Ago 7, 2026 | Actualidad, Aventura y Turismo, Desarrollo Humano, Opiniones
En una profunda reflexión sobre el desarrollo, la propiedad y el verdadero sentido del patriotismo, el autor cuestiona el inmovilismo económico frente a la pobreza y plantea que la verdadera soberanía radica en la capacidad de transformar los recursos en oportunidades, bienestar y trabajo para la sociedad.
Por Roberto Carlos «Pipo» Martínez Chaves
Mendoza, viernes 7 agosto (PR/26) — Cada vez que en Argentina se habla de inversiones extranjeras o de la compra de tierras, aparece la misma consigna: «No entreguemos la soberanía.»
Es una frase poderosa. Emociona. Despierta patriotismo. Pero me pregunto si no estamos discutiendo el problema equivocado.
¿De qué sirve ser soberanos sobre un territorio inmenso si millones de argentinos siguen viviendo en la pobreza?
No lo planteo como una provocación. Lo planteo como una pregunta honesta.
Hablo desde mi propia experiencia.
Hace años tenía varias hectáreas de tierra. No producían prácticamente nada. Habíamos intentado explotarlas de distintas maneras y no era rentable. Esa tierra, por sí sola, no mejoraba mi vida ni la de nadie.
Entonces tomé una decisión difícil: vendí gran parte de esas hectáreas.
Con ese dinero construí una posada y varias cabañas. Reparé la casa. Creé una actividad económica que hoy genera trabajo, recibe turistas, paga impuestos y sostiene a mi familia.
¿Perdí tierra? Sí.
¿Me empobrecí? Todo lo contrario.
Transformé un activo inmóvil en un proyecto productivo.
Y desde entonces no puedo dejar de pensar que quizá eso mismo debería preguntarse un país.
Argentina posee millones de hectáreas con un enorme potencial. Muchas permanecen subutilizadas porque no existen los capitales suficientes para desarrollarlas. Mientras tanto, discutimos durante años si permitir o no que llegue inversión extranjera.
Entiendo perfectamente que existan límites.
No creo que deban venderse zonas de frontera, acuíferos estratégicos, infraestructura crítica o recursos esenciales sin controles. Tampoco defiendo la concentración desmedida de tierras.
Pero una cosa es regular inteligentemente y otra muy distinta es cerrar la puerta por un concepto abstracto de soberanía.
Porque la verdadera pregunta es otra:
¿Qué beneficio obtiene el pueblo de una tierra que no produce nada?
Si una inversión genera empleo, infraestructura, exportaciones, impuestos y desarrollo, ¿por qué el origen del capital debería ser más importante que el resultado?
Muchas veces se afirma que vender tierras es perder soberanía.
Yo creo que la soberanía no consiste solamente en ser dueño de un territorio.
Consiste en tener la capacidad de decidir qué hacer con él para mejorar la vida de quienes lo habitan.
Y aquí aparece una contradicción que me cuesta resolver.
Decimos que el soberano es el pueblo.
Sin embargo, muchas veces quienes terminan administrando esa soberanía son gobiernos que pasan, intereses políticos, corrupción o decisiones que benefician a unos pocos.
Entonces vuelvo a preguntarme:
¿De qué sirve una soberanía que no logra sacar de la pobreza a millones de personas?
Esta reflexión también tiene una raíz profundamente personal.
Mi hermano combatió en la Guerra de Malvinas. Yo había elegido la carrera militar y soñaba con ser piloto de combate. Por mi etapa de formación no pude participar, pero viví esa guerra con la misma angustia, la misma esperanza y el mismo dolor que sintieron miles de familias argentinas.
Nunca voy a dejar de admirar el valor de quienes pelearon ni de reconocer el legítimo reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. El sacrificio de nuestros soldados merece un respeto absoluto.
Pero con el paso de los años empecé a hacerme una pregunta que todavía no logro responder.
Si una guerra deja muertos, jóvenes marcados para siempre, familias destruidas, enormes costos económicos y, aun así, el objetivo de ejercer esa soberanía no se alcanza, ¿no deberíamos preguntarnos cuál es la mejor manera de defender los intereses de una Nación?
Tal vez la fortaleza de un país no se mida solamente por aquello que reclama como propio, sino por su capacidad de ofrecer dignidad, progreso y oportunidades a quienes viven en él.
No propongo regalar el país.
Propongo dejar de confundir soberanía con inmovilismo.
La riqueza de una nación no está solamente en lo que conserva.
Está, sobre todo, en su capacidad de transformar sus recursos en oportunidades.
Hay otra realidad que también debemos reconocer con honestidad. Hoy los argentinos no contamos con el capital suficiente para desarrollar todo el potencial de nuestro país. Décadas de crisis económicas, inflación e inseguridad jurídica han destruido buena parte del ahorro y de la capacidad de inversión. Esperar que todo ese desarrollo llegue exclusivamente de capitales nacionales puede ser un deseo legítimo, pero difícilmente sea una posibilidad en el corto o mediano plazo.
Mi propia historia es una prueba de ello. Si yo hubiera conservado esas hectáreas por el simple hecho de seguir siendo su dueño, hoy probablemente tendría más tierra… pero menos futuro. Fue justamente al transformar ese patrimonio inmovilizado en una inversión productiva cuando pude crear valor.
Quizás Argentina enfrente hoy un desafío similar.
La verdadera soberanía no consiste en mantener inmóviles los recursos mientras la pobreza crece. Consiste en tener instituciones fuertes que establezcan reglas claras, protejan los intereses estratégicos del país y permitan que el capital —sea argentino o extranjero— genere producción, empleo y oportunidades para nuestra gente.
Porque un país no se hace grande por la cantidad de tierra que posee, sino por su capacidad de convertir esa tierra en bienestar para quienes la habitan.
Y si hoy no tenemos el capital suficiente para hacerlo solos, quizás la mayor expresión de soberanía no sea cerrar las puertas por miedo, sino abrirlas con inteligencia, con reglas claras y con un único objetivo: que los argentinos vivamos mejor.
Esta nota surgió por la reflexión del director de Primicias Rurales, Ing. Agr. Pedro Lobos, publicada en el siguiente link:
Posada y Cabañas Finca El Rincón de Lunlunta
Cruz Videla 1462
Lunlunta – Mendoza
Parte del emprendimiento turístico de «Pipo» Martínez en Lunlunta
Ago 5, 2026 | Actualidad, Agua, Economía / Economía del Agro, Especial, Opiniones, Política, Recursos Pesqueros
La entrega masiva de superficies rurales amenaza la seguridad nacional y la integridad territorial, transformando zonas de frontera en áreas vulnerables al tráfico ilícito de personas, armas y drogas, bajo la sombra de la vulneración constitucional.
Por el Ing. Agr. Pedro A. Lobos, director de Primicias Rurales
Buenos Aires, miércoles 5 de agosto (PR/26) — El debate en el Senado sobre la modificación de la Ley de Tierras ha vuelto a poner en el centro de la escena política y social el destino del suelo argentino.
Mientras los defensores de la flexibilización argumentan la necesidad de atraer inversiones en minería, energía, agroindustria y forestación, el trasfondo de esta medida abre interrogantes profundos sobre la integridad del territorio nacional, la custodia de los recursos naturales estratégicos y, de manera crítica, la seguridad en las zonas limítrofes.
La paradoja del Artículo 29 y la suma del poder público
La cesión indiscriminada de vastas extensiones de territorio a fondos de inversión y corporaciones trasnacionales plantea una grave tensión con los principios republicanos de la Nación.
El Artículo 29 de la Constitución Nacional establece con claridad que el Congreso no puede otorgar al Ejecutivo —ni este arrogarse— facultades extraordinarias o la suma del poder público, ni concesiones por las cuales la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o personas algunas.
«Infracciones de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que las formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.» — Art. 29, Constitución Nacional
Especialistas en derecho constitucional advierten que abdicar la soberanía territorial en áreas clave mediante la eliminación o la elevación de los topes a la extranjerización (pasando del 15% al 25% o desregulando áreas de seguridad) equivale, en la práctica, a privar al Estado de su capacidad efectiva de control sobre el suelo.
Al renunciar a la tutela del territorio nacional, las autoridades otorgan de forma indirecta un poder de veto y dominio a entes privados extranjeros sobre la riqueza estratégica del país, vulnerando el espíritu de protección patrimonial y comunitaria contemplado por los constituyentes. Así opinan.
Zonas vulnerables: el riesgo de las fronteras desprotegidas
El peligro primordial de desregular la propiedad de la tierra no radica únicamente en la concentración económica, sino en el vacío de control estatal que suele consolidarse en las zonas de frontera. Regiones de alta sensibilidad geopolítica —como la cordillera andina en la Patagonia, la selva misionera o las áreas limítrofes del Noroeste Argentino— albergan nacientes de agua dulce, reservas minerales y pasos internacionales naturales.
Cuando grandes extensiones de estas áreas quedan bajo el dominio exclusivo de actores privados trasnacionales, el ejercicio de la jurisdicción nacional se debilita. La proliferación de accesos privados restringidos, la falta de presencia de las fuerzas de seguridad estatales y la creación de verdaderos «enclaves exentos» facilitan la consolidación de corredores ciegos.
Esta falta de fiscalización directa genera las condiciones para el despliegue de actividades de crimen organizado transnacional:
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Tráfico ilícito de estupefacientes: Habilitación de pistas de aterrizaje clandestinas y rutas terrestres no controladas para el acopio y traslado de drogas.
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Contrabando de armas y suministros: Creación de pasos no habilitados que vulneran los controles aduaneros e intermitencias de patrullaje militar.
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Trata de personas: Explotación de la porosidad fronteriza para el traslado ilegal de migrantes y la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual.
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Pérdida de soberanía hídrica y ambiental: Cercamiento de cuencas de agua dulce y acuíferos clave, impidiendo el libre acceso público y subordinando el recurso biológico a fines comerciales privados.
El negocio detrás de la ley vs. el impacto en las comunidades
El impulso por modificar los límites a la compra de campos responde a un modelo económico de valorización inmobiliaria financiera. Los defensores de la medida sostienen que la apertura permite dotar de liquidez a tierras que hoy registran menor demanda, incrementando el valor del suelo y fomentando proyectos productivos de escala.
Sin embargo, para los sectores opositores y las comunidades rurales e indígenas, el «negocio» entraña costos irreparables:
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Encarecimiento del acceso a la tierra: La entrada de capitales internacionales imposibilita que los pequeños y medianos productores locales compitan en la adquisición de superficies.
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Desplazamiento y conflictividad social: La alteración de los mecanismos de defensa judicial y las modificaciones en los procedimientos de desalojo reducen la protección de familias campesinas y pueblos originarios asentados ancestralmente en esos territorios.
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Concentración de recursos estratégicos: La entrega de zonas mineras, acuíferos y bosques nativos resta capacidad de decisión al país sobre la gestión de sus propios bienes comunes.
Grandes propietarios y presencia en áreas de frontera
En la actualidad, la mayor concentración de tierras rurales en manos de personas o corporaciones extranjeras se registra en la cordillera patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz), Misiones, Salta, Jujuy y sectores cordilleranos de Mendoza.
En contraste, los grandes propietarios de origen nacional —entre los que suelen mencionarse figuras del ámbito empresarial, deportivo o de los medios— concentran explotaciones en la región pampeana y áreas agropecuarias tradicionales, donde la sensibilidad sobre los límites de seguridad fronteriza difiere de los sectores limítrofes internacionales.
La radiografía del latifundio: la brecha entre el capital nacional y extranjero
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), aproximadamente 62 millones de hectáreas en la Argentina (el 35% del territorio nacional) figuran como propiedad de tan sólo 1.250 terratenientes, lo que representa apenas el 0,1% de los propietarios privados.
Esta desproporción es aún más pronunciada en la Patagonia. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, existen 501 establecimientos agropecuarios que superan las 20.000 hectáreas (latifundios), distribuidos de la siguiente manera:
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Santa Cruz: 200
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Chubut: 181
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Río Negro: 74
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Neuquén: 29
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Tierra del Fuego: 17
A pesar del impacto mediático que rodea a los inversores internacionales, el RNTR indica que el 6,2% de los latifundistas son extranjeros, mientras que el 93,8% corresponde a titulares argentinos. Aunque los nombres nacionales predominan en el listado total, los terratenientes extranjeros y figuras internacionales cuestionadas concentran extensiones estratégicas en zonas clave de frontera y recursos hídricos.
Extranjeros cuestionados y grandes tenedores en la lupa
En el debate sobre la extranjerización, diversos magnates y corporaciones globales han quedado bajo la mirada crítica de la opinión pública debido al control ejercido sobre pasos fronterizos, reservas naturales o controversias judiciales:
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Rabino Elimeir Libersohn (EE. UU.): Posee 140.000 hectáreas distribuidas en San Antonio Oeste y 25 de Mayo (Río Negro), Puelén (La Pampa) y Gobernador Gregores (Santa Cruz), además de unas 200.000 hectáreas en La Rioja y campos en Buenos Aires. Las operaciones en La Rioja se encuentran bajo investigación judicial tanto por las condiciones del acto de compra como por el origen de los fondos.
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Marcelo Mindlin y su vinculación con George Soros: Marcelo Mindlin administra 42.000 hectáreas en el Alto Río Chubut y el valle del Río Foyel (Río Negro) a través de estructuras corporativas en paraísos fiscales. Mindlin ha actuado como socio comercial de actores financieros globales como George Soros, Joseph Lewis y el Grupo Bemberg en desarrollos energéticos e inmobiliarios (como el Grupo IRSA).
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Grupo Benetton (Italia): Registra 900.000 hectáreas administradas por la Compañía de Tierras del Sud Argentino. Posee estancias clave como Caleufu (Neuquén), Pilcaniyeu, San Pedro, Cañadón Blanco, El Maitén, Leleque, Esquel (Chubut), Coronel y El Cóndor (Santa Cruz), abarcando negocios ganaderos, forestales y mineros.
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Grupo Walbrook (Gran Bretaña): Controla 600.000 hectáreas a través de la firma Nieves de Mendoza, concentrando los principales atractivos turísticos y espejos de agua de Malargüe (Valle Hermoso, Las Leñas, Pozo de las Ánimas, Laguna Niña Encantada).
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Grupo Heilongjiang Beidahuang (China): Maneja 330.000 hectáreas en arrendamiento con opción a compra en el Valle Medio de Río Negro (Guardia Mitre, Colonia Josefa, Margen Norte) y zonas de la provincia de Buenos Aires para la producción intensiva de soja, un megaproyecto frenado judicialmente por amparos ambientales.
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Minera Vale (Brasil): Adquirió 160.000 hectáreas en el sur de Mendoza y norte de Neuquén para el proyecto Potasio Río Colorado, paralizado tras su construcción.
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Somuncura Patagonia S.A. (Francia): 155.000 hectáreas en la Meseta de Somuncura (Río Negro), cuyos titulares son Patrick Jean Marie Rey y Hubert Esteban Rey, vinculados comercialmente a los gestores inmobiliarios de Joseph Lewis.
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Trillium Corporation (EE. UU.): Controla 125.000 hectáreas en Tierra del Fuego (70.000 propias y 55.000 arrendadas al Estado) destinadas al sector forestal, con diversos sectores bajo disputa posesoria.
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Ted Turner (EE. UU.): Posee 56.000 hectáreas en las estancias La Primavera y Collón Curá (Neuquén) y predios en Tierra del Fuego.
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Joseph Lewis (Gran Bretaña): Suma 38.000 hectáreas en Río Negro (Lago Escondido, Bahía Dorada y la concesión en el Cerro Perito Moreno), centro de disputas por el libre acceso a las costas de aguas públicas.
Los grandes latifundistas nacionales
Dentro del 93,8% de la tierra administrada por titulares argentinos, destacan grupos económicos históricos y familias tradicionales con fuerte injerencia en la economía regional y nacional:
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Familia Menéndez / Braun-Menéndez: Controlan unas 750.000 hectáreas distribuidas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Descendientes directos de los pioneros de la acumulación ganadera austral y vinculados históricamente al grupo La Anónima S.A. Entre sus estancias figuran María Behety (62.000 ha), Sara Braun (64.000 ha), Estancia Anita (66.000 ha, escenario de las huelgas de la Patagonia Rebelde en 1921), Alta Vista (75.000 ha), Quichaura (117.000 ha) y Rospentek (90.000 ha).
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Lázaro Báez: Acumuló 470.000 hectáreas a través de 25 estancias en Santa Cruz (como Cruz Aike, Alquinta, Los Baguales, La Julia), actualmente intervenidas por la justicia.
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Familia Sapag: Concentra 420.000 hectáreas en Neuquén (zonas de Zapala, Cutral-Có, Chos Malal, San Martín de los Andes y áreas adyacentes a Vaca Muerta), vinculada a la gestión pública y la obra privada provincial.
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Familia Pérez Companc: Administra 290.000 hectáreas (a través de la firma Goyaique SACIF) con estancias en Santa Cruz y Chubut, sumadas a explotaciones en la pampa húmeda.
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Familia Zingoni-Arze: Posee 250.000 hectáreas en Neuquén (Catan Lil, Collón Curá, Piedra del Águila), divididas en 9 sociedades anónimas familiares.
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Familia Ochoa-Paz: Conserva 180.000 hectáreas en Chubut (Estancias Tecka, Caridad y El Corcovado).
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Familia Larminat-Montalembert: Maneja 170.000 hectáreas entre Neuquén y Tierra del Fuego.
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El Palauco S.A.: Controla 150.000 hectáreas en Mendoza (Bardas Blancas, Laguna Llancanelo), dedicadas al negocio del talaje y con reservas provinciales dentro de su perímetro.
(Los datos pueden estar sujetos a actualización por ventas o compras)
El negocio detrás de la ley vs. el impacto en las comunidades
El impulso por modificar los límites a la compra de campos responde a un modelo económico de valorización inmobiliaria financiera. Los defensores de la medida sostienen que la apertura permite dotar de liquidez a tierras que hoy registran menor demanda, incrementando el valor del suelo y fomentando proyectos productivos de escala.
Sin embargo, para los sectores opositores y las comunidades rurales e indígenas, el «negocio» entraña costos irreparables:
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Encarecimiento del acceso a la tierra: La entrada de capitales internacionales imposibilita que los pequeños y medianos productores locales compitan en la adquisición de superficies.
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Desplazamiento y conflictividad social: La alteración de los mecanismos de defensa judicial y las modificaciones en los procedimientos de desalojo reducen la protección de familias campesinas y pueblos originarios asentados ancestralmente en esos territorios.
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Concentración de recursos estratégicos: La entrega de zonas mineras, acuíferos y bosques nativos resta capacidad de decisión al país sobre la gestión de sus propios bienes comunes.
Resumen de la distribución de la tierra en Argentina
| Criterio / Actor |
Datos y Escala |
Áreas de concentración / Observaciones |
| Concentración Total |
62 millones de ha (35% del país en 1.250 dueños) |
0,1% de los propietarios privados posee un tercio del país |
| Origen del Capital |
93,8% Argentinos / 6,2% Extranjeros |
El capital extranjero se concentra en zonas críticas y de frontera |
| Grupo Benetton (Italia) |
900.000 ha |
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz |
| Familia Menéndez / Braun |
750.000 ha |
Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut (La Anónima) |
| Grupo Walbrook (Gran Bretaña) |
600.000 ha |
Sur de Mendoza (Valle Hermoso, Las Leñas) |
| Lázaro Báez (Argentina) |
470.000 ha |
Santa Cruz (25 estancias intervenidas) |
| Familia Sapag (Argentina) |
420.000 ha |
Neuquén (Zapala, Cutral-Có, Vaca Muerta) |
| Beidahuang (China) |
330.000 ha |
Valle Medio de Río Negro y Buenos Aires |
| Pérez Companc (Argentina) |
290.000 ha |
Santa Cruz, Chubut y Pampa Húmeda |
| Rabino E. Libersohn (EE. UU.) |
140.000 ha (Patagonia) + 200.000 ha (La Rioja) |
Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, La Rioja (bajo investigación) |
| Joseph Lewis (Gran Bretaña) |
38.000 ha |
Río Negro (Lago Escondido, Cerro Perito Moreno) |
¿Qué es el Grupo Angelini y quiénes lo integran?
El Grupo Angelini es uno de los conglomerados empresariales y financieros más poderosos e influyentes de Chile, con un fuerte despliegue internacional en América Latina dentro de los sectores forestal, energético, pesquero y minero.
Estructura y participaciones clave
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Holding principal (AntarChile S.A.): Es la matriz financiera a través de la cual la familia Angelini controla sus inversiones.
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Celulosa Arauco y Constitución (Arauco): Es el brazo forestal e industrial del grupo. Posee cientos de miles de hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto, además de plantas productoras de celulosa en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En la Argentina, opera a través de Alto Paraná / Arauco Argentina, siendo uno de los mayores tenedores de tierras en la provincia de Misiones.
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Empresas Copec: Compañía líder en la distribución de combustibles y energía en la región.
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Corpesca y Orizon: Empresas dominantes en el sector pesquero e industrial marítimo.
¿Quiénes lo integran y dirigen?
El grupo fue fundado por el empresario italiano Anacleto Angelini, quien emigró a Chile a mediados del siglo XX y consolidó el imperio industrial. Tras su fallecimiento en 2007, la conducción del holding familiar quedó en manos de sus herederos y ejecutivos de confianza:
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Roberto Angelini Rossi: Sobrino del fundador Anacleto Angelini. Ocupa la presidencia de los directorios de AntarChile y Empresas Copec, encabezando las decisiones estratégicas del grupo.
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Patricia Angelini Rossi: Hermana de Roberto, integra el grupo controlador y es una de las principales accionistas del conglomerado a través de las sociedades patrimoniales de la familia.
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Familia Angelini (segunda y tercera generación): Mantienen el control accionario mayoritario a través de sociedades privadas de inversión (como Grupo Inversiones Angelini).
La presencia de holdings internacionales de esta escala en las provincias fronterizas ilustra la magnitud de los actores corporativos involucrados en el debate de la Ley de Tierras: corporaciones capaces de adquirir franjas continuas de territorio donde la línea entre el desarrollo privado y la seguridad nacional resulta sumamente delgada.
Primicias Rurales
Fuentes varias
Ago 5, 2026 | Actualidad, Economía / Economía del Agro, Política
En una definición muy ajustada en el Senado, el oficialismo cedió ante la oposición constructiva para fijar nuevos límites, eliminar trabas al sector agropecuario y destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Buenos Aires, miércoles 5 de agosto agosto (PR/26)–A menos de dos días de retomar el debate en la Cámara alta, la senadora Patricia Bullrich confirmó que el proyecto final eleva el tope a la extranjerización de tierras del 15% al 25% a nivel nacional. La líder de la bancada oficialista reconoció abiertamente que el escenario para la votación en el recinto es extremadamente parejo y confesó: «Se gana por un voto».
Para destrabar el tratamiento de la norma, el oficialismo aceptó incluir un «límite razonable» solicitado por sectores dialoguistas, inspirándose en el modelo legal de Brasil. Asimismo, la propuesta incorpora el mecanismo de doble conforme, exigiendo el aval de la provincia y de un alto funcionario nacional para la venta de terrenos en zonas de seguridad de frontera.
Uno de los puntos clave es la eliminación del límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, restricción que Bullrich tildó irónicamente de «Ley Máximo Kirchner». Además, se quitaron las restricciones específicas por municipio, departamento y provincia por considerarlas inviables, dejando en claro que los Estados extranjeros no podrán comprar hectáreas rurales bajo ningún término.
Soberanía, expropiaciones y alivio para el sector rural
La legisladora marcó una clara diferencia entre la titularidad del suelo y la soberanía nacional, remarcando que el control de las leyes sigue en manos del Estado sin importar el origen del comprador. Remarcó que los niveles de extranjerización siguen en un 5% histórico desde 2011, desmintiendo que exista un riesgo real sobre la integridad del territorio argentino.
La reforma introduce mejoras sustanciales en materia de expropiaciones e incentivos a la propiedad, garantizando pagos previos indemnizatorios con un lucro cesante de hasta el 30%. También implementa un mecanismo exprés de escrituración para poseedores pacíficos con más de diez años de residencia, sumado a un protocolo ágil de desalojo para ocupantes ilegales.
Por último, se elimina la polémica sanción de 60 años de inactividad de la Ley de Manejo del Fuego para aquellos campos siniestrados de forma involuntaria. La medida busca evitar la doble condena al productor damnificado, manteniendo el castigo estricto únicamente sobre quienes originen incendios intencionales con fines de especulación inmobiliaria.
Primicias Rurales
Fuente: NA
Jul 28, 2026 | Actualidad, Malvinas, Opiniones
El reconocido y veterano periodista inglés de The Guardian, Simon Jenkins, escribió una nota diciendo que Las Malvinas no podrán estar en manos inglesas indefinidamente. Tocó una herida abierta que no se convirtió todavía en cicatriz. La diferencia entre una cosa y la otra explica por qué Malvinas no se resuelve, y por qué el obstáculo ya no está solamente en Londres.
Por Sergio Mammarelli
Abogado laboralista, especialista en negociación colectiva. Ex Titular de la Catedra de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Nacional de la Patagonia. Autor de varios libros y Publicaciones. Ex Ministro Coordinador de la Provincia del Chubut.
«La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur… La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.»
— Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, 1994
Buenos Aires, martes 28 julio (PR/26) — La bandera que nadie sostenía. La bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas» no bajó al campo de juego por decisión de un dirigente, ni por una operación de prensa, ni por un plan de la Cancillería.
Cayó.
Se soltó de una tribuna del estadio, la levantaron manos que no la habían llevado hasta ahí, y terminó desplegada frente a las cámaras del mundo por jugadores que dos minutos antes sólo pensaban en una final. Esa es la triste realidad de lo que verdaderamente pasó.
Aclarado esto, si uno quisiera resumir cuarenta y cuatro años de política argentina hacia el Atlántico Sur en una sola escena, no encontraría mejor paralelismo. Una convicción absolutamente sincera, absolutamente compartida, absolutamente conmovedora, que se despliega sola, por gravedad, sin que haya nadie encargado de sostenerla. Un sentimiento nacional sin dueño y sin estrategia.
Tres días después, el domingo, España nos ganó la final. Y seis días antes, el 13 de julio, el Reino Unido y la Unión Europea habían firmado el acuerdo que derriba la verja de Gibraltar. En una misma semana, España se llevó la copa y se llevó la frontera. Nosotros solo nos llevamos la bandera y el aplauso de la tribuna.
Con esta introducción, mi humilde opinión transita por una discusión sobre la diferencia entre tener razón y tener resultados.
En medio de todo ese ruido apareció Simon Jenkins en The Guardian. Un columnista británico de peso, con oficio y sin sospecha de simpatía peronista, escribiendo que las Falklands «no pueden seguir siendo británicas para siempre». El texto cayó en la Argentina como un milagro. Un inglés admitiendo algo que vale más que mil documentos propios.
Sin embargo, habría que leerlo con más cuidado. Jenkins es un buen periodista escribiendo un excelente artículo con tres argumentos que son impecables y están todos vencidos.
El primero es el costo: sesenta millones de libras al año le cuestan las islas al contribuyente británico. Es verdad, pero ese número, que en los setenta era el argumento decisivo del Tesoro para desprenderse del archipiélago, hoy compite contra otra columna del balance. La pesca —el calamar, sobre todo— explica el 63% del producto de las islas y el 92% de sus exportaciones.
Y a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, el proyecto Sea Lion pasó de promesa a decisión final de inversión, con Navitas Petroleum al frente y primer petróleo previsto para marzo de 2028.
Las Malvinas dejaron de ser un gasto imperial para convertirse en un activo. El argumento del costo no se refutó: se lo comió la contabilidad.
El segundo es la descolonización. Jenkins escribe recordando aquel momento en que Naciones Unidas empujaba a Europa a soltar los últimos restos del imperio, y Gran Bretaña ordenaba su retirada del Atlántico Sur. Isleños y la gente del continente se unían con lazos visibles e invisibles de intercambio con dos vuelos a Puerto Argentino desde Comodoro Rivadavia.
Sin embargo, el Protocolo de Madrid, que prohíbe la explotación minera en la Antártida, se vuelve revisable a partir de 2048. Faltan veintidós años. Un Estado que piensa en 2048 no discute descolonización en 2026.
Y el tercero es el «sentido común geográfico«: tarde o temprano, dice Jenkins, estas colonias se integrarán a sus continentes. Es una frase hermosa pero no mueve el amperímetro. La geografía no tiene sentido común y los Estados, jamás van a soltar nada de lo que otros van a querer.
Jenkins, en definitiva, no puso el dedo en una llaga. Lo puso en una cicatriz. Una llaga duele y obliga a actuar. Una cicatriz sólo recuerda que ahí hubo algo, hace mucho, y que el cuerpo siguió funcionando sin resolverlo. La respuesta de Downing Street lo confirmó con una brutalidad casi cómica: «Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas sin duda lo son». Contestaron con un chiste y se le contesta con un chiste a lo que no se considera un problema.}
El espejo de Gibraltar
Jenkins invoca Gibraltar como prueba de que estos nudos se desatan. Sin embargo, Gibraltar demuestra exactamente lo contrario de lo que se le hace decir.
¿Qué consiguió España después de décadas de negociación? Consiguió que se derribe la verja. Consiguió libre circulación de personas y mercancías, controles duales en el puerto y el aeropuerto, integración funcional plena. Y consiguió, sobre todo, mantener «intacta» su reclamación de soberanía. Intacta en este caso quiere decir guardada.
Quiere decir que España aceptó el mejor acuerdo práctico posible a cambio de estacionar indefinidamente el reclamo simbólico.
Pero hay además otra diferencia. Gibraltar se destrabó porque existió un tercero. El Brexit rompió un equilibrio y obligó a las partes a construir uno nuevo, con Bruselas empujando desde afuera.
Argentina y el Reino Unido no tienen Bruselas.
En cambio, en el C-24 reunido en Nueva York en junio pasado, en este 2026, con el canciller Pablo Quirno denunciando la militarización y la explotación unilateral de recursos, aprobó por consenso una nueva resolución que pide la reanudación del diálogo bilateral, en línea con la Resolución 2065 de 1965.
Dicho de otro modo, sesenta y un años después de aquella resolución fundante, la Argentina solo ganó por consenso una Resolución donde nadie está obligado a nada.
Mi primera conclusión presumo que no gustará a nadie. Si uno traduce ese modelo gibraltareño al Atlántico Sur —vuelos, comercio, cooperación pesquera, integración práctica, soberanía congelada— el resultado es que la política argentina ya lo declaró inaceptable.
El precedente que nadie cita
Si algo hay que mirar, no es Gibraltar. Es Chagos. En 2019 la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva —pedida por la Asamblea General de la ONU— declarando ilegal la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio. Seis años después, el Reino Unido firmó la transferencia de soberanía.
También es cierto que entregó la soberanía y se quedó con la base de Diego García bajo un arrendamiento de larga duración. Soberanía para uno, instalación militar para el otro.
Esa idea, ya se venía conversando con los isleños a fines de los setenta, soberanía argentina, administración británica, garantías de autonomía. Sin embargo, esa idea se hizo pedazos el 2 de abril de 1982, cuando una dictadura en decadencia mandó a morir a chicos de dieciocho años a una isla para estirar su propia agonía.
Reconocido periodista inglés publicó que «las Malvinas no pueden ser británicas para siempre» y desató la polémica en el Reino Unido
Fuera de todo esto, la enseñanza es que la vía existe, y es jurídica antes que diplomática. Si bien la opinión consultiva de la Corte no obliga, cambia el precio político de no negociar. Argentina nunca la intentó en serio.
Ahora la pregunta que importa sería la siguiente: ¿la política argentina firmaría eso? ¿Qué presidente sobrevive a la tapa del diario que dice «cedió la base»?
Un reclamo no es una política
Hay que decir algo sin eufemismos.
La Argentina tiene un reclamo, no tiene una política. Un reclamo es una posición jurídica que se repite. Una política es una secuencia de decisiones que producen efectos.
Nosotros tenemos lo primero en cantidades industriales y lo segundo casi en ninguna.
Tenemos un mandato constitucional que ordena recuperar los territorios respetando el modo de vida de sus habitantes por medios pacíficos, es decir, un mandato que ordena ganar una partida sin usar ninguna de las piezas que la ganan.
El gobierno de Javier Milei encarna esa contradicción. Es la administración más alineada con Washington y con Occidente de la historia democrática argentina, y esa alineación le dio algo que ningún gobierno anterior tuvo: un guiño de la Casa Blanca respaldando a la Argentina en la polémica de la bandera, después de que el Departamento de Estado ratificara en mayo su neutralidad formal.
Milei dice que las Malvinas son argentinas y que se recuperarán «en el plano diplomático». Lo que no dice, porque nadie lo dice, es con qué.
Cuando Quirno conversa con los kelpers, los excombatientes del CECIM le responden que está validando la estrategia británica de convertir a los isleños en sujetos de autodeterminación. Y tienen razón.
El comodoro (R) con más salidas y llegadas tuvo a la flota británica con su Sky Hawk A B
Ese es exactamente el mecanismo con el que Londres transformó una disputa entre dos Estados en una consulta a mil quinientos diecisiete votantes, el 99,8% de los cuales eligió el statu quo en 2013.
Pero los excombatientes también describen la trampa completa: si hablar con los isleños los legitima, y no hablar con los isleños los aleja para siempre, entonces la Argentina eligió hace décadas una posición en la que cualquier movimiento es una derrota. Ignorarlos durante cuarenta años no los volvió más argentinos. Los volvió más británicos, más ricos y autosuficientes.
Los ex combatienete se preguntan si el sacrificio valió la pena.
El peine tenía petróleo
Borges dijo que Malvinas era la pelea de dos calvos por un peine. Fue una frase brillante, feroz, y con el tiempo se volvió falsa. El peine tenía calamar, tenía hidrocarburos, tenía una ruta hacia la Antártida y tenía una base aérea. Borges se burló de la vanidad y no vio el mapa.
¿Qué desenlaces quedan entonces, mirando los tableros reales de cada país?
El primero, nada se rompe, nada se acuerda, y cada año que pasa las islas son un poco más viables sin la Argentina. El día que el archipiélago se autofinancie del todo, el reclamo argentino no habrá sido derrotado, habrá sido vuelto irrelevante. No perdemos las islas. Nos volvemos innecesarios para su futuro.
El segundo es el Gibraltar criollo: soberanía compartida, o diferida, o arrendada, envuelta en integración práctica. Requiere simultáneamente un gobierno británico con capital político para gastar y un gobierno argentino capaz de sobrevivir a la firma. Las dos cosas al mismo tiempo no ocurrieron nunca.
El tercero es la vía jurídica. Empujar en la Asamblea General una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, como hizo Mauricio. Es lenta, es incierta, no obliga a nadie y es —justamente por eso— la única carta seria que la Argentina tiene sobre la mesa y no juega.
Y el cuarto, el que nadie quiere nombrar, es la disolución del problema por absorción.
Un Atlántico Sur donde el archipiélago deja de ser una disputa bilateral para convertirse en una casilla dentro de un tablero mucho más grande, con flotas chinas en el borde de la milla, con la Antártida entrando en zona de revisión y con potencias decidiendo entre ellas quién controla el corredor austral.
En ese escenario la Argentina no discute con el Reino Unido. Mira.
En mi humilde conclusión, lo que vimos en el Mundial, es que la bandera cayó de la tribuna y el mundo entero la vio. Fue un instante hermoso y fue completamente gratuito. No costó una negociación, no costó un voto, no costó una decisión difícil, no le costó a nadie su carrera política. Por eso pudimos desplegarla todos juntos, sin discutir.
Lo otro, tiene la forma exactamente inversa. Es feo, es técnico, es largo, dura más que un mandato, no se filma, no se canta, se firma con la mano temblando y probablemente lo haga alguien a quien vamos a acusar de traidor.
Puede ser que tarde o temprano un gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de volver a negociar. Puede ser. La pregunta, es si ese día llega, ¿quién sostiene la bandera de este lado?
Primicias Rurales
Por Sergio Mammarelli, especial para Primicias Rurales
Jul 18, 2026 | Actualidad, Malvinas, Opiniones, Política
Tras la polémica bandera en el Mundial 2026, el columnista inglés Simon Jenkins desafió la postura británica instando a retomar el diálogo. Downing Street ratificó la soberanía sobre las islas y elevó un pedido de investigación ante la FIFA, mientras la ONU reitera su llamado a negociaciones bilaterales a lo que Inglaterra se niega. Lea el artículo completo traducido.
Buenos Aires, sábado 18 julio (PR/26>) — El reconocido periodista inglés Simon Jenkins, columnista del diario The Guardian y de la BBC, publicó un editorial afirmando que las Islas Malvinas «no pueden seguir siendo británicas para siempre».
El artículo fue inspirado por la famosa bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas» desplegada por los jugadores de la selección argentina tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial y que cayó de la tribuna en manos de integrantes de la selección albiceleste que la desplegó.
El Gobierno británico rechazó el festejo de la Selección Argentina tras el Mundial 2026, calificando de «inapropiado» el uso de una bandera con la consigna de las Islas Malvinas.
Londres ratificó la soberanía británica sobre el territorio, exigió una investigación de la FIFA y no descartó sanciones para los jugadores involucrados.
La bandera cayó de la tribuna en el festejo de la selección argentina por haber vencido 3 a 2 a Inglaterra
Mientras que el artículo inglés generó fuerte repercusión por varios puntos centrales del análisis de Jenkins:
- Sentido común geográfico: Jenkins argumentó que tarde o temprano estas colonias se integrarán a sus continentes geográficos.
- Costos de defensa: Criticó el gasto de más de £60 millones al año que los contribuyentes británicos destinan a mantener la presencia militar en el archipiélago.
- Reapertura de negociaciones: Cuestionó la decisión del Reino Unido de congelar el diálogo durante más de 40 años e instó a que se retomen las negociaciones diplomáticas, citando como antecedente el acuerdo histórico sobre Gibraltar.
- El referéndum de 2013: Relativizó el plebiscito de los isleños «kelpers» al entender que no justifica frenar indefinidamente el debate de soberanía.
El Gobierno británico, a través de una portavoz oficial de Downing Street, ignoró deliberadamente el debate interno propuesto por la columna de opinión de Simon Jenkins en The Guardian.
En su lugar, el Ejecutivo liderado por el primer ministro Keir Starmer utilizó la conferencia de prensa con periodistas parlamentarios para contrarrestar el impacto del editorial con una respuesta tajante y directa.
La postura oficial de Londres frente a los argumentos del periódico se resume en los siguientes puntos:
- Ratificación del statu quo: La portavoz del primer ministro enfatizó que la posición del Reino Unido sobre el archipiélago «no ha cambiado» y que el reclamo territorial argentino carece de validez ante sus ojos.
- Uso de la ironía deportiva: En respuesta directa a la vinculación que el editorial hizo con los festejos del partido, la vocería oficial lanzó una frase de alto impacto técnico y político replicada por el medio británico Sky News: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”.
- Defensa de la autodeterminación: El Gobierno británico desestimó la sugerencia de Jenkins de que las islas inevitablemente se integrarán al continente. Subrayaron que el compromiso de Londres para con los habitantes del archipiélago es «inquebrantable» y que la autodeterminación corresponde exclusivamente a los isleños, validando el referéndum de 2013 que el editorialista había relativizado.
- Acción institucional frente a la bandera: En lugar de abrir una mesa de diálogo diplomático como sugería The Guardian, el Gobierno del Reino Unido —con el respaldo del secretario de Comercio, Peter Kyle— prefirió elevar un pedido formal de investigación de oficio ante la FIFA. Esto se fundamentó en que la exhibición de la bandera infringió las normas globales que prohíben estrictamente el uso de consignas políticas dentro del campo de juego
La vía del diálogo
La postura oficial del Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) dictamina de manera unánime que la única vía para resolver el conflicto de las Islas Malvinas es la reanudación de las negociaciones bilaterales entre la República Argentina y el Reino Unido.
En su sesión de junio de 2026 realizada en Nueva York, el organismo internacional adoptó una nueva resolución por consenso reafirmando los siguientes ejes centrales:
- Estatus de soberanía en disputa: El Comité encuadra el archipiélago bajo la categoría colonial especial de «Territorio No Autónomo». Ratifica que existe una disputa territorial abierta que no puede ser cancelada unilateralmente por el Reino Unido.
- Llamado al diálogo pacífico: Exige formalmente a ambos países retomar las conversaciones diplomáticas para alcanzar una solución pacífica y definitiva. Dicha postura sostiene el mandato histórico planteado originalmente en la Resolución 2065 de la Asamblea General.
- Preocupación en el Atlántico Sur: El Comité manifestó su inquietud ante los reclamos expuestos por la delegación argentina, liderada por el canciller Pablo Quirno, respecto a la «militarización» de la zona y la explotación unilateral de recursos naturales (hidrocarburos y pesca) en aguas en litigio.
- Mediación internacional: Solicitó explícitamente al Secretario General de las Naciones Unidas ejercer su misión de buenos oficios para interceder y lograr que Londres acepte sentarse a la mesa de diálogo.
- Falta de poder coercitivo: Aunque la resolución cuenta con el copatrocinio y firme respaldo de toda Latinoamérica, analistas y medios especializados aclaran que el pronunciamiento de la ONU no obliga jurídicamente al Gobierno británico a negociar, sirviendo principalmente como una contundente herramienta de presión diplomática internacional.
El artículo completo:
¿«Las Malvinas son argentinas»? No exactamente, pero las Falklands no pueden seguir siendo británicas para siempre
Simon Jenkins
La enemistad entre Londres y Buenos Aires se ha prolongado demasiado; tarde o temprano, prevalecerán las mentes sensatas.
Esta semana, Gran Bretaña y España acordaron demoler la frontera que divide Gibraltar de la península ibérica. Fue una buena noticia. Décadas de negociación llegaron a un feliz compromiso. Lamentablemente, el acuerdo no se celebrará este domingo en la final de la Copa del Mundo entre España e Inglaterra. Pero, ¿es demasiado esperar que una negociación similar pueda surgir de la semifinal de anoche, una derrota aplastante de Inglaterra a manos de Argentina, tras la cual el asunto Malvinas-Falklands levantó su cansada cabeza en forma de una pancarta en el campo? ¿Acaso no puede resultar nada bueno del generoso abrazo entre Lionel Messi y Harry Kane?
Ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene un derecho eterno a permanecer como está, y mucho menos uno que cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras al año en gastos de defensa.
En el caso de las Falklands, su estatus como territorio de ultramar ha sido defendido ferozmente por sucesivos gobiernos, en gran medida como el precio de la victoria en la guerra de las Malvinas de 1982. En verdad, sospecho que esto tiene mucho que ver con el hecho de que los isleños, a diferencia de los habitantes abandonados de Hong Kong o Diego García, eran británicos blancos. La guerra también rescató al gobierno de Margaret Thatcher de la impopularidad y cubrió de gloria a la entonces primera ministra, a diferencia de posteriores aventuras militares.
Lo que se olvida es que, antes de la guerra, los gobiernos británicos estaban negociando realmente una transferencia de la soberanía de las islas con los argentinos. Esto siguió a un acuerdo de comunicaciones de 1971 alcanzado con Buenos Aires por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Permitió a los isleños comerciar y viajar con el territorio continental adyacente, utilizando sus hospitales, tiendas y otras instalaciones. Incluso tenían becas en escuelas locales. Cientos de argentinos solían visitar la capital de las Falklands, Puerto Stanley, como turistas. Los isleños estaban ganando gradualmente relaciones sensatas con sus vecinos costeros, de las cuales se esperaba que surgiera un acuerdo futuro.
En aquella época, las Naciones Unidas alentaban a las antiguas potencias coloniales de Europa a deshacerse de los restos del imperio, incluidos los franceses, portugueses y españoles. En el caso de Gran Bretaña, estos incluían Hong Kong, Diego García, las Falklands y, se esperaba, Gibraltar. El problema no era el derecho histórico —un argumento eterno— sino el sentido común geográfico.
Para Gran Bretaña, era ridículo que un Estado europeo financiara una gran armada para defender tierras distantes y en disputa. Desesperado por ahorrar dinero, el gobierno ya se estaba retirando del Atlántico Sur. Las Falklands estaban expuestas y sin defensa.
Un ministro laborista del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ted Rowlands, visitó debidamente las islas a finales de la década de 1970 y discutió la ampliación del acuerdo de comunicaciones a un acuerdo de arrendamiento posterior (leaseback), en el que Argentina tendría la soberanía, mientras que el control gubernamental permanecería en manos británicas.
En 1977, una opinión era que él los había convencido con garantías de autonomía continua y una garantía de seguridad bajo los auspicios de la ONU. El gobierno de Thatcher de 1979 heredó la propuesta de Rowlands. Aunque el nuevo ministro, Nicholas Ridley, carecía del poder de persuasión de Rowlands, fue autorizado por Thatcher para seguir adelante con ella.
Fue flagrantemente indignante que el ejército argentino invadiera las Falklands en 1982, cuando sus ministros estaban negociando con los británicos en Nueva York. El resultado inevitablemente hizo colapsar las conversaciones. Pero tal fue su plausibilidad que los esfuerzos tanto de Estados Unidos como de Perú continuaron buscando un acuerdo antes de que la fuerza de tarea británica en el Atlántico Sur realmente desembarcara. Aunque Argentina podría haber aceptado entonces, Gran Bretaña ya no estaba interesada. Tal era la lógica de la guerra, que una vez iniciada requería una «victoria». Un acuerdo podría haber salvado cientos de vidas y miles de millones de libras.
Lo que la guerra de 1982 no requirió fue la congelación total por parte de Gran Bretaña de cualquier discusión futura sobre la soberanía de las islas durante más de 40 años. El referéndum de las Falklands de 2013, en el que el 99,8% de los 1.517 votantes eligió respaldar el statu quo, se cita como el fin de la discusión.
La realidad es que estas colonias tarde o temprano se convertirán inevitablemente en parte de sus continentes. No pueden ser protegidas indefinidamente por un patrón europeo, y los reclamos de Argentina no van a desaparecer. Sin la guerra de 1982, las Falklands podrían haber hecho las paces con su vecino, Argentina, con suerte bajo algún tipo de autonomía mandatada por la ONU.
Tal como están las cosas, las Falklands deben continuar su existencia congeladas como una fortaleza militar aislada en el otro extremo del mundo respecto a su generoso protector, Gran Bretaña. Pero tarde o temprano, un gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de comenzar las negociaciones nuevamente.
Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa simplemente patean la lata por el camino. Sería gratificante si la pancarta de Malvinas-Falklands ondeada en un partido de fútbol en Estados Unidos pudiera sacudir a alguien para que actúe. De alguna manera, lo dudo.
Primicias Rurales/IA/The Guardian
Yo viajé en 1979 a Puerto Argentino y conviví una semana con los isleños sumamente amables y tuve contacto con los royal marines apostados en las Islas y a mi regreso escribí para el ya desaparecido diario cordobés Los Principios, que como se entiende en la nota de Jenkins que entre los isleños y los habitantes del continente se estaban tejiendo lazos visibles e invisibles que nos comenzaban a unir.
Todo terminó con la guerra en 1982. Pero la causa no está perdida. La entrega de nuestros héroes valdrá para su recuperación.
Matilde Fierro. Editora de Primicias Rurales
