Oct 18, 2026 | Actualidad, Columnas, Política
Milei, los gobernadores y un federalismo nacido de la demolición del Estado nacional. Provincias con calendario propio, unas PASO en el limbo y pactos de a uno: el 2027 ya empezó, y no empezó en la Casa Rosada.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, domingo 18 octubre (PR/26) — Hay preguntas que parecen delirantes hasta que uno empieza a buscar las respuestas. Y hay respuestas que llegan antes que las preguntas. La primera fecha electoral de 2027 no la fijó la Nación, sino que la fijó Tucumán para el 9 de mayo.
Detrás vinieron Salta, que elige entre el 16 y el 23 de mayo; Santa Fe, que mira una ventana entre junio y septiembre; Mendoza, que vota en julio porque su ley así lo manda; Chubut, que calcula julio o agosto; y Neuquén, que piensa en agosto. Tierra del Fuego, Chaco y Río Negro ni siquiera tienen que decidirlo, ya que sus normas ya las separan. Mientras tanto, a un año de la elección presidencial, la Nación todavía no sabe si habrá primarias (PASO), la Cámara Nacional Electoral le recuerda al Congreso que los plazos corren, y el Gobierno cuenta senadores de a uno buscando treinta y siete votos. Las provincias ya tienen reloj, mientras la Nación todavía no tiene reglamento.
¿Puede la Argentina regresar a una discusión parecida a aquella que enfrentó a unitarios y federales hace doscientos años? ¿Puede el debilitamiento deliberado del Estado nacional terminar fortaleciendo a las provincias? ¿Puede un presidente profundamente centralizador en el ejercicio del poder convertirse, paradójicamente, en el gran descentralizador de la Argentina? ¿Puede Javier Milei terminar produciendo un nuevo federalismo sin proponérselo? O, llevándolo hasta el límite de la provocación: ¿puede Milei producir un nuevo 1820?
No hablo, naturally, de reproducir literalmente la Argentina de Facundo Quiroga, Estanislao López, Francisco Ramírez, Juan Manuel de Rosas o Bernardino Rivadavia. La historia nunca se repite de esa manera, pero algunas estructuras de poder sobreviven a los siglos. Una de ellas atraviesa toda nuestra historia: ¿dónde reside realmente el poder argentino, en la Nación o en las provincias? La pregunta parecía saldada, pero el calendario electoral de 2027 sugiere que no lo está tanto.
Primero fueron las provincias
Hay algo que solemos olvidar: la Argentina no nació como una Nación que posteriormente decidió dividirse administrativamente en provincias. Ocurrió aproximadamente al revés, ya que primero existieron las provincias y después construyeron la Nación. Por eso el Preámbulo constitucional todavía conserva una expresión extraordinaria cuando señala que los representantes se reúnen «por voluntad y elección de las provincias que la componen» y «en cumplimiento de pactos preexistentes». La Constitución vigente mantiene, además, que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal.
La batalla de Cepeda provocó la caída del Directorio y la disolución del poder central. Desapareció el Gobierno central, pero no desapareció la Argentina; las provincias siguieron gobernándose y celebraron tratados entre ellas como Pilar, Benegas y Cuadrilátero, para luego firmar el Pacto Federal. Conviene reparar en un detalle que la memoria escolar suele borrar: los primeros fueron tratados de a dos, de a tres, de a cuatro. Cada provincia arreglaba con su vecina lo que podía, cuando podía y como podía. La Argentina podía existir sin presidente argentino porque eran provincias vinculándose entre sí, dado que lo que no existía todavía era un acuerdo de todas con todas.
Rivadavia quiso hacer exactamente lo contrario
Decir simplemente «Rivadavia era Milei» sería históricamente incorrecto. Rivadavia quería construir un Estado nacional fuerte y centralizado, mientras que Milei quiere reducir drásticamente las dimensiones del Estado nacional. En ese sentido son casi opuestos, pero existe una semejanza mucho más interesante entre ambos procesos.
Rivadavia creyó que desde Buenos Aires podía diseñarse un modelo institucional para todo el territorio y someter a él las lógicas políticas provinciales, empresa que concluyó con la Constitución unitaria de 1826. Las provincias rechazaron el experimento y Rivadavia renunció en 1827, no porque estuvieran discutiendo solamente abstracciones constitucionales, sino porque discutían poder, recursos, territorio, representación y autonomía. Dicho en otros términos, discutían quién mandaba; dos siglos después seguimos discutiendo aproximadamente lo mismo, aunque ahora la discusión tiene forma de cronograma electoral.
El problema siempre fue la caja
Después llegó Rosas: federal, sí, pero gobernador de Buenos Aires. Buenos Aires podía proclamarse federal mientras conservaba el instrumento económico que le permitía disciplinar al resto: la Aduana. El poder federal argentino siempre tuvo una dimensión filosófica, pero tuvo, sobre todo, una dimensión fiscal: quien controla la caja puede disciplinar al territorio. Rosas tenía la Aduana y la Nación contemporánea tiene algo bastante más sofisticado: la recaudación.
Somos constitucionalmente federales, pero fiscalmente somos extraordinariamente centralizados. Durante las últimas tres décadas, aproximadamente cuatro quintas partes de la recaudación tributaria nacional y provincial provinieron de impuestos nacionales. La Nación recauda y después distribuye, por lo que las provincias gastan una parte considerable de aquello que previamente tuvo que pasar por el sistema fiscal nacional, inventando así una criatura institucional curiosísima.
En la práctica, eso significa que no hacen falta guerras civiles ni las Fuerzas Armadas. Para disciplinar a un gobernador moderno puede ser mucho más eficiente controlar la recaudación, las transferencias, los fondos y la obra pública. La caja reemplazó al ejército y la coparticipación reemplazó funcionalmente a aquella vieja discusión sobre la Aduana.
Mejoremos aún más mi hipótesis delirante: el régimen básico de coparticipación vigente fue establecido por la Ley 23.548 en enero de 1988 bajo la denominación de «Régimen Transitorio». Llevamos treinta y ocho años de transición y, aunque la reforma constitucional de 1994 ordenó dictar un nuevo régimen, nunca conseguimos hacerlo. Ahí está escondido nuestro verdadero unitarismo: no en la Constitución, sino en la caja.
La caja vacía
Y aquí aparece el primer dato de 2026 que la cobertura cotidiana registra como ajuste y casi nadie lee como cambio de régimen. Según los datos que procesa Politikon Chaco, las transferencias no automáticas a las provincias —el dinero discrecional que se gira o no según la conducta del gobernador— cayeron 61,8% en términos reales durante el primer semestre de 2026. Junio fue el peor junio desde, por lo menos, 2005, registrando una caída real de casi 88% interanual, sumado a que durante dos meses consecutivos no hubo un solo peso de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Leamos el dato con ojos de 1820: los ATN fueron durante décadas la Aduana moderna, el instrumento con que la Casa Rosada premiaba la obediencia y castigaba la rebeldía. Un presidente que deja de repartir también deja de disciplinar, y un gobernador que ya no espera nada tampoco tiene demasiado que temer. La motosierra no sólo recortó gasto, sino que cortó la correa. Lo que queda es la coparticipación automática, que por ley no se puede retener a voluntad; el poder central conserva la caja grande, pero perdió la caja chica, que era la que hacía política.
Y entonces apareció Milei
Milei está reduciendo el Estado nacional que históricamente justificaba esa centralización, pero está olvidando algo importantísimo: el Estado nacional puede dejar de hacer algo, y sin embargo la necesidad social no desaparece con él.
Si la Nación abandona una ruta, alguien deberá mantenerla o la ruta se destruirá; si deja de construir determinada infraestructura, alguien tendrá que construirla o no existirá; y si retira financiamiento de una función compartida, alguien tendrá que absorberlo o el servicio se deteriorará. Territorialmente sólo existen tres alternativas: mercado, provincia o municipio, o bien el abandono.
Pensemos en nuestra vida cotidiana: ¿quién sostiene buena parte del sistema educativo obligatorio, administra la mayoría de los hospitales públicos, paga la policía que encontramos todos los días en nuestras ciudades, organiza la justicia ordinaria, ordena a los municipios y decide sus propios sistemas electorales? Las provincias, siempre las provincias. De ahí surge una primera conclusión incómoda: Milei gobierna la macroeconomía, pero el gobernador gobierna buena parte de la vida cotidiana.
Uno administra reservas, moneda, deuda, relaciones exteriores, legislación federal y grandes impuestos. El otro encuentra al ciudadano cuando manda al hijo a la escuela, entra a un hospital, denuncia un robo, necesita un juez o reclama una calle, lo cual no es poca cosa.
Dueños del subsuelo
La reforma constitucional de 1994 introdujo una disposición de enorme importancia política en su Artículo 124: «Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio». Leamos nuevamente esa frase pensando en la Argentina de 2026 con Vaca Muerta, Litio, Cobre, Petróleo, Gas, Pesca, Recursos hídricos y Energía. Buena parte de aquello sobre lo cual imaginamos el futuro exportador argentino tiene asiento territorial provincial y un régimen constitucional que reconoce ese dominio.
Esto cambia la ecuación histórica. En el siglo XIX las provincias reclamaban autonomía frente a una Buenos Aires que controlaba el gran recurso fiscal de la época, que era el puerto y la Aduana. En el siglo XXI algunas provincias controlan constitucionalmente el territorio donde están los recursos que el mundo demanda: Neuquén no es solamente una provincia, es Vaca Muerta; San Juan empieza a significar cobre; Jujuy, Salta y Catamarca significan litio; Chubut y Santa Cruz significan petróleo, gas, pesca, minería y energía.
La misma Constitución autorizó a las provincias a crear regiones para el desarrollo económico y social y, bajo determinadas condiciones, celebrar convenios internacionales. No pueden hacer política exterior propia, no pueden tener moneda —aunque cuando quisieron la inventaron—, ni levantar aduanas o ejércitos, pero pueden coordinarse muchísimo más de lo que nuestra cultura presidencialista suele imaginar. La pregunta de 2027 es si lo están haciendo.
Cada provincia con su reloj
La respuesta llegó por un lugar inesperado: el almanaque. La mayoría de las provincias que eligen gobernador el año próximo ya anunció, o se encamina a anunciar, que votará en una fecha distinta de la nacional. La excepción que confirma la regla es Catamarca, donde Raúl Jalil decidió atar su elección a la presidencial, mientras que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad esperan: Axel Kicillof hace depender su decisión de lo que ocurra con las PASO, y Jorge Macri de lo que ocurra con una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.
Sería deshonesto presentar el desdoblamiento como una novedad absoluta, dado que en 2019 y en 2023 también fue la regla y no la excepción. Los gobernadores aprendieron hace tiempo que separar la elección propia de la nacional es la forma más barata de blindarse contra la marea, cualquiera sea su color. Lo nuevo es el contexto actual.
Según reconstruyó Perfil, la Casa Rosada abandonó la ambición de «pintar el país de violeta» y pasó a buscar lo contrario de lo que obtiene: quiere elecciones unificadas para que la tracción de Milei arrastre listas provinciales, pero las provincias le responden con relojes propios.
Desdoblar no es un trámite administrativo, es una declaración de soberanía sobre el tiempo político. Cada gobernador le dice al electorado que allí se vota lo propio, en su fecha y con sus reglas, y que lo nacional vendrá después. Es exactamente lo que hicieron las provincias en 1820, cuando la caída del Directorio las dejó solas con su propio calendario, ya que ninguna esperó a Buenos Aires para gobernarse. Tampoco ahora ninguna espera a Balcarce 50 para fijar su domingo.
Las reglas que no llegan
Del otro lado del almanaque está la Nación. A doce meses de la elección presidencial, nadie puede afirmar con certeza si habrá primarias. Milei quiere eliminarlas definitivamente, mientras sus negociadores admiten que lo viable es suspenderlas por segunda vez consecutiva. Para eso necesitan treinta y siete votos en el Senado, los cuales están buscando «senador por senador»; el semáforo que maneja la Casa Rosada ubica a doce gobernadores en verde, cuatro en amarillo y ocho en rojo, sin que el verde equivalga a votos garantizados.
Detengámonos en la paradoja, porque es extraordinaria: los senadores representan a las provincias y muchos responden a su gobernador antes que a cualquier bloque. De modo que la regla con la cual se elegirá al próximo presidente de la Nación depende de la voluntad de quienes ya fijaron, cada uno por su cuenta, la fecha en que se elegirán a sí mismos. El Preámbulo hablaba de «la voluntad y elección de las provincias que la componen», pero nunca imaginamos que la frase pudiera leerse de manera tan literal.
Hay un detalle que cierra el círculo: la decisión de la provincia más grande del país, la de Kicillof, depende de lo que el Congreso resuelva sobre las PASO, y lo que el Congreso resuelva depende, a su vez, de gobernadores que ya resolvieron lo suyo. La regla nacional y el calendario provincial se esperan mutuamente. En 1820 eso se llamaba acefalía; en 2026 se llama agenda legislativa.
¿Hay gobernadores libertarios?
¿Existe algún gobernador argentino genuinamente libertario en el sentido filosófico de Milei? Resulta difícil encontrarlo. Hay gobernadores fiscalistas, conservadores, radicales, peronistas, del PRO, desarrollistas, provincialistas y de coaliciones locales; hay gobernadores que hicieron ajustes severos, pero ninguno es libertario.
Esto vuelve mi delirio más interesante: los gobernadores aprendieron austeridad sin hacerse libertarios. Pueden aceptar el equilibrio fiscal, reducir el déficit y discutir el empleo público, pero ninguno parece dispuesto a presentarse a elecciones prometiendo que el hospital provincial, la escuela, la policía, la ruta o el municipio son instituciones que deberían desaparecer, simplemente porque ellos viven en el territorio y el territorio tiene demandas.
Milei construyó su identidad contra «la casta», sin embargo, donde la política tradicional argentina sobrevivió con mayor fortaleza fue precisamente en las provincias: gobernadores, intendentes, partidos provinciales, familias políticas, aparatos municipales y legislaturas. La revolución libertaria conquistó la Presidencia, pero no produjo veintitrés revoluciones provinciales. Debajo de la Argentina libertaria sigue respirando la Argentina histórica, la cual conoce el territorio y maneja el calendario.
Provincias unidas, provincias de a una
Hace un año, el nombre parecía escrito por un guionista con exceso de entusiasmo histórico. Un grupo de gobernadores —Pullaro, Llaryora, Torres, Sadir, los Valdés, Vidal— lanzó un espacio bajo la denominación «Provincias Unidas», con lenguaje de «Grito Federal» y ambición de tercera vía entre el mileísmo y el peronismo. En la primera versión de este editorial lo leía como una realidad en construcción, pero los hechos de este año obligan a corregir la lectura.
En las legislativas de 2025 el sello apenas superó el 7% nacional y ganó una sola provincia. «Chocamos en la salida», resumió uno de sus referentes. Hoy, según reconstruyó La Nación, «la prioridad está 100% en las reelecciones». Sus diputados votaron en direcciones opuestas en asuntos centrales, casi no hubo proyectos relevantes empujados en conjunto, y en el Senado apenas dos legisladores se reconocen bajo ese nombre.
Mientras tanto, varios de sus gobernadores viajaron con el Presidente a París, y en el entorno de Ignacio Torres admiten conversaciones «avanzadas» para acompañar la reelección de Milei a cambio de que La Libertad Avanza respalde su candidatura en Chubut. La herramienta que circula en las mesas de negociación se llama «lista de adhesión»: cada gobernador conserva su sello y su boleta, pero la cuelga de un único candidato presidencial.
En 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaron un acuerdo que imaginaba un Congreso General Federativo encargado de organizar la administración, el comercio, la navegación, las rentas y la deuda; los caudillos discutían una arquitectura económica. En 2026, los gobernadores no discuten una arquitectura, discuten una boleta de a uno con la Casa Rosada, como en aquellos tratados bilaterales de 1820 en los que cada provincia arreglaba con quien podía lo que necesitaba.
Federalismo por demolición
¿Qué sucede políticamente cuando el Estado nacional abandona territorio? Alguien lo ocupa, y en una federación existen candidatos naturales para hacerlo: los gobernadores. Milei quiere debilitar al Estado, pero sólo debilita al Estado nacional.
Simultáneamente permanecen las provincias con sus policías, sus escuelas, sus hospitales, sus tribunales, sus impuestos, sus legislaturas, sus municipios, sus recursos naturales y, ahora también, sus propias fechas electorales. El equilibrio empieza lentamente a modificarse hacia lo que podríamos llamar federalismo por demolición: no descentralizar porque se cree en el federalismo, sino descentralizar porque el centro abandona funciones.
El Presidente controla enormes instrumentos, pero un gobernador controla territorio y la política, finalmente, sucede en algún lugar. Milei puede ganar una elección nacional, pero alguien tiene que abrir la escuela de Río Gallegos, pagar al policía de Rawson, sostener el hospital de Córdoba, garantizar el agua en Jujuy y administrar Rosario. Ese alguien se llama gobernador, quien ha descubierto que la caja chica ya no llega, que la grande no se la pueden quitar, y que el único bien que todavía puede negociar con la Nación es su propia lealtad electoral.
El nudo: 1820 no fue la Confederación
Y aquí mi hipótesis se da vuelta sobre sí misma. En la primera versión de este texto imaginaba un nuevo San Nicolás: gobernadores de las provincias productoras coordinando intereses, la Patagonia discutiendo energía, el Norte Grande minería y la Región Centro logística, todos reclamando correspondencia fiscal y sentándose juntos a preguntar qué Nación quieren financiar. Era una fantasía federal con algo de 1853.
Los datos de 2026 cuentan otra historia: cada provincia se fue con su reloj y cada gobernador negocia su supervivencia. El frente común se desgranó en acuerdos individuales: la Nación busca votos senador por senador y las provincias venden su apoyo gobernador por gobernador. Nadie está construyendo un pacto, todos están administrando una dispersión.
Si volvemos a 1820, no volvemos al preludio de la organización nacional, sino al 1820 real, el que los contemporáneos llamaron la Anarquía del Año XX, el cual tardó treinta y tres años en convertirse en Constitución.
La paradoja final es que nadie se lo propuso. Milei no quiso fragmentar, quiso unificar elecciones y nacionalizar su liderazgo; los gobernadores no quisieron confederarse, quisieron ser reelectos; y la oposición no quiso entregar las PASO, apenas no logra ponerse de acuerdo sobre si defenderlas. La suma de esas voluntades modestas produce un resultado no elegido: un país donde el poder central se achica, los poderes provinciales se encierran en su propio calendario y nadie ocupa el espacio intermedio, que es el espacio donde se escriben los pactos.
1820
Hace doscientos seis años la Argentina hizo un experimento extremo: se quedó sin Gobierno central y las provincias sobrevivieron. Después intentamos el unitarismo y fracasó, probamos una Confederación, tuvimos guerras civiles, discutimos la Aduana, nos separamos, nos reunificamos y finalmente encontramos una fórmula con la Constitución de 1853: Federal, no unitaria ni confederal.
Ahora apareció Milei con una motosierra, y reaccionamos frente a los recortes en el empleo público, en los organismos y en las transferencias. Tal vez deberíamos verlo como algo mucho más profundo: Milei está cortando los vínculos materiales que durante más de un siglo convirtieron al Gobierno nacional en el centro indiscutible del poder argentino.
La consecuencia no es menos Estado, sino una distribución distinta: menos Nación y más provincia; menos ministerio nacional y más gobernador; menos transferencia discrecional y más recursos propios; menos Buenos Aires y más territorio; y, desde este año, menos calendario nacional y más almanaques provinciales.
Epílogo: ¿Confederación o Año XX?
Rivadavia quiso construir la Nación contra las provincias y fracasó. Rosas comprendió que quien controlaba la caja podía controlar la Confederación. Urquiza comprendió que no podía organizarse la Nación sin los gobernadores. Alberdi comprendió que la solución debía ser federal. Y las provincias terminaron creando constitucionalmente el Estado nacional. Doscientos años después, Javier Milei inició otro experimento: quiere reducir el Estado, pero quizás termine reduciendo algo mucho más específico, que es el poder territorial del Estado nacional.
Si eso sucede, alguien ocupará el espacio y no será una abstracción: tendrá presupuesto, policía, legislatura, jueces, municipios, petróleo, gas, litio, cobre, territorio, votos y su propia fecha de elecciones. Se llamará gobernador. Por eso, tal vez la pregunta política más importante de los próximos años no sea quién sucederá a Javier Milei, sino qué quedará para gobernar desde la Casa Rosada cuando termine la motosierra.
En 1820 descubrimos que las provincias podían sobrevivir sin presidente. En 1853 descubrimos que, para construir una Nación, primero tenían que ponerse de acuerdo los gobernadores. En 2027 podríamos estar a punto de descubrir algo todavía más perturbador: que las provincias ya aprendieron lo primero y todavía no aprendieron lo segundo. La última vez, entre una lección y la otra, pasaron treinta y tres años que los libros de historia llaman guerras civiles y que nosotros, por ahora, llamamos cronograma electoral.
Primicias Rurales
Sep 20, 2026 | Actualidad, Columnas, Desarrollo Humano, Política
En esta columna de opinión, el autor Sergio Mammarelli analiza la profunda transformación del criterio electoral en la Argentina, donde la sociedad abandona la clásica elección del mal menor para pasar a votar por un reflejo de supervivencia dominado por el pánico, comparando las certezas sobre el presente y el pasado de cara a las próximas elecciones.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli,
Buenos Aires, miércoles 14 de octubre, 2026
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
«Mi madre parió gemelos: a mí y al miedo».
Thomas Hobbes, sobre su nacimiento en 1588
Una reforma que nadie votó
Hay reformas que no pasan por el Congreso, no se publican en el Boletín Oficial y no figuran en ningún pacto de mayo, pero transforman el país con más eficacia que cualquier ley. La más profunda de los últimos años no la firmó nadie: los argentinos estamos modificando, en silencio y sin quórum, el criterio con el que elegimos presidente.
Durante décadas votamos con la vieja brújula del mal menor, ese instrumento resignado que nos permitía entrar al cuarto oscuro con la nariz tapada y salir con la conciencia más o menos en orden. Elegir lo malo para evitar lo peor era una forma triste de la racionalidad, pero era racionalidad al fin.
Lo que se insinúa de cara a 2027 es otra cosa. Ya no vamos a elegir al que menos daño haga. Vamos a elegir al que menos miedo nos produzca. Parece un matiz de vocabulario. Es una degradación de categoría.
El mal menor, aun en su versión más amarga, era un cálculo. Obligaba a comparar daños, a imaginar consecuencias, a sopesar lo que cada candidato haría con el país. Preguntaba, en el fondo, qué va a hacer este señor.
El miedo no pregunta eso. El miedo pregunta qué me va a pasar a mí. El primero es un juicio político; el segundo es un reflejo de supervivencia.
Montesquieu, que de estas cosas sabía bastante, enseñaba que cada forma de gobierno tiene su resorte: el honor sostiene a las monarquías, la virtud a las repúblicas y el miedo a los despotismos.
Una democracia que empieza a elegir por miedo no se vuelve despótica por eso, pero toma prestado el combustible de la casa equivocada.
Las urnas pueden estar impecables y el escrutinio ser perfecto, y aun así el motor que las mueve ser exactamente el que los republicanos clásicos consideraban incompatible con la libertad.
La esperanza que no podía ser desmentida
Muchos de los que votamos a Milei en 2023 no lo hicimos por fe. Lo hicimos para que no volviera lo mismo, que entonces se llamaba Massa y cargaba con una inflación anual del 211 por ciento.
Votamos algo que no conocíamos y en lo que confiábamos poco, pero que tenía una virtud decisiva: era distinto. El 55,7 por ciento del balotaje no fue una adhesión doctrinaria a la escuela austríaca; fue un salto al vacío de un país que prefería caer en lo desconocido antes que seguir parado sobre lo conocido.
Aquella esperanza tenía una ventaja que hoy se perdió para siempre: no podía ser desmentida. Nadie sabía cómo gobernaría un economista que prometía dinamitar el Banco Central y suprimir ministerios arrancando carteles frente a una cámara.
La ignorancia, en política, es un combustible formidable, porque permite proyectar sobre el candidato todo lo que uno desea.
Spinoza dejó escrito en su Ética que no hay esperanza sin miedo ni miedo sin esperanza: son pasiones gemelas, inseparables, porque ambas nacen de la incertidumbre sobre lo que vendrá.
En 2023 los argentinos teníamos las dos, y en proporciones razonables. Teníamos miedo al pasado y esperanza en lo nuevo, y esa tensión producía algo parecido a una voluntad política.
Lo que cambió en estos tres años es que uno de los gemelos murió. Ya no hay incertidumbre sobre Milei, porque lo vimos gobernar. Ya no hay incertidumbre sobre el Peronismo, porque lo vimos gobernar antes.
Cuando la esperanza desaparece, el miedo no se vuelve más racional: se queda huérfano. Y un miedo sin su gemelo deja de ser una pasión política para convertirse en un clima.
Lo que el presente ya enseñó
El gobierno tiene derecho a reclamar lo que logró, y lo logró en el terreno exacto que lo llevó al poder: la inflación dejó de ser la principal preocupación de los argentinos.
Pero ahí anida la primera paradoja de esta época. Milei resolvió el problema que lo eligió y, al resolverlo, disolvió el miedo que lo sostenía.
Hoy el malestar tiene otras direcciones, más difíciles de combatir con una motosierra. Según un relevamiento de QSocial publicado esta semana, el 82 por ciento de los hogares tiene al menos una deuda y el 36 por ciento se atrasa o directamente no puede pagarla.
En el área metropolitana, las tarifas de luz, gas, agua y transporte aumentaron un 944 por ciento entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, y pasaron de comerse alrededor del 6 por ciento de un salario registrado promedio a llevarse el 14,5.
El informe de humor social de Moiguer registra, por primera vez en esta gestión, que los pesimistas superan a los optimistas: el 41 por ciento cree que el país estará peor dentro de un año. Con un sueldo promedio se compraban 156 kilos de carne en 2022; hoy se compran 95.
Los números de opinión acompañan la curva. La imagen presidencial tocó el 51 por ciento en diciembre de 2025, con la euforia del triunfo legislativo todavía fresca, cayó al 31 en junio y hoy ronda el 35.
La consultora Zuban Córdoba mide un 63,6 por ciento de desaprobación y un dato más elocuente todavía: el 59,1 por ciento de los argentinos dice que nunca lo votaría.
Pero los números no alcanzan para explicar el desencanto, porque no miden lo que más pesa. Pesa una personalidad que convirtió el insulto en método y la sospecha en rutina de gabinete.
Pesa, sobre todo, la ausencia de construcción. La motosierra es una herramienta de demolición, y es honesto reconocer que había mucho para demoler. Pero nadie levanta una casa con una motosierra, y tres años después el país sigue esperando los planos.
Lo que el pasado no aprendió
Si el oficialismo agotó la esperanza, el Peronismo nunca la recuperó. Es cierto que Axel Kicillof encabeza las mediciones de potencial de voto y que su imagen positiva, del 45 por ciento, supera holgadamente a la del Presidente.
Pero el mismo estudio revela que el 49 por ciento de los argentinos jamás lo votaría, y que la segunda figura del espacio sigue siendo una expresidenta con condena firme que ejerce la conducción desde un balcón de la calle San José.
Un movimiento que en tres años no logró escribir un diagnóstico de su propia derrota difícilmente pueda escribir el programa de una victoria.
No es una cuestión de edad sino de actualización: el Peronismo es viejo porque no se renovó, no porque haya nacido hace ochenta años. Le faltan hombres y le faltan ideas, y lo que le sobra es una capacidad de bloqueo largamente probada.
Esa es, quizás, su limitación más grave. El Peronismo de 2026 sabe destruir mejor de lo que sabe construir. Sabe frenar una ley, vaciar una sesión, desgastar un ministro, ganar una provincia.
No sabe, o no quiere, decir qué haría con la coparticipación, con el sistema previsional, con un régimen tributario que asfixia al que produce y premia al que evade.
Su oferta para 2027 no es un futuro; es una coartada. Les dice a los argentinos que lo que sienten hoy es culpa exclusiva del que gobierna, y les pide que olviden que lo que sintieron ayer fue responsabilidad suya. No promete un país distinto. Promete un miedo distinto.
Dos aseguradoras, una sola póliza
Así llegamos a la escena que se arma para el año próximo: dos empresas que venden exactamente el mismo producto, la protección contra la otra.
La Libertad Avanza apuesta a que el miedo al pasado siga siendo más fuerte que el miedo al presente; el Peronismo apuesta a lo contrario.
Ninguno de los dos necesita convencer a nadie de sus virtudes; les basta con recordar los defectos del rival.
La medición de Zuban Córdoba muestra el resultado de esa competencia con precisión casi cómica: 35,9 por ciento para el Peronismo, 35,1 para el oficialismo. Un empate técnico de temores. Dos terceras partes del electorado repartidas entre dos pánicos de tamaño equivalente.
En ese juego de opciones macabras, Milei puede conservar alguna ventaja, y no por mérito propio.
El miedo al pasado es más antiguo, más ensayado, más fácil de narrar: tiene imágenes, tiene cifras, tiene góndolas remarcadas de memoria.
El miedo al presente, en cambio, todavía está aprendiendo a contarse a sí mismo; se siente en el resumen de la tarjeta, pero cuesta convertirlo en relato.
Lo que ninguna de las dos campañas va a ofrecer es lo único que la Argentina necesita con urgencia: reformas estructurales en serio.
Una reforma tributaria que no sea un parche, una reforma previsional que no sea un ajuste encubierto, una reforma laboral que no se limite a decretar lo que no se animó a negociar, y una nueva ley de coparticipación que la Constitución de 1994 ordenó sancionar antes de terminar 1996 y que treinta años después sigue sin existir.
Ningún candidato propone eso porque el miedo es más barato de producir que un programa, y rinde más en las encuestas.
Hay una consecuencia que pocos están mirando. Un presidente elegido por el miedo que despierta su adversario no recibe un mandato: recibe un permiso.
No llega para hacer algo sino para impedir que otro lo haga. Y un gobierno que nace de un no, por amplio que sea, descubre muy pronto que no puede gobernar con él.
Se puede ganar una elección contra alguien. No se puede reformar un país contra alguien.
La aritmética de la negativa
Queda un tercer sector, y es más grande de lo que el ruido de la polarización permite advertir.
La encuesta de La Sastrería y Tres Punto Zero registra que el 27,2 por ciento de los argentinos no se siente cercano a ningún espacio político: prácticamente lo mismo que La Libertad Avanza o que el Peronismo.
La Universidad de San Andrés mide un 26 por ciento entre indecisos y quienes no responden, y encuentra que casi uno de cada cuatro votantes de Milei en 2023 todavía no sabe qué hará.
Es el sector en el que me incluyo: el de quienes ya sabemos que no será Milei, que tampoco será el Peronismo, y que dudamos seriamente de que aparezca una tercera opción capaz de hacer lo que hizo la de 2023, que no nos gustaba, pero al menos nos permitía esperar algo distinto.
No somos indiferentes. Somos, simplemente, los que se niegan a votar con el estómago contraído.
Albert Hirschman describió hace más de medio siglo las tres respuestas posibles ante una organización que decepciona: la salida, la voz y la lealtad.
El votante argentino de 2027 las encuentra clausuradas a las tres. La lealtad se rompió con la experiencia. La voz no tiene canal, porque no hay candidato que la recoja. Y la salida está prohibida por ley, porque el voto es obligatorio.
Pero el giro verdaderamente perturbador no es sociológico sino jurídico, y está escrito en la Constitución.
Los artículos 97 y 98 definen al ganador sobre los votos afirmativos válidamente emitidos. El voto en blanco no cuenta.
La negativa a temer no está prevista en el sistema: no se suma, no se registra, no se ve. Peor aún, se evapora a favor del que encabeza, porque al achicar la base aumenta el porcentaje de los demás.
Dicho de otra manera, quien se resiste a elegir por miedo termina financiando, sin consentimiento, al miedo que haya resultado más eficaz.
El sistema electoral argentino fue diseñado para obligar a elegir, y en una elección sin esperanza eso significa obligar a temer.
Es una paradoja digna de un tratado: la ciudadanía más reflexiva, la que se niega a ser administrada por el pánico, es precisamente la que la aritmética constitucional convierte en donante involuntaria del pánico ganador.
El cuaderno
Hay, además, una pérdida que no registra ninguna encuesta porque no tiene casillero: la del fervor.
Desde 1983, para quienes estrenamos la democracia con poco más de veinte años, la noche de una elección presidencial era un acontecimiento.
Me sentaba con un cuaderno y una birome frente a la radio o al televisor, anotaba cada cifra que llegaba a cuentagotas y hacía cálculos, provincia por provincia, para saber si nuestro candidato, el que habíamos elegido y no el que nos había quedado, ganaba o perdía.
Si ganaba, salíamos a la calle a festejar con desconocidos. Si perdía, la desilusión llegaba hasta el llanto.
Era fanatismo, quizás, pero era también la prueba de que el voto nos pertenecía. Todo fue cambiando.
El mal menor nos quitó primero el entusiasmo, porque nadie llora por un descarte ni festeja una resignación.
Después la tecnología nos quitó la espera: ya no hay cuaderno ni largas noches de escrutinio interminable, hay una aplicación en el celular que entrega tendencias en un par de horas, y como nadie votó con fervor, a nadie se le ocurre salir a festejar, salvo una militancia que apenas llena algún local partidario.
La de 2027 promete ser peor. Confirmar el miedo menor no despierta absolutamente nada.
Y menos todavía a quien votó en blanco y descubre, a la mañana siguiente, que su negativa a temer terminó convertida en el porcentaje de alguien a quien ni siquiera eligió: cómplice sin haber sido socio, derrotado sin haber jugado.
El peligro de ser oficialismo
Milei tiene motivos para festejar el resultado de Brasil. También tiene motivos para preocuparse.
El problema es que a lo mejor prefiera hacer solamente lo primero. Flávio Bolsonaro quedó por delante de Lula y ambos deberán disputar el balotaje.
La presidencia todavía no está definida, pero el Presidente brasileño recibió una advertencia: el poder conserva sus recursos, sus estructuras y sus discursos; lo que no conserva automáticamente es la paciencia de los ciudadanos.
Sería exagerado afirmar que en Latinoamérica pierden todos los oficialismos. México ratificó la continuidad de Morena y Ecuador reeligió a Noboa.
Las excepciones existen y obligan a pensar mejor. Pero Brasil vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿cuánto vale una identidad política cuando el ciudadano empieza a sentir que su gobierno ya no resuelve sus problemas?
La lectura más cómoda consiste en anunciar otro avance de la derecha. La más interesante es preguntarse cuánto pesa el desgaste de gobernar.
Porque el mismo elector que ayer buscaba un salvador puede mañana buscar a alguien que lo salve de ese salvador.
Ahí aparece la advertencia para la Argentina. Milei llegó al poder capitalizando el hartazgo con quienes gobernaban. Pero ahora gobierna él.
Cada dificultad cotidiana empieza a tener su dirección política, aunque el Gobierno insista en reenviar las quejas al domicilio de sus antecesores.
La herencia explica el punto de partida. Con el tiempo, deja de alcanzar como explicación del destino.
Quien prometió cambiarlo todo termina siendo evaluado por lo que cambió en la vida de quienes lo votaron. El empleo, los ingresos, la posibilidad de sostener un comercio o de imaginar un futuro pesan más que una ovación entre convencidos.
Por supuesto, una derrota de Lula no anticiparía mecánicamente una derrota de Milei. Cada país tiene su historia y cada elección sus alternativas.
Pero tampoco le otorgaría un certificado de inmunidad. El castigo al oficialismo puede cruzar las fronteras ideológicas con una facilidad que sus dirigentes prefieren ignorar.
Por eso, antes de brindar por Brasil, Milei debería mirar con atención qué está celebrando. Tal vez vea una victoria de sus amigos.
Tal vez esté viendo el cansancio con un presidente. Y en la Argentina, el Presidente es él.
Sin coartada
Hobbes contaba que su madre lo dio a luz antes de tiempo, aterrada por la noticia de que la Armada Invencible se acercaba a las costas de Inglaterra.
Mi madre parió gemelos, escribió muchos años después: a mí y al miedo. De esa infancia salió la teoría política más influyente de la modernidad, la que sostiene que los hombres entregan su libertad a un soberano a cambio de dejar de tener miedo.
Los argentinos llevamos años practicando una versión criolla de ese contrato, con la diferencia de que en lugar de un soberano elegimos, cada cuatro años, a un guardaespaldas contra el soberano anterior.
Pero 2027 trae una novedad que no figura en ninguna encuesta y que lo cambia todo. En 2023 pudimos alegar ignorancia.
Votamos a ciegas a un desconocido para escapar de un conocido, y si salía mal, siempre quedaba el recurso de decir que no sabíamos.
Esta vez los conocemos a los dos. Sabemos lo que hizo uno y lo que hizo el otro, lo que prometieron y lo que cumplieron, lo que destruyeron y lo que dejaron sin construir.
La esperanza necesita ignorancia para florecer; el miedo, en cambio, se alimenta de memoria.
Y la memoria tiene una consecuencia moral que la esperanza no tiene: suprime la coartada.
Lo que salga de las urnas el año próximo no va a ser una sorpresa ni un error. Va a tener otro nombre, más incómodo.
Va a ser una confesión. Y las confesiones, a diferencia de las esperanzas, no tienen segunda vuelta.
Primicias Rurales
Sep 20, 2026 | Actualidad, Columnas, Política
Un análisis profundo sobre el modelo económico del Gobierno, que contrasta el orden fiscal con el deterioro del empleo, la informalidad y la vida cotidiana de los argentinos.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, domingo 27 septiembre (PR/26) — El equilibrio fiscal puede ordenar las cuentas públicas. Lo que no puede hacer, por sí solo, es crear trabajo, formalizar a quienes están afuera ni reconstruir una sociedad que empieza a vivir peor.
Hay una pregunta que el Gobierno evita porque no cabe en una planilla de Excel: ¿de qué sirve ordenar las cuentas del Estado si, al mismo tiempo, se desordena la vida de millones de argentinos?
La respuesta oficial es conocida. Primero el equilibrio fiscal. Después la estabilidad. Luego la inversión. Finalmente, algún día, el trabajo. Es una especie de vía crucis económico en el que siempre se le pide sacrificio al mismo creyente y la resurrección queda para el próximo trimestre.
Pero los últimos datos ya no permiten describir lo que sucede como una transición incómoda hacia un futuro luminoso. La economía puede mostrar variables financieras más ordenadas y, al mismo tiempo, ofrecer menos trabajo protegido, más informalidad y una red social cada vez más discrecional. Ésa es la verdad del modelo: el Excel mejora mientras la vida se precariza.
1. El empleo que crece hacia abajo
En el segundo trimestre de 2026, la desocupación llegó al 7,9%, el registro más alto de la gestión de Javier Milei. En el Gran Rosario alcanzó el 11,5%; en el Gran Córdoba, el 10,5%; Mar del Plata llegó al 9,9%; Bahía Blanca al 9,7%, y Comodoro Rivadavia al 9,2%.
No es toda la Argentina la que tiene desempleo de dos dígitos. Conviene decirlo con precisión. El promedio nacional todavía está lejos del 18,4% que el Menemismo alcanzó en mayo de 1995. Pero cuando Rosario y Córdoba dejan de ser motores de empleo para transformarse en los principales centros de desocupación, no estamos frente a una curiosidad estadística. Estamos frente a una advertencia nacional.
El deterioro se explica, en parte, porque cada vez más personas necesitan trabajar y salen a buscar una ocupación que la economía no genera en la misma proporción. La actividad aumentó más que el empleo. Detrás de esa diferencia hay escenas familiares concretas: una esposa que empieza a buscar trabajo porque el sueldo del marido ya no alcanza; un jubilado que vuelve a hacer changas; un joven que acepta repartir durante doce horas; un trabajador que busca una segunda ocupación para pagar la tarjeta.
Por eso pueden crecer al mismo tiempo la cantidad de ocupados y la cantidad de desocupados. No es el milagro del mercado. Es la desesperación de los hogares.
El dato más grave, sin embargo, no es solamente cuántas personas no encuentran empleo. Es qué clase de empleo consiguen quienes todavía logran trabajar. La informalidad alcanzó al 45% de los ocupados: alrededor de 6,1 millones de personas solamente en los 31 aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. La formalidad quedó en el 54,9%.
Dicho de otra manera: por cada cien trabajadores formales ya existen aproximadamente ochenta y dos informales. No porque la periferia laboral se haya incorporado al sistema, sino porque el sistema formal retrocede hacia la periferia.
Además, la informalidad ya no puede presentarse como una suma de actividades independientes o pequeños emprendimientos. Casi seis de cada diez informales son asalariados que trabajan para un empleador, pero lo hacen sin registración. El resto incluye una proporción creciente de cuentapropistas, muchas veces de baja calificación, escasa productividad y peores ingresos.
Casi el 17% de quienes tienen una ocupación busca otra. La subocupación ronda el 11,5%. Tener trabajo dejó de ser la frontera entre la integración y la pobreza. Ahora también hay que preguntar cuántas horas se trabajan, cuánto se cobra y qué derecho acompaña ese ingreso.
2. La quimera de la reforma laboral
Frente a este cuadro, el Gobierno ofreció una respuesta casi exclusivamente jurídica. Desde la reforma incluida en la Ley Bases hasta la nueva Ley de Modernización Laboral, presentó cada flexibilización como la llave que abriría las puertas del empleo formal. Menos multas, períodos de prueba más extensos, nuevas modalidades de contratación, menores responsabilidades y una registración supuestamente más sencilla.
Se nos explicó que, una vez liberado del miedo al juicio laboral, el empresario correría a contratar trabajadores. Como advertí entonces, la promesa confundía el costo de contratar con la razón por la cual se contrata.
Es cierto que la reforma más reciente todavía tiene poco tiempo de vigencia y sería intelectualmente deshonesto atribuirle por sí sola todo el deterioro laboral. Pero también es cierto que el proceso de flexibilización comenzó antes y que la dirección prometida no apareció. La informalidad no retrocedió. Avanzó. El empleo formal no desplazó al trabajo en negro. Quedó cada vez más cerca de ser alcanzado por él.
La razón es sencilla y, quizá por eso, insoportable para quienes creen que la economía puede gobernarse con un manual de consignas: nadie incorpora a un trabajador que no necesita. Y mucho menos lo registra si su empresa vende menos, trabaja por debajo de su capacidad, enfrenta tarifas crecientes, crédito escaso y un mercado interno debilitado.
Las reglas laborales importan. La litigiosidad, la carga tributaria, la burocracia y la incertidumbre también. Pero actúan después de que existe la decisión económica de contratar. Primero debe haber producción, inversión, ventas y demanda. Recién entonces el empresario evalúa en qué condiciones incorpora personal. El Gobierno quiso invertir el orden de los factores y descubrió que, en la economía real, el producto sí se altera.
Mientras tanto, el trabajador informal paga la cuenta. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET calculó que, comparando personas con igual edad, educación, sexo y región, dentro de la misma actividad y en empresas de tamaño semejante, la penalidad salarial de la informalidad rondaba el 38%. Donde un trabajador formal percibía cien, uno informal recibía apenas sesenta y dos.
Y no se trata solamente del salario. El informal no tiene aportes jubilatorios derivados de su empleo, obra social vinculada a la relación ni protección efectiva frente al despido, el accidente o la enfermedad. En demasiados casos, el aguinaldo, las vacaciones y la licencia dejan de ser derechos para convertirse en favores sujetos al humor o a la capacidad económica de quien contrata.
Una reforma laboral puede simplificar procedimientos, reducir costos y redistribuir riesgos entre empresarios y trabajadores. Lo que no puede hacer es fabricar clientes, reactivar una fábrica, financiar una pyme o reemplazar una política productiva. Para crear empleo hace falta que alguien necesite producir más. Todo lo demás es arquitectura jurídica alrededor de una silla vacía.
3. El espejo de los años noventa
El Menemismo ya había ensayado una ilusión semejante. Durante los años noventa se sucedieron reformas destinadas a flexibilizar la contratación y reducir costos laborales. La convertibilidad frenó la inflación, abrió la economía y llenó las vidrieras de productos importados. Durante un tiempo pareció suficiente.
Después aparecieron las fábricas cerradas, las privatizaciones sin reconstrucción productiva, los pueblos ferroviarios abandonados y la desocupación masiva. En mayo de 1995 el desempleo alcanzó el 18,4%, y continuó en niveles extraordinariamente altos durante el resto de la década.
Esa cifra no demuestra por sí sola que la flexibilización haya causado el desempleo. Pero destruye la ingenuidad de sostener que quitar derechos crea automáticamente puestos de trabajo. La legislación puede facilitar o dificultar una contratación que la economía necesita. No puede inventar esa necesidad.
Milei no es Menem y la Argentina de 2026 no es la de 1995. Tampoco la desocupación nacional actual tiene aquella magnitud. Pero los modelos no necesitan ser idénticos para compartir una lógica: presentar el ajuste como una operación técnica inevitable, convertir la apertura y el equilibrio en fines y no en instrumentos, señalar el costo laboral como obstáculo y prometer que la prosperidad llegará después de que la sociedad soporte el tratamiento.
El problema es que el paciente ya empezó a perder órganos.
4. El presupuesto que confiesa el modelo
La Argentina conoce demasiado bien los desastres provocados por el déficit, la emisión sin respaldo, el endeudamiento irresponsable y la utilización del presupuesto como una ficción destinada a financiar aventuras electorales. Sería absurdo negar la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Но existe una diferencia enorme entre equilibrar el Estado y convertir el equilibrio en una religión pagana, con sus dogmas, sus sacerdotes y, especialmente, sus sacrificios humanos.
El Gobierno acaba de enviar al Congreso el Presupuesto 2027. No es simplemente una estimación de recursos y gastos. Es el último presupuesto completo antes de las elecciones presidenciales y, por lo tanto, la primera plataforma electoral de Javier Milei para intentar su reelección.
Allí está escrito no sólo el programa económico del próximo año. También está expresada una idea de país. Quién importa, quién sobra, quién merece protección y quién puede ser abandonado en nombre de la estabilidad.
El Presupuesto 2027 no es una colección inocente de números. Es la confesión escrita del modelo. Allí se descubre quién importa, quién puede esperar y quién debe pagar.
El Gobierno proyecta crecimiento del 4%, inflación del 18%, salarios aumentando por encima de los precios y un nuevo superávit financiero. Si esas previsiones se cumplen, habrá una mejora macroeconómica indudable. Negarlo sería reemplazar el análisis por la militancia.
Pero un presupuesto no se juzga solamente por lo que promete para mañana. También se juzga desde qué piso parte, qué pérdidas consolida y qué protecciones vuelve discrecionales. Una recuperación porcentual puede lucir importante en una planilla y seguir siendo insuficiente después de tres años de motosierra.
El proyecto original asignó $7,349 billones a las universidades nacionales, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional estimó necesidades cercanas a $11 billones. La diferencia ronda los $3,65 billones. El Gobierno ya admitió que revisará la partida durante la negociación parlamentaria. La concesión no desmiente el problema: lo confirma.
Se podrá discutir la eficiencia universitaria, sus controles, la duración de las carreras y los defectos de algunas administraciones. Todo debe auditarse. Pero una auditoría procura mejorar una institución. El desfinanciamiento busca disciplinarla o reducirla.
Existe, además, una contradicción productiva. Se acusa a la universidad pública de ser un gasto improductivo justo cuando el mercado laboral expulsa jóvenes y premia empleos de baja calificación. ¿Qué futuro imagina un país que abarata el trabajo y encarece el conocimiento? Argentina necesita más técnicos, ingenieros, médicos, científicos y docentes, no una juventud obligada a elegir entre una plataforma y la emigración.
La misma lógica aparece en la Asignación Universal por Hijo. El proyecto pretende eliminar su fórmula de actualización automática sin establecer otra equivalente. Cuando la informalidad alcanza al 45%, cuando más familias dependen de una prestación destinada precisamente a trabajadores informales y desocupados, el Estado se reserva la facultad de decidir cuánto actualizar y cuándo hacerlo.
Es una paradoja demasiado perfecta para ser casual: el modelo produce más informalidad y, al mismo tiempo, debilita la protección destinada a quienes viven en ella.
Con los jubilados ocurre algo parecido. Los haberes se actualizan, pero el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. En la Argentina, congelar no significa conservar. Significa licuar. Cada mes el Gobierno puede anunciar que el bono continúa existiendo mientras compra menos medicamentos, menos alimentos y menos días de tranquilidad.
En discapacidad, el texto original pretendió reemplazar el valor universal del nomenclador por un sistema en el que cada financiador pudiera fijar sus valores sobre la base de un piso. La propuesta quedó bajo revisión después de provocar rechazo social y resistencia dentro de los propios bloques aliados. Otra vez, el Gobierno retrocede no porque haya advertido espontáneamente el daño, sino porque descubrió su costo político.
Según los análisis presupuestarios disponibles, incluso con algunas mejoras nominales, el gasto educativo proyectado continúa alrededor de un 44% por debajo de 2023; discapacidad, cerca de un 24%; e infraestructura y vivienda, más de un 70%. Un pequeño aumento sobre un piso demolido no reconstruye lo amputado.
La motosierra no corta en todas las direcciones. Tiene GPS.
No estamos discutiendo si el Estado debe gastar sin límites. Estamos preguntando por qué el límite siempre aparece antes frente al débil y después frente al poderoso. Por qué el equilibrio fiscal necesita ajustar a quien cobra una AUH, pero rara vez se anima a revisar integralmente los beneficios tributarios, los regímenes promocionales, las exenciones sectoriales o los privilegios económicos acumulados durante décadas.
Para algunos hay mercado. Para otros, sacrificio.
Y después se pretende que ambos voten con el mismo entusiasmo.
El superávit nacional y el déficit provincial
El presupuesto también confirma otra constante del modelo: una parte sustancial del equilibrio nacional se construye trasladando el desequilibrio hacia las provincias.
La Nación recauda, retiene y ajusta. Las provincias deben mantener hospitales, escuelas, rutas y servicios públicos. Cuando faltan los recursos, el gobernador debe aumentar impuestos, endeudarse, paralizar obras o enfrentar el conflicto social.
Después, desde Buenos Aires, se anuncia que el Estado nacional alcanzó el superávit. Es una contabilidad creativa: el déficit no desaparece, simplemente cambia de domicilio.
Esto resulta particularmente grave para las provincias patagónicas. Las distancias son mayores, el clima encarece cualquier obra, la infraestructura resulta indispensable y las economías regionales necesitan rutas, conectividad, energía y servicios básicos. Gobernar Santa Cruz, Chubut, Río Negro o Tierra del Fuego no cuesta lo mismo que administrar veinte cuadras alrededor del Obelisco.
Pero el Excel libertario desconoce la geografía. Para la planilla, un kilómetro es siempre un kilómetro. Para quien vive en el interior profundo, puede ser la distancia entre recibir atención médica o quedar abandonado.
Ese centralismo fiscal está destruyendo el vínculo con los gobernadores que ayudaron al Gobierno a aprobar sus principales leyes. Gobernadores que acompañaron reformas, prestaron legisladores, garantizaron quórum y aceptaron costos políticos en sus provincias. Ahora descubren algo que muchos sospechaban: para la Casa Rosada, el diálogo no es una construcción política. Es un sistema de alquiler de votos.
Gustavo Sáenz fue uno de los primeros en marcar distancia. Después de reunirse con funcionarios nacionales denunció falta de reciprocidad y deslealtad. No es un gesto menor. Salta había sido una de las provincias que ofrecieron cooperación parlamentaria al oficialismo.
El problema para Milei es que Sáenz puede ser el primero, pero difícilmente sea el último. En un año electoral, ningún gobernador quiere aparecer explicando por qué votó un presupuesto que desfinancia a su provincia, congela obras y recorta prestaciones sociales. Mucho menos cuando el Gobierno nacional pretende competirle territorialmente con candidatos propios.
La alianza era tolerable mientras sus beneficios resultaban recíprocos. Cuando la Nación exige obediencia y, al mismo tiempo, abandona a las provincias, deja de existir una coalición. Queda apenas un sistema de sometimiento.
Patricia cortó los hilos
La crisis adquirió otra dimensión cuando Patricia Bullrich reconoció que los votos no están para eliminar las PASO y dejó trascender su sorpresa frente a modificaciones sensibles del presupuesto, particularmente en discapacidad, que no habría sido discutidas en la mesa política.
El dato es explosivo.
Bullrich fue ministra de Seguridad, candidata presidencial, aliada decisiva de Milei en 2023 y luego jefa del oficialismo en el Senado. Puso su capital político, su partido y una porción importante de su electorado al servicio del proyecto libertario.
Ahora descubre que la enviaban a buscar consensos sobre decisiones que ella misma no conocía.
La figura utilizada fue brutal: sentirse un títere.
Todo títere supone la existencia de un titiritero. Y todo titiritero cree que puede mover los hilos sin que el muñeco descubra quién maneja sus brazos. Durante mucho tiempo, Bullrich aceptó representar el papel que le habían asignado. Defendió decisiones incómodas, contuvo aliados y justificó contradicciones. Pero una cosa es acompañar un Gobierno y otra muy distinta prestar el cuerpo para que otro haga política desde las sombras.
Su advertencia respecto de las PASO tiene además una consecuencia inesperada. El Gobierno pretende eliminarlas porque necesita impedir cualquier competencia interna que cuestione la candidatura presidencial de Milei y el control político de Karina Milei.
La apertura de las colectoras permitiría, a su vez, concentrar detrás del Presidente diferentes ofertas provinciales, aunque esas mismas fuerzas compitan entre sí en cada distrito. Es decir: unidad obligatoria arriba y fragmentación conveniente abajo.
Una ingeniería electoral hecha a medida. Pero si la reforma fracasa y las PASO permanecen vigentes, podría abrirse una puerta que hoy parece improbable, aunque ya no imposible: que alguien decida disputar desde adentro la candidatura presidencial de 2027.
Patricia Bullrich conoce ese camino. Ya compitió en una primaria presidencial, derrotó a Horacio Rodríguez Larreta y obtuvo casi una cuarta parte de los votos en la elección general de 2023.
¿Se animaría a enfrentar a Milei?
Hoy no existe una candidatura lanzada. No obstante, la sola aparición de esa hipótesis revela cuánto cambió el clima dentro del oficialismo. Hace algunos meses parecía imposible imaginar una competencia interna. Ahora comienza a discutirse quién podría encabezarla.
Las PASO que el Gobierno quiere eliminar podrían convertirse en el instrumento para discutir el liderazgo del propio Presidente. La reforma electoral dejó entonces de ser una cuestión institucional. Se transformó en un mecanismo de supervivencia familiar.
5. Cuando el equilibrio desequilibra la vida
Éste es el corazón del debate. El equilibrio fiscal es una condición necesaria. No es una política de desarrollo. Una familia tampoco vive de tener la libreta ordenada si nadie consigue trabajo, los hijos abandonan sus estudios, el abuelo no compra los remedios y la persona con discapacidad pierde al prestador.
La inflación más baja es una conquista valiosa. Negarlo sería una necedad. Pero utilizar esa conquista como permiso para tolerar desempleo, informalidad, degradación salarial y abandono social sería otra necedad, todavía más peligrosa.
La estabilidad sólo puede transformarse en progreso si se combina con producción, crédito para las pymes, infraestructura, educación, ciencia, federalismo y un mercado interno capaz de comprar aquello que las empresas producen. Sin esas condiciones, la reforma laboral no crea empleo: apenas administra la precariedad.
Un gobierno puede equilibrar el Tesoro y desequilibrar la Nación. Puede bajar la inflación y aumentar la incertidumbre. Puede mejorar una planilla y empeorar millones de biografías. Puede incluso ganar tiempo electoral exhibiendo el orden de las variables mientras debajo se desordena todo aquello que no cotiza en los mercados: el trabajo, la educación, la vejez y la dignidad.
El problema del equilibrio fiscal nunca fue el equilibrio fiscal. El problema siempre fue quién paga la cuenta.
La verdadera pregunta no es si el modelo cierra. Claro que cierra. Cierran fábricas, cierran oportunidades, cierra el acceso al conocimiento, cierra la puerta del empleo formal y cierra el futuro de quienes sólo pueden ofrecer su trabajo.
El problema es que, cuando un modelo cierra de esa manera, lo que termina cerrando es el país.
Por Sergio Mammarelli
Primicias Rurales
Sep 6, 2026 | Actualidad, Columnas, Malvinas
Trump, Milei, Londres y Washington volvieron a poner a las Malvinas en el centro de una disputa geopolítica mayor. La oportunidad argentina es enorme, pero también el riesgo de que las islas simplemente cambien de dueño.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, miércoles 9 septiembre (PR/26) — La Argentina tiene un reclamo sobre Malvinas. No tiene una política. Hace algunas semanas, después de aquella bandera de “Las Malvinas son argentinas” que terminó desplegada por la Selección casi por accidente, escribí una frase de la que estaba bastante convencido:
La Argentina tiene un reclamo sobre Malvinas. No tiene una política.
Después de la cadena nacional de Javier Milei, y sobre todo después de conocer lo ocurrido en Washington durante los meses anteriores, debo ponerle por lo menos un signo de interrogación.
No porque las Malvinas estén hoy más cerca de ser argentinas. No porque Donald Trump se haya convertido repentinamente en un estudioso de nuestros títulos históricos. Mucho menos porque Estados Unidos haya reconocido nuestra soberanía.
Nada de eso ocurrió. Pero ocurrió algo.
Y en política internacional, cuando durante cuarenta y cuatro años prácticamente no ocurre nada, que ocurra algo ya merece nuestra atención.
Lo primero que debemos reconocer es que ese algo no nació en Buenos Aires. Nació en Washington.
El mérito de Javier Milei fue verlo, entenderlo y decidir subirse a una oportunidad que no había creado.
La pregunta es si estamos frente a una jugada electoral brillante, al comienzo de un giro diplomático real o, quizás, frente a las dos cosas.
Y existe una tercera posibilidad bastante más inquietante: que Malvinas haya dejado de ser solamente una discusión entre Argentina y Gran Bretaña y esté empezando a convertirse en una pieza de una estrategia norteamericana mucho mayor.
Trump no improvisó Malvinas
Hasta hace pocos días podía suponerse que Donald Trump había utilizado Malvinas como una ocurrencia para castigar verbalmente a Londres.
Ahora sabemos que la historia empezó antes. En abril, Reuters reveló la existencia de un correo interno del Pentágono en el que se evaluaban posibles represalias contra aliados de la OTAN que, según Washington, no habían acompañado suficientemente a Estados Unidos durante la guerra con Irán.
Entre esas opciones aparecía algo extraordinario: revisar la posición norteamericana sobre el reclamo británico en las Falklands/Malvinas.
Es decir, Malvinas ya estaba en una mesa de análisis de la administración Trump meses antes de convertirse en una declaración presidencial.
Eso cambia bastante las cosas. No demuestra que Estados Unidos haya decidido apoyar la soberanía argentina. Tampoco prueba la existencia de un plan acabado para desplazar al Reino Unido del Atlántico Sur. Pero sí demuestra que la cuestión dejó de ser invisible para Washington.
Trump no inventó la posibilidad frente a un micrófono. La posibilidad ya circulaba dentro de su aparato de defensa. Y esta semana la hizo pública.
Por eso la grieta es más seria de lo que parecía, aunque todavía siga siendo apenas una grieta.
Trump no se hizo argentino
Conviene evitar nuestra tradicional tentación de enamorarnos de nosotros mismos.
Trump no descubrió que Argentina tiene razón. Descubrió que Malvinas podía servirle.
Estados Unidos está disgustado con Gran Bretaña y con una Europa a la que considera cada vez menos dispuesta a acompañarlo cuando Washington exige algo más que declaraciones. La guerra con Irán dejó expuesta esa diferencia.
Estados Unidos pidió compromiso. Europa pidió prudencia. Washington quería aliados dispuestos a pagar costos. Encontró muchos espectadores.
Cuando Trump fue interrogado sobre qué haría Estados Unidos ante una futura controversia por Malvinas, no garantizó automáticamente el respaldo a Gran Bretaña y confirmó que la posición norteamericana estaba siendo revisada.
Eso es mucho y es poco al mismo tiempo. Es poco porque Washington no reconoció nuestra soberanía. Es mucho porque durante cuarenta y cuatro años el principal activo estratégico británico en el Atlántico Sur no estuvo solamente en las islas. Estuvo en Washington.
No cambió todavía la política norteamericana. Pero apareció incertidumbre. Y en geopolítica la incertidumbre también cotiza.
El nuevo sheriff y la vieja Europa
Hay además una sintonía ideológica que no deberíamos ignorar.
Cuando Milei describe al Reino Unido como una potencia en decadencia no está utilizando solamente un argumento argentino contra el ocupante de Malvinas. Está hablando el mismo idioma político con el que la administración Trump viene describiendo a Europa.
En febrero de 2025, el vicepresidente J. D. Vance llegó a la Conferencia de Seguridad de Múnich y, delante de los propios dirigentes europeos, cuestionó sus democracias, sus políticas migratorias, su concepción de la libertad de expresión y su capacidad para hacerse cargo de su propia defensa.
Y resumió el cambio de época con una frase de western: “En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad”. No fue una ocurrencia simpática. Fue un aviso.
Estados Unidos ya no consideraba que la arquitectura transatlántica construida después de 1945 implicara obligaciones automáticas e ilimitadas. Europa debía pagar más por su defensa. Debía acompañar. Debía demostrar utilidad estratégica.
La guerra con Irán convirtió aquella advertencia en una factura. Y, de una manera que pocos hubiéramos imaginado, Malvinas terminó dentro de ella.
Milei comparte esa lectura. Su caracterización de un Reino Unido viejo y declinante frente a una Argentina que pretende convertirse en socio privilegiado del nuevo poder norteamericano no es solamente retórica malvinera. Es una toma de partido.
Milei eligió de qué lado del Atlántico quiere pararse.
¿El Escudo de las Américas también llega al Atlántico Sur?
Y aquí aparece una segunda pieza. En marzo de este año Trump reunió en Miami la primera cumbre del llamado Shield of the Americas, el Escudo de las Américas.
Argentina estuvo allí. Chile también.
El documento argentino sobre aquella reunión habló de una coalición destinada, entre otras cosas, a frenar la “interferencia extranjera en nuestro hemisferio”.
No estamos todavía frente a una OTAN americana. No existe, por lo menos públicamente, un equivalente del artículo 5, una obligación automática de defensa colectiva ni un comando militar integrado que permita afirmarlo.
Pero sí parece estar naciendo una arquitectura política y estratégica hemisférica.
Y si Washington vuelve a mirar al continente con la vieja lógica de las áreas de influencia, Argentina y Chile dejan de ser países periféricos. Son los dos países que abrazan el extremo austral de América. Entre ambos está el paso hacia la Antártida.
Del lado argentino está el Atlántico Sur. Y enfrente están las Malvinas.
Entonces las piezas empiezan a conectarse: Trump. La ruptura con parte de Europa. El enojo con Londres. El Pentágono. El Escudo de las Américas. Argentina. Chile. China. La Antártida. Las rutas marítimas. Y Malvinas.
No afirmo que exista un plan secreto que una automáticamente todos esos puntos. Sería periodísticamente irresponsable.
Digo algo distinto: los acontecimientos empiezan a mostrar una coherencia estratégica que sería igualmente irresponsable ignorar.
Milei vio la ventana
Tengo profundas diferencias con Javier Milei. Las escribo todas las semanas. Precisamente por eso no voy a negarle un acierto cuando lo tiene.
Milei vio la ventana. Y actuó.
Anunció medidas contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas, endureció el discurso frente al desarrollo de Sea Lion, prometió acelerar la Base Naval Integrada de Ushuaia y presentó todo aquello como el comienzo de una política más agresiva de defensa de nuestros intereses en el Atlántico Sur.
Una cosa es decir “Las Malvinas son argentinas”. Otra muy diferente es preguntarse: ¿Qué podemos hacer para que mantener la situación actual sea más caro?
La primera es una declaración. La segunda empieza a parecerse a una política.
La paradoja: Milei descubre a Cristina
Pero aquí aparece una deliciosa paradoja argentina. Buena parte de lo que Milei presentó como endurecimiento no nació con Milei.
El decreto publicado después de su discurso se apoya expresamente en la Ley 26.659, sancionada durante el kirchnerismo, y en el régimen que fue construido durante aquellos años para perseguir administrativamente la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina.
El nuevo decreto designa a Cancillería como autoridad de aplicación, obliga a los organismos nacionales a informar posibles infracciones y establece procedimientos y plazos más rápidos para investigar y sancionar.
Es decir: Milei no destruyó la política anterior. La desempolvó, la aceleró y decidió utilizarla.
No lo digo como crítica. Todo lo contrario. Quizás estemos viendo, por una vez, aquello que tantas veces reclamamos y casi nunca hacemos: una política de Estado.
El presidente que construyó buena parte de su identidad política prometiendo terminar para siempre con el kirchnerismo terminó descubriendo que, para enfrentar a Gran Bretaña, algunas herramientas creadas durante los gobiernos kirchneristas podían ser útiles.
La grieta tiene estas ironías. Y quizás la madurez consista precisamente en eso: que un gobierno sea capaz de utilizar una buena herramienta
creada por el adversario sin sentir que por hacerlo se convierte en el adversario.
El petróleo cambió todo
El verdadero reloj no está corriendo en Washington. Está debajo del Atlántico. Sea Lion. Pesca, hidrocarburos, posición estratégica, proyección antártica.
Las Malvinas dejaron hace tiempo de ser una simple reliquia colonial. Son un activo.
Reuters informa que Sea Lion contiene recursos estimados en alrededor de 1.700 millones de barriles y que sus operadores, pese a las nuevas medidas argentinas, sostienen por ahora que el cronograma del proyecto no cambia.
Ese último dato es importante. Nos obliga a medir la eficacia real y no la eficacia discursiva.
Las sanciones argentinas pueden aumentar el riesgo jurídico, financiero, asegurador y comercial para quienes participen. Pero no han detenido el proyecto. Todavía.
Por eso Argentina no debería limitarse a sancionar a quien perfora. Tiene que conseguir que financistas, aseguradoras, proveedores, transportistas, inversores y eventualmente compradores tengan que calcular cuánto cuesta participar de una explotación que nuestro país considera ilegal.
Eso sería transformar soberanía en política económica.
Y también nos obliga a aceptar una realidad incómoda: cada barril que salga de allí no será solamente petróleo. Será tiempo comprado por los británicos. Y tiempo perdido por nosotros.
La base que todavía no existe
La Base Naval Integrada de Ushuaia merece un análisis bastante menos romántico.
En términos estratégicos tiene sentido. Si Argentina se define como país bicontinental, pretende proyectarse sobre la Antártida y reclama un papel central en el Atlántico Sur, resulta absurdo que Malvinas sea solamente una carpeta de Cancillería.
Necesitamos presencia marítima, logística, científica, pesquera, antártica, naval y comercial. Hasta allí, ninguna objeción.
El problema empieza cuando abandonamos el PowerPoint y preguntamos cuánto cuesta. Una base naval no se construye con soberanía declamada. Se construye con dinero. Y el Estado argentino atraviesa una restricción fiscal severa.
La recaudación de agosto creció 33,5% nominal interanual, pero algunos componentes directamente vinculados con consumo, actividad y empleo mostraron una dinámica bastante menos exuberante frente a la inflación.
Al mismo tiempo, el Gobierno continúa haciendo del equilibrio fiscal el centro de toda su política económica.
Entonces la pregunta no es si una base naval en Ushuaia sería conveniente. La pregunta es si existe presupuesto, cronograma, financiamiento, capacidad militar concreta y decisión de sostener durante años una obra multimillonaria.
Hasta que esas respuestas aparezcan, la base tiene algo de bengala. Se dispara. Ilumina todo el cielo. Produce una imagen extraordinaria.
El problema es descubrir qué queda cuando se apaga.
El golpe electoral
Naturalmente que existe política electoral. Milei no descubrió Malvinas en un monasterio. Está haciendo política.
Y encontró probablemente uno de los pocos asuntos capaces de hablar simultáneamente con un libertario, un peronista, un radical, un militar, un excombatiente y alguien que no quiere saber absolutamente nada con ninguno de ellos.
Malvinas sigue siendo uno de los escasísimos lugares emocionales comunes de la Argentina. Utilizarlo electoralmente puede resultar cuestionable.
Pero existe una diferencia entre utilizar electoralmente una política correcta y fabricar una política incorrecta exclusivamente para ganar una elección.
La prueba será sencilla. Si después de la cadena nacional aparecen diplomáticos, abogados internacionales, economistas, Defensa, Cancillería, Tierra del Fuego, presupuesto, legislación y una estrategia de veinte años, había una política.
Si aparecen solamente encuestas, spots y discursos, había una elección.
El peligro de enamorarnos de Trump
Los argentinos ya cometimos una vez un error parecido. Fue en 1982.
La dictadura creyó que su relación con Washington, su anticomunismo y su colaboración con la estrategia norteamericana en América Latina impedirían que Estados Unidos terminara alineándose con Gran Bretaña.
Sabemos cómo terminó.
Por eso sería imperdonable repetir, aunque ahora sea diplomáticamente, aquella fantasía.
Estados Unidos no se convirtió en nuestro aliado contra Gran Bretaña. Washington está utilizando la cuestión Malvinas dentro de una discusión mucho más amplia con Londres y Europa.
La diferencia parece pequeña. Es gigantesca.
Pero existe una segunda verdad. Que Trump quiera utilizarnos no significa que nosotros no podamos utilizar la oportunidad que Trump abrió.
Bienvenidos a la política internacional adulta. Los países no tienen amigos eternos. Tienen intereses.
La oportunidad y el precio
La apuesta de Milei puede ser extraordinariamente inteligente. Insertar la reivindicación argentina dentro de una reorganización hemisférica liderada por Estados Unidos puede alterar una ecuación que durante cuatro décadas permaneció congelada.
Pero toda alianza con una gran potencia tiene una pregunta que generalmente los países pequeños olvidan formular:
¿Qué quiere a cambio?
Estados Unidos mira hacia el sur y no ve solamente una bandera argentina. Ve China. Ve la Antártida. Ve rutas marítimas. Ve minerales. Ve hidrocarburos. Ve comunicaciones. Ve bases. Ve un corredor estratégico que dentro de veinte años probablemente valga bastante más que hoy.
Y ve, además, un archipiélago administrado por una potencia europea en un hemisferio sobre el cual Washington vuelve a utilizar un lenguaje que creíamos archivado con la Doctrina Monroe.
Por eso la oportunidad es enorme. Y el riesgo también.
El verdadero problema somos nosotros
Gran Bretaña tiene una ventaja formidable sobre Argentina. No son solamente sus submarinos. No son sus aviones. Ni siquiera es la OTAN.
Es el tiempo.
Londres sabe esperar. Nosotros cambiamos de estrategia cada cuatro años.
Un gobierno seduce a los isleños. El siguiente los ignora. Uno busca Washington. Otro busca Beijing. Uno endurece. Otro negocia.
Y Gran Bretaña espera.
Por eso el verdadero éxito de Milei no consistirá en conseguir una declaración de Trump. Consistirá en algo muchísimo más difícil:
Que el próximo presidente argentino continúe una política útil iniciada por Milei aunque lo deteste, del mismo modo que Milei acaba de utilizar instrumentos legales creados por gobiernos a los que detesta.
Eso sí sería una revolución argentina. No ideológica. Institucional.
¿Y si las Malvinas cambian de dueño?
Existe finalmente una pregunta que me resulta bastante más incómoda que todas las anteriores.
Nada de esto hubiera ocurrido sin Donald Trump. No fue Milei quien abrió la grieta. Fue Washington.
Y ahora sabemos que tampoco fue solamente una ocurrencia presidencial.
Meses antes de que Trump pronunciara públicamente la palabra Malvinas, dentro del Pentágono ya se analizaba revisar la posición norteamericana como instrumento de presión sobre Gran Bretaña por su comportamiento durante la guerra con Irán.
Al mismo tiempo, Trump construye su Escudo de las Américas, una nueva arquitectura hemisférica en la que Argentina y Chile ocupan inevitablemente un lugar estratégico en el extremo austral del continente.
Entonces aparece una pregunta bastante menos simpática.
¿Qué está viendo Estados Unidos cuando mira las Malvinas?
¿Una injusticia colonial que finalmente decidió reparar?
Permítanme dudarlo. Probablemente esté mirando otra cosa. China. La Antártida. El Atlántico Sur. Las rutas marítimas. El petróleo. Los minerales.
Quizás Trump no esté descubriendo que las Malvinas son argentinas.
Quizás esté descubriendo que son americanas.
Y entre ambas afirmaciones existe un océano.
Por eso debemos aprovechar esta extraordinaria coincidencia de intereses. Sería absurdo no hacerlo. Pero jamás debemos confundir el interés norteamericano con el interés argentino.
Tal vez el problema no sea que Milei esté entregando Malvinas a Estados Unidos. Eso sería una simplificación absurda.
El problema es bastante más sofisticado: que para recuperarlas necesitemos de una potencia que acaba de descubrir cuánto valen.
Hace unas semanas preguntaba quién sostendría nuestra bandera si algún día Londres aceptaba negociar.
Después de estos días tengo otra pregunta. Muchísimo más incómoda.
Durante casi dos siglos reclamamos que las Malvinas dejaran de ser británicas. Tal vez por primera vez una potencia capaz de modificar ese equilibrio parece dispuesta a incomodar seriamente a Londres.
Magnífica noticia. Ahora asegurémonos de entender por qué.
Porque después de casi dos siglos sería una ironía demasiado cruel que finalmente consiguiéramos que las Malvinas dejaran de ser británicas…
para descubrir que solamente estaban cambiando de dueño.
Fuente:Sergio Marcelo Mammarelli
Primicias Rurales
Jul 28, 2026 | Actualidad, Malvinas, Opiniones
El reconocido y veterano periodista inglés de The Guardian, Simon Jenkins, escribió una nota diciendo que Las Malvinas no podrán estar en manos inglesas indefinidamente. Tocó una herida abierta que no se convirtió todavía en cicatriz. La diferencia entre una cosa y la otra explica por qué Malvinas no se resuelve, y por qué el obstáculo ya no está solamente en Londres.
Por Sergio Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut.
«La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur… La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.»
— Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, 1994
Buenos Aires, martes 28 julio (PR/26) — La bandera que nadie sostenía. La bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas» no bajó al campo de juego por decisión de un dirigente, ni por una operación de prensa, ni por un plan de la Cancillería.
Cayó.
Se soltó de una tribuna del estadio, la levantaron manos que no la habían llevado hasta ahí, y terminó desplegada frente a las cámaras del mundo por jugadores que dos minutos antes sólo pensaban en una final. Esa es la triste realidad de lo que verdaderamente pasó.
Aclarado esto, si uno quisiera resumir cuarenta y cuatro años de política argentina hacia el Atlántico Sur en una sola escena, no encontraría mejor paralelismo. Una convicción absolutamente sincera, absolutamente compartida, absolutamente conmovedora, que se despliega sola, por gravedad, sin que haya nadie encargado de sostenerla. Un sentimiento nacional sin dueño y sin estrategia.
Tres días después, el domingo, España nos ganó la final. Y seis días antes, el 13 de julio, el Reino Unido y la Unión Europea habían firmado el acuerdo que derriba la verja de Gibraltar. En una misma semana, España se llevó la copa y se llevó la frontera. Nosotros solo nos llevamos la bandera y el aplauso de la tribuna.
Con esta introducción, mi humilde opinión transita por una discusión sobre la diferencia entre tener razón y tener resultados.
En medio de todo ese ruido apareció Simon Jenkins en The Guardian. Un columnista británico de peso, con oficio y sin sospecha de simpatía peronista, escribiendo que las Falklands «no pueden seguir siendo británicas para siempre». El texto cayó en la Argentina como un milagro. Un inglés admitiendo algo que vale más que mil documentos propios.
Sin embargo, habría que leerlo con más cuidado. Jenkins es un buen periodista escribiendo un excelente artículo con tres argumentos que son impecables y están todos vencidos.
El primero es el costo: sesenta millones de libras al año le cuestan las islas al contribuyente británico. Es verdad, pero ese número, que en los setenta era el argumento decisivo del Tesoro para desprenderse del archipiélago, hoy compite contra otra columna del balance. La pesca —el calamar, sobre todo— explica el 63% del producto de las islas y el 92% de sus exportaciones.
Y a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, el proyecto Sea Lion pasó de promesa a decisión final de inversión, con Navitas Petroleum al frente y primer petróleo previsto para marzo de 2028.
Las Malvinas dejaron de ser un gasto imperial para convertirse en un activo. El argumento del costo no se refutó: se lo comió la contabilidad.
El segundo es la descolonización. Jenkins escribe recordando aquel momento en que Naciones Unidas empujaba a Europa a soltar los últimos restos del imperio, y Gran Bretaña ordenaba su retirada del Atlántico Sur. Isleños y la gente del continente se unían con lazos visibles e invisibles de intercambio con dos vuelos a Puerto Argentino desde Comodoro Rivadavia.
Sin embargo, el Protocolo de Madrid, que prohíbe la explotación minera en la Antártida, se vuelve revisable a partir de 2048. Faltan veintidós años. Un Estado que piensa en 2048 no discute descolonización en 2026.
Y el tercero es el «sentido común geográfico«: tarde o temprano, dice Jenkins, estas colonias se integrarán a sus continentes. Es una frase hermosa pero no mueve el amperímetro. La geografía no tiene sentido común y los Estados, jamás van a soltar nada de lo que otros van a querer.
Jenkins, en definitiva, no puso el dedo en una llaga. Lo puso en una cicatriz. Una llaga duele y obliga a actuar. Una cicatriz sólo recuerda que ahí hubo algo, hace mucho, y que el cuerpo siguió funcionando sin resolverlo. La respuesta de Downing Street lo confirmó con una brutalidad casi cómica: «Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas sin duda lo son». Contestaron con un chiste y se le contesta con un chiste a lo que no se considera un problema.}
El espejo de Gibraltar
Jenkins invoca Gibraltar como prueba de que estos nudos se desatan. Sin embargo, Gibraltar demuestra exactamente lo contrario de lo que se le hace decir.
¿Qué consiguió España después de décadas de negociación? Consiguió que se derribe la verja. Consiguió libre circulación de personas y mercancías, controles duales en el puerto y el aeropuerto, integración funcional plena. Y consiguió, sobre todo, mantener «intacta» su reclamación de soberanía. Intacta en este caso quiere decir guardada.
Quiere decir que España aceptó el mejor acuerdo práctico posible a cambio de estacionar indefinidamente el reclamo simbólico.
Pero hay además otra diferencia. Gibraltar se destrabó porque existió un tercero. El Brexit rompió un equilibrio y obligó a las partes a construir uno nuevo, con Bruselas empujando desde afuera.
Argentina y el Reino Unido no tienen Bruselas.
En cambio, en el C-24 reunido en Nueva York en junio pasado, en este 2026, con el canciller Pablo Quirno denunciando la militarización y la explotación unilateral de recursos, aprobó por consenso una nueva resolución que pide la reanudación del diálogo bilateral, en línea con la Resolución 2065 de 1965.
Dicho de otro modo, sesenta y un años después de aquella resolución fundante, la Argentina solo ganó por consenso una Resolución donde nadie está obligado a nada.
Mi primera conclusión presumo que no gustará a nadie. Si uno traduce ese modelo gibraltareño al Atlántico Sur —vuelos, comercio, cooperación pesquera, integración práctica, soberanía congelada— el resultado es que la política argentina ya lo declaró inaceptable.
El precedente que nadie cita
Si algo hay que mirar, no es Gibraltar. Es Chagos. En 2019 la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva —pedida por la Asamblea General de la ONU— declarando ilegal la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio. Seis años después, el Reino Unido firmó la transferencia de soberanía.
También es cierto que entregó la soberanía y se quedó con la base de Diego García bajo un arrendamiento de larga duración. Soberanía para uno, instalación militar para el otro.
Esa idea, ya se venía conversando con los isleños a fines de los setenta, soberanía argentina, administración británica, garantías de autonomía. Sin embargo, esa idea se hizo pedazos el 2 de abril de 1982, cuando una dictadura en decadencia mandó a morir a chicos de dieciocho años a una isla para estirar su propia agonía.
Reconocido periodista inglés publicó que «las Malvinas no pueden ser británicas para siempre» y desató la polémica en el Reino Unido
Fuera de todo esto, la enseñanza es que la vía existe, y es jurídica antes que diplomática. Si bien la opinión consultiva de la Corte no obliga, cambia el precio político de no negociar. Argentina nunca la intentó en serio.
Ahora la pregunta que importa sería la siguiente: ¿la política argentina firmaría eso? ¿Qué presidente sobrevive a la tapa del diario que dice «cedió la base»?
Un reclamo no es una política
Hay que decir algo sin eufemismos.
La Argentina tiene un reclamo, no tiene una política. Un reclamo es una posición jurídica que se repite. Una política es una secuencia de decisiones que producen efectos.
Nosotros tenemos lo primero en cantidades industriales y lo segundo casi en ninguna.
Tenemos un mandato constitucional que ordena recuperar los territorios respetando el modo de vida de sus habitantes por medios pacíficos, es decir, un mandato que ordena ganar una partida sin usar ninguna de las piezas que la ganan.
El gobierno de Javier Milei encarna esa contradicción. Es la administración más alineada con Washington y con Occidente de la historia democrática argentina, y esa alineación le dio algo que ningún gobierno anterior tuvo: un guiño de la Casa Blanca respaldando a la Argentina en la polémica de la bandera, después de que el Departamento de Estado ratificara en mayo su neutralidad formal.
Milei dice que las Malvinas son argentinas y que se recuperarán «en el plano diplomático». Lo que no dice, porque nadie lo dice, es con qué.
Cuando Quirno conversa con los kelpers, los excombatientes del CECIM le responden que está validando la estrategia británica de convertir a los isleños en sujetos de autodeterminación. Y tienen razón.
El comodoro (R) con más salidas y llegadas tuvo a la flota británica con su Sky Hawk A B
Ese es exactamente el mecanismo con el que Londres transformó una disputa entre dos Estados en una consulta a mil quinientos diecisiete votantes, el 99,8% de los cuales eligió el statu quo en 2013.
Pero los excombatientes también describen la trampa completa: si hablar con los isleños los legitima, y no hablar con los isleños los aleja para siempre, entonces la Argentina eligió hace décadas una posición en la que cualquier movimiento es una derrota. Ignorarlos durante cuarenta años no los volvió más argentinos. Los volvió más británicos, más ricos y autosuficientes.
Los ex combatienete se preguntan si el sacrificio valió la pena.
El peine tenía petróleo
Borges dijo que Malvinas era la pelea de dos calvos por un peine. Fue una frase brillante, feroz, y con el tiempo se volvió falsa. El peine tenía calamar, tenía hidrocarburos, tenía una ruta hacia la Antártida y tenía una base aérea. Borges se burló de la vanidad y no vio el mapa.
¿Qué desenlaces quedan entonces, mirando los tableros reales de cada país?
El primero, nada se rompe, nada se acuerda, y cada año que pasa las islas son un poco más viables sin la Argentina. El día que el archipiélago se autofinancie del todo, el reclamo argentino no habrá sido derrotado, habrá sido vuelto irrelevante. No perdemos las islas. Nos volvemos innecesarios para su futuro.
El segundo es el Gibraltar criollo: soberanía compartida, o diferida, o arrendada, envuelta en integración práctica. Requiere simultáneamente un gobierno británico con capital político para gastar y un gobierno argentino capaz de sobrevivir a la firma. Las dos cosas al mismo tiempo no ocurrieron nunca.
El tercero es la vía jurídica. Empujar en la Asamblea General una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, como hizo Mauricio. Es lenta, es incierta, no obliga a nadie y es —justamente por eso— la única carta seria que la Argentina tiene sobre la mesa y no juega.
Y el cuarto, el que nadie quiere nombrar, es la disolución del problema por absorción.
Un Atlántico Sur donde el archipiélago deja de ser una disputa bilateral para convertirse en una casilla dentro de un tablero mucho más grande, con flotas chinas en el borde de la milla, con la Antártida entrando en zona de revisión y con potencias decidiendo entre ellas quién controla el corredor austral.
En ese escenario la Argentina no discute con el Reino Unido. Mira.
En mi humilde conclusión, lo que vimos en el Mundial, es que la bandera cayó de la tribuna y el mundo entero la vio. Fue un instante hermoso y fue completamente gratuito. No costó una negociación, no costó un voto, no costó una decisión difícil, no le costó a nadie su carrera política. Por eso pudimos desplegarla todos juntos, sin discutir.
Lo otro, tiene la forma exactamente inversa. Es feo, es técnico, es largo, dura más que un mandato, no se filma, no se canta, se firma con la mano temblando y probablemente lo haga alguien a quien vamos a acusar de traidor.
Puede ser que tarde o temprano un gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de volver a negociar. Puede ser. La pregunta, es si ese día llega, ¿quién sostiene la bandera de este lado?
Primicias Rurales
Por Sergio Mammarelli, especial para Primicias Rurales
