La discusión no es sólo entre peso y dólar: es cuánto poder queremos dejarle al Estado sobre nuestros ahorros, contratos y moneda. La experiencia de la Convertibilidad y de 2001 vuelve a poner esa pregunta sobre la mesa.
Por Ing. Agr. Pedro Lobos, director de Primicias Rurales
En lenguaje práctico
Buenos Aires, jueves 10 de septiembre (PR/26) –El economista Emilio Ocampo parte de una diferencia importante con Horacio Liendo, arquitecto de la Convertibilidad. Los dos quieren evitar que el Estado vuelva a financiar el déficit emitiendo dinero, pero proponen caminos diferentes.
Liendo plantea algo parecido a: “Conservemos el peso, pero pongámosle cadenas al Banco Central”. Es decir, permitir que convivan peso y dólar, darle curso legal al dólar, eliminar restricciones cambiarias y establecer reglas muy duras para impedir que el Gobierno emita pesos para financiarse.
Ocampo responde: “¿Y si el problema es justamente que esas cadenas se pueden romper?”
Su argumento es que Argentina tiene una larga historia de modificar leyes cuando las circunstancias políticas lo requieren. Por eso, para él, una prohibición legal no necesariamente elimina el riesgo: simplemente lo limita mientras exista voluntad política de respetarla.
Un ejemplo sencillo: la Convertibilidad
La Convertibilidad es el mejor ejemplo para entender el argumento.
En los años 90, la Argentina estableció por ley que el peso debía estar respaldado y limitó fuertemente la posibilidad de emitir dinero.
Durante varios años funcionó. La inflación cayó drásticamente y el peso recuperó credibilidad.
Pero cuando el sistema entró en crisis, la ley terminó modificándose y la Convertibilidad se abandonó.
Para Ocampo, la enseñanza es muy concreta:
Una ley puede decirle al Estado “no hagas esto”, pero si mañana el Estado tiene suficiente poder político para cambiar la ley, la prohibición deja de ser una garantía absoluta.
Es como ponerle un límite de velocidad a un conductor que además tiene la facultad de cambiar el límite cuando quiera.
¿Qué pasa con los depósitos en dólares?
Acá aparece uno de los puntos más interesantes de un reciente artículo de Ocampo.
Imaginemos una persona que tiene:
$10 millones en pesos.
US$10.000 depositados en un banco argentino.
En un sistema bimonetario, ambos depósitos conviven dentro del sistema financiero.
Ahora supongamos que, dentro de algunos años, el Gobierno enfrenta una crisis fiscal enorme y necesita recursos.
El peso puede devaluarse y los depósitos en pesos perder poder adquisitivo. Pero, además, los depósitos en dólares pasan a ser un activo muy atractivo para un Gobierno desesperado por conseguir recursos.
Eso, sostiene Ocampo, tiene un antecedente concreto: la pesificación de 2002.
Los contratos y depósitos denominados en dólares fueron convertidos compulsivamente a pesos bajo determinadas condiciones, generando una enorme transferencia de riqueza entre distintos sectores.
Por eso su razonamiento es:
Mientras exista un peso que el Estado pueda emitir y un sistema financiero argentino donde convivan pesos y dólares, existe la posibilidad de que un futuro gobierno vuelva a intervenir compulsivamente.
No significa que necesariamente vaya a ocurrir. Significa que el riesgo institucional permanece.
¿Y si obligamos a los bancos a guardar los dólares?
Liendo propone, según interpreta Ocampo, un encaje del 100% para los depósitos en dólares.
Traducido:
Si depositás US$10.000, el banco tendría que mantener esos US$10.000 depositados en el exterior, en lugar de utilizarlos para otorgar préstamos.
Esto reduce el riesgo de que el banco no tenga dólares disponibles cuando el depositante quiera retirarlos.
Pero Ocampo plantea una objeción interesante:
¿Qué sentido tiene traer los dólares de los argentinos al sistema financiero argentino para que inmediatamente vuelvan a Estados Unidos?
Un ejemplo con el crédito
Supongamos que 1.000 argentinos depositan US$100.000 cada uno.
Eso representa:
US$100 millones de ahorro.
Si los bancos pueden utilizar parte de esos depósitos para otorgar créditos, podrían financiar, por ejemplo:
una fábrica;
una empresa que compra maquinaria;
una constructora;
una pyme que necesita capital de trabajo;
una familia que compra una vivienda.
El ahorro se transforma en inversión.
Pero con un encaje del 100%, los US$100 millones quedan inmovilizados.
Para Ocampo, eso significa desaprovechar una de las grandes ventajas potenciales de una economía dolarizada: incorporar al sistema financiero una enorme cantidad de dólares que hoy los argentinos mantienen fuera de los bancos.
El problema de la “competencia” entre monedas
Hay otro argumento interesante.
Liendo propone que peso y dólar compitan libremente.
Pero Ocampo dice que esa competencia no sería completamente pareja si los bancos pueden prestar los depósitos en pesos pero tienen prohibido hacer lo mismo con los dólares.
Sería como organizar una carrera en la que a un competidor le permitís correr y al otro le ponés una mochila.
Por eso cuestiona la idea de una verdadera competencia monetaria.
¿Los argentinos realmente eligen el peso?
Este es probablemente el argumento más político-económico del artículo.
Ocampo dice que, después de décadas de inflación, los argentinos ya revelaron sus preferencias.
Cuando pueden elegir libremente, muchas personas:
ahorran en dólares;
piensan los precios de los inmuebles en dólares;
pactan operaciones de largo plazo en dólares;
compran dólares como cobertura frente a la inflación;
mantienen parte de sus ahorros fuera del sistema financiero.
El peso, en cambio, mantiene fundamentalmente su función cotidiana: pagar salarios, comprar alimentos, pagar impuestos y realizar transacciones locales.
La pregunta de Ocampo es entonces bastante provocadora:
Si el mercado ya eligió mayoritariamente al dólar como reserva de valor, ¿por qué obligarnos a conservar una moneda nacional que puede volver a ser utilizada políticamente?
El caso de Perú
Liendo utiliza a Perú como ejemplo de un país que logró estabilidad monetaria manteniendo su moneda.
Ocampo acepta que Perú tiene instituciones y reglas importantes, pero sostiene que el éxito peruano no se explica simplemente por haber escrito buenas leyes.
También hubo:
continuidad institucional;
disciplina fiscal;
un banco central técnicamente sólido;
políticas monetarias consistentes durante décadas;
manejo sofisticado de una economía parcialmente dolarizada.
Esto es clave porque plantea una diferencia de fondo:
¿Argentina necesita copiar las reglas de un país exitoso o necesita primero construir las instituciones que hacen que esas reglas sean creíbles?
La gran diferencia: reformar el peso vs. eliminarlo
Acá está el corazón del análisis de Ocampo.
Liendo plantea:
“Mantengamos el peso, pero hagamos imposible que el Estado lo utilice irresponsablemente.”
Ocampo plantea:
“Si sabemos que el Estado argentino históricamente rompió esas reglas, eliminemos directamente la herramienta que le permite hacerlo.”
La diferencia podría resumirse así:
Modelo
Qué propone
Riesgo que queda
Peso restringido
Mantener el peso con fuertes límites al BCRA
Que las reglas sean modificadas en el futuro
Bimonetarismo
Peso + dólar compitiendo
Devaluación, cambios regulatorios y riesgo sobre depósitos
Dolarización
Eliminar el peso como moneda nacional
Se pierde la política monetaria propia
¿Qué se gana y qué se pierde con la dolarización?
Ocampo pone el foco principalmente en eliminar la posibilidad de emisión monetaria.
En términos cotidianos, si Argentina se dolarizara, el Gobierno no podría decir:
“Tenemos un déficit de $10 billones; emitamos pesos para financiarlo”.
Porque ya no tendría una moneda propia que emitir.
Eso elimina una herramienta que históricamente fue utilizada para financiar al Estado y que terminó generando inflación.
Pero también implica perder una herramienta de política económica.
Por ejemplo, ante una crisis, Argentina no podría devaluar su moneda para intentar recuperar competitividad. Tampoco tendría un Banco Central capaz de emitir moneda propia como prestamista de última instancia.
Por eso la discusión seria no debería reducirse a “dólar bueno, peso malo”. La pregunta es más profunda:
¿Los beneficios de tener una moneda propia justifican el riesgo de que un futuro Gobierno vuelva a utilizarla irresponsablemente?
La conclusión de Ocampo, llevada a una frase
El economista (Liendo es abogado) considera que Argentina ya probó el modelo de “ponerle límites al peso” y que esos límites pueden terminar siendo modificados cuando aparece una crisis política o fiscal.
Por eso propone ir un paso más allá: no solamente limitar la capacidad del Estado de emitir, sino quitarle directamente esa capacidad.
La metáfora que utiliza es la del Leviatán: Liendo quiere encadenarlo mediante leyes; Ocampo sostiene que, dada la historia argentina, es más seguro quitarle el arma.
¿Cuál es la pregunta que queda abierta?
Ocampo termina invirtiendo la carga de la prueba.
Durante décadas, la pregunta fue:
“¿Por qué deberíamos abandonar el peso?”
El economista propone cambiarla por:
“Si podemos usar libremente el dólar, eliminar el cepo, contratar en dólares y prohibir que el Banco Central financie al Tesoro, ¿qué ventaja concreta obtenemos por conservar el peso?”
Y esa es, en definitiva, la discusión económica de fondo: moneda propia como herramienta de política económica versus moneda fuerte como mecanismo para limitar el poder del Estado.
Es notable que todavía circulen propuestas de reforma monetaria que busquen preservar el peso. No hay nada que preservar. Una moneda refleja la calidad de las instituciones. Por Emilio Ocampo.
Por Emilio Ocampo
El diagnóstico compartido y el fetichismo jurídico
Buenos Aires, jueves 10 de septiembre (PR/26) — Horacio Liendo, uno de los arquitectos de la Convertibilidad, acaba de presentar en una entrevista con Infobae algunas de las ideas centrales de su próximo libro, Dinero estable. Conozco a Horacio desde hace muchos años y tengo por él un enorme respeto, tanto profesional como personal.
Coincido con buena parte de su diagnóstico y con muchas de sus recomendaciones. Hay que terminar definitivamente con los controles de cambio, derogar el régimen penal cambiario, eliminar la obligación de liquidar divisas y permitir que los argentinos utilicen libremente el dólar. También coincido en que hay que prohibir el financiamiento del Tesoro por el Banco Central.
Liendo propone además darle al dólar curso legal y permitir que compita libremente con el peso.
Hasta aquí nuestras diferencias son menores. Donde nos separamos es en una cuestión fundamental: Liendo cree que es posible limitar eficazmente el poder monetario del Estado argentino mediante normas jurídicas.
Yo creo que la experiencia demuestra lo contrario. Es lo que llamo fetichismo jurídico: la creencia de que basta sancionar una ley —o incluso incorporar una prohibición a la Constitución— para impedir que el Estado haga aquello que esa norma le prohíbe hacer. En un país con instituciones sólidas, las restricciones jurídicas son efectivas. Pero el problema argentino es precisamente que el populismo no reconoce límites jurídicos cuando éstos interfieren con sus objetivos.
Para el populismo, la fuente última de legitimidad no es la ley sino la voluntad popular, cuya expresión auténtica pretende expresar exclusivamente el líder. Cuando la ley se interpone en el camino de esa voluntad, se la modifica, se la interpreta de otra manera, se la elude o simplemente se la viola. Nuestra historia ofrece abundantes ejemplos.
Las lecciones de la Convertibilidad y el bimonetarismo
Por eso me llama particularmente la atención que Liendo, que fue protagonista de la Convertibilidad, siga confiando en restricciones jurídicas para proteger la moneda. Si algo debería habernos enseñado esa experiencia es que mantener el peso significa mantener innecesariamente una fuente de incertidumbre dentro del régimen monetario.
La Convertibilidad estaba establecida por ley. El Banco Central tenía restricciones muy severas para emitir pesos sin respaldo. Durante una década, el sistema pareció haber eliminado la posibilidad de que el Estado recurriera nuevamente a la inflación y la devaluación. No la había eliminado. Había limitado jurídicamente su capacidad de hacerlo.
Cuando las restricciones se volvieron política o financieramente inconvenientes, fueron modificadas sin problema. Finalmente se abandonó la Convertibilidad, se devaluó el peso y se pesificaron compulsivamente contratos y depósitos denominados en dólares. El problema no fue que la Ley de Convertibilidad estuviera mal redactada.
El problema fue que una ley nunca puede ser un mecanismo de compromiso irreversible frente a un Estado anómico. Esta diferencia entre prohibir el uso de un instrumento y eliminar el instrumento es central para entender la dolarización. Liendo propone mantener el peso, pero imponerle fuertes restricciones al Banco Central.
La dolarización propone algo mucho más simple: quitarle al Estado argentino la posibilidad de emitir su propia moneda.
Riesgos del sistema bimonetario y la pesificación
¿Qué ventajas tendría conservar esa posibilidad? La pregunta se vuelve todavía más importante porque Liendo propone un sistema bancario bimonetario. Los argentinos podrían mantener depósitos en pesos y dólares, y el dólar tendría curso legal. Aquí aparece otra lección de 2001 que no deberíamos olvidar. Un sistema bimonetario no sólo mantiene abierta la posibilidad de una devaluación. También crea dos clases de pasivos bancarios sobre los cuales el Estado conserva poderes muy diferentes. Si las cuentas fiscales vuelven a desbandarse y el Estado necesita recursos extraordinarios, los depósitos en dólares constituyen un objetivo extraordinariamente atractivo. Eso fue, en esencia, lo que ocurrió con la pesificación asimétrica.
La conversión compulsiva de activos denominados en dólares a pesos a un tipo de cambio inferior al de mercado produjo una transferencia patrimonial gigantesca. Desde el punto de vista jurídico fue una confiscación.
Desde un punto de vista económico puede interpretarse como un “capital levy”, un impuesto extraordinario sobre determinados patrimonios, ejecutado mediante la modificación compulsiva de los contratos. Mientras existan simultáneamente pesos y dólares dentro del sistema bancario argentino, esa posibilidad nunca desaparece por completo.
Podemos sancionar una ley que prohíba la pesificación. Podemos otorgarle mayores garantías jurídicas a los depósitos (¿otra ley de “intangibilidad” de los depósitos?). Podemos incluso intentar protegerlos constitucionalmente. Pero volvemos al mismo problema: si las circunstancias políticas son suficientemente extremas, las normas pueden modificarse o violarse impunemente.
Cuestionamientos al encaje del 100%
Liendo intenta resolver otro de los problemas del bimonetarismo imponiendo un encaje de 100% a los depósitos en dólares. Los bancos locales deberían mantener esos fondos depositados en bancos del sistema de la Reserva Federal.
Aunque no lo aclara, su formulación parece incluir también a los depósitos a plazo fijo. De ser así, la propuesta me parece aún más desaconsejable. Si la interpreto correctamente, intenta recrear para los depósitos en dólares una especie de narrow banking a la Simons: los bancos recibirían dólares en depósito pero no podrían prestarlos.
El problema es que aplica ese principio únicamente al dólar. Los bancos podrían intermediar normalmente los depósitos en pesos, mientras que deberían mantener el 100% de los depósitos en dólares en bancos del sistema de la Reserva Federal. En la Argentina de hoy esto resulta particularmente inconveniente. Los argentinos mantienen una enorme masa de ahorro en dólares fuera del sistema financiero.
Uno de los principales beneficios de una reforma monetaria debería ser precisamente incorporar ese ahorro al sistema bancario para transformarlo en crédito e inversión. Con el esquema de Liendo ocurriría algo paradójico: los dólares entrarían al sistema bancario argentino para ser inmediatamente redepositados en bancos de Estados Unidos y financiar inversiones en ese país.
Contradicciones de la competencia de monedas
Hay además una contradicción con la idea de promover la competencia de monedas. Si los depósitos en pesos pueden ser intermediados pero los depósitos en dólares no, las dos monedas no compiten en igualdad de condiciones. Se segmentarían el mercado monetario y las tasas de interés, otorgándole al peso una ventaja regulatoria artificial.
}Liendo proclama la competencia de monedas pero al mismo tiempo impide que el dólar compita con el peso en una de las funciones fundamentales del sistema financiero: canalizar el ahorro hacia el crédito. Esto es difícil de justificar en un país donde la moneda que los argentinos han elegido para ahorrar desde hace décadas es el dólar. En lugar de aprovechar esa enorme masa de ahorro para profundizar el sistema financiero, se impediría que los bancos la intermediaran.
Y ni siquiera se eliminaría el riesgo que supuestamente se busca evitar. Los dólares continuarían depositados en bancos bajo jurisdicción argentina. Un gobierno que decidiera desconocer las reglas monetarias también podría disponer de esos activos o convertir compulsivamente los contratos.
El encaje de 100% tampoco elimina el riesgo político.
Que los dólares estén depositados en bancos norteamericanos no significa que estén fuera del alcance de un gobierno argentino. Si el titular del activo externo sigue siendo un banco argentino sometido a la jurisdicción argentina, el Estado puede forzarlo a repatriar los fondos.
Ya existe un precedente: en 2002, los encajes que las entidades financieras mantenían en Deutsche Bank New York fueron alcanzados por la pesificación y el gobierno ordenó su repatriación forzosa. No fue necesario nacionalizar los bancos como se hizo en 1946. El encaje de 100% elimina únicamente el riesgo de liquidez.
Autonomía, heteronomía y el modelo de Perú
Hay además un problema conceptual con la función que Liendo asigna al Banco Central. Sostiene que debería ocuparse exclusivamente de la política monetaria del peso, “como la Reserva Federal”. Pero la Argentina no es Estados Unidos. La Reserva Federal emite la moneda dominante del sistema monetario internacional.}
El Banco Central argentino emite una moneda periférica en una economía que ya pertenece, en buena medida, al área monetaria del dólar. Y además, es una moneda que los argentinos rechazan. Hace casi medio siglo Julio H. G. Olivera explicó que no todas las monedas son iguales. Un país que no emite la moneda internacional dominante no tiene plena autonomía monetaria simplemente dejando flotar su moneda.
La flotación no elimina lo que Olivera llamaba heteronomía monetaria. Simplemente convierte al tipo de cambio en una de las principales variables de ajuste. La experiencia latinoamericana de las últimas dos décadas lo confirma. Los países que adoptaron metas de inflación y tipos de cambio flexibles no quedaron aislados del ciclo financiero global. La voluntad cambiaria se convirtió en uno de sus principales canales de transmisión.
Liendo propone que el peso compita libremente con el dólar. Pero los argentinos llevan décadas revelando sus preferencias. Ahorran en dólares, fijan en dólares el precio de los inmuebles y otros activos y recurren al dólar para contratos de largo plazo.
El peso conserva principalmente su función transaccional y de unidad de cuenta para aquellas operaciones en las que el Estado directa o indirectamente impone su utilización. Liendo menciona a Perú como un “ejemplo excelente” de lo que él propone. Pero parece extraer de la experiencia peruana fundamentalmente sus restricciones jurídicas: la garantía constitucional para utilizar monedas extranjeras y la prohibición al Banco Central de financiar al Tesoro.
Esas reglas son importantes, pero como he explicado varias veces no explican por sí solas el éxito del régimen monetario peruano. Detrás de ellas hay más de tres décadas de continuidad y excelencia técnica en el BCRP, disciplina fiscal y una sofisticada administración de una economía financieramente dolarizada. Tampoco Perú inmoviliza el 100% de los depósitos en dólares.
Utiliza encajes diferenciados precisamente como uno de los instrumentos para administrar la dolarización financiera.
La conclusión sobre la dolarización oficial
Además, si eliminamos las restricciones cambiarias y otorgamos al dólar curso legal, es probable que la competencia monetaria acelere la dolarización espontánea. La moneda buena desplazará a la mala, contrariamente a la interpretación simplista de la Ley Gresham. ¿Por qué entonces no completar el proceso en vez de retrasarlo dejando disponible un arma para que un gobierno populista vuelva a las andanzas?
La diferencia entre Liendo y quienes proponemos una dolarización oficial no está en el diagnóstico sobre el Estado argentino. Ambos queremos impedir que vuelva a financiarse destruyendo la moneda. La diferencia está en cuánto confiamos en que una norma jurídica pueda impedirlo. Liendo propone “encadenar” al Leviatán.
El estudio de la historia argentina me lleva a una conclusión diferente. Las cadenas jurídicas funcionan únicamente mientras quienes controlan al Leviatán aceptan estar encadenados.
Como explicaba Alberdi hace ciento cincuenta años: “El gobierno que hoy paga en oro y a la vista su papel, puede no convertirlo mañana si le conviene no pagar lo sin que se lo impida la ley que él tiene el poder de derogar por otra ley. Como legislador de sí mismo, el gobierno es un banquero que está fuera de la ley que gobierna a los demás”.
Quienes proponemos una dolarización oficial reconocemos esa realidad. No buscamos redactar una ley más perfecta. Es una empresa quimérica. Un gobierno populista siempre encontrará una puerta de escape. Lo que hay que hacer es quitarle el instrumento con el que destruyen la economía. Por eso la pregunta sigue siendo la misma.
Si el dólar tendrá curso legal, habrá libertad cambiaria, los argentinos podrán ahorrar y contratar en dólares y el Banco Central tendrá prohibido financiar al Tesoro, ¿qué beneficio obtiene la Argentina conservando el peso que compense el riesgo de que un futuro gobierno vuelva a utilizarlo?
Después de la experiencia de la Convertibilidad, la carga de la prueba se ha invertido. Ya no corresponde explicar por qué deberíamos abandonar el peso. Corresponde explicar para qué deberíamos conservarlo.
Primicias Rurales
Fuente: Emilio Ocampo from Dolarización en Argentina
Emilio Ocampo es un economista, historiador y profesor argentino, conocido por ser el autor intelectual del plan de dolarización y de la propuesta de liquidar el Banco Central de la República Argentina (BCRA)
Horacio Liendo es un abogado, aruitecto del plan de Convertibilidad aplicado durante el ejercicio de Dominga Cavallo como ministro de Economía.
La columna de Sergio Marcelo Mammarelli analiza el «déficit invisible» detrás del equilibrio fiscal del gobierno de Javier Milei, señalando que la aparente sanidad de las cuentas públicas se sostiene mediante el incremento de la deuda flotante con proveedores y la fuerte descapitalización por falta de inversión en infraestructura.
Por: Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Buenos Aires, lunes 31 agosto (PR/26) — El déficit invisible detrás del equilibrio fiscal mentiroso.
Deuda flotante, infraestructura que se deteriora y familias que ya no pueden pagar
$3,6 billones de deuda flotante al cierre de junio de 2026
+$2,23 billones de aumento de esa deuda sólo durante junio
12,8% mora de las financiaciones a familias en mayo
-77,3% real caída de la inversión pública nacional en 2024
Podríamos probar.
Les propongo a las familias argentinas algo muy interesante.
A partir del mes que viene dejamos de pagarle al electricista, al plomero, al mecánico, al proveedor de servicios esenciales y a cualquiera que haya cometido la imprudencia de prestarnos un servicio antes de cobrarlo.
Después suspendemos el mantenimiento de la casa. No arreglamos el techo que pierde, no cambiamos las cubiertas del auto, dejamos avanzar la humedad y, si una pared se raja, ponemos un cuadro adelante.
Obviamente, no pagamos la luz, ni el gas, ni el celular y tampoco internet. Y porque no, también las expensas.
Al finalizar el mes hacemos las cuentas. Ingresamos cien. Pagamos ochenta. ¡Superávit de veinte!
En ese instante, convocamos a toda la familia, encendemos la cámara del celular en el comedor y anunciamos solemnemente que hemos alcanzado el equilibrio fiscal. El pequeño inconveniente sería que seguimos debiendo al plomero, al mecánico y al supermercado, mientras el techo amenaza con caerse y estamos a punto de que nos corten la luz, el gas y ya no tenemos internet. Pero, tranquilos, esos son detalles.
La cifra que encendió la alarma
El dato apareció semanas atrás y merece ser tomado con seriedad y algo de alarma. La llamada “deuda flotante” del Estado nacional —obligaciones por bienes y servicios ya devengados, pero todavía no pagados— saltó en junio en más de $2,23 billones y cerró el mes alrededor de $3,6 billones. En mayo había quedado cerca de $1,4 billones. Es decir: en un solo mes prácticamente se multiplicó por 2,6.
Para entenderlo claramente, la deuda flotante es financiamiento. No lleva necesariamente la etiqueta de un bono ni aparece en la pantalla como una nueva emisión de deuda pública, pero tiene acreedores concretos: empresas, contratistas y proveedores que entregaron un bien o prestaron un servicio y esperan cobrar y elGobierno no les paga.
Sin embargo, una precisión indispensable para no convertir una crítica válida en una consigna fácil es que la Oficina de Presupuesto del Congreso analiza la Administración Nacional con criterio devengado, de modo que una obligación reconocida se registra como gasto, aunque todavía no haya sido pagada.
En contraposición, el resultado fiscal que comunica el Sector Público Nacional suele mirarse, en cambio, con criterio caja. Esta ficción, con la postergación de pagos, permite mejorar la fotografía de caja sin borrar la obligación económica subyacente. Dicho de otro modo, la discusión seria no es si “el gasto desaparece” mágicamente: es cuánto del orden financiero depende del calendario de pagos y qué pasivos se acumulan detrás de la foto.
En conclusión, según la OPC, durante el primer semestre de 2026 la Administración Pública Nacional registró un superávit primario devengado de $8,7 billones. De este modo, el equilibrio fiscal existe como fenómeno contable, sin embargo, nadie se pregunta cuál es su calidad, su sostenibilidad y qué costos patrimoniales se están trasladando hacia adelante. Para decirlo sin tapujos, elGobierno nos miente con el equilibrio fiscal.
La otra deuda: lo que dejamos romper
El segundo problema es todavía más profundo porque no siempre figura como pasivo. Es la descapitalización.
En 2024, primer año completo del ajuste, la inversión pública nacional se desplomó alrededor de 77,3% en términos reales respecto de 2023. Y la contracción no terminó allí. La OPC informó que en 2025 los gastos de capital volvieron a caer 21,3% real interanual. Ese año totalizaron $2,5 billones; las transferencias de capital retrocedieron 48,6% real. El propio portal oficial de Inversión Pública sigue la serie 1995-2026 y reconoce como inversión la Inversión Real Directa, las transferencias de capital y determinados adelantos de proyectos prioritarios.
Esto obliga a introducir una palabra que casi nunca aparece en las conferencias de prensa: patrimonio.
Una ruta no deja de deteriorarse porque Vialidad no tenga presupuesto. Un puente no suspende la corrosión hasta que mejore la recaudación. Una escuela no congela sus techos, baños e instalaciones eléctricas. Un hospital no conserva eternamente sus equipos porque el Tesoro haya decidido priorizar otra partida.
Cuando tomamos conciencia de la magnitud del problema, el mantenimiento diferido tiene una característica brutal: hoy parece ahorro y mañana se transforma en una factura mucho más cara. Una carpeta asfáltica mantenida a tiempo cuesta una fracción de una reconstrucción. Una filtración reparada hoy cuesta una fracción del edificio deteriorado mañana. Es lo mismo que pasa en cada familia argentina con el mantenimiento de su casa o de su auto.
Por eso puede existir equilibrio fiscal y, simultáneamente, desequilibrio patrimonial. O dicho de otra manera más cruda. Se puede gastar menos y empobrecerse. Se puede no emitir y, al mismo tiempo, transferir una obligación económica a la próxima administración. No mediante un bono, sino mediante kilómetros de rutas destruidas, escuelas deterioradas, hospitales envejecidos y obras abandonadas.
El déficit invisible
Durante décadas aprendimos a identificar el déficit con una cuenta sencilla: el Estado gasta más de lo que recauda. Es correcto, pero según lo que venimos viendo, incompleto.
Existe también un déficit de mantenimiento. Un déficit de reposición. Un déficit de infraestructura. Un déficit patrimonial.
Supongamos que una familia posee una casa valuada en cien y necesita gastar dos por año para conservarla. Decide durante cuatro años gastar cero. En su flujo financiero ahorró ocho. Pero si al final la propiedad perdió veinte de valor o necesita una reparación de quince, no se enriqueció: se descapitalizó.
Con el Estado ocurre exactamente lo mismo, sólo que la contabilidad política permite esconderlo durante más tiempo.
El próximo gobierno —sea de Milei, de otro libertario, peronista, radical, provincialista o de quien sea— recibirá la infraestructura en el estado en que se encuentre. Y si decide repararla, paradójicamente será acusado de aumentar el gasto. Quien dejó romper aparecerá como austero; quien arregle aparecerá como gastador.
Esta es la trampa y mentira más fabulosa que nos está dejando toda esta etapa que estamos viviendo.
Mientras tanto, las familias sí tienen que pagar
Volvamos por unos instantes a la comparación con nuestra vida cotidiana.
El Banco Central acaba de publicar el Informe sobre Bancos correspondiente a mayo de 2026. El dato es demoledor: la mora de las financiaciones a las familias llegó al 12,8%. En enero había sido 10,6%. En apenas cuatro meses subió 2,2 puntos porcentuales. La irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto alcanzó 7,7%, mientras la de las empresas fue 3,5%.
Es decir, el problema no es una sensación de malhumor social. Está en las estadísticas oficiales del propio Banco Central. Y frente a este fenómeno aparece una explicación oficial conocida y casi irresponsable: los bancos prestaron mal, algunos consumidores se endeudaron por encima de sus posibilidades y, finalmente, se trata de contratos entre privados.
Puede haber una parte de verdad en eso. Claro que existe crédito irresponsable. Claro que existe sobreendeudamiento. Claro que cada persona debe evaluar su capacidad de pago. Sin embargo, resulta difícil no advertir la asimetría moral del argumento.
Cuando una familia posterga una cuota porque sus ingresos no alcanzan, es irresponsable. Cuando un comerciante deja de pagar a sus proveedores, está en problemas. Cuando una pyme estira cheques para sostener la caja, nadie llama a eso superávit.
Sin embargo, cuando el Estado demora pagos y simultáneamente posterga mantenimiento, la explicación cambia de idioma. Dicho de otro modo, nos mienten y además no debemos hablar de la mentira porque si no somos tildados de terroristas. Loco, no?
Programa Nacional de Equilibrio Fiscal Familiar
Todo este desarrollo debería concluir en la siguiente propuesta que, modestamente, pido que adoptemos todos los argentinos.
Durante seis meses dejamos de pagar las tarjetas. Suspendemos las cuotas de los préstamos. No reparamos la casa. No cambiamos las cubiertas. No hacemos el service del auto. Postergamos al odontólogo. Dejamos vencer el seguro. Y cada fin de mes calculamos solamente cuánto dinero quedó en la cuenta. Probablemente millones de hogares pasarían de déficit a superávit en cuestión de semanas.
Podríamos bautizar la propuesta como “Programa Nacional de Equilibrio Fiscal Familiar”.
Casi con seguridad, el Ministerio de Economía seguramente no lo recomendaría y los bancos, menos. La razón es más que sencilla. Todos sabemos que una economía doméstica no puede evaluarse solamente por el dinero que queda en la caja el día 30. Hay que mirar las deudas, el patrimonio, las obligaciones futuras y aquello que se está deteriorando por falta de mantenimiento.
Exactamente lo mismo deberíamos exigirle alPresidente y alMinistro deEconomía, cuando evaluamos al Estado. Sino les gusta, pues que aprueben nuestro programa nacional de equilibrio fiscal familiar.
No se trata de volver al déficit
Conviene aclararlo porque la polarización argentina convierte cualquier discusión económica en una caricatura y ya fui catalogado de “terrorista gramsciano”. Criticar la calidad del ajuste no significa defender el déficit fiscal.
Si algo hemos aprendido, es que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición necesaria para una economía estable. La Argentina pagó durante décadas las consecuencias de financiar un Estado crónicamente deficitario con emisión, inflación y deuda.
Sin embargo, como tantas veces hemos dicho en estas columnas, condición necesaria no significa condición suficiente.
La primera conclusión válida que podemos extraer es que un buen gobierno no es el que simplemente gasta menos. Es el que gasta lo necesario, elimina lo inútil, paga lo que debe, preserva el patrimonio público y puede demostrar que las cuentas son sostenibles sin trasladar facturas ocultas al futuro.
El verdadero debate debería abandonar la infantil dicotomía entre “Estado presente” y “motosierra”. La pregunta adulta es otra: ¿cuánto Estado podemos financiar y qué funciones no podemos permitirnos destruir? Seguridad, justicia, infraestructura estratégica, rutas, hospitales, escuelas, energía, puertos y conectividad no son adornos ideológicos. Son parte del capital físico e institucional sobre el que funciona una economía privada.
El día en que la planilla choque con la ruta
El problema político del gobierno de Milei ha comenzado cuando la macroeconomía y la experiencia cotidiana dejan de hablar el mismo idioma.
Los argentinos, hasta ahora, hemos seguido las encuestas y los vientos favorables de este Gobierno, mientras refinanciamos la tarjeta. Escuchamos que el crédito debe ser responsable mientras la mora familiar llega al 12,8%. Y escuchamos, con malos modos, a un presidente que nos grita que el Estado no puede gastar lo que no tiene mientras observa obligaciones con proveedores que saltan a $3,6 billones. Y lo peor es que debemos escuchar al mismo presidente decir que alcanzamos el equilibrio mientras manejamos por una ruta que hoy está repleta de pozos.
Tal vez en algún momento, que quién sabe, podría ser en 2027, los argentinos le plantemos al próximo gobierno:
¿Cuánto debemos y cuánto estamos dejando romper para mostrar estas cuentas?
Porque si el equilibrio fiscal se consigue eliminando privilegios, bajando costos innecesarios, modernizando el Estado, mejorando productividad y cobrando mejor los impuestos, será una transformación histórica. Pero si una parte relevante se sostiene pateando pagos, consumiendo infraestructura acumulada durante décadas y transfiriendo reparaciones al próximo gobierno, entonces no habremos eliminado el déficit. Lo único que hicimos es mentir.
Lo más interesante de todo este planteo, es que todavía los argentinos no somos conscientes del problema y toleramos la mentira de un presidente que nos miente a los gritos, con malos modales y además tildándonos de conspiradores.
Tal vez, el verdadero déficit no sea el fiscal, sino un déficit que la sociedad descubre demasiado tarde.
Quizás por eso la pregunta inicial no era una broma. ¿Qué ocurriría si los argentinos hiciéramos lo mismo?
Si dejáramos de pagar, dejáramos de mantener nuestras casas y presentáramos el dinero que nos queda en el bolsillo como prueba de prosperidad, probablemente el Gobierno nos explicaría que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y tendría razón. Lo único que estamos pidiendo es que la misma regla valga para todos.
El financiamiento al sector agropecuario alcanzó los USD 12.303 millones a mediados de 2026, aunque un informe de Coninagro advierte que los niveles de crédito siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la producción nacional.
Buenos Aires, sábado 29 agosto (PR/26) — Coninagro presentó un informe sobre Crédito al Sector Agropecuario en base a datos publicados por el Banco Central, destacando que durante el primer semestre del año el financiamiento destinado a las actividades agropecuarias y agroindustriales mantuvo su tendencia al alza.
Con un saldo agregado de USD 12.303millones a junio de 2026, el sector experimentó una notable mejora del 37% respecto al mismo mes del año anterior, lo que equivale a la inyección de USD 3.329 millones adicionales en la economía productiva.
Durante el primer semestre de 2026, el financiamiento a las actividades agropecuarias y agroindustriales consolidó una fuerte recuperación. El stock total de préstamos creció 37% interanual alcanzando los USD 12.303 millones. La participación del agro en el total de créditos de la economía subió al 30,5%.
Al desagregar por actividades, el crecimiento fue generalizado: 9 de las 12 ramas analizadas mostraron una evolución favorable. En términos porcentuales, la producción de frutas lideró el repunte con un salto interanual del 125%, seguida por la producción de granja (+88%) y el sector ovino (+80%). Solo los sectores porcino, vitivinícola y tabacalero registraron caídas menores al 10%.
Por su parte, los sectores de mayor peso relativo concentraron los incrementos más fuertes en volumen de capital. Las cadenas de cereales, oleaginosas y forrajeras sumaron USD 1.597 millones extra (+46% interanual), mientras que las actividades vinculadas al procesamiento de carnes, frutos, legumbres y aceites agregaron USD 1.407 millones (+62%). Estas dos ramas explicaron de manera conjunta la mayor parte del aumento total del crédito en el período.
Mayor participación: Sumando la producción primaria y las cadenas agroindustriales, el sector representa hoy el 30,5% del total de los préstamos de la economía argentina, frente al 28,7% registrado hace doce meses.
Crédito en relación a la producción
Otra forma de analizar el endeudamiento de las distintas actividades productivas es ponerlo en relación con sus niveles de producción, ventas y stock. Así, no solo observamos el crédito en términos absolutos y su evolución, sino también su peso relativo dentro de cada cadena, lo que resalta que los niveles de crédito son aún insuficientes para impulsar la producción, la reconversión y las exportaciones.
Sector Agrícola (Granos): A junio de 2026, el stock de crédito para «Cereales, oleaginosas y forrajeras» fue de USD 5.049 millones (BCRA), cubriendo apenas el 10,6% del Valor Bruto de Producción (VBP) anual de los seis principales cultivos, estimado en USD 47.348 millones (CONINAGRO, 2026). Con una producción estimada para la campaña 25/26 de casi 157 millones de toneladas (BCBA), el nivel de crédito solo representa USD 32 por tonelada producida.
Sector vitivinícola: En 2025, la producción de vino y mostos del sector alcanzaron los 1.483 millones de litros. Frente a un stock de crédito de USD 129 millones, el endeudamiento representa apenas USD 0,087 por cada litro que se produce. Por otra parte, considerando exportaciones por USD 889 millones, el nivel de crédito equivale a solo el 14,5% de las ventas externas, lo que evidencia un bajo peso relativo del endeudamiento frente a la escala del sector.
Producción de leche: Con un nivel de crédito de USD 365 millones y una producción nacional anual de 11.618 millones de litros en el año 2025, el saldo total de crédito alcanza para cubrir únicamente 0,03 centavos de dólar por litro producido.
Sector Ganadero:
(Bovino) El stock de crédito sectorial alcanzó los USD 1.562 millones (BCRA), lo que representa un magro 7,4% del VBP de la actividad, estimado en USD 20.939 millones (Mesa de las Carnes, 2023). Con un stock de 50,9 millones de cabezas (SAGYP), el crédito al sector ganadero sólo representa USD 30 por cabeza. El costo de engorde de un novillito es de $3.000 por día (CAF, 2026), es decir, apenas alcanza para tener a un novillo en engorde durante 15 días.
(Porcino) Con un stock de crédito de USD 79,8 millones y una faena de 8.517.433 cabezas, representa USD 9,4 por animal faenado. A su vez, con un precio del capón de USD 1,4/kg, la deuda equivale a apenas 6,7 kg por animal faenado.
Dolarización del crédito y contraste de tasas
El informe de CONINAGRO detalla que el 64% del financiamiento al sector agroindustrial se canalizó en dólares, una proporción fuertemente traccionada por el sector cerealero, donde la deuda en moneda extranjera alcanza el 75%. El 36% restante fue tomado en moneda local.
El costo del financiamiento mostró escenarios diametralmente opuestos según la moneda elegida. En pesos, la tasa de interés promedio experimentó una suba interanual, pasando del 49,3% al 52,4%. Sectores como el bovino debieron enfrentar tasas promedio del 59%, consolidándose como el segmento de mayor costo financiero.
Este nivel representa un impacto real y exigente para los márgenes si se lo compara con la inflación proyectada del 22% para los próximos 12 meses (según el REM del BCRA). Como contrapartida, la elaboración de productos lácteos accedió a las tasas más competitivas en pesos (38,8%).
En este punto vale la aclaración respecto al impacto en estos promedios del descalabro de tasas en pesos que se observaron entren julio de 2025 y enero de 2026, que dejaron el promedio alto respecto a los nuevos créditos que se ubican en una tasa en torno al 30%-35%.
Por el contrario, el crédito en dólares trajo alivio. La tasa promedio bajó del 7,8% en 2025 al 5,7% a mediados de 2026 (una caída del 27%). Evaluando la evolución del tipo de cambio interanual (20,3%), el reporte concluye que, con un costo financiero equivalente en pesos cercano al 29,7%, a los productores les resultó comparativamente más conveniente y ventajoso financiarse en moneda extranjera.
Un análisis político que repasa una semana compleja para el Gobierno, marcada por conflictos gremiales, tensiones legislativas y el peso de la economía cotidiana.
Por Sergio Marcelo Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva.
Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Autor de varios libros y Publicaciones.
Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
Cuando la realidad empieza a independizarse del relato
Buenos Aires, martes 18 agosto (PR/26) — Los politólogos la denominan la “fatiga del tercer año”. Es la fase donde la «herencia recibida» deja de ser una explicación válida para el electorado, convirtiéndose en el único responsable de la situación del país. Dicho de otro modo, el fin de la Herencia.
El electorado deja de reclamar a los antecesores y exige resultados directos al mandatario actual. Hasta ahora, el Gobierno bifurcaba la responsabilidad hacia atrás (el pasado kirchnerista) y hacia abajo (la provincia de Buenos Aires). Ante el bajo perfil actual de Kicillof, esta estrategia pierde efectividad.
Sin embargo, a no preocuparse. No cayó ningún ministro. No hubo una corrida cambiaria. No explotó el dólar. No hubo una crisis institucional. Sin embargo, sospecho que ésta fue una de las peores semanas del Gobierno de Javier Milei y nadie sabe cómo seguirá.
Se alinearon los planetas.
No por una catástrofe, sino por algo más peligroso. Comenzaron a coincidir señales que hasta ahora podían analizarse por separado. El Congreso, las encuestas, la aparición anticipada de candidatos para 2027, la actividad económica, la morosidad de las familias, el paro docente, la paralización de los puertos y, finalmente, la voz de la Iglesia en San Cayetano.
Cuando hechos provenientes de lugares tan diferentes empiezan a contar una historia parecida, conviene dejar de mirar cada árbol y empezar a observar el bosque.
Lacunza dijo mucho más que “quiero ser presidente”
Hernán Lacunza decidió anticipar una candidatura que todavía nadie le había pedido. Quiere competir por la Presidencia en 2027 desde un PRO con identidad propia, independiente de La Libertad Avanza. Puede parecer prematuro, pero no lo es.
Nadie comienza a imaginar una candidatura contra un presidente cuya reelección considera inevitable. Pero lo más interesante de Lacunza no es Lacunza. Es la palabra que introduce en la discusión: consenso. Pero no consenso entendido como reparto de cargos, componenda o contubernio de la casta o estrategia electoral. Consenso como garantía de continuidad.
Una reforma tributaria, laboral, previsional, monetaria o productiva puede necesitar diez o veinte años para mostrar sus resultados. Si cada presidente destruye lo que hizo el anterior, no existe política económica: existe una sucesión de experimentos.
Lacunza no propone volver al déficit ni reivindica la emisión. Su crítica es bastante más incómoda para Milei: acepta buena parte del diagnóstico económico libertario, pero pregunta por la sustentabilidad política del tratamiento. La estabilización no alcanza si no genera crecimiento socialmente perceptible. Y ninguna transformación es histórica si desaparece con el presidente que la hizo.
La candidatura de Lacunza puede terminar en nada. La pregunta que instala, en cambio, ya quedó flotando: ¿Qué queda del mileísmo después de Milei?
Sin duda, nada de lo que habla Lacunza no fue previamente consensuado con Macri, a quién buena parte del Pro le pedía que fuera candidato en el 2027. Y esto seguramente obligará a que muchos dirigentes de ese espacio repiensen su futuro, antes de pensar en adherir a LLA.
Una victoria que obligó a retroceder
Después vino el Senado. El Gobierno consiguió media sanción para la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: 37 votos contra 33. Ganó. Pero para ganar debió retirar dos de los capítulos más controvertidos del proyecto: el referido a la extranjerización de tierras y el vinculado con las restricciones de uso sobre terrenos afectados por incendios. Y todavía falta Diputados. Toda una aventura legislativa, donde los gobernadores parecieron marcar cierta independencia a pesar de la dependencia económica del gobierno de Milei.
La cuestión, entonces, no es negar la victoria. Es preguntarse cómo se consiguió. Hubo un tiempo reciente en el que Milei imponía la agenda y obligaba a los demás a posicionarse alrededor suyo. Esta semana ocurrió algo diferente: los demás obligaron a Milei a modificar su agenda para conseguir los votos. Parece una diferencia semántica. En política es enorme.
Gobernar también consiste en determinar quién modifica la posición de quién. Esta vez cedió el Gobierno casi de la misma forma como comenzó en 2024. Y cuando un oficialismo festeja haber conseguido aprobar una versión reducida de aquello que originalmente quería aprobar, la victoria parlamentaria puede estar escondiendo una pérdida de poder político.
Las encuestas y el fenómeno Kicillof
Las encuestas no son elecciones y la Argentina posee un larguísimo historial de pronósticos fallidos. Pero sirven para registrar tendencias. Y las tendencias empiezan a ser reveladoras e incómodas.
Distintos relevamientos vienen mostrando un deterioro de la imagen presidencial, mientras Patricia Bullrich conserva un capital político propio y Axel Kicillof aparece cada vez más competitivo frente a Milei.
Lo de Kicillof es particularmente curioso. Está creciendo, haciendo casi nada. Callado frente a buena parte de los embates del Kirchnerismo. Sin responder cada provocación libertaria. Sin una campaña presidencial formal. Sin presentar todavía una gran propuesta nacional. Casi esperando. Una suerte de Alberto Fernández, pero esta vez sin Cristina eligiéndolo.
No anuncia un programa nacional. No recorre frenéticamente el país. No protagoniza una campaña presidencial. No rompe definitivamente con Cristina. Tampoco se somete públicamente a ella. No responde cada agresión de Milei. No intenta competir con el Presidente en volumen, insultos ni espectacularidad. Y, sin embargo, aparece.Ese es el dato político.
Mientras todos los demás actores necesitan hacer algo para existir, Kicillof empieza a existir nacionalmente haciendo bastante poco. Y quizá allí esté precisamente la explicación o la hipótesis de lo que puede estar pasando.
Milei habla permanentemente. Cristina interviene. El Kirchnerismo discute. La Libertad Avanza agrede. El Peronismo busca desesperadamente una renovación que todavía no encuentra. Kicillof espera.
En una política dominada por la sobreexposición, el silencio puede convertirse paradójicamente en una forma de diferenciación.
Pero existe una segunda explicación bastante menos favorable para él. Quizás Kicillof no esté creciendo.Quizás esté creciendo simplemente el casillero que ocupa.
Cuando aumenta el rechazo al Gobierno, alguien tiene que recibir electoralmente una parte de ese desencanto. Y cuando todavía no existe una alternativa opositora claramente constituida, el gobernador de Buenos Aires posee tres atributos formidables: gobierna el distrito electoral más grande del país, tiene conocimiento nacional y dispone de una estructura política propia.
¿qué ocurrirá cuando Kicillof tenga que hablar y hacer campaña?
Puede exponerse, desenmascararse y perder. Perfectamente posible. Pero también puede suceder lo contrario: que descubramos que estuvimos viendo crecer al principal competidor presidencial de Milei sin advertirlo. No sabemos cuál de las dos cosas ocurrirá. Lo significativo es que hace pocos meses la pregunta parecía absurda. Hoy ya no, aunque no sabemos qué ocurrirá realmente.
La tarjeta como encuesta
La noticia más preocupante para el Gobierno probablemente no esté en el Congreso ni en las encuestas. Está en los bancos. El Banco Central informó que en mayo la irregularidad de los créditos a las familias llegó al 12,8%. Para el conjunto del financiamiento al sector privado alcanzó el 7,7%, mientras que en las empresas fue del 3,5%.
Familias: 12,8%.Empresas: 3,5%. No estamos ante una crisis bancaria ni mucho menos. El propio Banco Central señala que el sistema conserva previsiones y capacidad para absorber potenciales pérdidas. Conviene decirlo para no anunciar ninguna catástrofe. Sin embargo, tal vez estemos frente a otra cosa: una crisis de capacidad de pago de una parte creciente de las familias.
Es cierto que la respuesta más cómoda la ensayó el Gobierno al decir que los bancos prestaron mal y que las personas se endeudaron irresponsablemente. Eso puede explicar casos individuales. Pero cuando el fenómeno adquiere semejante magnitud, la explicación moral empieza a quedarse corta.
Cuando millones de personas tienen simultáneamente dificultades para pagar, quizás no estemos ante millones de irresponsables que decidieron comportarse mal al mismo tiempo. Quizás estemos frente a un fenómeno económico.
¿Y si los argentinos no dejan de pagar porque son irresponsables, sino porque no les alcanza?
La diferencia es gigantesca. Si el problema es moral, debe resolverlo cada individuo. Si es económico, debe explicarlo la política económica.
De este modo, la tarjeta puede haberse convertido en una encuesta mucho más brutal que cualquier consultora. Al encuestador se le puede mentir. Al banco no.
Una economía que crece, pero no para todos
Sería falso afirmar que la economía argentina no crece. El INDEC estimó que el PBI aumentó 2,3% interanual durante el primer trimestre de 2026 y 0,7% respecto del trimestre anterior en términos desestacionalizados.
El problema aparece cuando dejamos de mirar solamente el promedio y preguntamos cómo se distribuye esa recuperación. Argentina tiene sectores extraordinariamente dinámicos vinculados a la energía, la minería, el agro y las exportaciones. Son imprescindibles. Generan dólares, inversión y una posibilidad real de transformación estructural. Sin embargo, la vida cotidiana de la mayoría transcurre también en otro universo: salarios, comercios, pymes, servicios, industria, alquileres, tarjetas y cuotas.
Es perfectamente posible que mejoren indicadores macroeconómicos mientras una parte importante de la sociedad siga sintiendo que no llega. Ese es el problema político.
En conclusión, si yo tengo dos pollos y usted ninguno, estadísticamente tenemos uno cada uno. El problema aparece a la hora de cenar. Con el PBI puede suceder algo parecido. En las elecciones no vota el promedio. Vota cada argentino, el que tenía un pollo y el que no tenía ninguno. Si, además, los que no lo tienen son muchos más, el problema además de político puede ser electoral.
El equilibrio fiscal no paga la tarjeta
Milei tiene razón cuando sostiene que ningún país puede vivir indefinidamente gastando más de lo que recauda. Tiene razón cuando señala que la emisión monetaria permanente destruye la moneda. Y tiene razón al denunciar décadas de irresponsabilidad fiscal. El problema aparece cuando de esas verdades se desprende otra conclusión: que alcanzaba con resolverlas.
El equilibrio fiscal puede ser una condición necesaria para construir una economía sana. Pero no es suficiente. Una familia no vive del equilibrio fiscal. Vive de su ingreso. Un comerciante no paga el alquiler con el riesgo país. Lo paga vendiendo. Una pyme no contrata trabajadores porque aumentaron las exportaciones petroleras. La contrata cuando necesita producir más. Y un trabajador no mide la recuperación económica mirando una planilla del INDEC. La mide cuando llega al día 30 y todavía tiene dinero en la cuenta y pareciera que eso no está ocurriendo.
Sturzenegger y los prácticos: negociar después del daño
Y para colmo de males la semana salió de las estadísticas y llegó a los puertos. El Decreto 690/2026, impulsado dentro de la política desregulatoria de Federico Sturzenegger, modificó el régimen de practicaje y pilotaje, una actividad altamente especializada y decisiva para la entrada y salida segura de buques. La reacción fue un paro que durante tres días paralizó terminales marítimas y fluviales y dejó más de un centenar de buques afectados.
Finalmente, el Gobierno suspendió la aplicación del decreto y abrió una mesa de negociación. Otra vez apareció la misma palabra que había pronunciado Lacunza: consenso.
No se trata de defender privilegios corporativos. El régimen de practicaje puede tener costos excesivos, regulaciones absurdas o intereses que deban revisarse. La pregunta es otra. ¿Era necesario paralizar los puertos para descubrir que antes de modificar una actividad técnica, estratégica y vinculada a la seguridad de la navegación convenía sentar alrededor de una mesa al Estado, las empresas y quienes conocen profesionalmente aquello que se pretendía reformar?
Negociar antes es política. Negociar después de paralizar los puertos es administrar una crisis. Y ésta fue otra semana en la que el Gobierno tuvo que retroceder.
Los docentes y el límite de explicar todo por las corporaciones
También hubo paro docente nacional. El Gobierno respondió con inspecciones y con la exigencia de garantizar la prestación mínima prevista para la educación como servicio esencial. CTERA sostuvo, por su parte, que el conflicto se origina en la falta de convocatoria a la paritaria nacional y en reclamos salariales y educativos.
Podemos discutir a los sindicatos docentes. Debemos hacerlo. Podemos discutir ausentismo, calidad educativa, resultados, privilegios gremiales y métodos de protesta.
Sin embargo, comienza a aparecer un problema conceptual que comienza a repetirse en muchísimos frentes. Si una familia no paga su tarjeta, es irresponsable. Si un docente protesta, es sindicalista. Si una universidad reclama, es una corporación. Si los prácticos paran, defienden privilegios. Si un gobernador reclama fondos, pertenece a la casta. Si un empresario cuestiona, es prebendario. Si un periodista critica, es ensobrado. ¿No será mucho?
Cada conflicto puede tener una explicación particular. El problema aparece cuando demasiados conflictos ocurren al mismo tiempo. Porque entonces empieza a resultar estadísticamente difícil sostener que todos están equivocados menos quien gobierna.
San Cayetano: cuando la planilla y el altar se encuentran
Si faltaba una imagen políticamente más incómoda, ocurrió con San Cayetano.
Cada 7 de agosto miles de argentinos vuelven a pedir aquello que resume una de las aspiraciones más elementales de cualquier sociedad: pan y trabajo. Este año la Iglesia volvió a colocar en el centro de su mensaje a quienes sufren, a los jubilados, a las personas con discapacidad, al trabajo digno y a quienes sienten que quedaron al margen.
Podremos estar de acuerdo o no con la Iglesia. Ese no es el punto. El dato político es que un actor social que no puede reducirse sencillamente a “Kirchnerismo”, “casta” o “corporación” comenzó a expresar, desde otro lenguaje, una inquietud parecida a la que muestran los números de la economía doméstica.
El Banco Central habla de mora familiar. La Iglesia habla de familias que sufren. Uno habla desde una planilla. El otro desde un altar. Y San Cayetano posee además una potencia simbólica imposible de ignorar. El Gobierno puede discutir con Cristina, enfrentar al Peronismo, cuestionar sindicatos, denunciar corporaciones o insultar periodistas.Pero es bastante más difícil explicarle a una multitud que peregrina para pedir pan y trabajo que su problema consiste en que todavía no comprendió correctamente las bondades de la macroeconomía.
La peor semana
Ahora intentemos por unos instantes, mirar la fotografía completa.
Lacunza se imagina presidente y habla de consenso.
El PRO vuelve a pensar una identidad independiente.
El Gobierno consigue una victoria en el Senado después de retirar dos capítulos centrales de su proyecto.
Bullrich conserva un capital propio.
Kicillof se acerca sin siquiera haber desplegado una campaña presidencial.
La mora familiar llega al 12,8%.
Los prácticos paralizan los puertos y obligan al Gobierno a suspender una desregulación.
Los docentes paran.
Y en San Cayetano la Iglesia vuelve a hablar de quienes sufren, del trabajo y de la dignidad.
Ninguno de estos hechos, aisladamente, determina el 2027. Milei no está terminado. Sería una tontería afirmarlo.
Conserva un núcleo político importante. La inflación bajó de manera extraordinaria respecto del desastre heredado. El equilibrio fiscal constituye un activo real. Vaca Muerta, la minería y el agro ofrecen oportunidades enormes. Y enfrente todavía no existe una alternativa consolidada.
Del otro lado, Cristina divide. Kicillof genera resistencias. El Peronismo sigue discutiendo consigo mismo. El PRO todavía no sabe si acompañar a Milei, competir con él o intentar reemplazarlo. Lacunza apenas levantó la mano. Bullrich juega su propio partido.
Falta muchísimo. Milei perfectamente puede recuperarse y ganar. Sin embargo, existe una diferencia respecto de hace un año: ya no parece inevitable. Y cuando un liderazgo deja de parecer inevitable, comienza otra etapa política.
Durante más de dos años Milei tuvo una ventaja extraordinaria: explicaba el presente recurriendo al pasado. La inflación era consecuencia de Massa. El déficit, del Kirchnerismo. La pobreza, de décadas de populismo. La deuda, de la casta. La falta de inversión, de cien años de decadencia.
Muchas de esas explicaciones tenían fundamento. Pero gobernar produce un fenómeno inevitable. El pasado envejece y el presente empieza a tener dueño.
Después de dos años y medio será cada vez más difícil explicar la vida cotidiana exclusivamente por aquello que hicieron quienes ya no gobiernan. Quizás por eso ésta haya sido la peor semana del Gobierno. No porque haya perdido una gran batalla. Sino porque descubrió que debía librar demasiadas al mismo tiempo.
Milei todavía puede ganar. Kicillof todavía puede perder. Bullrich puede diluirse. Lacunza puede no llegar a ninguna parte. La economía puede acelerarse. Los salarios pueden recuperarse. La mora puede bajar.
Todo sigue abierto. Pero algo cambió. Hasta ahora Javier Milei había conseguido explicarles a los argentinos por qué la realidad era como era. Ahora comienza una etapa mucho más peligrosa para cualquier presidente. Aquella en la que los argentinos dejan de escuchar la explicación, miran su cuenta bancaria, miran el resumen de la tarjeta, miran cuánto deben, miran cuánto ganan, miran lo que sucede alrededor…y sacan sus propias conclusiones.
Quizás ésta haya sido la peor semana del Gobierno porque, casi silenciosamente, la realidad empezó a independizarse del relato.
Por Ing. Agr. Pedro Lobos, director de Primicias Rurales
