La soberanía sobre el histórico paso interoceánico vuelve al debate bilateral tras contrapuntos entre Argentina y Chile por los límites en el acceso atlántico, reviviendo discusiones históricas sobre el Tratado de 1881 y la paz de 1984. Por Ing Agr Pedro Lobos
Por Ing. Agr. Pedro A. Lobos, director de Primicias Rurales
Buenos Aires, jueves 27 de agosto (PR/26) — Una nueva discrepancia técnico-diplomática volvió a encender las alarmas en las Cancillerías de Buenos Aires y Santiago de Chile.
Declaraciones provenientes de altos mandos militares argentinos sobre el status jurídico del acceso al paso marítimo provocaron una inmediata respuesta del Gobierno chileno. A diferencia de antiguos diferendos, el eje central no radica en la soberanía del cauce en sí, sino en la delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y el mar territorial en la boca oriental del paso interoceánico.
Los antecedentes y el marco jurídico bilateral
La soberanía sobre el paso estratégico quedó sellada jurídicamente a través del Tratado de Límites de 1881, mediante el cual Argentina reconoció que el Estrecho de Magallanes forma parte del territorio chileno. A cambio, el tratado fijó dos condiciones sustanciales:
Neutralización permanente del paso marítimo a perpetuidad.
Libre navegación universal para embarcaciones de todas las banderas en sus aguas.
Posteriormente, tras la crisis diplomática de la década de 1970 y la mediación del Vaticano, ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Este instrumento definió con precisión los límites marítimos al sur del canal Beagle y en el mar de la Zona Austral, consagrando definitivamente el principio bioceánico (Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico).
La postura de Argentina: la proyección atlántica en Cabo Vírgenes
El planteo argentino no desconoce el dominio chileno sobre el Estrecho propiamente dicho, sino que pone el foco en la proyección de las aguas territoriales e insulares atlánticas.
Puntos clave de la controversia: La discusión se concentra en la línea trazada entre Cabo Vírgenes (provincia de Santa Cruz, Argentina) y Punta Dúngenes (Chile).
Derechos soberanos: Sectores analíticos y militares argentinos remarcan que las aguas adyacentes al litoral santacruceño forman parte de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y plataforma continental, las cuales no deben ser absorbidas por la entrada al cauce transoceánico.
Delimitación de accesos: Se argumenta que la jurisdicción chilena comprende las aguas interiores del paso, pero no debe extenderse más allá de la boca oriental en detrimento de la soberanía atlántica argentina.
La respuesta categórica de Chile: inviolabilidad de los tratados
En Santiago de Chile, la reacción diplomática mantiene una línea doctrinal firme y unánime. Desde el Poder Ejecutivo y la Cancillería chilena se enfatiza que:
Inexistencia de diferendos: No hay aspectos ni vacíos pendientes respecto a la demarcación del área, ya que los límites vigentes quedaron cerrados mediante los tratados de 1881 y 1984.
Soberanía integral: Chile sostiene que su jurisdicción se extiende hasta los puntos exactos de demarcación acordados en la boca oriental del paso.
Garantía de navegación: Las autoridades del país vecino aclaran que la concesión de libre navegación a buques internacionales no altera la soberanía territorial ni las competencias del Estado ribereño sobre dichas aguas.
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Un enclave de alta significación geopolítica
El Estrecho de Magallanes es uno de los pasos estratégicos más importantes del hemisferio sur al conectar directamente el océano Atlántico con el océano Pacífico, evitando la compleja travesía del Cabo de Hornos.
Cualquier matiz en la interpretación de los límites marítimos australes cobra relevancia no solo para el tránsito mercante y la pesca, sino también para el control defensivo y la proyección hacia el continente antártico, zona donde los reclamos territoriales de ambas naciones superponen parcialmente sus límites. Por el momento, ambas Cancillerías apuestan a los mecanismos del Tratado de 1984 para encauzar el diálogo por la vía diplomática.
Tolerancia cero y fiscalización inteligente para proteger los recursos del Mar Argentino.
Buenos Aires, miércoles 26 de agosto (PR/26 .- La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que, en el marco de la política de tolerancia cero contra la pesca ilegal, el Gobierno Nacional continúa fortaleciendo los controles y aplicando sanciones a los buques que operan de manera irregular en aguas argentinas por lo que ya recibió $5.381.374.680 en concepto de compensaciones en lo que va del año.
Vale mencionar que en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, la última sanción fue para el buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, por encontrarse operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. También fueron sancionados por las mismas razones las embarcaciones “Bao Feng” y “Bao Win”, de Vanuatu, y “Coimbra”, de Portugal.
La política impulsada por el Gobierno Nacional busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, defender la soberanía sobre los recursos marinos y proteger la actividad pesquera nacional, mediante una estrategia de control permanente y sanciones efectivas frente a quienes infringen las normas dentro de la ZEEA.
Las sanciones efectuadas marcan el esfuerzo de prevención y el combate efectivo de la pesca ilegal, con un recupero para el Estado, de recursos derivados del incumplimiento de la legislación argentina.
Primicias Rurales
Fuente: Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca
El buque VS Promise, de bandera británica y dedicado al transporte de crudo, se encuentra amarrado en el puerto de Ushuaia. Disputa de responsabilidades. El Dobierno nacional sigue sin estrategia por Malvinas.
El petrolero Promise, de bandera británica y dedicado al transporte de crudo, amarrado en el puerto de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, que incluye a Malvinas
Buenos Aires, 25 agosto (NA) — Tierra del Fuego denunció el amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia, en violación de normas provinciales que prohíben la permanencia y operación de embarcaciones del Reino Unido en sus puertos como parte del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
El buque VS Promise, de bandera británica y dedicado al transporte de crudo, se encuentra amarrado en el puerto de Ushuaia, que es propiedad de Tierra del Fuego pero se encuentra intervenido por el Gobierno nacional desde enero último a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que autorizó el amarre.
El emotivo video que publicó el Gobierno de Tierra del Fuego: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”
El video contó con la Marcha de Malvinas de fondo y varias imágenes de Río Grande, que es la Capital Nacional de la Vigilia.
La provincia de Tierra del Fuego incluye en su territorio a las Islas Malvinas, por lo cual, al estar el petrolero amarrado en Ushuaia, se encuentra en la capital provincial de la que depende, según la legislación argentina, el archipiélago del Atlántico sur.
En un comunicado, el Ejecutivo fueguino expresó su «repudio y rechazo enérgico» a la operación del petrolero británico y cuestionó que la embarcación haya podido ingresar y permanecer en el puerto de la capital provincial mientras el Reino Unido mantiene bajo su control las Islas Malvinas.
«Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial», sostuvo la gobernación fueguina.
En ese marco, la provincia reclamó al presidente Javier Milei que informe «de manera inmediata y pública» bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación del buque británico en Ushuaia.
La intervención del puerto, que es propiedad de Tierra del Fuego, se encuentra además bajo un proceso judicial todavía no resuelto.
Según la plataforma de seguimiento de movimientos de embarcaciones Marine Traffic, el VS Promise permaneció previamente en la terminal Río Cullen, ubicada en el norte de Tierra del Fuego, donde habría cargado crudo antes de dirigirse hacia Ushuaia.
«Estuvo cargando crudo en la zona norte y no sé cuál es su destino final ni cuál de todas las petroleras que operan aquí lo contrató, pero lo vamos a averiguar», señaló el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego,Andrés Dachary.
El funcionario recordó que en la provincia se encuentra vigente una normativa que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de embarcaciones con bandera británica, en el marco de la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
La situación generó un nuevo cruce entre la administración provincial y el Gobierno nacional por el manejo del puerto de Ushuaia y por las políticas vinculadas con la cuestión Malvinas, en momentos en que Tierra del Fuego cuestiona la decisión de intervenir la administración de la terminal portuaria.
El Gobierno dice que el buque británico fue autorizado por Tierra del Fuego y negó pérdida de soberanía
Así lo expresó el portavoz presidencial, Ravier, este martes en conferencia de prensa.
Buenos Aires, 25 agosto (NA) – El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo que el buque petrolero que amarró en el puerto de Ushuaia, de control nacional, no representa un riesgo en la pérdida de soberanía para la Argentina.
Además, Ravier afirmó que, antes del amarre, debió ser autorizado también por el Gobierno de Tierra del Fuego ya que la monoboya es de jurisdicción provincial, según expresó el portavoz este martes en conferencia de prensa.
En una descargo oficial leído, Ravier aclaró: «El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse».
«Es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en 1º lugar», agregó.
El petrolero Promise, de bandera británica y dedicado al transporte de crudo, amarrado en el puerto de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, que incluye a Malvinas
Para el vocero, «el accionar del buque no viola ninguna ley«. «La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas», siguió y también explicó que Ley Gaucho Rivero «no aplica».
«Su artículo 2 alcanza aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto«, sentenció.
El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para conocer las circunstancias que permitieron el ingreso y amarre en el Puerto de Ushuaia del buque petrolero VS PROMISE (IMO 9351438), registrado bajo pabellón de la Isla de Man, dependencia de la Corona británica.
Tras un tenso plenario de comisiones donde expertos alertaron sobre el devastador consumo de agua y energía, el oficialismo busca dictaminar la próxima semana el megaproyecto de inversiones de frontera tecnológica.
Por Sebastián Hadida
Buenos Aires, viernes 21 agosto (PR/26)– Luego del intenso plenario de comisiones desarrollado este miércoles en el Senado, la bancada del oficialismo tomó la decisión de acelerar los plazos y buscará firmar el dictamen de mayoría la próxima semana, a pesar de las severas advertencias emitidas por los especialistas.
Fuentes directas de la Cámara alta confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que los sectores dialoguistas han solicitado retoques puntuales al proyecto durante el debate conjunto entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión, y Legislación General.
El cronograma previsto contempla escuchar una última ronda de expositores en los próximos días y, de manera inmediata al término de las presentaciones, pasar a la firma del despacho en el Salón Azul para dejarlo listo para el recinto.
Una ley pensada para megainversiones de frontera tecnológica
Esta ambiciosa iniciativa impulsada directamente por el Ministerio de Economía ya cuenta con la aprobación previa y la media sanción emitida por la Cámara de Diputados desde el pasado 24 de junio.
El régimen del Súper RIGI fue especialmente estructurado con la clara intención de atraer megainversiones destinadas a sectores no tradicionales como la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables.
Para acceder a esta batería de beneficios se requiere un piso indispensable de 1.000 millones de dólares, una cifra substancialmente mayor en comparación con los 200 millones contemplados en el marco del RIGI original.
Las empresas elegibles recibirán un horizonte inédito de estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera fijado en 30 años, protegiendo los desembolsos de eventuales modificaciones normativas durante ese extenso ciclo.
A diferencia del esquema normativo previo, este programa concede una ventana temporal de inscripción de 5 años más un año extra prorrogable, dejando fuera a recursos naturales e infraestructura.
Fuerte controversia por el impacto hídrico y Ambiental
Durante las audiencias, el referente económico de la Fundación Fundar, Guido Gak, alertó fehacientemente sobre la eventual dilapidación de recursos esenciales a largo plazo, recordando que el consumo de agua de un centro de datos se extiende más allá de tres décadas.
Por su parte, la ex funcionaria nacional y titular de la ONG Géneras, Micaela Sánchez Malcolm, hizo hincapié en las marcadas indefiniciones del marco regulatorio, remarcando la enorme demanda de tierra, electricidad y agua que exigen estos centros.
La especialista argumentó además que la capacidad de creación de empleo permanente resulta extremadamente reducida, ya que una vez concluida la fase inicial de construcción, estas instalaciones operan con plantillas de escasos trabajadores.
El reclamo de las provincias y el riesgo de cesión de soberanía
Desde una perspectiva federal, la vocera de CEPPAS, Florencia Gómez, cuestionó duramente la falta de previsión respecto a los estragos acumulativos en provincias del Interior como Catamarca y La Rioja que hoy ya sufren escasez hídrica.
En esa misma dirección, el representante de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas, Enrique Viale, advirtió enfáticamente sobre una inminente crisis hídrica, energética y territorial gatillada por esta legislación.
Viale fustigó duramente el peligro de otorgar prioridades absolutas sobre los recursos naturales frente a futuras necesidades locales, señalando que la norma genera un marco blindado de cláusula pétrea que terminará dirimiéndose en tribunales de Washington.
El jurista graficó que un data center genera un empleo similar al de un supermercado medio, entregando en la práctica zonas de sacrificio a favor de magnates globales como Peter Thiel sin lograr encadenamiento productivo real.
Finalmente, la investigadora del Conicet, Luciana Ghiotto, criticó enérgicamente la ausencia total de una política industrial estratégica y catalogó la iniciativa como la entrega de un gravísimo cheque en blanco a sectores no definidos.
A 176 años de su Paso a la Inmortalidad, la vicepresidenta recordó la trayectoria militar del General José de San Martín y utilizó su figura para reivindicar la defensa de la soberanía nacional.
Buenos Aires, miércoles 19 agosto (PR/26)–Luego de su paso por Venado Tuerto, donde participó de una exposición rural y volvió a pedir la eliminación de las retenciones al campo y a la industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel dedicó este lunes un mensaje al General José de San Martín.
A través de sus redes sociales, la vicepresidenta recordó el Paso a la Inmortalidad del Padre de la Patria y definió al prócer como “un militar de raza”, cuya enseñanza central fue que “la libertad no se negocia, se conquista con disciplina y valor”.
El mensaje llegó apenas un día después de sus declaraciones políticas en la Expo Venado 2026, donde volvió a insistir con sus planteos económicos frente al sector agropecuario e industrial.
De San Lorenzo al Cruce de los Andes
En su publicación, Villarruel repasó los hitos más importantes de la carrera militar de San Martín. Recordó cómo, en un momento crítico de la Revolución, el general reformuló la estrategia de guerra y creó el Regimiento de Granaderos a Caballo.
Ese regimiento tuvo su bautismo de fuego en el Combate de San Lorenzo, el primer gran antecedente de una carrera que luego lo llevaría a organizar, desde Mendoza, al Ejército de los Andes.
Desde allí encabezó el Cruce de la Cordillera, una de las operaciones militares más audaces de las campañas independentistas sudamericanas, que abrió el camino hacia Chile y, más tarde, hacia Perú.
La vicepresidenta también destacó las victorias de Chacabuco y Maipú, y remarcó que no fueron fruto del azar, sino del compromiso y la estrategia de los soldados que participaron de las campañas.
Un legado que sigue marcando la agenda política
“San Martín nos dio la Independencia y nos entregó una Nación soberana”, afirmó Villarruel, en un mensaje que tuvo como eje central el concepto de soberanía nacional.
En ese sentido, sostuvo que “su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y que defienden la soberanía nacional todos los días”, y cerró su publicación con un homenaje directo al prócer: “¡Gloria y honor al Gran Capitán!”.
José de San Martín murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Esa fecha quedó establecida en el calendario argentino como el día de su Paso a la Inmortalidad.
Su figura tuvo un rol central en los procesos independentistas de América del Sur: además de la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, encabezó la campaña libertadora de Chile y participó de la expedición que impulsó la independencia de Perú.
A 176 años de su muerte, Villarruel volvió a apoyarse en el legado de San Martín para instalar, una vez más, los conceptos de independencia, libertad y soberanía nacional en el centro del debate político.
Por Ing. Agr. Pedro A. Lobos, director de Primicias Rurales
