Jul 2, 2026 | Actualidad, Lechería
Tras un largo año de incertidumbre y salarios sin cobrar, la histórica quiebra con continuidad abre un escenario de alivio. Gigantes de la industria láctea compran los pliegos y aseguran inversiones millonarias para salvar los puestos de trabajo.
BUenos Aires jueves 2 julio (PR/26)–El proceso de liquidación de la ex cooperativa SanCor CUL ha dado un giro esperanzador que devuelve la ilusión a cientos de familias. Los trabajadores celebraron con profundo optimismo que empresas de enorme prestigio y trayectoria, tanto nacionales como internacionales, hayan adquirido los pliegos licitatorios para competir por la compra de la emblemática firma láctea.
Entre los interesados confirmados sobresalen gigantes del sector como Savencia, Adecoagro, Sancor Seguros, Punta del Agua y Elcor, lo que garantiza que la marca seguirá en manos de operadores con verdadera capacidad productiva.
La recompensa a una larga resistencia obrera
Para los representantes del personal, este masivo interés valida la estrategia que adoptaron en los momentos más oscuros de la crisis. Alejandro Cabrera y Germán Llopiz, integrantes del Comité Provisorio de Control, junto a Sebastián Sellwood (delegado general de fábrica) y el asesor legal Dr. Martín Anoni, expresaron su total satisfacción.
Cabrera recordó la dolorosa agonía de trabajar durante un año entero sin percibir salarios, una situación límite que los llevó a solicitar estratégicamente la quiebra con continuidad. ‘Sabíamos que la cooperativa ya no podía dar respuestas y que esta era la única vía real para salvar las plantas industriales y conservar los puestos de trabajo’, enfatizó.
El diseño del proceso judicial ha sido clave para el éxito de la convocatoria. El tribunal interviniente decidió priorizar las propuestas integrales y permitir la mejora de ofertas económicas sobre la marcha.
Según el Dr. Anoni, el hecho de que estas corporaciones adquieran los pliegos implica una aceptación implícita de las reglas del proceso, convalidando el camino legal elegido. Esto asegura no solo una reactivación coordinada del conjunto de las fábricas, sino también un mayor recupero del crédito para los acreedores, quienes verán resarcidos sus esfuerzos tras años de pérdidas.
Inversión real frente a la especulación
Por su parte, Sebastián Sellwood destacó que la fuerte competencia entre estos ‘pesos pesados’ de la alimentación permitirá elevar la base imponible de las propuestas iniciales. ‘Esto nos permite inferir que, gracias a Dios, los trabajadores podremos cobrar gran parte de nuestras acreencias, incluso más de lo que esperábamos’, celebró con alivio.
En sintonía, Germán Llopiz marcó una clara diferencia entre los oferentes actuales y otros actores satélites, advirtiendo contra las especulaciones improvisadas de sectores ajenos al negocio lácteo que intentaron frenar la quiebra para convertir a la extinta cooperativa en una Sociedad Anónima, una alternativa explícitamente prohibida por la Ley de Cooperativas.
Ante las constantes denuncias mediáticas que buscan salpicar la transparencia del juzgado, el Comité Provisorio de Control cerró filas en respaldo de las autoridades judiciales.
Los trabajadores compararon estas maniobras de presión con las que sufrió en su momento el juez Fabián Lorenzini durante el concurso de la agroexportadora Vicentín, ataques mediáticos que finalmente terminaron desestimados. El cuerpo de delegados ratificó su plena confianza en la gestión judicial actual, asegurando que el embate jurídico es propio de quiebras de esta magnitud y que no desvía el foco principal: la producción.
Una carrera contra el tiempo por las plantas
La reactivación, sin embargo, no puede esperar. Sellwood advirtió que la maquinaria pesada y la infraestructura para elaborar productos lácteos sufren un grave deterioro con cada jornada de inactividad, exigiendo de forma urgente mantenimiento diario e inversiones genuinas.
Toda la sociedad, los trabajadores y los acreedores estamos esperando el arribo inmediato de los compradores para que ejecuten los planes de inversión antes de que sea demasiado tarde’, remarcó. Por este motivo, anunciaron que en los próximos días se realizará una movilización pacífica de las familias trabajadoras hacia las puertas del juzgado, no para reclamar, sino para expresar su firme respaldo a la venta, inversión y reactivación inmediata de las fuentes de trabajo.
Primicias Rurales
Fuente: PR
Jun 7, 2026 | Economía / Economía del Agro
Tras el cierre por tiempo indeterminado en Concepción del Uruguay, la empresa y el gobernador Rogelio Frigerio evalúan una reactivación escalonada. El lunes se iniciará una mesa de diálogo clave con gremios y la Secretaría de Trabajo.
Buenos Aires domingo 7 de junio (PR/26)–En un movimiento estratégico para destrabar el conflicto industrial en Concepción del Uruguay, las máximas autoridades de Granja Tres Arroyos mantuvieron reuniones clave con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y su equipo de trabajo.
El propósito central del encuentro fue analizar el fuerte impacto de la suspensión de actividades en la emblemática planta La China y trazar los lineamientos para una posible reapertura escalonada en el mediano plazo.
La planta de faena «La China» de Granja Tres Arroyos está ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos
Mesa de diálogo y conciliación laboral
El cronograma de negociaciones continuará de manera inmediata. Según informó la propia compañía a través de un comunicado oficial, el próximo lunes se llevará a cabo un encuentro decisivo entre los representantes de la firma, directivos de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos y los principales dirigentes sindicales locales.
Esta mesa sectorial buscará instituir un canal de diálogo transparente y constructivo que permita consolidar las condiciones de previsibilidad necesarias para retomar las operaciones de forma parcial.
Crisis sanitaria global y reestructuración financiera
Durante la audiencia institucional con los funcionarios entrerrianos, la conducción de Granja Tres Arroyos expuso un pormenorizado diagnóstico de su realidad económico-financiera. Los voceros corporativos explicaron que el origen de las dificultades actuales radica en el cierre de los mercados internacionales debido a la compleja situación sanitaria vinculada a la gripe aviar, lo que afectó drásticamente el flujo de exportaciones.
Ante este adverso panorama, la firma debió acogerse a un proceso preventivo de crisis mientras ejecuta una reingeniería financiera para estabilizar sus cuentas.
Conflictividad local y desafíos logísticos
A la coyuntura global se sumaron tensiones operativas en el ámbito provincial. La empresa argumentó que el escenario en Concepción del Uruguay se tornó insostenible a raíz de reiteradas medidas de fuerza sindicales que distorsionaron los niveles de faena y quebraron la previsibilidad de los procesos industriales.
Tras agotar las instancias de negociación directa, y ante la imposibilidad manifiesta de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para el personal y los activos, la administración determinó el cese de actividades por tiempo indeterminado.
Perspectivas de reactivación y empleo
A pesar de la gravedad de la situación, la avícola valoró positivamente el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos para mediar en el conflicto y contribuir activamente a la recomposición del circuito biológico productivo. La iniciativa de reactivación se alinea con el potencial del sector en la provincia.
Con 65 años de trayectoria en el mercado alimentario argentino, la empresa ratificó su compromiso de explorar alternativas viables para preservar los puestos de trabajo y consolidar la continuidad operativa de sus plantas.
Primicias Rurales
Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA)
Abr 10, 2026 | Actualidad, Desarrollo Humano, Especial
La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) informó que alcanzó un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales en el marco de la negociación paritaria 2026. Repunte en el sector vitivinícola: las exportaciones crecieron un 15% en el primer trimestre
Buenos Aires, 10 de abril (PR/26) .- Luego de dos meses de arduas negociaciones, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) cerró un nuevo acuerdo salarial. El entendimiento se logró luego de la reanudación del diálogo entre las partes en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, instancia que permitió retomar las negociaciones tras la escalada del conflicto a comienzos de mes.
“De acuerdo con lo establecido en el acta paritaria, para el sector bodegas se definió un incremento del 4,5% bimestral para los períodos marzo-abril, mayo-junio y julio-agosto. En tanto, para el sector viñas, se acordó un aumento del 3,5% bimestral en los mismos tramos”, confirmó Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA .
El proceso de negociación atravesó distintas instancias. A principios de marzo, el gremio había resuelto rechazar la propuesta inicial del sector empresario —que contemplaba incrementos del 1% mensual para bodegas y del 0,5% para viñas— por considerarla “insuficiente y miserable en relación con el contexto económico actual” según lo expresado por FOEVA. En ese marco, la Federación había convocado a una medida de fuerza prevista para el 6 de marzo, que fue posteriormente suspendida tras la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad laboral.
La reunión que logró el acuerdo permitió avanzar en un nuevo esquema salarial, alcanzando un acuerdo entre las partes y encauzando la negociación dentro del ámbito institucional.
Desde la entidad gremial señalaron que las actas definitivas y las escalas salariales correspondientes ya se encuentran oficializadas desde el 28 de marzo, una vez cumplido el proceso administrativo establecido por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Repunte en el sector vitivinícola: las exportaciones crecieron un 15% en el primer trimestre
Tras atravesar un 2025 extremadamente complejo, que quedó registrado como el año con las menores exportaciones de vino en dos décadas y el nivel de consumo interno más bajo de la historia, la industria comienza a mostrar signos de alivio. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el primer trimestre de 2026 cerró con una suba del 15,5% en las ventas al exterior, alcanzando un volumen total de 47,4 millones de litros.
Este cambio de tendencia se consolidó con fuerza durante marzo, mes en el que los despachos al extranjero treparon un 22,5%. El gran motor de este crecimiento fue el vino a granel, que experimentó un salto interanual del 51,2%, mientras que el vino fraccionado acompañó con un incremento más moderado del 13,1%.
El empuje del mosto y las divisas
No solo el vino mostró cifras positivas; el mosto concentrado también registró una performance destacada. Durante el mes de marzo, las exportaciones de este subproducto se dispararon un 59,2%, cerrando el trimestre con un crecimiento acumulado del 33,5% (unas 21.557 toneladas vendidas).
En términos monetarios, el impacto es directo: el valor FOB de las exportaciones conjuntas de vinos y mostos sumó 176,8 millones de dólares en lo que va del año. Esta cifra representa una mejora del 5,9% en el ingreso de divisas respecto al mismo periodo del año anterior, un dato vital para un sector que venía golpeado por una aguda crisis financiera que afectó incluso a las bodegas de mayor renombre.
Fuente: Foeva / otras
Primicias Rurales
Mar 1, 2026 | Actualidad, Columnas
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut
El abogado laboralista Sergio Marcelo Mammarelli analiza la nueva reforma laboral en Argentina y advierte que su impacto real no se definirá en el Congreso sino en los tribunales, donde jueces y sindicatos podrían judicializar la norma y condicionar su aplicación.
Buenos Aires, domingo 15 marzo (PR/26) — Hay un error habitual en la política argentina: creer que la sanción de una ley equivale a la transformación de la realidad. Y lamentablemente, ello no es así.
La reforma laboral recientemente aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo la semana pasada, constituye, sin dudas, la mayor reconfiguración estructural del modelo laboral argentino de los últimos cincuenta años. No por su épica parlamentaria —que fue escasa— sino por la profundidad de su desplazamiento conceptual: del modelo protector-sancionatorio hacia un esquema de mayor flexibilidad empresarial y reducción de la litigiosidad punitiva.
La ley no elimina la indemnización. No suprime el principio protectorio. No deroga el artículo 14 bis. Pero sí reduce cuantías, debilita mecanismos disuasorios, amplía márgenes de autonomía contractual y limita solidaridades estructurales.
En síntesis, baja el costo del despido, atenúa sanciones por empleo no registrado, restringe el derecho de huelga al ampliar las actividades esenciales y las de “importancia trascendental”, reduce honorarios profesionales y crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que reconfigura el esquema indemnizatorio.
El núcleo duro favorece predominantemente al empleador. Introduce algunos elementos de modernización. Reduce poder sindical estructural. Y desplaza el eje del conflicto. Hasta aquí, el diseño teórico. Ahora empieza la verdadera etapa.
La ilusión del trámite parlamentario
El tránsito por el Congreso fue, en términos reales, un trámite expedito. Dictamen veloz. Debate pobre. Discursos ideológicos. Poca técnica legislativa visible. Mucha negociación invisible. Pero el Parlamento no es el final del camino. Es apenas la primera estación. La ley ahora debe atravesar el verdadero sistema argentino de control: el judicial. Y allí las cosas cambian radicalmente.
En efecto, la Argentina tiene control difuso de constitucionalidad. En criollo: cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma.
¿Cuántos jueces laborales hay en el país?
¿Cuántos abogados laboralistas con capacidad técnica para plantear regresividad constitucional?¿Cuántos sindicatos con legitimación activa para promover acciones colectivas y cautelares?
No lo sé con precisión estadística. Pero son muchos. Muchísimos. Y cada uno de ellos puede convertirse en una trinchera.
El antecedente que nadie debería olvidar: el DNU 70/2023
El mejor ensayo práctico ya lo vivimos. El famoso DNU 70/2023 fue presentado como una reconfiguración estructural inmediata. Formalmente sigue vigente. Nunca fue rechazado por ambas cámaras. Sin embargo, su capítulo laboral fue suspendido judicialmente. Es decir, nunca se aplicó.
A partir de cautelares colectivas. Suspensiones de aplicación. Acciones sindicales. Planteos de inconstitucionalidad, en la práctica, el decreto existía en el Boletín Oficial, pero no operaba en la vida cotidiana de los tribunales laborales.
Ese antecedente debería servir como advertencia, porque la nueva ley puede sufrir el mismo destino: vigencia formal, aplicación fragmentada, operatividad condicionada.
En Argentina la ley escrita no garantiza el derecho efectivo.
Los frentes de conflicto que vienen pareciera que son múltiples.
La reforma abre múltiples frentes jurídicos desde el debate sobre regresividad y progresividad normativa, cuestionamientos al nuevo cálculo indemnizatorio, restricciones al derecho de huelga, creación del FAL y su impacto previsional, límites a honorarios profesionales, redefinición de solidaridades empresarias, etc. Cada uno de estos puntos es susceptible de control constitucional y convencional.
No estamos ante una simple ley laboral. Estamos ante una reconfiguración de equilibrio de poder. Y eso siempre genera resistencia. Y es lógico y sano que ello ocurra. En definitiva, es la expresión práctica de la “batalla cultural” que nos habla el Presidente. Solo que esa batalla cambió de lugar. La política se dio victoriosamente en el Congreso, pero la guerra aún no se ganó.
La verdadera batalla: interpretación
Existe una máxima que el realismo jurídico norteamericano formuló hace décadas y que nuestra doctrina constitucional recogió con inteligencia:
La ley no es lo que dice el texto. Es lo que los jueces dicen que dice.
No significa que el juez sustituya al legislador. Significa algo más profundo:
el texto legal es abstracto. La interpretación es inevitable. La aplicación concreta define su contenido real y el precedente judicial otorga estabilidad operativa.
En materia laboral esto es decisivo. El principio protectorio depende de interpretación. La presunción de laboralidad depende de prueba. La razonabilidad indemnizatoria depende del control constitucional.
La proporcionalidad de las restricciones al derecho de huelga depende del estándar judicial.
La ley sancionada es derecho potencial. La sentencia es derecho efectivo. Y en Argentina, las Cámaras del Trabajo y la Corte Suprema no son espectadores pasivos. Son protagonistas.
El verdadero interrogante
La discusión pública se agotó en el Parlamento. La discusión real recién comienza en los tribunales. La pregunta decisiva ya no es: ¿Es buena o mala la reforma? La pregunta es: ¿Cómo la interpretarán los jueces?, ¿Aplicarán el test de regresividad con severidad?, ¿Validarán la razonabilidad del nuevo esquema indemnizatorio?, ¿Considerarán proporcionadas las restricciones al derecho de huelga?, ¿Declararán inconstitucional el FAL por su impacto previsional?
De esas respuestas dependerá todo.
El problema estructural
Existe un riesgo político que pocos advierten. Si la reforma es judicializada masivamente, el Gobierno podrá sostener que “la corporación judicial bloquea el cambio”. Si la reforma es validada con ajustes interpretativos, el texto original quedará profundamente modificado por la jurisprudencia. Si es parcialmente declarada inconstitucional, el sistema ingresará en un estado de inestabilidad normativa.
En cualquiera de los tres escenarios, la promesa de “certeza jurídica” se diluye. Y la seguridad jurídica —que era uno de los argumentos centrales para impulsar la reforma— podría convertirse en su principal víctima.
La ley pretendía reducir litigiosidad y puede terminar incrementándola. La litigiosidad que baja en indemnizaciones puede subir en acciones de inconstitucionalidad. Dicho de otro modo, la industria del juicio puede transformarse, pero no necesariamente desaparecer.
Porque cuando se modifica el equilibrio de poder, el conflicto no desaparece: cambia de escenario.
La ley ya salió, ahora empieza la realidad
Argentina tiene una tradición peculiar: las leyes nacen con épica y envejecen en cautelares.
La reforma laboral ya está sancionada. Tiene texto. Tiene número. Tiene promulgación. Pero todavía no tiene destino.
Su verdadera suerte no se definirá en el Congreso ni en conferencias de prensa. Se definirá en expedientes judiciales, en fallos de Cámara y en sentencias de la Corte.
La ley escrita es apenas el primer borrador. La jurisprudencia será la versión definitiva. Y aquí reside la paradoja más incómoda:
Quizá dentro de algunos años descubramos que la reforma que hoy divide al país no fue la que decía el Boletín Oficial, sino la que terminó construyendo la interpretación judicial.
En Argentina, la política sanciona. La Justicia decide. Y la economía espera.
La ley ya salió y ahora empieza el problema.
Primicias Rurales
