Referentes sindicales se reunieron este sábado con el Papa León XIV para entregar un informe detallado sobre el impacto de la tecnología en el trabajo, los salarios y el poder adquisitivo en Argentina.
Buenos Aires domingo 13 septiembre (PR/26)– El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, y Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, fueron recibidos este sábado por el Papa León XIV en el Vaticano.
Durante el encuentro, los dirigentes sindicales uno de los ejes centrales que llevaron a la audiencia fue el avance de la inteligencia artificial y su impacto directo sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales.
La cita estuvo programada para las 11 hora local (6 de Argentina), momento en que los gremialistas presentarán ante el Pontífice un exhaustivo diagnóstico sobre la situación social y la realidad laboral que atraviesa el país.
El contexto del Encuentro Sinodal y la agenda social
La reunión se desarrollaró en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, un espacio que convoca a referentes sindicales, representantes empresariales, organizaciones sociales y autoridades de la Iglesia.
La delegación argentina expondró su preocupación por el deterioro social, la persistente pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, el aumento de la precarización laboral y el severo endeudamiento de las familias.
Asimismo, remarcarán las crecientes dificultades para generar empleo estable y con plenos derechos, en un marco político de fuerte valor simbólico previo al viaje de León XIV a la Argentina en noviembre.
Un nuevo contrato social frente a la innovación tecnológica
El cónclave se realizó durante el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, enfocado en el diálogo socioambiental entre el Norte y el Sur.
Representantes: La comitiva argentina estuvo liderada por Gerardo Martínez (secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA) y Cristian Jerónimo (cosecretario de la central obrera).
Postura sindical: Los dirigentes plantearon la consigna «No resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición».
Reclamos: Exigieron que la tecnología y la incorporación de algoritmos no queden únicamente en manos de las corporaciones y remarcaron que un algoritmo no debe decidir sobre el empleo, los salarios ni los derechos de los trabajadores
Durante su intervención del viernes en la presentación del encuentro, Gerardo Martínez planteó la urgencia de construir un nuevo contrato social con la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
“Para nuestra región, por el valor que tiene la visión de nuestro papa León XIV, se plantea la necesidad de que los actores sociales, el sector empresarial, el sindical y los Estados discutamos este acuerdo”, sostuvo Martínez.
Transición tecnológica con derechos y justicia social
En el marco del Día del Maestro, mientras el presidente Milei difundió un video dialogando con Sarmiento, los representantes gremiales insistieron en que la incorporación tecnológica debe darse dentro de un marco de protección a los trabajadores.
Desde la CGT advirtieron enfáticamente que la llegada de nuevas herramientas no puede quedar exclusivamente bajo el arbitrio de las empresas ni desarrollarse sin la participación de las organizaciones sindicales.
“No podemos aceptar que un algoritmo decida por sí solo sobre el empleo, el salario y los derechos de un trabajador”, afirmó el líder de la UOCRA, sintetizando la postura sindical.
Frente a este escenario, la posición regional se define en tres pilares: “No resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”. Martínez aclaró que el movimiento obrero no se opone al progreso, pero exige intervenir en el proceso: “El desafío es tecnología con trabajo digno, productividad con distribución y desarrollo con justicia social”.
La persistencia de la parálisis de los prácticos amenaza con un impacto mayor en otros sectores productivos.
Por Joaquin Morosi
Foto: Sturzenegger y puerto detrás.
Buenos Aires, martes 4 agosto (NA) — La paralización de los puertos argentinos quebloquea el comercio fluvial y afecta el desarrollo de otras actividades, se da en rechazo a la desregulación del sector impulsada por el ministro Federico Sturzenegger con el argumento de “desarmar kioscos”.
El servicio de practicaje, que consiste en asistir a los barcos en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, permanece interrumpido tras la implementación del Decreto 690/2026, que desreguló el reglamento vigente para la actividad desde 1991.
La nueva normativa exime de contratar prácticos a capitanes extranjeros con experiencia, amplia las dimensiones de los barcos para los cuales es obligatorio requerir asistencia, elimina el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, y habilita a prefectura a prestar el servicio, entre otras modificaciones.
Al destacar estos cambios, Sturzenegger planteó que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, apuntando directamente contra el sistema previo.
El importante cambio de condiciones en las reglas de la actividad produjo la desaprobación de los prácticos, que a pesar de no estar nucleados bajo un gremio decidieron de forma coordinada no aceptar nuevos contratos.
Esta particularidad le juega en contra al Gobierno, ya que no puede dictar una conciliación obligatoriateniendo en cuenta que técnicamente no hay un conflicto laboral sino una determinación individual de los prácticos como profesionales independientes.
Con este impedimento y aún con la intimación de la Prefectura a los trabajadores para retomar la actividad, que se considera un servicio público, el panorama se vislumbra complejo y empieza a crecer la preocupación por el impacto en otros sectores.
En este sentido, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, expuso en Cadena 3 que “cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día” y advirtió que “Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación”.
Por otro lado, en Neuquén también se siente el efecto de la medida, ya que se detuvo la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, a partir de la restricción del puerto de Bahía Blanca que impide realizar las maniobras pautadas.
Asimismo, desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) informaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas debido a la “indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan”, y alertaron que podría dificultar el abastecimiento por inconvenientes en el transporte.
La parálisis de los puertos abarca desde el extremo sur en Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. Impacta con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina, dejando a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
Ordenaron la reanudación inmediata de las tareas de navegación bajo la advertencia de aplicar sanciones administrativas y presentar denuncias penales.
El Gobierno nacional intimó formalmente a más de medio millar de profesionales de los servicios de practicaje y pilotaje.
Buenos Aires, marrtes 4 agosto (PR/26) – El Gobierno intimó formalmente a más de 500 profesionales del de practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata para que reanuden sus funciones en los puertos del país tras el conflicto en las vías navegables que derivo en un paro por tiempo indeterminado.
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La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.
Ante la profundización del impacto económico por el paro que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina (PNA), en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente.
Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.
Las claves del nuevo régimen de desregulación
La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger.
La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.
Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores.
Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.
El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques.
Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.
Guardaparques provinciales de Mendoza reclaman recomposición salarial, el pase a planta permanente del personal contratado y que no haya abandono operativo en las 19 áreas naturales protegidas que integran el territorio provincial.
Buenos Aires, lunes 27 julio (PR/26) — Los guardaparques provinciales de Mendoza denuncian tener los salarios más bajos del país, encontrándose por debajo de la línea de pobreza. Reclaman una urgente recomposición salarial, el pase a planta permanente de los contratados y el fin del vaciamiento de las áreas naturales protegidas.
Mendoza tiene 19 áreas naturales protegidas administradas por la provincia, las cuales cubren cerca del 13 % del territorio local. Superficie cuidada: Abarcan casi dos millones de hectáreas de montes, montañas y humedales.
Sueldos bajos: Perciben ingresos mínimos que no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica a pesar de cumplir turnos de varias semanas aislados en la montaña.
Precarización laboral: Existen agentes cumpliendo funciones de conservación bajo contratos temporales o locación de servicios, sin obra social ni cobertura de riesgos de trabajo (ART).
Falta de recursos: Denuncian el abandono y desmantelamiento de seccionales y reservas provinciales, con escasez de insumos básicos para la subsistencia y el patrullaje.
Acciones gremiales
Protestas y acampes: Realizaron movilizaciones y acampes en espacios públicos como el Parque Benegas y marchas hacia la Casa de Gobierno de Mendoza convocadas junto a Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Visibilización: Reclaman equiparación de derechos con los cuerpos de guardaparques nacionales y de otras provincias que poseen mejores condiciones de revista
La diferencia en los ingresos es el eje central del conflicto gremial.
El Cuerpo de Guardaparques de Mendoza denuncia cobrar los salarios más postergados de todo el sector público provincial.
Sus ingresos de bolsillo se ubican históricamente de forma muy rezagada frente al costo de vida. Trabajan bajo regímenes intensivos de aislamiento en alta montaña (usualmente 7 a 15 días de servicio por 7 a 15 días de franco). Una proporción crítica del personal cubre funciones mediante contratos informales temporales o locaciones de servicio, sin estabilidad.
La disparidad provoca que un guardaparque mendocino con la misma carga horaria y nivel de riesgo ambiental perciba ingresos sustancialmente menores que sus pares nacionales.
📉 El Presupuesto Provincial para las Áreas Protegidas
Mendoza cuenta con un total de 19 reservas y áreas protegidas provinciales bajo su jurisdicción (que incluyen hitos clave de turismo internacional como el Parque Provincial Aconcagua o la Reserva Laguna del Diamante). Los guardaparques advierten que el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo mendocino presenta graves deficiencias:
Vaciamiento operativo: Los fondos anuales destinados a mantenimiento apenas cubren gastos mínimos de combustible. Esto provoca el desmantelamiento operativo de seccionales estratégicas y la imposibilidad de realizar patrullajes continuos contra la caza furtiva o incendios forestales.
Reducción del personal técnico: Gremios locales denuncian que desde el año 2015 el sistema provincial ha perdido decenas de puestos de trabajo que no fueron restituidos. Actualmente, menos de 100 guardaparques provinciales tienen la responsabilidad de fiscalizar y proteger millones de hectáreas de territorio protegido.
La Cámara hizo lugar al recurso presentado por FIDULAC S.A., concedió la apelación con efecto suspensivo y dejó sin efecto la ejecución.
Buenos Aires, sábado 4 de julio (PR/26) — La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial hizo lugar al recurso de queja presentado por FIDULAC S.A., concedió la apelación con efecto suspensivo y dejó suspendidos los efectos de la resolución que había aprobado el pliego de bases y condiciones para la venta de los activos productivos de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, por lo que quedó paralizado el proceso licitatorio.
La resolución de primera instancia, dictada el 11 de junio, había aprobado el pliego de bases y condiciones, fijado los valores base de los lotes y autorizado el cronograma de venta de los activos de la cooperativa en concurso.
Al resolver el recurso, la Cámara sostuvo que el juez de primera instancia incurrió en un exceso de rigor formal al declarar inexistente la impugnación presentada por FIDULAC S.A. debido a un cuestionamiento sobre la firma electrónica del escrito. Los camaristas señalaron que la utilización de la plataforma DocuSign constituye una firma electrónica reconocida por la legislación vigente y remarcaron que no existía motivo para desconocer de oficio su validez.
Asimismo, el tribunal consideró que la aprobación del pliego y el inicio del cronograma de liquidación representan una resolución de trascendental importancia, ya que fijan los valores y el mecanismo de liquidación de los activos, con consecuencias potencialmente irreversibles para el proceso concursal y la continuidad de la empresa.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas del texto completo de la resolución, la Cámara resolvió hacer lugar al recurso de queja, conceder la apelación y el planteo de nulidad con efecto suspensivo, además de ordenar la elevación del expediente principal para su tratamiento.
La decisión implica que quedan suspendidos los efectos de la resolución dictada el 11 de junio, incluida la aprobación del pliego de bases y condiciones y del cronograma de la licitación, hasta que la Cámara resuelva el fondo de la apelación.
El síndico Ignacio Martín Pacheco Huber y la co administradora Lucila I. Prono confirmaron que diez compañías retiraron el pliego de bases y condiciones. Entre los interesados hay grupos lácteos de primer nivel, inversores financieros y actores regionales.
La quiebra de la ex SanCor CUL sumó un dato que nadie esperaba en esta magnitud: diez empresas adquirieron el pliego de bases y condiciones para participar de la compra de los activos de la cooperativa. Así lo informaron en la causa el síndico, contador público nacional, Ignacio Martín Pacheco Huber, y la co administradora Lucila I. Prono.
Para los profesionales que llevan adelante el proceso, se trata de “el mayor número de interesados registrados en un proceso licitatorio de esta naturaleza en el sector lácteo argentino en los últimos años”, una señal que interpretan como una clara muestra de confianza del mercado en el valor de los activos y en la transparencia con la que se está llevando adelante el proceso judicial.
Una respuesta que superó las expectativas
En el informe que elevaron al juez de la causa, el Dr. Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N.º 5 en lo Civil y Comercial, el síndico y la co administradora remarcaron que “se trata de una respuesta del mercado que excede ampliamente las expectativas”, y pusieron el foco en algo que consideran clave: la diversidad de los interesados.
Entre quienes retiraron los pliegos hay operadores lácteos de primer nivel con presencia nacional e internacional, inversores financieros con capacidad de estructurar operaciones complejas y actores regionales con conocimiento profundo del sector y del territorio. Según explicaron, esa variedad es “la mejor garantía de concurrencia efectiva, de competencia genuina entre ofertas” y, en definitiva, de un precio que maximice el interés de los acreedores, tal como establece el artículo 205, inciso 8, de la Ley 24.522.
Qué significa para la cadena láctea
El interés de las diez empresas es leído por los profesionales de la causa como una categórica reafirmación de la transparencia del proceso diseñado por el tribunal.
Pero además tiene un correlato muy concreto para el sector: la reactivación de las plantas industriales bajo nuevos operadores implicaría recuperar capacidad de absorción de leche cruda, reactivar el empleo directo e indirecto, y reconstruir los vínculos comerciales con proveedores, clientes y comunidades que durante años giraron en torno a la cooperativa.
La noticia también generó eco entre los trabajadores. Junto a sus asesores legales, y con el acompañamiento de ATILRA, la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (OSPIL) y la Asociación Mutual del Personal de la Industria Lechera (AMPIL), expresaron su satisfacción tanto por el proceso en sí como por el nivel de interés que despertó entre empresas de semejante trayectoria.
Quiénes son las empresas que adquirieron los pliegos
Sancor Seguros.
PDA: (Punta del Agua).
Milkaut SA: uno de los principales grupos lácteos del país, con operaciones en Santa Fe y presencia exportadora.
L3N SA: (Adecoagro), grupo agroindustrial con cotización en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y operaciones lácteas en la región pampeana.
Jewell Especialidades SA: (Ceibos Group).
Finanzas y Gestión SA.
Fidulac: presidida por Gustavo Scaglione.
Failar SA: (Tarantela), empresa láctea de la región con marca propia en el segmento de quesos.
Elcor: (La Tonadita), empresa láctea regional con trayectoria en elaboración de quesos y productos frescos.
