente jurídica. Desde la reforma incluida en la Ley Bases hasta la nueva Ley de Modernización Laboral, presentó cada flexibilización como la llave que abriría las puertas del empleo formal. Menos multas, períodos de prueba más extensos, nuevas modalidades de contratación, menores responsabilidades y una registración supuestamente más sencilla.
Se nos explicó que, una vez liberado del miedo al juicio laboral, el empresario correría a contratar trabajadores. Como advertí entonces, la promesa confundía el costo de contratar con la razón por la cual se contrata.
Es cierto que la reforma más reciente todavía tiene poco tiempo de vigencia y sería intelectualmente deshonesto atribuirle por sí sola todo el deterioro laboral. Pero también es cierto que el proceso de flexibilización comenzó antes y que la dirección prometida no apareció. La informalidad no retrocedió. Avanzó. El empleo formal no desplazó al trabajo en negro. Quedó cada vez más cerca de ser alcanzado por él.
La razón es sencilla y, quizá por eso, insoportable para quienes creen que la economía puede gobernarse con un manual de consignas: nadie incorpora a un trabajador que no necesita. Y mucho menos lo registra si su empresa vende menos, trabaja por debajo de su capacidad, enfrenta tarifas crecientes, crédito escaso y un mercado interno debilitado.
Las reglas laborales importan. La litigiosidad, la carga tributaria, la burocracia y la incertidumbre también. Pero actúan después de que existe la decisión económica de contratar. Primero debe haber producción, inversión, ventas y demanda. Recién entonces el empresario evalúa en qué condiciones incorpora personal. El Gobierno quiso invertir el orden de los factores y descubrió que, en la economía real, el producto sí se altera.
Mientras tanto, el trabajador informal paga la cuenta. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET calculó que, comparando personas con igual edad, educación, sexo y región, dentro de la misma actividad y en empresas de tamaño semejante, la penalidad salarial de la informalidad rondaba el 38%. Donde un trabajador formal percibía cien, uno informal recibía apenas sesenta y dos.
Y no se trata solamente del salario. El informal no tiene aportes jubilatorios derivados de su empleo, obra social vinculada a la relación ni protección efectiva frente al despido, el accidente o la enfermedad. En demasiados casos, el aguinaldo, las vacaciones y la licencia dejan de ser derechos para convertirse en favores sujetos al humor o a la capacidad económica de quien contrata.
Una reforma laboral puede simplificar procedimientos, reducir costos y redistribuir riesgos entre empresarios y trabajadores. Lo que no puede hacer es fabricar clientes, reactivar una fábrica, financiar una pyme o reemplazar una política productiva. Para crear empleo hace falta que alguien necesite producir más. Todo lo demás es arquitectura jurídica alrededor de una silla vacía.
3. El espejo de los años noventa
El Menemismo ya había ensayado una ilusión semejante. Durante los años noventa se sucedieron reformas destinadas a flexibilizar la contratación y reducir costos laborales. La convertibilidad frenó la inflación, abrió la economía y llenó las vidrieras de productos importados. Durante un tiempo pareció suficiente.
Después aparecieron las fábricas cerradas, las privatizaciones sin reconstrucción productiva, los pueblos ferroviarios abandonados y la desocupación masiva. En mayo de 1995 el desempleo alcanzó el 18,4%, y continuó en niveles extraordinariamente altos durante el resto de la década.
Esa cifra no demuestra por sí sola que la flexibilización haya causado el desempleo. Pero destruye la ingenuidad de sostener que quitar derechos crea automáticamente puestos de trabajo. La legislación puede facilitar o dificultar una contratación que la economía necesita. No puede inventar esa necesidad.
Milei no es Menem y la Argentina de 2026 no es la de 1995. Tampoco la desocupación nacional actual tiene aquella magnitud. Pero los modelos no necesitan ser idénticos para compartir una lógica: presentar el ajuste como una operación técnica inevitable, convertir la apertura y el equilibrio en fines y no en instrumentos, señalar el costo laboral como obstáculo y prometer que la prosperidad llegará después de que la sociedad soporte el tratamiento.
El problema es que el paciente ya empezó a perder órganos.
4. El presupuesto que confiesa el modelo
La Argentina conoce demasiado bien los desastres provocados por el déficit, la emisión sin respaldo, el endeudamiento irresponsable y la utilización del presupuesto como una ficción destinada a financiar aventuras electorales. Sería absurdo negar la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Но existe una diferencia enorme entre equilibrar el Estado y convertir el equilibrio en una religión pagana, con sus dogmas, sus sacerdotes y, especialmente, sus sacrificios humanos.
El Gobierno acaba de enviar al Congreso el Presupuesto 2027. No es simplemente una estimación de recursos y gastos. Es el último presupuesto completo antes de las elecciones presidenciales y, por lo tanto, la primera plataforma electoral de Javier Milei para intentar su reelección.
Allí está escrito no sólo el programa económico del próximo año. También está expresada una idea de país. Quién importa, quién sobra, quién merece protección y quién puede ser abandonado en nombre de la estabilidad.
El Presupuesto 2027 no es una colección inocente de números. Es la confesión escrita del modelo. Allí se descubre quién importa, quién puede esperar y quién debe pagar.
El Gobierno proyecta crecimiento del 4%, inflación del 18%, salarios aumentando por encima de los precios y un nuevo superávit financiero. Si esas previsiones se cumplen, habrá una mejora macroeconómica indudable. Negarlo sería reemplazar el análisis por la militancia.
Pero un presupuesto no se juzga solamente por lo que promete para mañana. También se juzga desde qué piso parte, qué pérdidas consolida y qué protecciones vuelve discrecionales. Una recuperación porcentual puede lucir importante en una planilla y seguir siendo insuficiente después de tres años de motosierra.
El proyecto original asignó $7,349 billones a las universidades nacionales, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional estimó necesidades cercanas a $11 billones. La diferencia ronda los $3,65 billones. El Gobierno ya admitió que revisará la partida durante la negociación parlamentaria. La concesión no desmiente el problema: lo confirma.
Se podrá discutir la eficiencia universitaria, sus controles, la duración de las carreras y los defectos de algunas administraciones. Todo debe auditarse. Pero una auditoría procura mejorar una institución. El desfinanciamiento busca disciplinarla o reducirla.
Existe, además, una contradicción productiva. Se acusa a la universidad pública de ser un gasto improductivo justo cuando el mercado laboral expulsa jóvenes y premia empleos de baja calificación. ¿Qué futuro imagina un país que abarata el trabajo y encarece el conocimiento? Argentina necesita más técnicos, ingenieros, médicos, científicos y docentes, no una juventud obligada a elegir entre una plataforma y la emigración.
La misma lógica aparece en la Asignación Universal por Hijo. El proyecto pretende eliminar su fórmula de actualización automática sin establecer otra equivalente. Cuando la informalidad alcanza al 45%, cuando más familias dependen de una prestación destinada precisamente a trabajadores informales y desocupados, el Estado se reserva la facultad de decidir cuánto actualizar y cuándo hacerlo.
Es una paradoja demasiado perfecta para ser casual: el modelo produce más informalidad y, al mismo tiempo, debilita la protección destinada a quienes viven en ella.
Con los jubilados ocurre algo parecido. Los haberes se actualizan, pero el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. En la Argentina, congelar no significa conservar. Significa licuar. Cada mes el Gobierno puede anunciar que el bono continúa existiendo mientras compra menos medicamentos, menos alimentos y menos días de tranquilidad.
En discapacidad, el texto original pretendió reemplazar el valor universal del nomenclador por un sistema en el que cada financiador pudiera fijar sus valores sobre la base de un piso. La propuesta quedó bajo revisión después de provocar rechazo social y resistencia dentro de los propios bloques aliados. Otra vez, el Gobierno retrocede no porque haya advertido espontáneamente el daño, sino porque descubrió su costo político.
Según los análisis presupuestarios disponibles, incluso con algunas mejoras nominales, el gasto educativo proyectado continúa alrededor de un 44% por debajo de 2023; discapacidad, cerca de un 24%; e infraestructura y vivienda, más de un 70%. Un pequeño aumento sobre un piso demolido no reconstruye lo amputado.
La motosierra no corta en todas las direcciones. Tiene GPS.
No estamos discutiendo si el Estado debe gastar sin límites. Estamos preguntando por qué el límite siempre aparece antes frente al débil y después frente al poderoso. Por qué el equilibrio fiscal necesita ajustar a quien cobra una AUH, pero rara vez se anima a revisar integralmente los beneficios tributarios, los regímenes promocionales, las exenciones sectoriales o los privilegios económicos acumulados durante décadas.
Para algunos hay mercado. Para otros, sacrificio.
Y después se pretende que ambos voten con el mismo entusiasmo.
El superávit nacional y el déficit provincial
El presupuesto también confirma otra constante del modelo: una parte sustancial del equilibrio nacional se construye trasladando el desequilibrio hacia las provincias.
La Nación recauda, retiene y ajusta. Las provincias deben mantener hospitales, escuelas, rutas y servicios públicos. Cuando faltan los recursos, el gobernador debe aumentar impuestos, endeudarse, paralizar obras o enfrentar el conflicto social.
Después, desde Buenos Aires, se anuncia que el Estado nacional alcanzó el superávit. Es una contabilidad creativa: el déficit no desaparece, simplemente cambia de domicilio.
Esto resulta particularmente grave para las provincias patagónicas. Las distancias son mayores, el clima encarece cualquier obra, la infraestructura resulta indispensable y las economías regionales necesitan rutas, conectividad, energía y servicios básicos. Gobernar Santa Cruz, Chubut, Río Negro o Tierra del Fuego no cuesta lo mismo que administrar veinte cuadras alrededor del Obelisco.
Pero el Excel libertario desconoce la geografía. Para la planilla, un kilómetro es siempre un kilómetro. Para quien vive en el interior profundo, puede ser la distancia entre recibir atención médica o quedar abandonado.
Ese centralismo fiscal está destruyendo el vínculo con los gobernadores que ayudaron al Gobierno a aprobar sus principales leyes. Gobernadores que acompañaron reformas, prestaron legisladores, garantizaron quórum y aceptaron costos políticos en sus provincias. Ahora descubren algo que muchos sospechaban: para la Casa Rosada, el diálogo no es una construcción política. Es un sistema de alquiler de votos.
Gustavo Sáenz fue uno de los primeros en marcar distancia. Después de reunirse con funcionarios nacionales denunció falta de reciprocidad y deslealtad. No es un gesto menor. Salta había sido una de las provincias que ofrecieron cooperación parlamentaria al oficialismo.
El problema para Milei es que Sáenz puede ser el primero, pero difícilmente sea el último. En un año electoral, ningún gobernador quiere aparecer explicando por qué votó un presupuesto que desfinancia a su provincia, congela obras y recorta prestaciones sociales. Mucho menos cuando el Gobierno nacional pretende competirle territorialmente con candidatos propios.
La alianza era tolerable mientras sus beneficios resultaban recíprocos. Cuando la Nación exige obediencia y, al mismo tiempo, abandona a las provincias, deja de existir una coalición. Queda apenas un sistema de sometimiento.
Patricia cortó los hilos
La crisis adquirió otra dimensión cuando Patricia Bullrich reconoció que los votos no están para eliminar las PASO y dejó trascender su sorpresa frente a modificaciones sensibles del presupuesto, particularmente en discapacidad, que no habría sido discutidas en la mesa política.
El dato es explosivo.
Bullrich fue ministra de Seguridad, candidata presidencial, aliada decisiva de Milei en 2023 y luego jefa del oficialismo en el Senado. Puso su capital político, su partido y una porción importante de su electorado al servicio del proyecto libertario.
Ahora descubre que la enviaban a buscar consensos sobre decisiones que ella misma no conocía.
La figura utilizada fue brutal: sentirse un títere.
Todo títere supone la existencia de un titiritero. Y todo titiritero cree que puede mover los hilos sin que el muñeco descubra quién maneja sus brazos. Durante mucho tiempo, Bullrich aceptó representar el papel que le habían asignado. Defendió decisiones incómodas, contuvo aliados y justificó contradicciones. Pero una cosa es acompañar un Gobierno y otra muy distinta prestar el cuerpo para que otro haga política desde las sombras.
Su advertencia respecto de las PASO tiene además una consecuencia inesperada. El Gobierno pretende eliminarlas porque necesita impedir cualquier competencia interna que cuestione la candidatura presidencial de Milei y el control político de Karina Milei.
La apertura de las colectoras permitiría, a su vez, concentrar detrás del Presidente diferentes ofertas provinciales, aunque esas mismas fuerzas compitan entre sí en cada distrito. Es decir: unidad obligatoria arriba y fragmentación conveniente abajo.
Una ingeniería electoral hecha a medida. Pero si la reforma fracasa y las PASO permanecen vigentes, podría abrirse una puerta que hoy parece improbable, aunque ya no imposible: que alguien decida disputar desde adentro la candidatura presidencial de 2027.
Patricia Bullrich conoce ese camino. Ya compitió en una primaria presidencial, derrotó a Horacio Rodríguez Larreta y obtuvo casi una cuarta parte de los votos en la elección general de 2023.
¿Se animaría a enfrentar a Milei?
Hoy no existe una candidatura lanzada. No obstante, la sola aparición de esa hipótesis revela cuánto cambió el clima dentro del oficialismo. Hace algunos meses parecía imposible imaginar una competencia interna. Ahora comienza a discutirse quién podría encabezarla.
Las PASO que el Gobierno quiere eliminar podrían convertirse en el instrumento para discutir el liderazgo del propio Presidente. La reforma electoral dejó entonces de ser una cuestión institucional. Se transformó en un mecanismo de supervivencia familiar.
5. Cuando el equilibrio desequilibra la vida
Éste es el corazón del debate. El equilibrio fiscal es una condición necesaria. No es una política de desarrollo. Una familia tampoco vive de tener la libreta ordenada si nadie consigue trabajo, los hijos abandonan sus estudios, el abuelo no compra los remedios y la persona con discapacidad pierde al prestador.
La inflación más baja es una conquista valiosa. Negarlo sería una necedad. Pero utilizar esa conquista como permiso para tolerar desempleo, informalidad, degradación salarial y abandono social sería otra necedad, todavía más peligrosa.
La estabilidad sólo puede transformarse en progreso si se combina con producción, crédito para las pymes, infraestructura, educación, ciencia, federalismo y un mercado interno capaz de comprar aquello que las empresas producen. Sin esas condiciones, la reforma laboral no crea empleo: apenas administra la precariedad.
Un gobierno puede equilibrar el Tesoro y desequilibrar la Nación. Puede bajar la inflación y aumentar la incertidumbre. Puede mejorar una planilla y empeorar millones de biografías. Puede incluso ganar tiempo electoral exhibiendo el orden de las variables mientras debajo se desordena todo aquello que no cotiza en los mercados: el trabajo, la educación, la vejez y la dignidad.
El problema del equilibrio fiscal nunca fue el equilibrio fiscal. El problema siempre fue quién paga la cuenta.
La verdadera pregunta no es si el modelo cierra. Claro que cierra. Cierran fábricas, cierran oportunidades, cierra el acceso al conocimiento, cierra la puerta del empleo formal y cierra el futuro de quienes sólo pueden ofrecer su trabajo.
El problema es que, cuando un modelo cierra de esa manera, lo que termina cerrando es el país.
Por Sergio Mammarelli
Primicias Rurales
Sep 6, 2026 | Actualidad, Columnas, Malvinas
Trump, Milei, Londres y Washington volvieron a poner a las Malvinas en el centro de una disputa geopolítica mayor. La oportunidad argentina es enorme, pero también el riesgo de que las islas simplemente cambien de dueño.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, miércoles 9 septiembre (PR/26) — La Argentina tiene un reclamo sobre Malvinas. No tiene una política. Hace algunas semanas, después de aquella bandera de “Las Malvinas son argentinas” que terminó desplegada por la Selección casi por accidente, escribí una frase de la que estaba bastante convencido:
La Argentina tiene un reclamo sobre Malvinas. No tiene una política.
Después de la cadena nacional de Javier Milei, y sobre todo después de conocer lo ocurrido en Washington durante los meses anteriores, debo ponerle por lo menos un signo de interrogación.
No porque las Malvinas estén hoy más cerca de ser argentinas. No porque Donald Trump se haya convertido repentinamente en un estudioso de nuestros títulos históricos. Mucho menos porque Estados Unidos haya reconocido nuestra soberanía.
Nada de eso ocurrió. Pero ocurrió algo.
Y en política internacional, cuando durante cuarenta y cuatro años prácticamente no ocurre nada, que ocurra algo ya merece nuestra atención.
Lo primero que debemos reconocer es que ese algo no nació en Buenos Aires. Nació en Washington.
El mérito de Javier Milei fue verlo, entenderlo y decidir subirse a una oportunidad que no había creado.
La pregunta es si estamos frente a una jugada electoral brillante, al comienzo de un giro diplomático real o, quizás, frente a las dos cosas.
Y existe una tercera posibilidad bastante más inquietante: que Malvinas haya dejado de ser solamente una discusión entre Argentina y Gran Bretaña y esté empezando a convertirse en una pieza de una estrategia norteamericana mucho mayor.
Trump no improvisó Malvinas
Hasta hace pocos días podía suponerse que Donald Trump había utilizado Malvinas como una ocurrencia para castigar verbalmente a Londres.
Ahora sabemos que la historia empezó antes. En abril, Reuters reveló la existencia de un correo interno del Pentágono en el que se evaluaban posibles represalias contra aliados de la OTAN que, según Washington, no habían acompañado suficientemente a Estados Unidos durante la guerra con Irán.
Entre esas opciones aparecía algo extraordinario: revisar la posición norteamericana sobre el reclamo británico en las Falklands/Malvinas.
Es decir, Malvinas ya estaba en una mesa de análisis de la administración Trump meses antes de convertirse en una declaración presidencial.
Eso cambia bastante las cosas. No demuestra que Estados Unidos haya decidido apoyar la soberanía argentina. Tampoco prueba la existencia de un plan acabado para desplazar al Reino Unido del Atlántico Sur. Pero sí demuestra que la cuestión dejó de ser invisible para Washington.
Trump no inventó la posibilidad frente a un micrófono. La posibilidad ya circulaba dentro de su aparato de defensa. Y esta semana la hizo pública.
Por eso la grieta es más seria de lo que parecía, aunque todavía siga siendo apenas una grieta.
Trump no se hizo argentino
Conviene evitar nuestra tradicional tentación de enamorarnos de nosotros mismos.
Trump no descubrió que Argentina tiene razón. Descubrió que Malvinas podía servirle.
Estados Unidos está disgustado con Gran Bretaña y con una Europa a la que considera cada vez menos dispuesta a acompañarlo cuando Washington exige algo más que declaraciones. La guerra con Irán dejó expuesta esa diferencia.
Estados Unidos pidió compromiso. Europa pidió prudencia. Washington quería aliados dispuestos a pagar costos. Encontró muchos espectadores.
Cuando Trump fue interrogado sobre qué haría Estados Unidos ante una futura controversia por Malvinas, no garantizó automáticamente el respaldo a Gran Bretaña y confirmó que la posición norteamericana estaba siendo revisada.
Eso es mucho y es poco al mismo tiempo. Es poco porque Washington no reconoció nuestra soberanía. Es mucho porque durante cuarenta y cuatro años el principal activo estratégico británico en el Atlántico Sur no estuvo solamente en las islas. Estuvo en Washington.
No cambió todavía la política norteamericana. Pero apareció incertidumbre. Y en geopolítica la incertidumbre también cotiza.
El nuevo sheriff y la vieja Europa
Hay además una sintonía ideológica que no deberíamos ignorar.
Cuando Milei describe al Reino Unido como una potencia en decadencia no está utilizando solamente un argumento argentino contra el ocupante de Malvinas. Está hablando el mismo idioma político con el que la administración Trump viene describiendo a Europa.
En febrero de 2025, el vicepresidente J. D. Vance llegó a la Conferencia de Seguridad de Múnich y, delante de los propios dirigentes europeos, cuestionó sus democracias, sus políticas migratorias, su concepción de la libertad de expresión y su capacidad para hacerse cargo de su propia defensa.
Y resumió el cambio de época con una frase de western: “En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad”. No fue una ocurrencia simpática. Fue un aviso.
Estados Unidos ya no consideraba que la arquitectura transatlántica construida después de 1945 implicara obligaciones automáticas e ilimitadas. Europa debía pagar más por su defensa. Debía acompañar. Debía demostrar utilidad estratégica.
La guerra con Irán convirtió aquella advertencia en una factura. Y, de una manera que pocos hubiéramos imaginado, Malvinas terminó dentro de ella.
Milei comparte esa lectura. Su caracterización de un Reino Unido viejo y declinante frente a una Argentina que pretende convertirse en socio privilegiado del nuevo poder norteamericano no es solamente retórica malvinera. Es una toma de partido.
Milei eligió de qué lado del Atlántico quiere pararse.
¿El Escudo de las Américas también llega al Atlántico Sur?
Y aquí aparece una segunda pieza. En marzo de este año Trump reunió en Miami la primera cumbre del llamado Shield of the Americas, el Escudo de las Américas.
Argentina estuvo allí. Chile también.
El documento argentino sobre aquella reunión habló de una coalición destinada, entre otras cosas, a frenar la “interferencia extranjera en nuestro hemisferio”.
No estamos todavía frente a una OTAN americana. No existe, por lo menos públicamente, un equivalente del artículo 5, una obligación automática de defensa colectiva ni un comando militar integrado que permita afirmarlo.
Pero sí parece estar naciendo una arquitectura política y estratégica hemisférica.
Y si Washington vuelve a mirar al continente con la vieja lógica de las áreas de influencia, Argentina y Chile dejan de ser países periféricos. Son los dos países que abrazan el extremo austral de América. Entre ambos está el paso hacia la Antártida.
Del lado argentino está el Atlántico Sur. Y enfrente están las Malvinas.
Entonces las piezas empiezan a conectarse: Trump. La ruptura con parte de Europa. El enojo con Londres. El Pentágono. El Escudo de las Américas. Argentina. Chile. China. La Antártida. Las rutas marítimas. Y Malvinas.
No afirmo que exista un plan secreto que una automáticamente todos esos puntos. Sería periodísticamente irresponsable.
Digo algo distinto: los acontecimientos empiezan a mostrar una coherencia estratégica que sería igualmente irresponsable ignorar.
Milei vio la ventana
Tengo profundas diferencias con Javier Milei. Las escribo todas las semanas. Precisamente por eso no voy a negarle un acierto cuando lo tiene.
Milei vio la ventana. Y actuó.
Anunció medidas contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas, endureció el discurso frente al desarrollo de Sea Lion, prometió acelerar la Base Naval Integrada de Ushuaia y presentó todo aquello como el comienzo de una política más agresiva de defensa de nuestros intereses en el Atlántico Sur.
Una cosa es decir “Las Malvinas son argentinas”. Otra muy diferente es preguntarse: ¿Qué podemos hacer para que mantener la situación actual sea más caro?
La primera es una declaración. La segunda empieza a parecerse a una política.
La paradoja: Milei descubre a Cristina
Pero aquí aparece una deliciosa paradoja argentina. Buena parte de lo que Milei presentó como endurecimiento no nació con Milei.
El decreto publicado después de su discurso se apoya expresamente en la Ley 26.659, sancionada durante el kirchnerismo, y en el régimen que fue construido durante aquellos años para perseguir administrativamente la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina.
El nuevo decreto designa a Cancillería como autoridad de aplicación, obliga a los organismos nacionales a informar posibles infracciones y establece procedimientos y plazos más rápidos para investigar y sancionar.
Es decir: Milei no destruyó la política anterior. La desempolvó, la aceleró y decidió utilizarla.
No lo digo como crítica. Todo lo contrario. Quizás estemos viendo, por una vez, aquello que tantas veces reclamamos y casi nunca hacemos: una política de Estado.
El presidente que construyó buena parte de su identidad política prometiendo terminar para siempre con el kirchnerismo terminó descubriendo que, para enfrentar a Gran Bretaña, algunas herramientas creadas durante los gobiernos kirchneristas podían ser útiles.
La grieta tiene estas ironías. Y quizás la madurez consista precisamente en eso: que un gobierno sea capaz de utilizar una buena herramienta
creada por el adversario sin sentir que por hacerlo se convierte en el adversario.
El petróleo cambió todo
El verdadero reloj no está corriendo en Washington. Está debajo del Atlántico. Sea Lion. Pesca, hidrocarburos, posición estratégica, proyección antártica.
Las Malvinas dejaron hace tiempo de ser una simple reliquia colonial. Son un activo.
Reuters informa que Sea Lion contiene recursos estimados en alrededor de 1.700 millones de barriles y que sus operadores, pese a las nuevas medidas argentinas, sostienen por ahora que el cronograma del proyecto no cambia.
Ese último dato es importante. Nos obliga a medir la eficacia real y no la eficacia discursiva.
Las sanciones argentinas pueden aumentar el riesgo jurídico, financiero, asegurador y comercial para quienes participen. Pero no han detenido el proyecto. Todavía.
Por eso Argentina no debería limitarse a sancionar a quien perfora. Tiene que conseguir que financistas, aseguradoras, proveedores, transportistas, inversores y eventualmente compradores tengan que calcular cuánto cuesta participar de una explotación que nuestro país considera ilegal.
Eso sería transformar soberanía en política económica.
Y también nos obliga a aceptar una realidad incómoda: cada barril que salga de allí no será solamente petróleo. Será tiempo comprado por los británicos. Y tiempo perdido por nosotros.
La base que todavía no existe
La Base Naval Integrada de Ushuaia merece un análisis bastante menos romántico.
En términos estratégicos tiene sentido. Si Argentina se define como país bicontinental, pretende proyectarse sobre la Antártida y reclama un papel central en el Atlántico Sur, resulta absurdo que Malvinas sea solamente una carpeta de Cancillería.
Necesitamos presencia marítima, logística, científica, pesquera, antártica, naval y comercial. Hasta allí, ninguna objeción.
El problema empieza cuando abandonamos el PowerPoint y preguntamos cuánto cuesta. Una base naval no se construye con soberanía declamada. Se construye con dinero. Y el Estado argentino atraviesa una restricción fiscal severa.
La recaudación de agosto creció 33,5% nominal interanual, pero algunos componentes directamente vinculados con consumo, actividad y empleo mostraron una dinámica bastante menos exuberante frente a la inflación.
Al mismo tiempo, el Gobierno continúa haciendo del equilibrio fiscal el centro de toda su política económica.
Entonces la pregunta no es si una base naval en Ushuaia sería conveniente. La pregunta es si existe presupuesto, cronograma, financiamiento, capacidad militar concreta y decisión de sostener durante años una obra multimillonaria.
Hasta que esas respuestas aparezcan, la base tiene algo de bengala. Se dispara. Ilumina todo el cielo. Produce una imagen extraordinaria.
El problema es descubrir qué queda cuando se apaga.
El golpe electoral
Naturalmente que existe política electoral. Milei no descubrió Malvinas en un monasterio. Está haciendo política.
Y encontró probablemente uno de los pocos asuntos capaces de hablar simultáneamente con un libertario, un peronista, un radical, un militar, un excombatiente y alguien que no quiere saber absolutamente nada con ninguno de ellos.
Malvinas sigue siendo uno de los escasísimos lugares emocionales comunes de la Argentina. Utilizarlo electoralmente puede resultar cuestionable.
Pero existe una diferencia entre utilizar electoralmente una política correcta y fabricar una política incorrecta exclusivamente para ganar una elección.
La prueba será sencilla. Si después de la cadena nacional aparecen diplomáticos, abogados internacionales, economistas, Defensa, Cancillería, Tierra del Fuego, presupuesto, legislación y una estrategia de veinte años, había una política.
Si aparecen solamente encuestas, spots y discursos, había una elección.
El peligro de enamorarnos de Trump
Los argentinos ya cometimos una vez un error parecido. Fue en 1982.
La dictadura creyó que su relación con Washington, su anticomunismo y su colaboración con la estrategia norteamericana en América Latina impedirían que Estados Unidos terminara alineándose con Gran Bretaña.
Sabemos cómo terminó.
Por eso sería imperdonable repetir, aunque ahora sea diplomáticamente, aquella fantasía.
Estados Unidos no se convirtió en nuestro aliado contra Gran Bretaña. Washington está utilizando la cuestión Malvinas dentro de una discusión mucho más amplia con Londres y Europa.
La diferencia parece pequeña. Es gigantesca.
Pero existe una segunda verdad. Que Trump quiera utilizarnos no significa que nosotros no podamos utilizar la oportunidad que Trump abrió.
Bienvenidos a la política internacional adulta. Los países no tienen amigos eternos. Tienen intereses.
La oportunidad y el precio
La apuesta de Milei puede ser extraordinariamente inteligente. Insertar la reivindicación argentina dentro de una reorganización hemisférica liderada por Estados Unidos puede alterar una ecuación que durante cuatro décadas permaneció congelada.
Pero toda alianza con una gran potencia tiene una pregunta que generalmente los países pequeños olvidan formular:
¿Qué quiere a cambio?
Estados Unidos mira hacia el sur y no ve solamente una bandera argentina. Ve China. Ve la Antártida. Ve rutas marítimas. Ve minerales. Ve hidrocarburos. Ve comunicaciones. Ve bases. Ve un corredor estratégico que dentro de veinte años probablemente valga bastante más que hoy.
Y ve, además, un archipiélago administrado por una potencia europea en un hemisferio sobre el cual Washington vuelve a utilizar un lenguaje que creíamos archivado con la Doctrina Monroe.
Por eso la oportunidad es enorme. Y el riesgo también.
El verdadero problema somos nosotros
Gran Bretaña tiene una ventaja formidable sobre Argentina. No son solamente sus submarinos. No son sus aviones. Ni siquiera es la OTAN.
Es el tiempo.
Londres sabe esperar. Nosotros cambiamos de estrategia cada cuatro años.
Un gobierno seduce a los isleños. El siguiente los ignora. Uno busca Washington. Otro busca Beijing. Uno endurece. Otro negocia.
Y Gran Bretaña espera.
Por eso el verdadero éxito de Milei no consistirá en conseguir una declaración de Trump. Consistirá en algo muchísimo más difícil:
Que el próximo presidente argentino continúe una política útil iniciada por Milei aunque lo deteste, del mismo modo que Milei acaba de utilizar instrumentos legales creados por gobiernos a los que detesta.
Eso sí sería una revolución argentina. No ideológica. Institucional.
¿Y si las Malvinas cambian de dueño?
Existe finalmente una pregunta que me resulta bastante más incómoda que todas las anteriores.
Nada de esto hubiera ocurrido sin Donald Trump. No fue Milei quien abrió la grieta. Fue Washington.
Y ahora sabemos que tampoco fue solamente una ocurrencia presidencial.
Meses antes de que Trump pronunciara públicamente la palabra Malvinas, dentro del Pentágono ya se analizaba revisar la posición norteamericana como instrumento de presión sobre Gran Bretaña por su comportamiento durante la guerra con Irán.
Al mismo tiempo, Trump construye su Escudo de las Américas, una nueva arquitectura hemisférica en la que Argentina y Chile ocupan inevitablemente un lugar estratégico en el extremo austral del continente.
Entonces aparece una pregunta bastante menos simpática.
¿Qué está viendo Estados Unidos cuando mira las Malvinas?
¿Una injusticia colonial que finalmente decidió reparar?
Permítanme dudarlo. Probablemente esté mirando otra cosa. China. La Antártida. El Atlántico Sur. Las rutas marítimas. El petróleo. Los minerales.
Quizás Trump no esté descubriendo que las Malvinas son argentinas.
Quizás esté descubriendo que son americanas.
Y entre ambas afirmaciones existe un océano.
Por eso debemos aprovechar esta extraordinaria coincidencia de intereses. Sería absurdo no hacerlo. Pero jamás debemos confundir el interés norteamericano con el interés argentino.
Tal vez el problema no sea que Milei esté entregando Malvinas a Estados Unidos. Eso sería una simplificación absurda.
El problema es bastante más sofisticado: que para recuperarlas necesitemos de una potencia que acaba de descubrir cuánto valen.
Hace unas semanas preguntaba quién sostendría nuestra bandera si algún día Londres aceptaba negociar.
Después de estos días tengo otra pregunta. Muchísimo más incómoda.
Durante casi dos siglos reclamamos que las Malvinas dejaran de ser británicas. Tal vez por primera vez una potencia capaz de modificar ese equilibrio parece dispuesta a incomodar seriamente a Londres.
Magnífica noticia. Ahora asegurémonos de entender por qué.
Porque después de casi dos siglos sería una ironía demasiado cruel que finalmente consiguiéramos que las Malvinas dejaran de ser británicas…
para descubrir que solamente estaban cambiando de dueño.
Fuente:Sergio Marcelo Mammarelli
Primicias Rurales
Jul 28, 2026 | Actualidad, Malvinas, Opiniones
El reconocido y veterano periodista inglés de The Guardian, Simon Jenkins, escribió una nota diciendo que Las Malvinas no podrán estar en manos inglesas indefinidamente. Tocó una herida abierta que no se convirtió todavía en cicatriz. La diferencia entre una cosa y la otra explica por qué Malvinas no se resuelve, y por qué el obstáculo ya no está solamente en Londres.
Por Sergio Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut.
«La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur… La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.»
— Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, 1994
Buenos Aires, martes 28 julio (PR/26) — La bandera que nadie sostenía. La bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas» no bajó al campo de juego por decisión de un dirigente, ni por una operación de prensa, ni por un plan de la Cancillería.
Cayó.
Se soltó de una tribuna del estadio, la levantaron manos que no la habían llevado hasta ahí, y terminó desplegada frente a las cámaras del mundo por jugadores que dos minutos antes sólo pensaban en una final. Esa es la triste realidad de lo que verdaderamente pasó.
Aclarado esto, si uno quisiera resumir cuarenta y cuatro años de política argentina hacia el Atlántico Sur en una sola escena, no encontraría mejor paralelismo. Una convicción absolutamente sincera, absolutamente compartida, absolutamente conmovedora, que se despliega sola, por gravedad, sin que haya nadie encargado de sostenerla. Un sentimiento nacional sin dueño y sin estrategia.
Tres días después, el domingo, España nos ganó la final. Y seis días antes, el 13 de julio, el Reino Unido y la Unión Europea habían firmado el acuerdo que derriba la verja de Gibraltar. En una misma semana, España se llevó la copa y se llevó la frontera. Nosotros solo nos llevamos la bandera y el aplauso de la tribuna.
Con esta introducción, mi humilde opinión transita por una discusión sobre la diferencia entre tener razón y tener resultados.
En medio de todo ese ruido apareció Simon Jenkins en The Guardian. Un columnista británico de peso, con oficio y sin sospecha de simpatía peronista, escribiendo que las Falklands «no pueden seguir siendo británicas para siempre». El texto cayó en la Argentina como un milagro. Un inglés admitiendo algo que vale más que mil documentos propios.
Sin embargo, habría que leerlo con más cuidado. Jenkins es un buen periodista escribiendo un excelente artículo con tres argumentos que son impecables y están todos vencidos.
El primero es el costo: sesenta millones de libras al año le cuestan las islas al contribuyente británico. Es verdad, pero ese número, que en los setenta era el argumento decisivo del Tesoro para desprenderse del archipiélago, hoy compite contra otra columna del balance. La pesca —el calamar, sobre todo— explica el 63% del producto de las islas y el 92% de sus exportaciones.
Y a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, el proyecto Sea Lion pasó de promesa a decisión final de inversión, con Navitas Petroleum al frente y primer petróleo previsto para marzo de 2028.
Las Malvinas dejaron de ser un gasto imperial para convertirse en un activo. El argumento del costo no se refutó: se lo comió la contabilidad.
El segundo es la descolonización. Jenkins escribe recordando aquel momento en que Naciones Unidas empujaba a Europa a soltar los últimos restos del imperio, y Gran Bretaña ordenaba su retirada del Atlántico Sur. Isleños y la gente del continente se unían con lazos visibles e invisibles de intercambio con dos vuelos a Puerto Argentino desde Comodoro Rivadavia.
Sin embargo, el Protocolo de Madrid, que prohíbe la explotación minera en la Antártida, se vuelve revisable a partir de 2048. Faltan veintidós años. Un Estado que piensa en 2048 no discute descolonización en 2026.
Y el tercero es el «sentido común geográfico«: tarde o temprano, dice Jenkins, estas colonias se integrarán a sus continentes. Es una frase hermosa pero no mueve el amperímetro. La geografía no tiene sentido común y los Estados, jamás van a soltar nada de lo que otros van a querer.
Jenkins, en definitiva, no puso el dedo en una llaga. Lo puso en una cicatriz. Una llaga duele y obliga a actuar. Una cicatriz sólo recuerda que ahí hubo algo, hace mucho, y que el cuerpo siguió funcionando sin resolverlo. La respuesta de Downing Street lo confirmó con una brutalidad casi cómica: «Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas sin duda lo son». Contestaron con un chiste y se le contesta con un chiste a lo que no se considera un problema.}
El espejo de Gibraltar
Jenkins invoca Gibraltar como prueba de que estos nudos se desatan. Sin embargo, Gibraltar demuestra exactamente lo contrario de lo que se le hace decir.
¿Qué consiguió España después de décadas de negociación? Consiguió que se derribe la verja. Consiguió libre circulación de personas y mercancías, controles duales en el puerto y el aeropuerto, integración funcional plena. Y consiguió, sobre todo, mantener «intacta» su reclamación de soberanía. Intacta en este caso quiere decir guardada.
Quiere decir que España aceptó el mejor acuerdo práctico posible a cambio de estacionar indefinidamente el reclamo simbólico.
Pero hay además otra diferencia. Gibraltar se destrabó porque existió un tercero. El Brexit rompió un equilibrio y obligó a las partes a construir uno nuevo, con Bruselas empujando desde afuera.
Argentina y el Reino Unido no tienen Bruselas.
En cambio, en el C-24 reunido en Nueva York en junio pasado, en este 2026, con el canciller Pablo Quirno denunciando la militarización y la explotación unilateral de recursos, aprobó por consenso una nueva resolución que pide la reanudación del diálogo bilateral, en línea con la Resolución 2065 de 1965.
Dicho de otro modo, sesenta y un años después de aquella resolución fundante, la Argentina solo ganó por consenso una Resolución donde nadie está obligado a nada.
Mi primera conclusión presumo que no gustará a nadie. Si uno traduce ese modelo gibraltareño al Atlántico Sur —vuelos, comercio, cooperación pesquera, integración práctica, soberanía congelada— el resultado es que la política argentina ya lo declaró inaceptable.
El precedente que nadie cita
Si algo hay que mirar, no es Gibraltar. Es Chagos. En 2019 la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva —pedida por la Asamblea General de la ONU— declarando ilegal la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio. Seis años después, el Reino Unido firmó la transferencia de soberanía.
También es cierto que entregó la soberanía y se quedó con la base de Diego García bajo un arrendamiento de larga duración. Soberanía para uno, instalación militar para el otro.
Esa idea, ya se venía conversando con los isleños a fines de los setenta, soberanía argentina, administración británica, garantías de autonomía. Sin embargo, esa idea se hizo pedazos el 2 de abril de 1982, cuando una dictadura en decadencia mandó a morir a chicos de dieciocho años a una isla para estirar su propia agonía.
Reconocido periodista inglés publicó que «las Malvinas no pueden ser británicas para siempre» y desató la polémica en el Reino Unido
Fuera de todo esto, la enseñanza es que la vía existe, y es jurídica antes que diplomática. Si bien la opinión consultiva de la Corte no obliga, cambia el precio político de no negociar. Argentina nunca la intentó en serio.
Ahora la pregunta que importa sería la siguiente: ¿la política argentina firmaría eso? ¿Qué presidente sobrevive a la tapa del diario que dice «cedió la base»?
Un reclamo no es una política
Hay que decir algo sin eufemismos.
La Argentina tiene un reclamo, no tiene una política. Un reclamo es una posición jurídica que se repite. Una política es una secuencia de decisiones que producen efectos.
Nosotros tenemos lo primero en cantidades industriales y lo segundo casi en ninguna.
Tenemos un mandato constitucional que ordena recuperar los territorios respetando el modo de vida de sus habitantes por medios pacíficos, es decir, un mandato que ordena ganar una partida sin usar ninguna de las piezas que la ganan.
El gobierno de Javier Milei encarna esa contradicción. Es la administración más alineada con Washington y con Occidente de la historia democrática argentina, y esa alineación le dio algo que ningún gobierno anterior tuvo: un guiño de la Casa Blanca respaldando a la Argentina en la polémica de la bandera, después de que el Departamento de Estado ratificara en mayo su neutralidad formal.
Milei dice que las Malvinas son argentinas y que se recuperarán «en el plano diplomático». Lo que no dice, porque nadie lo dice, es con qué.
Cuando Quirno conversa con los kelpers, los excombatientes del CECIM le responden que está validando la estrategia británica de convertir a los isleños en sujetos de autodeterminación. Y tienen razón.
El comodoro (R) con más salidas y llegadas tuvo a la flota británica con su Sky Hawk A B
Ese es exactamente el mecanismo con el que Londres transformó una disputa entre dos Estados en una consulta a mil quinientos diecisiete votantes, el 99,8% de los cuales eligió el statu quo en 2013.
Pero los excombatientes también describen la trampa completa: si hablar con los isleños los legitima, y no hablar con los isleños los aleja para siempre, entonces la Argentina eligió hace décadas una posición en la que cualquier movimiento es una derrota. Ignorarlos durante cuarenta años no los volvió más argentinos. Los volvió más británicos, más ricos y autosuficientes.
Los ex combatienete se preguntan si el sacrificio valió la pena.
El peine tenía petróleo
Borges dijo que Malvinas era la pelea de dos calvos por un peine. Fue una frase brillante, feroz, y con el tiempo se volvió falsa. El peine tenía calamar, tenía hidrocarburos, tenía una ruta hacia la Antártida y tenía una base aérea. Borges se burló de la vanidad y no vio el mapa.
¿Qué desenlaces quedan entonces, mirando los tableros reales de cada país?
El primero, nada se rompe, nada se acuerda, y cada año que pasa las islas son un poco más viables sin la Argentina. El día que el archipiélago se autofinancie del todo, el reclamo argentino no habrá sido derrotado, habrá sido vuelto irrelevante. No perdemos las islas. Nos volvemos innecesarios para su futuro.
El segundo es el Gibraltar criollo: soberanía compartida, o diferida, o arrendada, envuelta en integración práctica. Requiere simultáneamente un gobierno británico con capital político para gastar y un gobierno argentino capaz de sobrevivir a la firma. Las dos cosas al mismo tiempo no ocurrieron nunca.
El tercero es la vía jurídica. Empujar en la Asamblea General una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, como hizo Mauricio. Es lenta, es incierta, no obliga a nadie y es —justamente por eso— la única carta seria que la Argentina tiene sobre la mesa y no juega.
Y el cuarto, el que nadie quiere nombrar, es la disolución del problema por absorción.
Un Atlántico Sur donde el archipiélago deja de ser una disputa bilateral para convertirse en una casilla dentro de un tablero mucho más grande, con flotas chinas en el borde de la milla, con la Antártida entrando en zona de revisión y con potencias decidiendo entre ellas quién controla el corredor austral.
En ese escenario la Argentina no discute con el Reino Unido. Mira.
En mi humilde conclusión, lo que vimos en el Mundial, es que la bandera cayó de la tribuna y el mundo entero la vio. Fue un instante hermoso y fue completamente gratuito. No costó una negociación, no costó un voto, no costó una decisión difícil, no le costó a nadie su carrera política. Por eso pudimos desplegarla todos juntos, sin discutir.
Lo otro, tiene la forma exactamente inversa. Es feo, es técnico, es largo, dura más que un mandato, no se filma, no se canta, se firma con la mano temblando y probablemente lo haga alguien a quien vamos a acusar de traidor.
Puede ser que tarde o temprano un gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de volver a negociar. Puede ser. La pregunta, es si ese día llega, ¿quién sostiene la bandera de este lado?
Primicias Rurales
Por Sergio Mammarelli, especial para Primicias Rurales
Jul 19, 2026 | Actualidad, Columnas, Desarrollo Humano
En esta columna de opinión, el abogado y escritor Sergio Mammarelli reflexiona sobre el fervor popular durante el Mundial, analizando cómo el fútbol trasciende lo deportivo para convertirse en un espejo de la historia, las identidades nacionales y las pasiones de todo un país.
Por Sergio Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut.
Buenos Aires, martes 21 junio (PR/26) — Cada cuatro años, millones de argentinos que no distinguen un lateral de un líbero amanecen convertidos en directores técnicos.
No es ignorancia ni delirio: es que en el Mundial no juegan equipos, juegan países, y eso lo explica casi todo.
Voy a confesar algo que a cualquier futbolero le sonará a herejía. No soy de fútbol. Sé poco y nada: me pierdo en las formaciones, no tengo equipo que me desvele los domingos, y podría vivir un año entero sin enterarme de quién salió campeón del torneo local.
Y sin embargo, cada cuatro años, con la puntualidad de una estación, me despierto transformado en el mejor técnico del mundo. Sé exactamente a quién había que poner de titular, en qué minuto había que hacer el cambio, qué le faltó al mediocampo y qué le sobró al rival. No soy el único. Somos millones los que ese mes hablamos con una autoridad táctica que no tenemos las otras cuarenta y siete semanas del año.
La pregunta no es por qué sabemos tan poco. La pregunta es por qué, de golpe, nos importa tanto.
El seleccionador que llevamos dentro
Hay algo casi cómico en el fenómeno si uno lo mira desde afuera. Un país entero que el resto del tiempo desconfía de todo —de los dirigentes, de los pronósticos, de las promesas— entrega de pronto su humor colectivo a once tipos que la mayoría no sabría reconocer por la calle.
Un tipo que jamás pisó una cancha discute la línea de tres con la vehemencia de un cirujano defendiendo una técnica. Una señora que nunca en su vida vio un partido completo llora con un himno. Y todos, absolutamente todos, tienen razón, porque en ese mes la razón futbolística es lo de menos.
Lo que se activa no es el conocimiento del deporte. Es otra cosa, más vieja y honda, que el deporte apenas viene a poner en escena.
No juegan equipos, juegan países
Para entender nuestras reacciones —las mías incluidas, que no tienen ninguna base técnica— tal vez convenga aceptar una idea incómoda: en el Mundial no se enfrentan equipos de fútbol. Se enfrentan países. Y una vez que uno asume eso, casi todo lo demás se ordena solo.
No es Argentina contra Inglaterra: es un siglo y medio de historia entrando a la cancha disfrazado de partido. No es una camiseta contra otra: es lo que cada país cree ser midiéndose contra lo que el otro país cree ser.
Por eso el resultado duele o alegra en una escala que ningún partido de club alcanza jamás. Nadie llora ochenta minutos por un descenso ajeno. Se llora por lo otro, por lo que la pelota apenas representa y nunca termina de decir del todo: quiénes somos, de dónde venimos, a quién no le perdonamos nada.
El espejo inglés
Y acá conviene ser honestos, porque el fenómeno no es una rareza nuestra. Del otro lado piensan igual, aunque no lo digan con nuestras palabras. Al inglés le resulta sencillamente inadmisible que la Argentina le gane: no por soberbia deportiva, sino porque entre esos dos países hay demasiada historia como para que un resultado quede en resultado.
Para él, perder con nosotros no es perder un partido. Es algo que no debería poder pasar, y que sin embargo pasa, y que por eso escuece de un modo que ningún manual táctico explica.
Lo justo es admitir que el espejo también nos devuelve nuestra imagen.
Del mismo modo que el inglés no concibe caer ante Argentina, a nosotros nos cuesta entender cómo una selección africana, a la que miramos por arriba del hombro sin decirlo, puede hacernos semejante fuerza y a veces ganarnos.
Ahí está la trampa: creemos que el asombro es por el fútbol, cuando en realidad es por el mapa.
Nos sorprende que nos compliquen los que, en nuestra cabeza, «no deberían».
Esa frase —«no deberían»— no la dicta la táctica. La dicta una jerarquía de países que llevamos adentro sin habérnosla enseñado nadie.
El insulto de «es sólo fútbol»
Por eso me parece un error, y hasta una pequeña falta de respeto, interpretar todo esto como que «es solo fútbol». La frase la dice siempre el mismo tipo de persona: el que confunde el desapego con la inteligencia, el que necesita que la alegría ajena pida permiso antes de ocupar espacio. Y es, además, falsa.
No es sólo fútbol.
Es pasión, y la pasión no se disculpa.
Es lo que representa un país entero puesto a prueba en noventa minutos: sus conflictos geopolíticos, étnicos, religiosos, raciales, sus deudas viejas, sus revanchas nunca cobradas. Es todo eso encontrando, por una vez, un lugar donde manifestarse sin pedir perdón.
Reducir eso a «sólo fútbol» no es sobriedad ni madurez.
Es la vieja técnica argentina de declarar menor lo que no sabemos administrar: si no lo puedo controlar, lo llamo vulgar; si no lo puedo explicar, lo llamo exceso.
Pero lo que se juega ahí no es un torneo. Es la única versión de nosotros mismos en la que, por un rato, creemos sin condiciones.
No me pidan objetividad. No la tengo. Que España tenga el mejor equipo del mundo, si quiere. Yo, que no sé nada de fútbol, sé una sola cosa con una certeza que no admite discusión: a los gallegos, esta vez, no les perdono que nos ganen.
Por Sergio Mammarelli
Primicias Rurales
May 6, 2026 | Actualidad, Columnas, Política
Un análisis profundo advierte sobre las tensiones institucionales del ajuste fiscal y la masiva movilización social en defensa de la educación pública. El texto disecciona el peligroso precedente de gobernar por decreto, la erosión ética del oficialismo y el impacto de la recesión en el capital humano.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Una marcha, un veto incumplido, un caso, una recesión y un decreto que recorta 2,4 billones: el momento en que las cinco grietas se vuelven la misma.
Buenos Aires, martes 19 mayo (PR/26) — Soy orgullosamente egresado de la Universidad de Buenos Aires. Fui orgullosamente docente universitario por más de 30 años en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
Para el Gobierno, lo que sucedió fue una “marcha política más” la universitaria. En mi caso, creo que no fue así. Fue mucho más que eso y el Gobierno no se da cuenta.
Hay imágenes que no pertenecen al gobierno que las padece, sino al país que las produce. La marcha universitaria de esta semana fue una de esas. No fue una manifestación: fue una asamblea ambulante de la Argentina que todavía cree en algo. Madres con guardapolvos heredados, jubilados que se recibieron en los sesenta, ingenieros que volvieron a la facultad con sus hijos, becarios del CONICET con la mochila llena de papers y vacía de respuestas. La pregunta que esa multitud le hizo al poder no es presupuestaria. Es ontológica: ¿qué clase de país queremos ser cuando esto, lo que sea esto, termine?
Y ahí está el problema del gobierno de Javier Milei. No tiene respuesta porque, en rigor, nunca le interesó formulársela. El proyecto fue siempre aritmético, jamás civilizatorio. Pero la Argentina sigue siendo, para bien y para mal, un país de preguntas civilizatorias. Allí se produce el choque. No es un choque entre modelos económicos. Es un choque entre dos lenguajes que ya no se entienden.
EL VETO INVISIBLE
El primero de esos lenguajes es el republicano. La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada, vetada e insistida por el Congreso con las mayorías agravadas que la Constitución exige. Es decir: el sistema institucional argentino, ese al que el oficialismo despreció en campaña como “la casta”, produjo un consenso parlamentario que ningún veto puede borrar. Y, sin embargo, la ley no se cumple. No por una nueva norma que la derogue, sino por la sencilla técnica administrativa de no ejecutarla.
Eso, en términos jurídicos, se llama desobediencia. En términos políticos, se llama otra cosa: se llama haber decidido que la legitimidad de origen alcanza para todo, incluso para reescribir el contrato republicano por la vía de los hechos. Es el precedente más peligroso que este Gobierno ha introducido en el sistema político argentino, y el menos discutido. El veto invisible entendido como la decisión administrativa de no cumplir lo que el Congreso ratifica.
LA ÉPICA RESFRIADA
El segundo lenguaje es el moral. El mileísmo se construyó, antes que sobre una ortodoxia económica, sobre una promesa de excepcionalidad ética: nosotros no somos como ellos. Sin embargo, el caso Adorni —cualquiera sea su resolución judicial— erosiona esa promesa con una eficacia que ninguna oposición pudo lograr. No importa tanto si hubo delito; importa que ya no se puede sostener, con la cara seria, que se trata de gente distinta.
Son gente igual. Y un gobierno que pidió sacrificios en nombre de su diferencia moral pierde, cuando esa diferencia se diluye, su principal capital político.
Pero ojo, la oposición tampoco puede capitalizar esto. Su propio historial de zonas grises la inhabilita para el sermón. Lo que se erosiona, entonces, es una promesa sin alternativa. Y la pérdida de promesa, sin alternativa, produce desafección, no recambio. Por eso las marchas son grandes pero el Congreso es chico. Por eso la sociedad se mueve, pero la política no. Estamos en el momento exacto en que el malestar es masivo y la representación, ínfima.
LA ARITMÉTICA QUE NO CIERRA
El tercer lenguaje es el económico, y aquí el oficialismo todavía cree tener ventaja. Los números macro mejoran: bajó la inflación, el riesgo país se ordenó, las reservas se acomodaron. Pero la microeconomía —salarios reales, consumo, producción industrial, según los últimos informes del INDEC y los relevamientos privados de FIEL y FIDE— sigue sin recuperar lo perdido.
La promesa fue que el dolor era de tránsito. Veintiocho meses después, una proporción creciente del electorado empieza a sospechar que el dolor es estructural, no transicional.
Las encuestas de Atlas Intel y Zuban-Córdoba muestran lo mismo desde hace seis meses: la imagen del Gobierno se sostiene en una base dura, cada vez más concentrada y pierde, mes a mes, el segmento que lo votó por expectativa, no por convicción.
Ese segmento —que es el votante que decide las segundas vueltas argentinas— es el que hoy marcha por la universidad, aunque no haya pisado un aula en décadas. Porque lo que defiende no es la institución: es la promesa que la institución encarna. Que el esfuerzo individual todavía tiene un piso colectivo donde apoyarse. Que el país, alguna vez, fue una escalera.
DESDE EL INTERIOR.
Desde el interior se ve algo que en Buenos Aires cuesta percibir: la indiferencia federal del proyecto. Las provincias patagónicas o las de cuyo o el norte, producen las divisas que sostienen el experimento —petróleo, gas, pesca, minería— y reciben, a cambio, una desinversión metódica en universidades, hospitales, rutas y conectividad.
La Universidad Nacional de esas provincias, donde se forman los ingenieros que mañana operarán Vaca Muerta, y los geólogos que prospectan el cobre cordillerano, sobrevive con presupuestos que ya no alcanzan ni para pagar la luz.
Es una contradicción operativa, no ideológica: el Gobierno desfinancia, en el sur, en el norte o en la cordillera, exactamente la base productiva de mano de obra calificada que su modelo económico necesita para funcionar. No la resuelve ningún veto. La resuelve, eventualmente, el cierre de carreras, la emigración de talento y un déficit cognitivo que se manifestará no en 2027 sino en 2032 o 2035, cuando esta gestión sea ya un capítulo de manual.
Lo dijo bien Bloomberg en su informe regional de marzo: la Argentina está consumiendo, otra vez, el stock de capital humano que tardó cincuenta años en construir.
Dónde encajan los recortes de la D.A. 20/2026
En “el veto invisible” del que venimos hablando, se agrega otro decreto que entra como prueba escrita de la tesis que proponemos.
El gobierno de Javier Milei, a través de una Decisión administrativa (D.A. 20/2026) oficializada el 11 de mayo de 2026, profundizó el ajuste fiscal con un nuevo recorte neto de 2,4 billones de pesos ($2.439.416 millones) en el presupuesto nacional de 2026.
Este ajuste se suma a la orden dada a mediados de abril a todos los ministerios para reducir un 2% sus gastos corrientes y un 20% sus gastos de capital.
La medida representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública Nacional, según un informa de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto).
De este modo, se oficializó la reestructuración o eliminación de 211 programas gubernamentales, incluyendo áreas de salud, educación y asistencia social. Se recortaron más de $970.000 millones en transferencias a provincias y municipios, afectando obras de infraestructura y saneamiento.
La única preocupación es clara: mantener el equilibrio fiscal tras nueve meses consecutivos de caída en la recaudación real.
Lo expuesto implica, en la práctica, que «lo que el Congreso vota en sesión, el Boletín Oficial lo desarma en un párrafo.» En la aritmética que no cierra, provocada por los nueve meses consecutivos de caída real de la recaudación, el Gobierno ahora nos vuelve a ajustar con un 1,6% de contracción sobre el crédito vigente, con recortes específicos —Instituto Malbrán, programas oncológicos y de medicamentos (Perfil, Infobae), Fondo de Compensación Salarial Docente y Plan Nacional de Alfabetización—. Dicho de otro modo, el mismo discurso oficial que postula una Argentina educada y sana, recorta, por decreto, los instrumentos concretos para educarla y sanarla.
LA PREGUNTA QUE QUEDA
Hay un dato que ningún encuestador captura. Cuando un gobierno deja de poder explicar por qué pide lo que pide, ya no gobierna. Administra. El mileísmo todavía gobierna, pero la distancia entre las dos categorías se acorta cada semana. La marcha universitaria, el veto incumplido, el caso Adorni, la recesión y el nuevo ajuste que se eterniza, no son cinco hechos separados: son cinco grietas de un mismo edificio.
La pregunta no es si el edificio se cae. Los edificios políticos argentinos rara vez se caen. Se vuelven inhabitables.
La pregunta verdadera —la que tendría que estar haciéndose la dirigencia entera, oficialismo, oposición, sindicatos, empresariado, gobernadores— es otra. Si la Argentina demuestra, una vez más, que es capaz de movilizar consenso social y parlamentario para defender una institución, y aun así el sistema no logra traducir ese consenso en política pública sostenida: ¿qué clase de democracia estamos teniendo? ¿Una donde el voto decide el rumbo, o una donde el rumbo decide el voto y después lo ignora?
Ese, y no otro, es el verdadero veto invisible. No el de Milei sobre la ley universitaria. El que las clases dirigentes argentinas, sucesivas, le vienen imponiendo desde 1983 al mandato democrático: respetamos las urnas, no respetamos lo que las urnas dicen. Cambia el firmante. No cambia la firma.
El profesor de la Casa Rosada, ahora presidente, se quedó, de a poco, sin alumnos. Pero el aula sigue ahí. Llena. Esperando. La pregunta —la única que importa de acá a 2027— ya no es si Milei termina su mandato, ni siquiera si lo termina bien.
Es más cruel y es más vieja: cuando este experimento concluya, gane o pierda, ¿con qué Argentina nos vamos a encontrar? ¿Una que aprendió, por fin, que el problema no era el firmante sino la lapicera? ¿O una que volverá a creer, fiel a su costumbre, que basta con cambiar al profesor para que cambie la clase?
Porque si es lo segundo —y la historia argentina, escrita con esa misma lapicera, sugiere que va a ser lo segundo—, entonces el aula puede seguir esperando todo lo que quiera. No habrá clase. Habrá, otra vez, recreo. Y un país que confunde recreo con futuro es un país que ya no está educando a nadie. Ni siquiera a sí mismo.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Primicias Rurales
